El exconseller de Presidencia Francesc Homs ha reconocido este miércoles que, como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, fue él quien aseguró al gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta tras la suspensión del Tribunal Constitucional.

Homs ha declarado como testigo, a propuesta de las defensas, en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener la consulta independentista del 9N después de que el TC la vetara.

En respuesta a Xavier Melero, abogado de Mas, el exconseller de Presidencia ha afirmado que, tras recabar la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat, dio cuenta al Govern de que "además de no incumplir la ley ni cometer ninguna irregularidad tampoco incurría en ningún tipo penal" y ha precisado que no fue un "mero transmisor" del dictamen jurídico: "yo configuré la decisión final".

Homs se ha escudado este miércoles en el juicio por el 9N en que el Tribunal Constitucional (TC) no les advirtió de las consecuencias legales de incumplir la suspensión de la consulta, acordada el 4 de noviembre, pese a que el Gobierno lo había solicitado.

Homs ha recordado que, para suspender la consulta convocada inicialmente por la Generalitat, el TC había "adaptado su agenda" a lo que le "convenía" al Gobierno, si bien después, cuando Mas transformó la votación en un proceso participativo el alto tribunal no atendió la petición del Ejecutivo central de incorporar una advertencia en su providencia del 4 de noviembre, lo que considera que no es un hecho "menor, ni baladí, ni neutro".

Tras el interrogatorio por parte de los abogados de las defensas de Mas, Ortega y Rigau, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha comunicado al tribunal que, para respetar la condición de acusado de Homs ante el Supremo, había optado por no preguntarle en el procedimiento que se sigue en el TSJC, decisión a la que se ha sumado la aboga de la acusación popular, María Ponte.

"¡Qué lástima!", ha exclamado Homs, que en una comparecencia en el TSJC el pasado 7 de marzo, antes de que su causa pasara al Supremo tras ser elegido diputado en el Congreso por el PDeCAT, se proclamó víctima de un proceso político instigado por la Fiscalía debido al "mal perder" del PP.

Durante el interrogatorio, Homs ha intentado desoír a su propia abogada al amagar con responder parcialmente a una pregunta de los letrados de Mas, Ortega y Rigau, pese a que Labarta le había recomendado no contestar.

"Sin entrar en la respuesta, obviamente..." ha empezado Homs a responder Homs, ante lo que lo que Barrientos le ha advertido de que si, atendiendo al requerimiento de su abogada, no iba a contestar la pregunta, no la contestara.

El abogado Xavier Melero, que ejerce la defensa de Artur Mas, ha planteado entonces una nueva pregunta a Homs, que se ha mantenido en silencio durante varios segundos hasta que el presidente del TSJC le ha preguntado: "¿ha entendido la pregunta?".

Homs ha respondido tajante a Barrientos: "Sí, muy bien. Quería que me volviera a avisar. ¿Puedo contestar?", y ante el asentimiento de su abogada y del presidente del TSJC, ha continuado con su declaración.

Homs ha abordado este miércoles al fiscal Emilio Sánchez Ulled a la salida de la sala tras declarar como testigo en el juicio del 9N y le ha dicho: "¡Qué lástima que no me hayas preguntado, porque te habría podido contestar!".

Según han explicado a fuentes presenciales, el fiscal le ha contestado irónicamente que puede llamar a Madrid para que le asciendan a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) igual que el Govern ascendió a muchos de los cargos que han declarado en la causa del 9N, y así ya podrá interrogarle en el juicio contra él que empezará el 27 de febrero en el TS.

Ha sido una conversación en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) después de que Homs declarase en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

Homs ha comparecido con abogado pese a ser testigo, ya que él también está investigado por el 9N, pero de su caso se encarga el Supremo por su aforamiento como actual diputado del Congreso.

Precisamente por esta condición de testigo especial, el fiscal ha decidido "por respeto" no hacerle ninguna pregunta en su comparecencia, ante lo que el diputado ya le ha respondido en la misma sala: "¡Qué lástima!".

Después, en declaraciones a los periodistas a las puertas del TSJC, Homs ha criticado que Sánchez Ulled no le haya formulado preguntas y lo ha achacado a "la falta de coraje y valentía" del fiscal.

