El socialista Juan Fernando López Aguilar ha formado parte de la delegación de la Eurocámara que visitó Melilla la semana pasada para analizar la situación de la frontera sur. El grupo, formado por seis eurodiputados de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (Libe), tenía previsto viajar también a Ceuta, pero la anulación de su vuelo por parte de la aerolínea les obligó a cancelar la segunda parte de la misión, que esperan completar en un futuro próximo.

Finalizado el viaje, López Aguilar expone sus impresiones y analiza la política migratoria que están llevando a cabo tanto la UE como el Gobierno español en una entrevista concedida a 20minutos. Su postura sobre cómo debería actuar Bruselas ante el drama de la inmigración presenta bastantes coincidencias con la que mantiene la eurodiputada Marina Albiol, de IU, miembro igualmente de la delegación y con quien este diario también ha hablado. Ambos representantes políticos discrepan sin embargo acerca de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

¿Cuál era el objetivo de esta misión?

Fuimos a compulsar una problemática de la que nos hemos ocupado extensamente, que tiene que ver con los tráficos ilícitos, la explotación de personas, la situación de porteadores y porteadoras, el operativo de gestión de frontera exterior que ejecutan Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Gobierno de España, donde hay un dispositivo de asilo obligado para todas las personas que invoquen persecución como motivo de su intento de traspasar la frontera y donde hay episodios a cada tanto que expresan sangrantemente la dimensión humanitaria que interpela al conjunto de la UE: los asaltos a la valla, los subsaharianos que trepan y son intervenidos por la Policía in situ, con la problemática jurídica de la diferenciación entre devoluciones en caliente y retorno en frontera que está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto somos muy conscientes de que hay una problemática enorme.

¿Con qué impresiones vuelve?

Mi valoración es positiva en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la misión y el nivel de la interlocución. Nos hemos encontrado con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad profesionales, capaces, experimentados, que saben lo que están haciendo y cuál es su misión en el operativo. Ellos obedecen órdenes, en última instancia del Gobierno de España. En segundo lugar ha sido conmovedora la situación del CETI y, en particular, del centro de los menas. En ambos casos la saturación duplica la capacidad del establecimiento y el personal se emplea a fondo para intentar atender las necesidades humanas y educativas en el caso de esos menores. La escolarización ha sido un asunto claro que ha imprimido el Gobierno socialista. Existía un problema serio de déficit de escolarización, y por tanto de menores que vagaban por las calles. En tercer lugar nos ha conmovido enormemente el conocimiento en directo de la presión en frontera, normalizada en unas cantidades que impresionan. Cerca de 40.000 personas entran y salen diariamente de Melilla, además de los 88.000 habitantes que hay en ese pequeño recinto con escasos kilómetros cuadrados. Y la mayor parte están en el llamado comercio atípico. Los porteadores, que cargan un gran peso por unas cantidades muy bajas pasan el día haciendo cola para transferir mercancía a una cadena de testaferros que indicia claramente criminalidad organizada, cuando no blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico. El esfuerzo es ordenarlo porque está teniendo lugar sí o sí.

IU denuncia que el cambio de Ejecutivo no ha supuesto avances en materia de derechos humanos. ¿Qué opina de las medidas adoptadas?

Está fuera de lugar enjuiciarlo en apenas cuatro meses de ejercicio en relación con la situación de la que provenimos, que es la insolidaridad clamorosa de Rajoy con los Estados miembros de la UE que han estado expuestos en la primera línea al momento álgido de la mal llamada crisis de los refugiados. En una realidad de vasos comunicantes como es desde hace mucho tiempo el hecho migratorio en el Mediterráneo, la insolidaridad con Grecia e Italia ha resultado autolesiva, si es que no suicida, para España. No solamente ha sido causal de que Italia haya basculado del lado oscuro de la fuerza antieuropea, sino que además ha sido causa de que los flujos del tráfico ilícito de personas hayan sido revehiculados de nuevo hacia el mar de Alborán, la costa andaluza y Ceuta y Melilla, anunciando el rebrote virulento de lo que fue a principios de siglo la crisis de los cayucos en Canarias. Ya están llegando de nuevo pateras a raudales a las costas canarias. Enjuiciar al Gobierno, cuando ha inyectado una partida extraordinaria de 40 millones de euros para la escolarización de los menores y arrancó el mandato con un gesto de gran potencia simbólica como fue acoger al Aquarius, es una crítica que no tiene fundamento. Además la consigna del Ministerio del Interior en la función ejecutiva que le corresponde en la guardia de fronteras a Guardia Civil y Policía es la de no discriminación, dándole a cada demandante de asilo su oportunidad de hacer su solicitud. El compromiso con los derechos humanos del Gobierno de Pedro Sánchez es inequívoco.

