El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para pedir a la Junta una mayor financiación para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a la que se añadió una enmienda del Grupo Popular en la que se elevaba esta petición al Gobierno de España.

En concreto, la moción socialista, que contó con el apoyo del concejal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez, reclama al Gobierno de Juan Vicente Herrera a que incluya en el Plan Extraordinario de Apoyo 2010-2011 a los municipios de más de 20.000 habitantes, con un aumento en su dotación económica de forma proporcional a la población de estos, al tiempo que solicita su apoyo por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP).

Por su parte, el Grupo Municipal Popular presentó una enmienda de adición que fue ratificada por el resto de grupos y en la que se solicita al Gobierno de la nación que mantenga en 2011 las transferencias corrientes a los ayuntamientos con el mismo importe que en 2010.

El ponente de la moción, el socialista José Francisco Martín, afirmó que el Consistorio vallisoletano se encuentra "tocado y hundido" debido "al trato que la Junta de Castilla y León da a Valladolid y a su Ayuntamiento", al tiempo que criticó la actual ley de financiación local, de la que recordó que "fue aprobada por el Gobierno de José María Aznar".

Martín también criticó la labor del concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, al que calificó como "el mayor desastre en materia recaudatoria", a la vez que acusó al Ayuntamiento de "no defender" los intereses de Valladolid salvo por las "bravuconerías" del alcalde, que "luego se quedan en nada", lo que provoca que "se rían de él y de los vallisoletanos".

Comportamiento esquizofrénico.

Asimismo, afirmó que esta ley será modificada por el actual Gobierno dado que "el PP no sabe hacer leyes, sólo llamar a su incumplimiento", y calificó de "esquizofrénico" el comportamiento de la Corporación municipal por "pretender que se reduzca el gasto público", aunque "no el gasto público mío".

Por contra, el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, acusó a los socialistas de buscar con su propuesta "erosionar" al Gobierno autonómico, al tiempo que admitió que los ayuntamientos "no gozan de buena salud financiera" debido a "la crisis, las competencias impropias y la deficiente aplicación del modelo de financiación local".

Blanco se quejó de la "irresponsable" política del Gobierno de España que, a su juicio, "abandona a su suerte a los municipios", a la vez que aseguró que "mientras un gobierno socialista lleva a la administración a la quiebra, uno popular mantiene las cuentas saneadas", por lo que aventuró que el Ejecutivo de Zapatero "no dispondrá de tiempo para reformar la ley", ya que dentro de dos años "habrá un gobierno popular en el país".

En cuanto al concejal de IU, Alfonso Sánchez, criticó al resto de grupos porque, en su opinión, su municipalismo finaliza en "las cuatro paredes" del Ayuntamiento.

Mociones rechazadas.

Junto a esta moción, fueron rechazadas otras dos presentadas por la oposición en las que se pedía que se aplicara la bajada en los precios de asistencia social con carácter retroactivo a la subida del pasado mes de diciembre, así como explicaciones sobre la situación del barco turístico 'Leyenda del Pisuerga'.

La primera de ellas, presentada conjuntamente por PSOE e IU, reclamaba que la bajada de precios en los servicios municipales de ayuda a domicilio, teleasistencia, estancias diurnas y estancias temporales, se aplicara de forma retroactiva a la subida aprobada en diciembre de 2009 y que ocasionó, según la oposición, una reducción de 283 usuarios, así como la disminución en los servicios solicitados de otras 113.

Para el presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, esta bajada de precios responde a "un error" del equipo de Gobierno que "no tienen por qué pagar los ciudadanos".

Por su parte, la concejal de Bienestar Social, Rosa Hernández, acusó a la Ley de Dependencia de estar detrás de aquella subida, por lo que pidió a Puente que no trate de "colgarse medallas".

La segunda moción, presentada por los socialistas, reclamaba al Ayuntamiento que adoptara las medidas "oportunas" de legalidad al barco turístico 'Leyenda del Pisuerga', dado que, en su opinión, éste no reúne las licencias para desempeñar las funciones de bar de copas.

Puente también acusó a la gestora del barco, Pronautur Río S.L, de no garantizar la seguridad del barco y de instalar una cámara de videovigilancia que graba "sin permiso" a los visitantes, entre los que se incluyó el concejal socialista.

Asimismo, el presidente del Grupo Municipal Socialista comparó el estado del barco con el del Ejecutivo local, un punto en el que aseguró que se encuentra "fuera de la ley y con el motor averiado".

Por su parte, la concejal de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, aseguró que desde el 1 de julio el Consistorio ha puesto en marcha un requerimiento a Pronautur para que acredite esos permisos, al tiempo que advirtió que, de no ser así, se procedería a la apertura de un expediente sancionador.