La Sindicatura de Comptes ha detectado, en la auditoría financiera de las cuentas anuales de la entidad pública Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicación (CVMC) y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) del ejercicio 2017, "incumplimientos significativos" de la normativa de contratación aplicable y del control interno previsto en la propia ley de creación del ente.

En el caso de À Punt, dirigida por Empar Marco, señala que se contrató a tres directivos sin la realización previa de procesos selectivos que garanticen los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad previstos en su normativa. Los tres directivos de son, según consta en la resolución de la Sindicatura, la directora de Informativos; el director de Ingeniería y Explotación y el director de Contenidos y Programación.

La creación y cobertura de los tres puestos -que junto con el de la directora general no se incluyen en la relación de puestos de trabajo-, su creación fue autorizada por la Dirección General de Presupuestos.

Asimismo, apunta a que se formalizó un contrato laboral de actuación artística -para funciones de presentadora y codirectora de programas de radio- "antes de obtenerse la autorización preceptiva de la Conselleria de Hacienda", en concreto, con seis meses de antelación.

En los dos casos, tanto de la CVMC, entidad pública con personalidad jurídica propia que tiene como objeto satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de los ciudadanos y ciudadanas y la sociedad de la Comunitat Valenciana, como de la Societat, a través de la que se ejercen esas funciones, la Sindicatura de Comptes detecta una contabilización "inadecuada" de los saldos por transferencias de la Generalitat, lo que genera un aumento "improcedente" de las cifras del balance del ejercicio, y un insuficiente contenido informativo de la memoria tanto sobre las existencias como los gastos de personal.

En la SVMC, la mayor parte de las existencias, 3,1 millones de euros, corresponde a los pagos anticipados realizados a las empresas adjudicatarias en el momento de formalizar los contratos sin que estas empresas hayan hecho ninguna entrega de materiales y sin que À Punt haya asegurado sus pagos requiriéndoles las garantías oportunas.

En el pasado año, la Societat formalizó contratos de derechos de emisión, de antena y de programas por un total de 14 millones de euros, a los que se añade los formalizados por la CVMC, que suman casi 15 millones (14,9), tramitados por la normativa interna.

A 31 de diciembre de 2017, de los 469 puestos de trabajo previstos en la plantilla de À Punt se había cubierto 23 (un 4,9% de la plantilla), todos ellos de manera provisional mediante bolsas de trabajo temporal, 20 de estos últimos (el 86,9%), con personal del antiguo grupo RTVV. Y recuerda que sobre el nombramiento de Empar Marco, hay un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolver por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En relación con los contratos sometidos a la normativa de contratación pública, "es importante la insuficiente justificación de las necesidades en los contratos menores". Y en cuanto a la contratación de programas, destaca que la norma aprobada por la CVMC para la selección y contratación de contenidos en régimen de producción asociada para À Punt, "no regula suficientemente los principios generales de contratación pública".

"En ningún caso de los expedientes revisados consta que la SAMC, antes de formalizar los contratos, haya requerido a los contratistas que acreditan los requisitos de capacidad, solvencia y no vinculación con la CVMC y con la SAMC. Tampoco consta que la SAMCV compruebe los requisitos de subcontratación estipulados en los contratos", añade el informe.

RECOMENDACIONES

La Sindicatura plantea seis recomendaciones en el caso de À Punt sobre financiación de la Generalitat (que analice el contenido del contrato programa para el periodo 2018-2020 para determinar el régimen contable de las subvenciones que recibe de la entidad pública); existencias; gastos de personal (regular en su normativa interna criterios para formalizar contratos de actuación artística) y de contratación.

En este último caso, la Sindicatura señala que, por ejemplo, en cinco contratos menores analizados, falta una memoria en que se justifique la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse y añade que la norma interna sobre el proceso de selección y contratación de contenidos en régimen de producción asociada, no regula suficientemente los principios de igualdad y transparencia o confidencialidad y adolece de una regulación sobre otros extremos como las garantías exigibles para los pagos anticipados.

Sobre la CVMC, la Sindicatura detecta básicamente los mismos incumplimientos. En existencias, que la mayor parte, 4,2 millones, corresponden a pagos anticipados a las adjudicatarias en el momento de formalización de contratos sin que estas empresas hayan entregado materiales o la entidad haya asegurado los pagos mediante exigencia de garantías y en gastos de persona, a 31 de diciembre, de los 62 puestos previstos había cubiertos 40 de manera provisional mediante bolsas temporales, el 87,5% con extrabajadores de RTVV.

La Sindicatura, que realiza 17 recomendaciones, hace notar en cuanto a contratación, incumplimientos relacionados con criterios de adjudicación, y en contenidos en régimen de producción asociada para la SAMC, que no regula suficientemente los principios generales de contratación pública.