Los gastos de personal de las residencias de ancianos y para personas dependientes que gestiona la Xunta experimentaron un descenso de un 7,1% en el ejercicio 2015 con respecto al ejercicio 2010, debido a las medidas de contención para corregir el déficit público y la "no cobertura de las ausencias en las jornadas mediante contrataciones temporales".

Así lo recoge el informe del Consello de Contas de fiscalización del gasto en atención residencial a personas mayores y dependientes, que, junto a otros nueve y la memoria anual de 2017, ha entregado el conselleiro maior, José Antonio Redondo, este viernes al presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices.

Al respecto, el documento recoge las alegaciones que realizó la Xunta, que argumentó que en los centros dependientes de la Consellería de Política Social se presta el servicio "respetando las presencias mínimas necesarias, aunque en algún caso puntual no se cubra alguna ausencia".

"La alegación no rebate ni contradice lo dispuesto en el informe, en el que se pone de manifiesto que el servicio residencial se prestó con menos presencias de personal que las previstas en las carteleras de turnos, confeccionadas para la prestación adecuada del servicio", apunta Contas.

EL INFORME

El informe del Consello de Contas plantea un sistema informático normalizado para la gestión del personal de los centros residenciales gestionados con medios propios, "con el objeto de facilitar la gestión y ofrecer información precisa de la cobertura efectiva de las jornadas de trabajo con ocasión de permisos, vacaciones y otras ausencias de los trabajadores de la plantilla".

La fiscalización se centra en el servicio de atención en centros residenciales, destinados a vivienda permanente y común, en los que se presta una atención integral y continuada a las personas mayores y dependientes que no cuentan con apoyo social o familiar, o este es insuficiente para atender sus necesidades.

El gasto del servicio residencial, según establece, tuvo una evolución dispar en el período 2010-2015, y alcanzó un incremento del 8,31% al final del período, y a su vez una disminución de su peso en el gasto de la dependencia, al pasar del 43,48% en 2010 al 36,39% en 2015.

Por su parte, los gastos de funcionamiento descendieron desde el año 2012 a pesar de que el número de plazas residenciales permaneció "casi inalterable", apunta Contas.

También señala que la Xunta no elaboró planes de inversiones en centros residenciales públicos desde el ejercicio 2010 hasta el plan de eficiencia energética 2016-2017. Como hechos posteriores, destaca el estudio por la Consellería de Política Social de un plan para la construcción de nuevas residencias.

Como caso "singular", alerta de la "infrautilización" de un centro residencial en el ayuntamiento de O Carballiño, con una capacidad para 80 personas dependientes y con una ocupación de "tan solo 25 plazas".

MÁS PLAZAS PÚBLICAS

En este escenario, "siendo la oferta de plazas públicas claramente insuficiente", aconseja que la Xunta optimice los recursos públicos disponibles mediante la total ocupación de las plazas residenciales existentes en los centros propios.

De hecho, recomienda a la Xunta que para atender las necesidades asistenciales del colectivo, "cada vez más numeroso", de personas mayores y dependientes, continúe con la incorporación de plazas públicas residenciales al sistema de servicios sociales de Galicia, teniendo en cuenta el actual nivel de prestación y la situación de la lista de espera para acceder a una plaza.

"La Xunta debe dotarse de personal suficiente y de los medios necesarios para que el reconocimiento del derecho al servicio residencial se produzca en el plazo de seis meses que fija la normativa desde la solicitud por los interesados", añade.

También aboga el organismo fiscalizador, a fecha de los datos analizados, por reducir los tiempos de espera hasta un plazo que se aproxime a los tres meses que fija la normativa aplicable en los procedimientos ordinarios de acceso a una plaza residencial, una vez reconocido el derecho al servicio.

Con el fin de que la aportación de los usuarios a la financiación de las plazas residenciales, en función de su capacidad económica, contribuya a mejorar la calidad del servicio residencial, apuesta por que la Xunta revise con periodicidad anual la cuantía del copago, "adaptándolo a sus variaciones".

Igualmente, el Consello cree que debe iniciar actuaciones administrativas dirigidas a la ejecución del cobro de las cuotas impagadas.

Avisa de que la incorporación de nuevos centros residenciales al sistema debe acompañarse de un incremento del número de efectivos de la Inspección de Servicios que refuercen la vigilancia.

OTRAS RECOMENDACIONES

Por otra parte, Contas señala que Política Social debe exigir a los centros residenciales que mantengan actualizados, "permanentemente", los datos que consten en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios sociales, así como designar un responsable de los contratos y publicar su identidad en su web.

"La consellería debe adoptar un criterio para la facturación de los días en los que se producen traslados entre centros y aplicar el descuento establecido en el contrato para la facturación de las plazas reservadas no vacantes", agrega.