El Ministerio de Justicia ha cifrado en 28,6 millones de euros el ahorro —teniendo en cuenta tiempo, desplazamientos y papel— que ha supuesto para los profesionales del sector (abogados, procuradores, etc.) el primer mes de implantación del programa papel cero. Desde el pasado 1 de enero, son obligatorias las comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración.

La cantidad mencionada corresponde al envío telemático a través de la herramienta LexNET —desarrollada por el Ministerio, que funciona como un correo electrónico— de 381.489 escritos de trámite en todo el territorio y durante los 31 días del mes de enero. Justicia estima, aplicando un "método para la medición de las cargas administrativas", que con cada escrito el ahorro es de 75 euros.

No se incluyen en este cómputo los escritos iniciadores, es decir, las demandas, que ascendieron a 79.717 y para las que de momento son necesarias también las presentaciones en formato papel, ya que afectan a no profesionales que no están representados por procurador o que no se les ha asignado abogado de oficio, explican a 20minutos desde el Ministerio. Con estos escritos, por tanto, aún no hay ahorro.

El ministro del ramo, Rafael Catalá, ha ofrecido estos y otros datos este lunes en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los primeros 31 días del papel cero y en la que se ha rodeado de los presidentes de los consejos generales de la Abogacía, Victoria Ortega; de Procuradores, Juan Carlos Estévez, y de Graduados Sociales, Francisco Rodríguez Nóvez.

El papel cero, ha dicho el ministro, "está permitiendo avanzar hacia una justicia más rápida y accesible para el ciudadano". El análisis del funcionamiento de las comunicaciones telemáticas ha sido optimista frente a las críticas, aunque Catalá ha admitido que en algunas comunidades está siendo más difícil avanzar. Son las que quedarían fuera de su territorio, las que tienen las competencias transferidas.

En total, en enero se realizaron 4.739.339 comunicaciones electrónicas, incluyendo escritos y notificaciones y las comunicaciones por LexNET y también por los sistemas de comunicación de algunas comunidades que no lo usan (Navarra, Cantabria, País Vasco, Cataluña).

Se produjeron, asimismo, 2.458 incidencias (un término que incluye las consultas y las puras incidencias electrónicas, explican desde el Ministerio). Es decir, según Justicia, la tasa de incidencias es del 0,051%, un porcentaje que choca directamente con las quejas de, entre otros, funcionarios judiciales y abogados que vuelcan su frustración en los medios de comunicación y las redes sociales.

Para Justicia es importante, además, el ahorro en los tiempos. Los actos de comunicación y presentación de escritos en un procedimiento ordinario han visto reducido su tiempo de trámite a un tercio del total, de una media de 60 días (papel) a 19 (electrónico), según los datos. El documento presentado por Catalá explica, además, que LexNET ha estado disponible para los usuarios un 99,2%  del tiempo.

A este respecto se ha pronunciado la presidenta de la Abogacía, que ha advertido de que han detectado un gran número de incidencias en el sistema y que a veces "se cae"; esto, unido a la necesidad de formación, está generando una cierta "inseguridad y tensión", ha explicado en la comparecencia.

Según los datos de Justicia, una media de 19.698 usuarios accedieron a LexNET en enero, mes en el que se contaron 143.085 usuarios nuevos. El Ministerio no maneja, de momento, un techo de usuarios para la plataforma, solo apunta que el crecimiento respecto a diciembre fue del 236%. Hay que tener en cuenta que desde enero su uso es obligatorio para los profesionales.

Catalá ha trasladado a los representantes de los distintos colectivos presentes en la rueda de prensa el compromiso del Ministerio de seguir trabajando de forma conjunta  para mejorar el sistema. Además, ha anunciado que se crearán comisiones provinciales con representantes de las administraciones y los operadores jurídicos para resolver los problemas de los profesionales.

También ha adelantado que se convocará para finales de este mes la conferencia sectorial de Justicia para avanzar en un sistema común con las comunidades autónomas que al igual que el año pasado contarán con seis millones de euros.