Dicha jubilación era posible hasta marzo del presente año, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social, variando a lo largo de los años, de acuerdo con las distintas modificaciones legislativas, el porcentaje de reducción de jornada de un 85% inicial al 50% actual.

En el año 2013, con la reforma introducida en la Ley General de la Seguridad Social, se modificaron los criterios de cotización por lo cual el jubilado parcial y la empresa deben cotizar hasta alcanzar de forma gradual el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que conlleva un cambio en las cotizaciones y en los gastos de personal.

En marzo de 2018, después de un cambio de criterio por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Junta de Castilla y León ha paralizado la concesión de la jubilación parcial a todos los trabajadores laborales que la solicitan, "contradiciendo, a juicio de UGT, el derecho recogido en el artículo 86 del vigente Convenio Colectivo de aplicación".

Tras esta paralización, la Junta dictó en mayo del 2018 unas instrucciones para realizar los contratos de jubilación parcial y de relevo en al ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos, en las cuales se regulaba que el jubilado parcial sólo podrá acceder al 25% de la jubilación y no será sustituido; contratándose un trabajador o trabajadora relativista en otro puesto de trabajo distinto, e incluso en distinta localidad.

UGT explica que la jubilación parcial suponía un respiro en los últimos años de trabajo y permitía un rejuvenecimiento de las plantillas, bastante envejecidas en la Junta de Castilla y León, con lo que "el nuevo criterio cercena estos derechos y evita el rejuvenecimiento de las plantillas, algo fundamental".

Ante ello, UGT ha presentado conflicto colectivo al reiterar que la Junta de Castilla y León vulnera el derecho a la jubilación parcial de los trabajares a su servicio, y por vulneración del derecho a la negociación colectiva en este supuesto, ya que el Estatuto Básico del empleado público considera un derecho individual ejercido consecutivamente el de la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.