La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha señalado los desahucios y la actuación "fraudulenta" de la banca, "en muchos casos, con los ahorros de los particulares", como "signos perversos de la crisis actual", en alusión a las participaciones preferentes, por detrás del desempleo y la pérdida de derechos sociales "que siguen siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía".

La representante del Gobierno andaluz ha abordado estas cuestiones en la Jornada 'La crisis del sector financiero y su repercusión en los consumidores', organizada por el Ayuntamiento de Armilla (Granada), que ha inaugurado junto con la delegada del Gobierno de la Junta en Granada, María José Sánchez, y el alcalde de la localidad, Gerardo Sánchez.

Muñoz ha subrayado el "interés del encuentro" ya que representa una oportunidad de acercar al mundo local "un asunto muy de macroeconomía que, como casi siempre, repercute en los de abajo, los más débiles". En este sentido, ha puesto en valor el ámbito local dado que "es donde mejor se satisfacen las demandas y necesidades de la ciudadanía".

En su intervención, ha explicado que su Departamento trabaja por la defensa de los "legítimos intereses económicos de las personas consumidoras", ejecutando las competencias que le atribuye la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores en Andalucía. Ha desglosado de qué forma se ejercen estas atribuciones, destacando la información y formación de la ciudadanía para que conozca sus derechos, el impulso a la mediación y el arbitraje, así como legislando a favor de las garantías, derechos y el resarcimiento de los daños causados.

Muñoz ha dedicado una "atención especial" a dos de los asuntos que más están afectando a la ciudadanía en los últimos meses, los desahucios y las participaciones preferentes. Sobre los primeros ha recordado la ley que está elaborando la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para proteger a las personas y avalistas que contraten créditos hipotecarios, así como las distintas campañas que se han realizado de compraventa y alquiler de viviendas e inspecciones a entidades financieras, entre otras.

En cuanto a las preferentes, ha recordado que las actuaciones de Consumo han dado lugar a la apertura de cinco expedientes sancionadores a entidades financieras por la comercialización irregular de estos productos. Asimismo ha resaltado el uso de la mediación para llegar a acuerdos entre los afectados, hasta ahora con Caixabank, y que están teniendo unos resultados favorables en muchos casos para los damnificados.

Además de estos asuntos, los servicios de telefonía, electricidad y agua son los que más reclamaciones acaparan en Andalucía y que provocan un impacto económico negativo en la población.

Por último, la secretaria general ha comentado la intención de poner en marcha la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo, para coordinar entre la Junta de Andalucía y la Administración local actuaciones relacionadas con la protección de los derechos y garantía de las personas consumidoras, mejorando la eficiencia de las medidas adoptadas.