Homs ha testificado este miércoles por petición de las defensas, a las que no ha respondido cuando las preguntas de los abogados de Mas y Ortega se referían a la carta que le implica en la supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia.

Es una carta de Homs de respuesta al presidente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), que le consultaba qué hacer después de que la empresa T-Systems, a quien se habían contratados labores informáticas para el 9N, le preguntase si la suspensión del TC afectaba a los trabajos que estaban haciendo y si debía paralizarlos.

Según la Fiscalía, Homs "legitimó e impulsó" los trabajos señalando que no estaban afectados por el veto del TC, y además puso a disposición del CTTI los servicios jurídicos de su departamento por si tenían que emprender acciones legales si T-Systems se negaba a continuar los trabajos.

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) ha reconocido que cuando el expresidente de la Generalitat Artur Mas convocó la consulta alternativa del 9N se puso a su disposición y le ofreció las escuelas municipales para acoger la votación, aunque cada centro decidió por su cuenta si se implicaba.

El excalcalde de Barcelona, que ha testificado a propuesta de las defensas, ha asegurado que cuando Mas convocó el proceso participativo se puso a disposición del entonces presidente de la Generalitat y le ofreció la "máxima colaboración" para la consulta, especialmente para que las escuelas de titularidad municipal acogieran puntos de votación.

No obstante, a preguntas del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, Trias ha puntualizado que el consistorio se limitó a indicarles a los responsables de las escuelas municipales que era "importante" que se pusieran a disposición de la consulta, aunque les aclararon que cada cual podía hacer lo que quisiera.

"Cada escuela decidió lo que quiso. Aunque se implicaron masivamente porque había un ambiente de entusiasmo (a favor del 9N), del que también participaba el alcalde", ha apuntado Trias, que ha destacado que muchas escuelas privadas se ofrecieron para acoger puntos de votación.

Trias ha indicado que no elaboraron ningún protocolo ni convenio para regular la participación de las escuelas municipales en la consulta y que desconoce los pormenores sobre su implicación en la votación: "Un alcalde -ha dicho- no se ocupa de estas cosas, un alcalde dice 'vamos a colaborar'. Sobre cómo se lo montaron entre ellos, no tengo ni la más mínima idea, no me ocupé de ello".

En cualquier caso, Trias ha subrayado que durante el 9N "todo funcionó con normalidad absoluta y total" en Barcelona, con una "gran predisposición" por parte de las escuelas de titularidad municipal y también de las privadas a colaborar con la votación.

Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ha reconocido que la Generalitat gestionó el listado de locales que las poblaciones que carecían de institutos públicos pusieron a disposición de la consulta, pero ha dicho que no recordaba si el gobierno catalán dio alguna instrucción tras la suspensión de la consulta sobre el destino de esos espacios.

Según Buch, fue la ACM, que agrupa a 924 ayuntamientos de Cataluña, la que se encargó de que los municipios que no tienen institutos públicos -que acogieron el grueso de las votaciones- dispusieran de locales para poder instalar las urnas de la consulta independentista.

Buch, testigo propuesto por la defensa de los encausados por el 9N, ha aclarado que ninguno de los ayuntamientos que cedió locales fue denunciado después del 9N.

El responsable de esta entidad municipalista también ha afirmado que la Administración Territorial de la Generalitat envió correos electrónicos con impresos en los que figuraban espacios en blanco para que la ACM detallara en qué local se iba a votar el 9N, aunque ha alegado que no sabía si después de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional se siguieron enviando.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha hecho uso de su turno para interrogar a Buch, en una intervención en la que ha recordado al testigo que conocía "perfectamente el funcionamiento de la ACM", cuyos exresponsables Josep Maria Matas y Xavier Solà están a la espera de juicio por embolsarse presuntamente un millón de euros de la entidad, que agrupa fundamentalmente a ayuntamientos de la órbita nacionalista.

La que era presidenta del Parlament el 9 de noviembre de 2014, Núria De Gispert, ha asegurado este miércoles, como testigo en el juicio del 9N, que vio "razonable" que el Govern no paralizase el proceso participativo sobre la independencia después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

En una breve intervención durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha explicado que, como presidenta de la Cámara, estuvo en aquellos días en contacto permanente con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusado en la causa por supuestamente desobedecer al TC.

