Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han respaldado este lunes las sanciones a Venezuela, como un embargo de armas y de material que puedan utilizarse para la "represión interna", así como un marco legal para imponer sanciones a los dirigentes si fuera necesario en el plazo de un año, aunque este periodo podría ser prorrogado.

"Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política, el Consejo ha decidido por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país", anunciaron los ministros de los Veintiocho en un comunicado.

Estas medidas se utilizarán de "manera gradual y flexible" y podrán ampliarse más adelante para aplicarlas de manera individual a quienes participan en la vulneración de los principios democráticos y del Estado de derecho y a la violación de los Derechos Humanos.

Para ello, el Consejo ha dado luz verde a la base legal para crear una lista de personas sancionadas a las que congelaría sus bienes o prohibiría entrar en territorio comunitario, pero que por el momento no cuenta con ningún integrante. Fuentes europeas han reconocido que se baraja el nombre para esa lista, sin dar más precisiones, aunque por el momento se trata de esperar a ver si el embargo de armas y de material que pueda utilizarse en la represión surten efecto y fomentan la vuelta al diálogo entre el Gobierno y la oposición.

Los ministros han puntualizado, asimismo, que podrán dar marcha atrás a las sanciones "en función de la evolución de la situación en el país". Se refirieron, en particular, a la celebración de negociaciones "creíbles y significativas", al respeto a las instituciones democráticas, a la adopción de un calendario electoral completo y a la liberación de todos los prisioneros políticos.

En el mismo contexto, han hecho hincapié en que estas medidas restrictivas "no han sido diseñadas para perjudicar a la población venezolana", cuya apurada situación "la UE quiere aliviar".

A algunos países les hubiera gustado ir "un poco más rápido" para imponer sanciones, que necesitan aprobarse por unanimidad, aunque admiten que "hay diferencias de opinión" entre los Veintiocho sobre "si hay que empezar" sancionando a los "máximos" dirigentes o a un nivel de responsabilidad medio, una discusión que todavía no han mantenido de manera "formal".

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha expresado su apoyo a este embargo: "Las sanciones contra el Gobierno de Venezuela son la decisión correcta y llevan al camino hacia la democracia", ha señalado Tajani en Twitter. En referencia a la institución que él mismo preside, ha añadido que "el Parlamento Europeo ha sido el primero en pedirlas y seguirá apoyando al pueblo de Venezuela".

España ha sido el país que más ha empujado a favor de avanzar en sanciones individuales a responsables de la crisis en Venezuela, mientras que los más recelosos han sido Grecia y Portugal. Francia también rechazó esta posibilidad en agosto, para tratar de primar la vía de la mediación, aunque desde entonces ha cambiado de opinión.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha defendido este lunes la adopción de sanciones contra Venezuela como un incentivo para lograr una solución "pacífica y dialogada" entre Gobierno y oposición a la crisis que vive el país.

"Como siempre, todo lo que hacemos está orientado a incentivar la celebración del diálogo entre el Gobierno y la oposición", ha declarado Dastis a la prensa en Bruselas, poco antes de que los ministros de Exteriores de la UE adoptaran este marco.

El objetivo de los pasos que está dando la Unión Europea, ha añadido el jefe de la diplomacia española, es facilitar una solución "pacífica, democrática y dialogada" que acabe con la situación que se vive en Venezuela.

Las empresas españolas vendieron material de defensa a empresas públicas del Gobierno de Nicolás Maduro en 2016, por valor de 2,6 millones de euros. En concreto, repuestos y partes para la modernización de vehículos blindados, partes, piezas y herramientas para una avioneta y 'software' de simulación de un radar.

De esa cantidad, 1,4 millones corresponden a elementos tales como equipos de protección y detección como trajes, guantes y calzados, dosímetros personales o fluoruros, sulfatos, cianuros y derivados halogenados. Y otros 1,1 millones a equipos de telecomunicaciones y seguridad de la información.