Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, durante las campañas 1994/1995-1995/1996 y 1996/1997, la mercantil, con sede en la pedanía murciana de Puente Tocinos, obtuvo después de solicitarlas, ayudas de la UE por valor superior a 3,4 millones.

Sin embargo, el consejero delegado de la mercantil, José María Casanova, no cumplió lo reflejado en la legislación y diseñó un plan para obtener, de forma fraudulenta, las subvenciones interesadas.

De manera que no compró la totalidad de kilos de naranja que hizo constar en los contratos y consiguió que los agricultores-vendedores se prestaran a firmar, a cambio de 3.000 euros, unos contratos en los que las cantidades de naranja de las que carecían o, en su caso, haciendo constar cantidades muy superiores a las que vendían.

El entonces director comercial de Alvalle, Fernando Bernardo Pemartín, simuló junto con Casanova una operación de compraventa de zumo de segundo congelado.

Mientras que el que fuera jefe de Producción y compras de la mercantil, Manuel Valero, intervino en la tramitación de contratos total o parcialmente ficticios y en la confección de las actas de recepción que no se correspondían con la realidad.

Pedro Francisco Pérez colaboró en la trama fraudulenta y justificó entregas de naranjas en Alvalle que no se habían producido. Su esposa, Francisca García, José Manuel Candel, Francisco Alfonso Espinosa, Gabriel López, José María Ortín, Jesús Cepero (funcionario del área de Agricultura de la Delegación Provincial en Murcia del Ministerio), Fernando Abad, Herminio Rivero y Manuel Sánchez también figuran entre los 13 acusados.

En concreto, el fiscal recoge que en la campaña de 1994/1995 defraudaron 243.701 euros, en la siguiente 243.020, y en la tercera 207.350. En total, casi 700.000 euros.

Para uno de los principales acusados, José María Casanova, el fiscal pide más de siete años de cárcel por cada uno de los tres delitos contra la hacienda pública; y para sus colaboradores Manuel Valero, José Candel, Fernando Bernardo y Pedro Francisco Pérez solicita penas que suman 18 años de cárcel y multas que suman más de 700.000 euros por cooperación necesaria.

Para los ocho procesados restantes pide penas que van desde los 22 meses de prisión hasta los cinco años por delito continuado de falsedad. Igualmente, los acusados deberán indemnizar a la Hacienda Comunitaria en la cantidad defraudada.