Las hijas del narcotraficante Laureano Oubiña impiden la venta del Pazo de Baión

  • Por lo pronto, ha quedado paralizada la venta de esta propiedad intervenida a sus padres en 1995.
  • Las herederas del capo del cartel gallego alegan que sus derechos podrían estar siendo vulnerados.
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La propiedad está rodeada por extensos viñédos.
La propiedad está rodeada por extensos viñédos.
La propiedad está rodeada por extensos viñédos.

Las dos hijas que el narcotraficante Laureano Oubiña han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia que decretó la incautación del Pazo de Baión porque alegan que podría lesionar sus derechos como posibles herederas, lo que ha paralizado la venta de esta propiedad inmobiliaria que hoy iba a ser adjudicada.

Las dos jóvenes nacidas del matrimonio de Laureano Oubiña con la ya fallecida Esther Lago, con quien el narcotraficante se casó en segundas nupcias en 1987, presentaron el pasado viernes 25 de enero un recurso en el que se amparan en el artículo 39 del Reglamento del Tribunal de Estrasburgo.

Hay cuatro compradores

Sus argumentos legales son que con la venta de la propiedad requisada a sus padres se podrían lesionar sus derechos como posibles herederas.

Esta actuación obligó a aplazar la mesa de adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas que hoy tenía previsto abrir los sobres de las cuatro propuestas presentadas para comprar el Pazo de Baión: el grupo catalán Freixenet --que gestiona actualmente la propiedad--; el riojano Izagui y las bodegas gallegas Condes de Albarei y Martín Códax.

Los dos edificios que componen el Pazo de Baión --que en los años 90 se convirtió en referente de la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico-- están ubicados en la localidad arousana de Fontán y están rodeados de una amplia zona dedicada al cultivo de viñedos.

En enero de 1995 el pazo fue intervenido judicialmente y el juez Baltasar Garzón embargó en 1999 el patrimonio de los Oubiña para ejecutar la deuda de 15 millones de euros que el matrimonio arrastraba desde que el Tribunal del caso Nécora los condenó por delito fiscal en abril de 1994.

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