La responsable de Bienestar Social del PSPV, Concha Andrés, ha advertido en un comunicado de los "efectos devastadores" de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 del Gobierno, a través del cual los cuidadores no profesionales pasaban a cotizar de forma voluntaria y las cotizaciones corrían a cargo exclusivamente de los subscriptores.

Frente a esta situación, la diputada ha señalado que la propuesta de los socialistas pretende volver a la aplicación de la Ley de la Dependencia "tal y como fue aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero". "Se trata de recuperar derechos que el Gobierno de Rajoy, con la excusa de la crisis, ha destruido sin ningún tipo de pudor y ha creado una situación de desprotección para los más desfavorecidos", ha recalcado.

Bajo este prisma, ha destacado que se trata de una reivindicación de la Plataforma en Defensa de las Personas con Dependencia y de "defender un derecho que el PP ha arrebatado a más de 16.000 mujeres cuidadoras en el caso de la Comunitat Valenciana".

Andrés ha insistido en que los 'populares' han "recortado más de 2.000 millones durante los últimos cuatro años, además de implantar numerosos copagos en los servicios de dependencia". Según ella, el cambio en la regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales "ha afectado a 180.000 personas, de las cuales el 93% eran mujeres".

Ha denunciado al respecto que se trata de "una situación doblemente injusta, ya que se está impidiendo que estas cuidadoras puedan acceder en un futuro a una pensión, a pesar de haber estado trabajando durante muchísimos años".

Ante esta situación, ha defendido que "es necesario y urgente que se reconozca que es un trabajo digno", y que el Estado la cotización a la Seguridad Social para garantizar su derecho a una pensión en el futuro".

MÁS FONDOS EN LOS PGE

Para conseguirlo, la iniciativa del grupo socialista también pasará por todos los ayuntamientos de la región para recabar "el máximo de apoyos sobre un tema que afecta a gran parte de la sociedad". En la PNL también se recoge que los Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2018 mantengan los niveles de financiación para la Ley de la Dependencia previos a los recortes que se empezaron a aplicar a partir de 2012.

De igual forma, la propuesta del PSPV reclama un pacto de estado para la Ley de la Dependencia y los servicios sociales con comunidades autónomas, organizaciones del tercer sector, plataformas de afectados, familiares, usuarios y todos los grupos políticos, con la finalidad de "actuar, fortalecer y mejorar las prestaciones y servicios de manera equitativa y sostenible en todo el territorio nacional".