Agentes de la Policía Nacional han requisado los teléfonos móviles de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes en Palma de ambas empresas, en las que también han requerido la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación sobre una filtración periodística. Según han informado fuentes de ambos medios, la Policía ha actuado en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción 12 de Palma, que instruye la causa de presunta corrupción conocida como 'caso Cursach'.

Los agentes policiales han requerido a los periodistas información sobre las fuentes de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, que se publicó a pesar de que la pieza estaba declarada secreta.

En el caso Europa Press, tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el 'caso Cursach' que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local. Además, han pedido a la redactora facilitar el informe sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach sobre el que publicó una noticia a principios del pasado mes de julio y que revelara cómo lo había obtenido.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Los policías han reclamado asimismo la entrega de los equipos informáticos empleados por el periodista, pero los responsables del periódico han rehusado facilitárselos.

Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración. A un redactor de Diario de Mallorca también le ha sido requisado su teléfono móvil.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada. Los investigadores también requirieron información por orden judicial en su día a la Agencia EFE.

Tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares como la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares se han pronunciado en redes sociales en contra de la intervención policial y de la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 porque entienden que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.