El Parlamento Europeo (PE) ha dado este martes luz verde a una norma que limitará la especulación sobre la deuda soberana de los estados miembros.

El PE aprobó este martes prohibir las transacciones al descubierto de los seguros de impago vinculados a la deuda soberana y el endurecimiento en general de las normas para las ventas a corto de acciones y bonos.

La Eurocámara, el Consejo y la Comisión Europea (CE) formalizaron un acuerdo el pasado 18 de octubre con el que se pone fin a la total desregularización sobre las ventas a corto y los llamados Credit Default Swaps (CDS), derivados que cubren el riesgo de una suspensión de pago de un país o de una compañía.

Estos productos financieros estuvieron directamente vinculados al estallido de la crisis financiera mundial desatada en septiembre de 2008 y con la ausencia de regulación al respecto, según explica el ponente del proyecto de este reglamento, el ecologista francés Pascal Canfin.

Cuando el reglamento habla de ventas al descubierto de los seguros de impagos se refiere a que prohibirá a intercambiar estos productos financieros sin que los inversores tengan bonos correspondientes a la deuda asegurada, por lo que se benefician de la cobertura sin estar, realmente, expuesto al riesgo de impago. La prohibición, por tanto, afecta a esos inversores que están "al descubierto" por no estar expuesto al riesgo que cubre el seguro.

Para contentar a algunos socios, eso sí, está prevista la posibilidad de "salirse" de esa prohibición previa autorización de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA, en inglés) y solo bajo casos claramente y objetivamente definidos -como tensiones en elos mercados, altos intereses, etc.- y durante un plazo máximo de 12 meses, renovables por 6 meses.

Para que la norma entre definitivamente en vigor en la Unión Europea (UE), sólo falta el aval formal del Consejo de Ministros.

Este martes, la Comisión Europea también discute prohibir a las agencias de rating o de calificación de deuda publicar notas de países rescatados como es el caso de Grecia, Irlanda o Portugal.

Ése es solo uno de los puntos que forma un nuevo paquete de medidas de la Comisión que busca aumentar el control sobre estas agencias, a las que se acusa de agravar la situación de los países en dificultades.