Esta Declaración Institucional se produce en un momento "especialmente relevante", según Mar Blava, pues está previsto que la próxima Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona apruebe la declaración de este corredor migratorio de cetáceos como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Sin embargo, esa decisión del Convenio de Barcelona está supeditada a que previamente el Gobierno español ratifique de forma oficial la concesión del estatus de Área Marina Protegida a este corredor de cetáceos.

Se trata además de un compromiso adquirido internacionalmente por el Gobierno español, un compromiso "coherente" con el proceso iniciado en 2016 para la declaración de este corredor como ZEPIM, según la Alianza.

Mar Blava ha pedido al Gobierno español que demuestre la veracidad de su compromiso internacional con la protección del Mediterráneo y declare oficialmente el corredor como Área Marina Protegida, "haciendo aprecio al importantísimo respaldo institucional y científico, internacional y estatal, a la declaración de este ZEPIM que le ha sido comunicado en los últimos meses", han dicho.

El apoyo del Ayuntamiento de Valencia a la declaración de esta ZEPIM se suma a una larga serie de respaldos a esta iniciativa de la Alianza Mar Blava.

El corredor tiene un "altísimo valor ecológico" por albergar una gran diversidad de especies de cetáceos y, además, tiene especial relevancia por ser utilizado como zona de paso migratorio por el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo.

Todas estas especies han recibido ya estatus de protección por parte de varios regímenes de conservación, tanto nacionales como

internacionales.

Pese a ello, este valioso espacio está amenazado por varios proyectos de prospecciones petrolíferas, cuya superficie de actuación prevista se solapa con la del propio corredor.

Mar Blava ha valorado que el Ayuntamiento de Valencia haya aprobado instar al Gobierno de España a proteger por Ley el Mediterráneo, excluyendo en sus aguas las actividades de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos.

Además, insta a que, entre tanto, el Gobierno de España declare una moratoria a la presentación de nuevos proyectos de prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo español y decrete la finalización y archivo definitivo de los expedientes en tramitación relativos a permisos de investigación de hidrocarburos y de los proyectos de exploración existentes.