De Gispert es una testigo reclamada por las tres defensas -de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau- pero sólo el abogado de Ortega le ha formulado preguntas, y también han rechazado interrogarla tanto el fiscal como la acusación popular.

La exdirigente de Unió, ahora en las filas de Demòcrates de Catalunya, ha afirmado que no participó en cumbres de gobierno y de partidos después de que se produjera la primera suspensión del TC.

Pero siguió todo ese proceso a través de reuniones y llamadas telefónicas con el entonces presidente catalán, Artur Mas, para "conocer de manera directa qué se pretendía hacer" desde el Govern.

De Gispert ha reconocido, así, que estuvo informada de que el ejecutivo catalán seguiría adelante con la consulta, aunque cambiando el formato a un proceso participativo: "Me pareció una propuesta razonable y la única manera de dar voz a los catalanes", ha remarcado la democristiana.

Una directiva de la empresa Sertrans ha certificado este miércoles en el juicio por el 9N que entregaron las urnas y papeletas en los puntos de votación entre el 7 y el 8 de noviembre de 2014, sin que la Generalitat les diera ninguna instrucción para paralizar el transporte tras el veto del Constitucional (TC).

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha arrancado la tercera sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que se enfrentan a una pena de inhabilitación por mantener la consulta soberanista del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió el 4 de noviembre.

Ante el tribunal, la responsable de Sertrans, empresa que fue contratada por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) el 28 de octubre para el reparto de las urnas y papeletas, ha testificado que efectuaron la distribución a los puntos de votación entre los días 7 y 8 de noviembre.

La testigo, que ha comparecido a propuesta de la acusación popular -ejercida por dos sindicatos policiales y por Manos Limpias-, ha precisado que tras la suspensión de la consulta, el 4 de noviembre, nadie del CIRE o de la Generalitat les dio ninguna indicación para que no procedieran a la entrega.

"Sencillamente, cumplimos el contrato de entrega", ha indicado la responsable de Sertrans, que ha detallado que recogieron las urnas y papeletas mayoritariamente a partir del día 30 de octubre y que las llevaron en dos tráileres a sus almacenes de Barcelona, Tremp (Lleida) y Girona, de donde las distribuyeron posteriormente a los puntos de votación.

Ante el tribunal también ha comparecido un apoderado de la compañía Fujitsu, a quien la Generalitat contrató para introducir en los ordenadores comprados para el 9N el programa informático para facilitar la votación, que ha afirmado que no le constaba que se hubiera modificado el proyecto a raíz de la suspensión acordada por el TC el 4 de noviembre.

Tras estos dos testigos técnicos, que han mantenido la línea de la mayoría de los comparecientes de este martes, en el sentido de que el Govern mantuvo los preparativos de la consulta pese al veto del Constitucional, el juicio prosigue con la declaración de los testigos de la defensa, en una sesión que recupera el alto voltaje político.

El diputado de PDeCAT en el Congreso y conseller de Presidencia durante el 9N, Francesc Homs; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol -excoordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir- comparecen como testigos este miércoles en el juicio por la consulta sobre la independencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

También comparecen el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró.

Todos estos testigos comparecen a petición de las defensas de los tres acusados, y Homs declarará a las 11 horas aproximadamente, según la previsión de la sala civil y penal del TSJC.

El exconseller de Presidencia también está investigado por su actuación al organizarse la consulta, aunque de su caso se encarga el Tribunal Supremo por su condición de aforado al ser diputado del Congreso.

Ser investigado por esta misma causa le da la potestad de no responder en el TSJC a las preguntas que puedan incriminarle o ir en su contra, además de comparecer con abogado, ya que en su condición de testigo está obligado a decir verdad, mientras que cuando declare como investigado en el Supremo no tiene esa obligación.

De cara a este jueves se prevé la comparecencia de varios testigos a petición de la defensa de Joana Ortega; entre ellos, la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó; la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet y la alcaldesa de Vilanant, Anna Palet.

El juicio previsiblemente concluirá el 10 de febrero con la prueba documental y los informes finales, en los que la Fiscalía y las defensas emitirán sus conclusiones, y los tres acusados tendrán derecho al uso de la última palabra.