La Junta anuncia las obras de sustitución de cubiertas de fibrocemento en dos colegios de Rota

  • La Delegación Territorial de Educación de la Junta en Cádiz, a través de la Agencia Pública Andaluza, ha anunciado el comienzo de la fase de contratación de las obras de retirada y sustitución de las cubiertas de amianto en dos centros de Rota, concretamente, en el CEIP Pedro Antonio de Alarcón y en el CEIP Luis Ponce de León.

En una nota, la Junta ha concretado que ambas actuaciones superan los 440.000 euros. En los próximos días se dará a conocer el procedimiento abierto para la presentación de las empresas que opten a la ejecución de las obras a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Estas actuaciones están contempladas dentro del plan de retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 5 de julio de 2016 para el período 2016-2022; y que en la provincia ya ha permitido la eliminación de este material en seis colegios, además del anuncio reciente de la contratación de las obras en el CEIP Reggio de Puerto Real por una cantidad superior al medio millón de euros.

El delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, ha señalado que, "si todo sigue su cauce, los alumnos de estos dos centros roteños comenzaran sus clases en un colegio reformado para el próximo curso".

En este sentido, ha indicado que se están haciendo los procedimientos administrativos con el tiempo suficiente para que las obras comiencen en las vacaciones estivales.

Además, Belizón ha subrayado "la responsabilidad demostrada por las comunidades educativas de ambos centros, por mantener la calma ante la presencia de este tipo de elemento y su confianza en las administraciones", ya que, como se ha dicho en diversas ocasiones, "el amianto es nocivo solo y exclusivamente cuando se manipula".

El plan desarrollado por la Junta de Andalucía se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica. La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas.

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