Asimismo, el ministerio público ha retirado todos los cargos contra otros tres procesados en este caso, que son el arquitecto, el constructor y un arquitecto técnico, al igual que la acusación particular, por lo que estos tres han quedado fuera del proceso y han podido dejar la sala antes de que finalizara el juicio, al no haber ninguna acusación contra ellos.

También ha mantenido la acusación por los delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística contra los tres principales procesados, que, según el fiscal, se concertaron para "obtener un rendimiento urbanístico del suelo que les constaba era no urbanizable, dividiendo una parcela rústica en varias subparcelas".

No obstante, en el caso de uno de ellos, el ministerio público le achaca el delito de estafa en concepto de partícipe a título lucrativo, al sostener en sus conclusiones finales que "no consta que tuviera participación directa en el engaño que determinó la compra de las parcelas por parte de los perjudicados ni en el proceso de promoción y construcción de las viviendas", aunque "obtuvo pingües beneficios en la operación de venta".

El fiscal sostiene que uno de los principales acusados levantó su propia vivienda en dicha parcela y posteriormente vendieron las otras tres a extranjeros "con la promesa de que podrían edificar construcciones de carácter residencial, con conocimiento de su ilegalidad" y llevando a cabo dichas edificaciones, "todas ellas ilegales e ilegalizables".

Los hechos, sucedidos en 2002, fueron descubiertos por el propio Ayuntamiento de Alcaucín, una vez que tomó posesión la nueva corporación municipal tras la operación 'Arcos', donde está acusado Martín Alba y otras 47 personas y cuyo juicio ha comenzado este mes de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga.

El ministerio público señala que para llevar a cabo los hechos los tres acusados anteriores "contaron con la colaboración" del entonces alcalde que siguió "la práctica habitual" en cuanto a la concesión de licencias, ya que al dorso de la solicitud "y sin aportar informes de ningún tipo, se concedían o se denegaban con un simple sí/no procede".

En estos cuatro casos las licencias "no fueron formalmente concedidas" porque no se rellenó ese apartado, pero las viviendas fueron construidas "con el conocimiento y consentimiento del alcalde", por lo que el fiscal entiende que Martín Alba "dejó voluntariamente de ejercitar sus competencias en materia de disciplina urbanística". Además, autorizó el enganche a la red eléctrica y de aguas de alguna de ellas.

La parcela estaba en suelo no urbanizable según las normas subsidiarias de planeamiento, adaptadas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); misma calificación que tenía en el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado definitivamente en 2010, lo que "equivale al suelo de carácter natural o rural definido en dicha ley".

En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público insta a la demolición de las viviendas a costa de tres de los acusados, entre ellos el exregidor; y que los tres principales procesados indemnicen a los compradores de las parcelas en las cantidades entregadas, que hacen un total de 490.500 euros.