Los jueces concluyeron el primer trimestre de este año 27 procedimientos por corrupción en los que dictaron auto de juicio oral o procesamiento contra 97 personas, informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo revela el repositorio sobre procedimientos por corrupción del CGPJ tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores, personas acusadas o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, entre otros, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública al ser la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y se tiene en cuenta también la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Asimismo como delitos de abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

En cuanto a las personas acusadas no hubo ninguna en el Tribunal Supremo y se registraron seis en dos procedimientos en la Audiencia Nacional.

En cuanto a comunidades autónomas por número de acusados, destaca Canarias con 20, seguida de Andalucía con 18, Cataluña con 12, Castilla y León y Extremadura con nueve, Baleares con ocho, Madrid con cinco, Comunidad Valenciana y País Vasco con tres y Cantabria y Murcia con dos, mientras que en el resto no hubo ninguno.

Los juzgados y tribunales dictaron en este periodo 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8% del total y hubo 58 condenados por sentencia firme.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación urbanística, es decir contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico, y prevaricación administrativa.

A 1 de abril de este año había en las cárceles españolas 83 penados por corrupción, en 46 casos con el delito de malversación como el principal y en otros 24 con el de cohecho, y 14 preventivos.