El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará presidido durante los próximos cinco años por el magistrado conservador Manuel Marchena y contará con una mayoría de vocales de corte progresista, de acuerdo con el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE, que ha sumado finalmente a Podemos.

El pacto, el primero entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado, llega en un momento convulso para el poder judicial, tras la polémica gestión del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo, e indirectamente tendrá repercusiones en uno de los juicios de mayor calado en agenda: el del proceso soberanista catalán.

Marchena, un magistrado de talante dialogante y con una larga y reconocida trayectoria en la carrera judicial, iba a presidir ese juicio como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cargo que abandonará para asumir las riendas del CGPJ si no se desbarata el acuerdo parlamentario.

Se esperaba que el PP propusiera diez vocales y el PSOE otros diez, pero finalmente los populares han cedido uno de sus puestos para que Marchena ocupe la presidencia del CGPJ y los socialistas, con once puestos en sus manos, se ha encargado de negociar en paralelo el apoyo de Podemos al consenso.

Según han informado a Efe fuentes de Moncloa, Pedro Sánchez se ha reunido con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para trasladarle los términos del pacto con los populares.

A pesar de su rechazo a Marchena, la formación morada ha alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE al entrar en el CGPJ el magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada, su exdiputada Victoria Rosell, el juez que llevó ante la justicia europea la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, y la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, según han informado a Efe fuentes parlamentarias.

El pacto entre PP y PSOE se ha materializado al registrar ambas fuerzas en el Congreso y en el Senado una lista con los nombres de los ocho candidatos elegidos entre juristas de reconocido prestigio, pero el pacto incluye también a los doce vocales de extracción judicial, que saldrán del listado de 51 jueces avalados por las asociaciones profesionales o por sus propios compañeros.

En el primero de los grupos, la lista progresista incluye a De Prada; a Carmen Sáez Lara, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba; Pilar Fernández Pérez, fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales; Luis Martín Contreras, letrado de la administración de justicia en el Supremo; y Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo de Asturias.

Los populares proponen por su parte a Manuel Altava, magistrado y actualmente presidente de la Comisión de Justicia del Senado; José Miguel Castillo, abogado y exdiputado, y Rosa Rubio, miembro de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal.

Aunque todavía no se ha hecho pública, fuentes cercanas a la negociación apuntan a que entre los doce vocales de extracción judicial, estarán, por el sector progresista, Fernández Seijo, Esther Erice, Victoria Rosell, los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José María del Riego y la expresidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género Inmaculada Montalbán.  

A propuesta del PP entrarían en el Consejo Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial, esposa del juez Pablo Llarena y candidata que más avales logró de sus compañeros; y María Tardón, recientemente elegida magistrada de la Audiencia Nacional y avalada por la asociación Francisco de Vitoria.

También se espera en ese listado al magistrado del Supremo José Antonio Montero; y al magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid) Alejandro Abascal, ambos avalados por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).