La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido finalizar las actuaciones iniciadas en su momento y archivar el expediente tras las múltiples quejas del colectivo de intérpretes de lengua de signos, que volvían a denunciar la situación laboral en la que prestan sus servicios en los centros de Educación Secundaria del ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

En una resolución consultada por Europa Press, el órgano encabezado por Jesús Maeztu justifica la decisión en la información facilitada por la Consejería y, en su caso, por la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, que viene a ratificar un informe emitido en enero de 2013.

Así, en relación a la recomendación de dotar de monitores de interpretación de lengua de signos, el Ejecutivo autonómico indica que es una "prioridad" la creación de plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la nueva categoría de intérprete de signos como paso previo a la contratación de trabajadores de plantilla de la Junta de Andalucía", sin que en el momento de la redacción se considerase posible la creación de plazas de la RPT.

Entiende el Defensor, en consecuencia, que no existe motivo que permita la adopción de algunas de las medidas que prevé la ley reguladora de la institución.

La figura del intérprete de lengua de signos en el ámbito educativo comenzó en Andalucía en 1996 gracias al convenio entre la Consejería y la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas. El objetivo de ese acuerdo era compensar el déficit comunicativo de las personas sordas dentro del ámbito educativo en orden a favorecer su proceso de aprendizaje.

Sin embargo, en 2007 finalizó ese convenio y la Consejería, a través del entonces Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) y actual Agencia Pública Andaluza de Educación, optó por la externalización del servicio que prestaba el colectivo, que critica que en los pliegos de contratación "prima la oferta económica más ventajosa", lo que "directamente repercute en las condiciones laborales de los trabajadores".

Aseguran los trabajadores, al respecto y entre otros puntos, que les obligan a cogerse las vacaciones y les han quitado las horas de preparación, demandando además que se les contrate a un 100 por cien, "como ya estuvimos en 2006", y no a un 75 por ciento, que es la situación actual.

Queja promovida por más de 1.200 PERSONAS

En relación con la situación de este colectivo, el Defensor del Pueblo Andaluz tramitó en el ejercicio 2011-2012 un expediente de queja promovido por más de 1.200 personas, que concluyó con una resolución, formulada a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, recomendando se procediera, "con la mayor diligencia posible", a la adopción de las medidas oportunas para la creación de la correspondiente RPT en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación: del examen de la respuesta recibida se desprendía que la resolución se aceptaba.

No obstante, tras hacerse reiteradas las quejas de la situación laboral del colectivo de intérpretes de lengua de signos, la Oficina del Defensor decidió abrir una nueva actuación.

Los propios intérpretes informaban a través de una nota de que sus condiciones laborales volvían a verse "mermadas" con la nueva adjudicación del servicio. "No sólo no nos reconocen la categoría profesional que nos corresponde por ley, sino que además, a fecha de 12 de diciembre en algunas provincias, aún no se nos ha abonado la nómina por el trabajo realizado en el mes de noviembre, cuando en el convenio queda bien claro que ésta se debe abonar entre el 1 y el 5 del mes siguiente", lamentaban.