La Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido este viernes la constitución del jurado popular que enjuiciará a dos técnicos de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), respectivamente, que solicitaron 5.000 euros al propietario de dos pozos ilegales ubicados en la localidad sevillana de Marchena para retrasar el expediente sancionador que se debía incoar, hechos por los que la Fiscalía les pide cuatro años y medio de cárcel.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, durante la mañana de este viernes, han sido elegidas las personas que constituirán el jurado popular, tras lo que el próximo lunes tendrá lugar la presentación de las alegaciones por cada una de las partes personadas y también la declaración de los dos acusados.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para cada acusado cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de cohecho, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez años.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de abril de 2012, cuando los encausados contactaron telefónicamente con el afectado, identificándose como representantes de la CHG, con el objeto de concertar una cita para realizar la inspección de dos pozos que poseía en el término municipal de Marchena, los cuales se encontraban pendientes de legalizar.

La Fiscalía relata que, concertada la cita el 19 de abril de 2012, ambos acusados acudieron a la finca conduciendo un vehículo todoterreno con el logotipo de la Junta, comenzando la inspección de los pozos referidos.

En el transcurso de dicha inspección, los encausados manifestaron al propietario de la finca que los pozos eran ilegales y que ello podría conllevar una sanción de 60.000 euros, tras lo que, "a sabiendas de su ilegalidad", le solicitaron 4.000 euros "para un abogado que ellos conocían y que recurría con éxito dichas sanciones", así como 1.000 euros "a cambio de que se retrasase la incoación del expediente sancionador".

Uno de los acusados ejercía funciones en la CHG como técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales, encontrándose al tiempo de los hechos en situación de servicio activo, si bien a la espera de un nuevo destino acorde a la enfermedad que presenta. Según el fiscal, "entre sus funciones no se hallaban las tareas de vigilancia ni salidas a campo".

El segundo imputado, de su lado, prestaba funciones como auxiliar de guardería fluvial para la Empresa Pública de Gestión Ambiental, actualmente Agencia del Medio Ambiente y Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, hallándose al tiempo de los hechos en servicio activo y "consistiendo sus funciones principalmente en apoyo de campo, pero no en la localidad de Marchena".