Según ha señalado la central, estas salas siempre han adolecido de un exceso de carga de trabajo para el personal que las atiende, a pesar de que los asuntos que tramitan son "sensibles". A ello se suman otros obstáculos, como los equipos informáticos obsoletos, o la incompatibilidad de sistemas entre Fiscalía y juzgados.

Así, para reducir estos problemas, la Xunta del bipartito, han recordado, aprobó tres prolongaciones de jornada por cada juzgado Penal de Vigo, lo que permitió rebajar la pendencia de asuntos a "mínimos históricos".

No obstante, ha denunciado, el Gobierno de Feijóo retiró esa medida, y las estadísticas de estos juzgados "volvieron a números anteriores". Según han criticado, "el desprecio" de la Xunta por la administración de justicia y la "falta de contundencia" en los informes del juez decano de Vigo han impedido la concreción de medidas para solventar la situación.

Dicha situación, ha incidido el sindicato, se ha agravado después de la huelga indefinida que tuvo lugar entre febrero y mayo pasado. Así, han advertido de que, en cada juzgado de lo Penal de la ciudad olívica "hay más de mil ejecuciones en trámite". "De las mil demandas, hay aproximadamente 230 sin ni siquiera incoarse", han añadido.

Del mismo modo, han señalado, los retrasos afectan también a los juicios, ya que, durante el paro, se suspendieron cientos de vistas, lo que implica también retrasos en las sentencias y en las ejecuciones.

Por todo ello, han reclamado al gobierno gallego un "verdadero plan de actuación", y han advertido a la Xunta de que, si "comete el error" de aprobar un plan "cutre" y limitado en el tiempo para hacer el "paripé", "tendrá que asumir su decisión y sus consecuencias".