El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, considera que 2017 "fue un mal año para la libertad de expresión, en el que alzar la voz se volvió peligroso". Así lo aseguró este miércoles durante la presentación de la memoria anual de la organización, un análisis exhaustivo de las vulneraciones de derechos humanos en 159 países, España entre ellos.

A nivel nacional, Amnistía ha destacado en su informe las restricciones de "la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica" en Cataluña, el procesamiento de tuiteros por "enaltecimiento del terrorismo" y el incumplimiento del asilo y refugio.

CATALUÑA: A juicio de Amnistía Internacional España, algunas autoridades "restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica" tras la decisión de suspender el referéndum catalán. Además de recriminar las cargas policiales, en su memoria anual de 2017 la organización critica el encarcelamiento de los presidentes de asociaciones independentistas catalanas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

REDES SOCIALES: Otro capítulo de la memoria se ocupa del proceso judicial "a decenas de personas por enaltecimiento del terrorismo" pese a que "en muchos casos no constituían sus declaraciones incitación a cometer delito de terrorismo y se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos". En total, veinte personas fueron declaradas culpables en el curso del año pasado. Entre ellas destacan el caso de Cassandra Vera, una joven a la que se impuso una condena de un año de prisión, cuya ejecución se suspendió, por haber publicado chistes sobre el homicidio, en 1973, de Carrero Blanco.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Amnistía Internacional resalta que se sobreseyera la causa contra los titiriteros detenidos en 2016, pero denuncia que a lo largo del año en España "continuaron imponiéndose a particulares, activistas de derechos humanos y periodistas sanciones administrativas basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana que podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión". Como ejemplo, la ONG señala "una multa de 601 euros a la periodista Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, por desobedecer una orden de la Policía". Explican que había traspasado una línea policial no señalizada para intentar entrevistar a un testigo mientras cubría un caso de corrupción investigado en la Audiencia Nacional y que ella, y las grabaciones de las cámaras de la sede judicial prueban que retrocedió cuando se lo requirió la Policía.

ASILO Y REFUGIO: España incumplió en 2017 su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo y 1.449 refugiados en aplicación de sendos programas de emergencia de la UE. Al final del año, según Amnistía Internacional España, se había reubicado solo a 1.328 personas, 592 de nacionalidad siria. Tampoco cumplió el Estado, recuerdan, su compromiso de reasentamiento de 1.449 personas refugiadas de Oriente Medio y del norte de África. A fecha de 31 de diciembre habían sido reasentadas 1.360, todas sirias excepto una, palestina.

De enero a diciembre, además, se presentaron 25.853 solicitudes de asilo y al concluir octubre seguían pendientes 34.655. "En muchos casos el plazo durante el que tienen derecho a recibir apoyo del Estado expiraba mientras aguardaban la respuesta de su solicitud", lamenta Amnistía. La memoria también destaca que hasta septiembre se produjeran 21.663 entradas irregulares por el Mediterráneo occidental, más del doble que durante el mismo periodo de 2016. Por otra parte, en octubre, recuerdan, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la devolución "en caliente" a Marruecos de migrantes subsaharianos que intentaban acceder al territorio español en Melilla en 2014 constituyó "una expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros".

ANTITERRORISMO: A juicio de la organización, España uso de manera "desproporcionada" de la legislación antiterrorista. Y pone como ejemplo que tres de las siete personas detenidas por una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y a sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 permanecen en prisión preventiva, pendientes de una vista en abril de 2018.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Amnistía destaca que 48 mujeres (y 8 menores de edad) murieran a manos de sus parejas o exparejas, pero destaca también el pacto de Estado sobre violencia de género aprobado en septiembre, que incluye reformas legislativas y otras medidas destinadas a cumplir con las obligaciones del Convenio de Estambul en relación con la violencia contra las mujeres.

DESAHUCIOS: "Miles de personas sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado". Hubo 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria. En julio, recuerda Amnistía, la ONU admitió una denuncia contra España por no haber proporcionado alojamiento alternativo a una familia desalojada, recuerdan.

FRANQUISMO: La memoria de Amnistía Internacional destaca, un año más, que las autoridades españolas continúan cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, argumentando "que no era posible investigar los crímenes denunciados (que incluían desapariciones forzadas y tortura) debido, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos". Además, denuncia la organización, se siguieron sin adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.