Según recoge la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado creó en enero de 2008 una sociedad de la que era administrador único y "como no tenía intención de pagar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores de dicha sociedad en connivencia con su asesor -en busca y captura por ésta y otras causas-, idearon crear una segunda empresa".
Dicha entidad, según el Ministerio Público, contaba con el mismo administrador, domicilio social, objeto social y los mismos empleados, "buscando de esa manera que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dieran por extinguida la primera de las sociedades mencionadas".
Como consecuencia de ello, con la primera sociedad se generó una deuda que asciende a la cantidad de 75.973 euros, mientras que con la segunda fueron 54.941 euros.
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