El Tribunal Supremo ha condenado a la Administración Sanitaria a pagar una indemnización a la familia de un hombre que murió en 1995 en el Hospital Gregorio Marañón a consecuencia de una negligencia médica, tras complicarse una operación de un cáncer allí diagnosticado, que al final no era tal, informó el hijo del fallecido, Alejandro García.

Negligencia médica

Más de doce años le ha costado a Alejandro demostrar que su padre murió por culpa de la negligencia de los médicos que le operaron de un cáncer que no tenía. Ha sido un tiempo de luchas en los juzgados, de "noches en vela de cafés y cigarrillos" consultando libros de medicina, pero ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón.

Todo empezó el 2 de agosto de 1995. Ese día, Alejandro García López, de 76 años de edad, ingresó en el Hospital Gregorio Marañón porque se "sentía mal" y se había desvanecido en casa. Allí, le comunicaron la peor noticia: tenía cáncer y debía operarse.

Tras salir de la intervención, los médicos le comunicaron que no tenía cáncer, pero que la operación se había complicado y habían tenido que extirparle el bazo. Pocos días después, el 17 de septiembre de 1995, murió por un shock séptico, insuficiencia renal aguda y pancreatitis posquirúrgica. Cuando sucedió, su hijo no se encontraba en el hospital. "Llegué y me encontré una sala enorme, con una camilla y un cadáver", recordó emocionado.

Lo que entonces Alejandro no podía imaginar es que el proceso fuera a ser tan largo y tan duro. Durante años, con la ayuda de su abogado Gustavo López-Muñoz y Larraz, acudió al juzgado a oír las declaraciones de los médicos que participaron en la intervención, compró libros especializados en legislación sanitaria, se sometió a pruebas de ADN para verificar que los muestras que habían llevado a determinar a los médicos que su padre tenía cáncer eran verdaderamente de su padre, pero, al final, perdió el juicio por la vía penal.

"Exhumamos a mi padre"

"Tuve que exhumar a mi padre" --para extraer nuevas muestras de tejido con las que cotejar las que, en su momento, fueron determinantes para diagnosticar un cáncer--, recordó Alejandro, indignado con que "esa experiencia tan desagradable" no hubiera servido para nada.

Hasta que un día, ya con la vía penal descartada, y decidido a seguir por la vía contencioso-administrativo, llegó a sus manos un documento en el que se aportaban nuevos datos sobre la operación. "Se demostraba que habían ocultado que le habían extraído un tercio del páncreas", lo que supuestamente, pudo provocarle la pancreatitis de la que murió.

Finalmente, después de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 23 de julio de 2003 volviera a fallar en su contra, el pasado 4 de julio, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho de Alejandro a recibir una indemnización de 155.000 euros.