Pero luego aplica las devoluciones exprés...

Hay que apreciar que el Gobierno de Pedro Sánchez, junto con el de Costa [primer ministro de Portugal], se ha situado a la vanguardia de un intento de nueva política en el espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, más humanitaria y más holística, más comprensiva con todas las variables y fenómenos, que sea capaz de inyectar esa solidaridad que ha brillado por su ausencia. La disputa está en la aplicabilidad de los convenios de retorno. Hay efectivamente convenios de retorno en vigor, no solamente con Marruecos. Son convenios de cooperación y de readmisión de irregulares. España tiene firmados, como todos los Estados de la UE, un buen número de ellos. Yo no me canso de denunciar que el rasgo más insoportable de la actual política negacionista de derechos migratorios por parte de la UE consiste en el divorcio entre los datos reales, que son manejables tan solo con que hubiera un poco de voluntad política de cumplimiento del derecho europeo, y el pánico en el que están instalados los Estados miembros, que presentan el derecho migratorio como una invasión que debe ser contenida a toda costa. La primera opción dominante en este momento en la UE está hegemonizada por una actitud conservadora, reactiva, muy escorada a la derecha, y es que no vengan. La segunda, externalizar la contención en fronteras para que nos los quiten de la vista, pagando a Turquía e incluso a Libia si es preciso, como ha hecho la UE, aunque no sean países seguros en los que los inmigrantes tengan la más mínima oportunidad de no sufrir la violación sistemática y brutal de sus derechos fundamentales. Y en tercer lugar, negar solidaridad en la gestión.

¿Qué debe hacer la UE?

Los socialistas españoles queremos que tenga una visión más comprensiva y humanitaria y que no haya ese divorcio entre los hechos y el estado de pánico. Poca gente sabe que el número de llegadas de irregulares ha descendido un 90% respecto al punto álgido de la crisis de los refugiados en 2015 y el número de irregulares que llegan a Europa en 2018 es inferior al de retornados. Han llegado 180.000 y han sido retornados 217.000. Por tanto hay un saldo favorable al retorno. Pero sin solidaridad, un complemento humanitario ni apertura de vías legales y seguras nunca dejaremos de poner tapones en un problema oceánico. El hecho migratorio resultara de imposible manejo a escala europea si la gente que demanda algún tipo de protección humanitaria subsidiaria al asilo no puede hacerlo sin arriesgar la vida o perderla y por supuesto, sin exponerse para ello a los tráficos ilícitos de la explotación de personas. Vías legales y seguras es mi batalla en la Comisión Libe y en el Parlamento Europeo. Soy el ponente del Código de Visas y llevo años peleando por el establecimiento de visas humanitarias y permisos temporales para que migrantes vulnerables puedan llegar legalmente, porque de otro modo lo harán irregularmente, con el drama que eso supone.

¿Cuál es la postura que tiene que mantener con Marruecos?

Hemos tomado nota de la necesidad de exigir correspondencia en términos de derechos humanos y de respeto a la reglas de la dignidad personal a un socio estratégico de la Unión como es Marruecos. Hay que exigirle correspondencia y tomamos nota del racismo con el que las autoridades marroquíes discriminan a los subsaharianos con respecto de los procedentes de alguna otra situación de conflicto o desesperación. Los propios marroquíes a menudo deben pagar sobornos para poder pasar la frontera, alegar persecución y pedir asilo; incluso a las autoridades policiales marroquíes. Requiere una respuesta articulada de la UE. En su interlocución diplomática debe ser exigente en estos términos para cesar las flagrantes situaciones de abusos y de violación de derechos de las personas.