Salvador, en rueda de prensa, ha explicado que fue su antecesora y actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien dictó el 12 de julio de 2013 una instrucción interna en la que se ordenaba denegar todos estos expedientes en cualquiera de sus fases de tramitación. Sin embargo, los funcionarios cuestionaron la legalidad de esta orden interna y los dejaron en los cajones de los servicios territoriales, de forma que "nunca" llegaron a la Conselleria.

Por ello, ha anunciado que van a "ir hasta el final", sin descartar acudir a los tribunales, porque esta cuestión "no se resuelve sólo pagando, sino que hay que auditar e investigar qué ha pasado" con este "maquiavelismo político" del anterior Consell "jugando con las ayudas de la gente" y con fondos del plan estatal de vivienda.

Salvador ha acusado a Bonig de actuar como "una troyana", "una infiltrada en el sistema para infectarlo y pervertirlo" en lugar de "proteger a los ciudadanos que contaron con esas ayudas para comprar, alquilar o rehabilitar sus casas".

Al respecto, ha garantizado a los miembros de la Plataforma de Afectados por los Impagos a las Ayudas a la Vivienda, con quien se ha reunido previamente, que los ciudadanos "no van a pagar la mala gestión del anterior Consell".

Así, en un primer lugar van a aflorar todos estos expedientes, informatizarlos y actualizar la cuantía ya que algunos casos se están llevando por vía judicial y han pedido un informe a la Abogacía de la Generalitat sobre los trámites que deben seguir para regularizar la situación.

La Abogacía ya les ha conminado a instar a la Intervención General de la Generalitat a activar sus funciones de control financiera para resolver las dudas razonables de la gestión económica-financiera de los planes de vivienda de 2005-2008 y 2009-2012. Además, le han pedido que "actúe y que investigue los hechos" y están pendientes de que les marque "la hoja de ruta" que deben seguir para "reconducir" a la legalidad lo que se va realizar "ilegalmente" bajo el gobierno del PP.

Salvador ha confiado que con esta nueva tanda de expedientes "ocultos" en los cajones se haya "tocado fondo" y no se encuentren más ayudas pendientes "ni irregularidades" tras el "intento de estafa" de Bonig, que además trató que los funcionarios "incumplieran la ley" ya que los expedientes deben "tramitarse" y aprobarse si se cumplen las condiciones.

Sin embargo, la resolución interna de Bonig señala textualmente: "los expedientes de concesión de ayudas a la promoción de viviendas con destino al arrendamiento que se encuentran en tramitación, previamente al reconocimiento de las mismas, cualquiera que sea la fase en que se hallen, deberán finalizar con resolución denegatoria de la subvención autonómica fundamentada en el agotamiento de los recursos financieros de la Generalitat".

Al respecto, ha recordado que el informe de Intervención de 2013 constató que la Conselleria admitió la tramitación de ayudas "sin cumplir" la exigencia de la ley de garantizar previamente la existencia de fondos suficientes para el pago.

"FRAUDE DE LEY"

Por eso, ha relatado la conselleria creó en 2012 la "artificial" figura jurídica de las resoluciones de reconocimientos de cumplimiento de condiciones para otorgar las ayudas y condicionó su pago efectivo a la futura existencia de crédito presupuestario suficiente, o que el informe de Intervención calificó como "un auténtico fraude ley".

De hecho, en este informe avisó de que estos actos eran "nulos de pleno derecho" y que "no se pude pensar que esta circunstancia fuera desconocida por los gestores ya que publicaron en una ocasión los créditos disponibles y su agotamiento". Por tanto, ha evidenciado que "se puso de manifiesto que desde el primer momento los responsable tenían conciencia de la ilegalidad de esta actuación".

De este modo, al señalar la Intervención a Conselleria que estaba obligada a reconocer las ayudas no resueltas, Bonig dictó en 2014 una resolución en la que reconocía las existencia de ayudas pendientes de pago y "sin consignación presupuestaria" de 240 millones.

Salvador ha recordaron que entonces Bonig "afirmo que no habían más ayudas pendientes por reconocer" mientras que las resoluciones 501 "seguían sin tener reconocido el derecho al cobro de ayuda", por lo que ha recalcado que una de sus primera actuaciones fue el pago de esos 40 millones.