En declaraciones a los periodistas, la primera edil ha subrayado que "es una situación en la que se lleva con la amenaza desde el minuto uno", puesto que "se sabía que era una situación muy difícil y complicada, porque viene de un acuerdo entre la empresa y el equipo de gobierno anterior del PP en el que se fijaba un presupuesto, un plazo y un proyecto".

Frente a ello, ha resaltado que el gobierno local actual "ha intentado en todo momento poner facilidades para sacar adelante el proyecto, con un presupuesto que se ha ampliado en 400.000 euros y con un plazo ampliado en seis meses", pero "aún así no ha sido posible concluir la obra en plazo y tiempo", ha lamentado.

Por tanto, "en la defensa de los intereses generales, las decisiones que se tomen a partir de ahora tienen que tener en cuenta que no se pueden aceptar chantajes de ningún tipo, ni poner en riesgo, ni asumir más gastos del que estaba estimado", ha aclarado la alcaldesa.

En este sentido, ha asegurado que "se va a hacer todo lo posible para que si la situación se pone en el peor de los escenarios, que es que se tenga que litigar en los tribunales, sea lo más corto posible para continuar con la obra y poner en funcionamiento el equipamiento".

Según ha indicado, "hay circunstancias que se han cruzado, que son totalmente inevitables", aunque "se ha intentado desde el principio evitarlas, pero no ha sido posible", ha defendido Ambrosio, quien ha enfatizado que "el interés general de la ciudad está en tener un equipamiento de estas características disponible lo antes posible".

ACCIONES A SEGUIR

Posteriormente, en una rueda de prensa, el teniente de alcalde de Presidencia ha informado de que en estos momentos "el contrato sigue en vigor y la empresa está obligada a cumplir", pero ante el informe contrario de Intervención General de dar un nuevo plazo, "no se va a levantar el reparo", de modo que "se va a intentar que la empresa siga cumpliendo el contrato", aunque al mismo tiempo se estudiará la rescisión de contrato o, "a partir de una determinada fecha, empezar con la imposición de penalidades, hasta que terminen las obras".

En concreto, ha detallado que "todavía queda por ejecutar el 47,64 por ciento y una cantidad pendiente de ejecución de 5,2 millones de euros", algo que "no se puede hacer en dos meses", pero en este caso "el objetivo era seguir con la negociación e intentar salvar el proyecto". Sin embargo, "el incumplimiento" de la empresa lleva al estudio de las dos citadas opciones, tanto por el servicio de contratación, como asesoría jurídica, según ha precisado el edil.

Además, tras la solicitud de la empresa la resolución del contrato "por causas achacables a la administración", el concejal ha adelantado que "se va a desestimar, con todos los informes", puesto que "es todo al contrario", ha aclarado, a lo que ha agregado que la intención era "llegar a algún tipo de acuerdo para continuar con la obra con otra empresa", dado que la actual "ha renunciado a culminar".

Entretanto, Aumente ha recordado que la adjudicación salió en 15 millones de euros y se adjudicó por 10,5 millones de euros porque "la empresa cumplía con todos los requisitos", pero "ha habido diversos problemas en las obras y la dirección facultativa", a la vez que "tampoco había un buen cronograma de cumplimiento".

Al respecto, el edil ha asegurado que "la propia empresa intenta desde que comienza la obra modificar el proyecto", algo que "no han conseguido, pero sí han estado parando la obra, porque con el precio que habían dado, de alguna forma, la cosa se les estaba complicando", según ha resaltado.

Mientras, Aumente ha apuntado que el actual equipo de gobierno "no apoyaba este proyecto", pero "el interés era terminar en plazo y adecuadamente", al tiempo que ha remarcado que "sin hacer nada cuesta al año 400.000 euros" y ha declarado que "el interés es que no ocurra" un caso como el del Palacio de Congresos de la Calle Torrijos.

INFORME DE INTERVENCIÓN

En relación con el informe de Intervención General que rechaza ampliar la prórroga a mayo, se expone que "la ampliación de plazo propuesta no parece tener por finalidad la culminación de la obra", después de dos ampliaciones de plazo ya concedidas.

Asimismo, se indica que "parecen existir indicios de haberse ejecutado unidades de obra que implicarían una modificación del contrato sin haber obtenido autorización para ello y, lo más importante, sin modificar en caso de ser necesario el proyecto de obras aprobado en su día". Dichas unidades ascienden a unos 522.000 euros. No obstante, "los técnicos y la dirección facultativa son los que tienen que informar", ha apuntado el concejal.