La Comisión no Permanente de Investigación sobre el incendio en Sierra de Gata de la Asamblea de Extremadura ha cerrado este miércoles sus comparecencias seis meses después de que se constituyera y a la espera de que los grupos parlamentarios elaboren sus propias conclusiones, que deberán ser aprobadas en Pleno.

A partir de ahora los grupos parlamentarios tienen un plazo de unos diez días para elaborar sus propuestas y para tratar de consensuar unas conclusiones que deberán pasar antes por comisión. En caso de que no haya acuerdo, cada partido presentará sus propios argumentos.

Esta última sesión ha estado protagonizada por las ausencias de varios de sus comparecientes, en concreto cuatro representantes del Gobierno central. Se trata de la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, la subdelegada del Gobierno en Cáceres, María Jerónima Sayagués, así como un mando de la Unidad Militar de Emergencia desplazado a la zona, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín Martínez.

Al respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en dicha comisión, Eduardo Béjar, ha considerado "muy grave" estas ausencias para que los representantes del Gobierno explicaran la actuación de la Administración del Estado durante y después del incendio.

Asimismo ha señalado que ahora que se ha iniciado la campaña de la Renta, muchos ciudadanos de Sierra de Gata afectados por el fuego se estarían beneficiando de medidas fiscales por la aprobación de un real decreto de ayudas que "no ha querido aprobar Rajoy".

"No ha habido ayudas pero tampoco se ha dado la cara. Nadie ha venido a explicar por qué el Gobierno considera que no es suficientemente grave un incendio como este, y por qué no se ha aprobado un real decreto de ayudas", ha señalado.

En este sentido, ha anunciado que "en breves fechas" los diputados extremeños del Grupo Socialista en el Congreso presentarán una iniciativa para exigir al Gobierno en funciones "ausente" que apruebe el real decreto al considerar que aún hay tiempo para ello.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la comisión, Saturnino López Marroyo, ha señalado sobre la ausencia de representantes del Gobierno central prevista para esta última sesión de la comisión, que "en principio no tienen obligación" de hacerlo. En todo caso, ha señalado que el jefe de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha alegado que sus explicaciones deben situarse a nivel nacional y no en un parlamento autonómico.

En cuanto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, López Marroyo ha señalado que Martínez ha solicitado información sobre la comisión y se ha ofrecido a presentarse próximamente en la Asamblea para explicar las actuaciones realizadas por el organismo de cuenca.

Además, se ha preguntado "qué tipo de explicación" podría ofrecer una delegada del Gobierno al respecto, salvo que sea sobre la actuación de la Guardia Civil, que según ha indicado el diputado 'popular' fue "en todo momento" la de tratar de impedir que la población accediera a zonas afectadas por las llamas.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la comisión, Irene de Miguel, ha anunciado que elevará una queja ante estos organismos al entender que sus responsables no han tenido la "decencia" de acudir a la comisión de investigación a explicar su actuación.

"Deben considerar que no es importante que una comisión de investigación se les pregunte sobre su labor y su responsabilidad durante y después el incendio", ha espetado.

Las conclusiones,

En diez días

En cuanto a las conclusiones de la comisión, Béjar, tras insistir en que se debería haber realizado una comisión de estudio y no de investigación, ha subrayado que en la misma se ha puesto de manifiesto el cambio que se ha producido en el modelo forestal, y ha apostado por cambiar el monocultivo de pino en masas forestales para evitar la propagación del fuego.

Por su parte, el 'popular' López Marroyo ha criticado el formato de las comparecencias en el sentido de que se debería haber empezado por los testimonios de alcaldes, sindicatos y a los ciudadanos afectados para posteriormente hacerlo los técnicos de la Consejería.

Así, ha señalado que si al principio de la comisión parecía que "todo había ido extraordinariamente bien", de los testimonios posteriores se deduce que ha habido "mucha descoordinación" entre los medios utilizados.

Además, ha criticado la falta de coherencia en los trabajos realizados tras el incendio, declarados de emergencia, lo cual agiliza los trámites de contratación de empresas contratadas para los mismos, si bien en la práctica, según López Marroyo, los contratos han sido aglutinados por las empresas que forman parte de asociaciones, como son Aeefor y Extrefor, mientras que el resto "para la consejería no existen".

En cuanto a los "esfuerzos" del PSOE por criticar la política de prevención durante los cuatro años de gobierno regional del PP, ha señalado que en la comisión "esa teoría ha quedado desmontada" en el sentido de que los técnicos que han comparecido este miércoles han indicado que ha habido "sobreejecución" en inversiones para este fin, puesto que de los 21 millones de euros previstos se llegó a los 31 millones, 9 de ellos en 2013.

Podemos coincide con el PP en que hubo "descoordinación" por parte de los medios de extinción, algo que puede considerarse "normal" y "previsible" cuando se trata de un gran incendio como este, en el que se calcinaron 8.000 hectáreas, por lo que considera que deben mejorarse los protocolos de actuación.

Asimismo, Irene de Miguel considera que el autor de este incendio no es el único responsable del mismo, al entender que hay una "responsabilidad política" por la "deficiente gestión forestal" que se ha estado llevando a cabo en esta zona, que junto a Hurdes aglutinan el 83 por ciento de los incendios forestales de Extremadura.

"Se dejó el monte totalmente olvidado, las medidas de prevención fueron totalmente insuficientes" tanto en la administración autonómica como en los ayuntamientos que no ejecutaron los planes periurbanos.

Atajar el "negocio del fuego"

Por último, Irene de Miguel ha apostado por atajar el "negocio del fuego", y al respecto ha señalado que no se puede "alentar" el mismo al permitirse la venta de la madera quemada en casos incendios provocados.

Tras escuchar las intervenciones de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, ha apuntado que la declaración de urgencia para los trabajos de reforestación para "lo único que importa" es para "sacar la madera quemada y venderla al mejor postor".

Al contrario que la diputada de Podemos, el diputado socialista Eduardo Béjar ha subrayado que "ha quedado claro" que "no hay negocio con la madera quemada, porque no vale" o porque "vale muy poco". Así, ha remarcado que se ha comprobado que éste no ha sido el motivo del incendio. "El incendio no está provocado para hacer negocio con la madera".

A su vez, López Marroyo ha señalado que las "dudas" que mantenía al respecto han sido despejadas al quedar aclarado que "no hay ninguna ganancia con la venta de madera quemada".

Así, ha explicado que la Junta utiliza una parte de esa madera para las obras de contención de la erosión del terreno, y que el resto queda para los propietarios, ya sean los ayuntamientos, en el caso del monte público, como los propietarios de terrenos privados, reciben por la madera la mitad de su valor, por lo que "tampoco logran ningún beneficio".