Podemos se queda solo pidiendo al Gobierno que deje de vender armas a Arabia Saudí tras la muerte de Khashoggi

  • PSOE, Ciudadanos y PP se inclinan por esperar a los resultados de la investigación antes de tomar medidas.
  • Pablo Iglesias pide seguir el ejemplo de Alemania y "no colaborar con dictaduras sanguinarias".
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con los trabajadores de La Naval de Sestao.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con los trabajadores de La Naval de Sestao.
EFE/MIGUEL TOÑA
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con los trabajadores de La Naval de Sestao.

Podemos ha pedido al Gobierno que deje de vender armas a Arabia Saudí tras la muerte -supuesto asesinato- del periodista Jamal Khashoggi en un consulado en Estambul. Es el único de los cuatro grandes partidos que lo ha hecho; PSOE, Ciudadanos y PP se inclinan por esperar a los resultados de la investigación antes de tomar medidas. El Ejecutivo, por su parte, opta en público por la prudencia.

El secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, cree que Pedro Sánchez debe seguir el ejemplo de Alemania y paralizar los contratos firmados. Así se lo hará saber, en todo caso, en su comparecencia el próximo miércoles en el Congreso. Sánchez ha visitado hoy la factoría de Renault en Valladolid y al término del acto, los periodistas han intentado que desvelara si tenía intención de adoptar alguna medida, pero no ha querido hacer declaraciones.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha recordado que el Gobierno ha sido "rotundo y claro" en este tema y que ha exigido una investigación "exhaustiva y transparente" al tachar de "gravísimos los hechos". Por su parte, Iglesias ha considerado necesario que España deje de vender armas a Arabia Saudí al tratarse, ha subrayado, de "un mandato ético y democrático".

"Lo que llevamos tanto tiempo diciendo ahora lo dice también Alemania: los países de la UE deben dejar de vender armas al régimen saudí", ha dicho Iglesias, que se ha reunido en Sestao (Bizkaia) con los trabajadores del astillero de La Naval ante el proceso de liquidación de la empresa. Ante los medios, ha opinado que sería "muy sensato" secundar a Alemania y "no colaborar con dictaduras sanguinarias", al tiempo que se protege a un sector como el de los astilleros.

El PP, por su lado, ha recomendado no tomar "decisiones precipitadas" y mantener los compromisos adquiridos, según su secretario general, Teodoro García Egea. En declaraciones a Onda Cero, ha recordado que muchos puestos de trabajo de la empresa Navantia dependen del contrato de construcción de cinco corbetas encargado por Arabia Saudí y que se puso en riesgo por la decisión inicial de paralizar la venta de las 400 bombas de precisión láser.

Ciudadanos ha coincidido en que España debe cumplir los contratos firmados, pero, al tiempo, defender "sin matices" los derechos humanos y denunciar los "atropellos", sean en Arabia Saudí, Venezuela o Cuba. La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha apuntado la conveniencia de que la respuesta que se dé ante casos como el de Khashoggi tiene que ser conjunta y España "no se pude quedar atrás".

En línea con la postura del Gobierno, el PSOE ha pedido "prudencia" del Gobierno para tomar cualquier decisión, incluida una eventual paralización de la venta de armas. La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, manifestado su convicción de que el Ejecutivo de Sánchez actuará "en beneficio de los intereses de España" una vez que conozcan las conclusiones de la investigación.

Trabajadores de Navantia

Los trabajadores de Navantia se han mostrado preocupados por que España pueda sumarse a Alemania y suspender la venta de armas, lo que podría influir en el contrato de las cinco corbetas con Arabia Saudí. "No estamos exentos de otro sobresalto", ha señalado a Efe Jesús Peralta, presidente del comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz).

Allí está previsto empezar a construir los barcos el próximo mes de enero por un importe de unos 1.800 millones de euros y la creación de unos 6.000 empleos directos e indirectos. Peralta ha opinado que el Gobierno "tiene claro" que el contrato debe respetarse y ha advertido de que en caso contrario, "los trabajadores responderán de inmediato porque hay en juego muchos puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz".

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