El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó hoy tramitar el recurso de súplica interpuesto por la Generalitat relativo al reintegro en las deliberaciones del magistrado del 'sector progresista' de este órgano Pablo Pérez-Tremps, que se mantiene apartado tras la recusación de la que fue objeto por el PP. Durante la reunión, que duró unas dos horas, no se llegó a abordar la ponencia de sentencia elaborada por la presidenta del órgano, María Emilia Casas, sobre la norma catalana.

Fuentes del TC señalaron a Europa Press que esta resolución no será notificada previsiblemente hasta mañana, que es cuando se espera que se solventen los recursos interpuestos por la Generalitat y el Parlament referidos a la competencia de este órgano para dictar sentencia.

Al rechazar la tramitación del recurso sobre la recuperación para el debate del Estatut de Pérez-Tremps, el Constitucional evita tener que dar traslado del mismo a todas las partes personadas en el procedimiento para que presenten sus alegaciones, lo que dilataría en varios días el trámite para una resolución que se preveía a todas luces denegatoria.

El recurso relativo a Pérez-Trems fue interpuesto el pasado jueves por la Generalitat después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir en las deliberaciones a este magistrado, que fue apartado por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.

La Generalitat solicitaba el reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal. En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.COMPETENCIA

En la sesión de hoy —en la que sí estuvo presente el magistrado Pascual Sala, que ayer se ausentó por motivos de salud— el tribunal no llegó a adoptar ninguna resolución respecto del recurso de súplica presentado contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente para estudiar el Estatut pese a que un tercio de sus magistrados, entre los que se incluye su presidenta, María Emilia Casas, estén pendientes de renovación desde diciembre de 2007.

La deliberación sobre este recurso se produce tras concluir el plazo a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut —el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia— para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes.

Una vez queden solventados ambos incidentes procesales, el Tribunal Constitucional tendrá vía libre para entrar a debatir la ponencia elaborada por Casas para poder dictar sentencia.

Según fuentes del órgano constitucional, este borrador asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera —que fue rechazada por seis votos frente a cuatro— respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.

En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia —que podría incluir 15 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos— la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.

Fórmulas de voto

En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el Estatut asunto es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente del tribunal, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".

Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.

Ese día, tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.

Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, había sido rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial.

La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut —queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo—, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.

El borrador de Pérez-Vera fue apoyado, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala, que podrían volver a ofrecer su apoyo a Casas en atención a la coincidencia de las tesis de ambas magistradas.

En contra del "ponencia progresista" se manifestaron el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón, todos ellos pertenecientes al "sector conservador" del órgano con excepción del último, quien pese a haber sido situado en el ala ideológica contraria ha venido manifestando serias discrepancias con algunos aspectos de la norma, como el relativo al significado del término "nación".