El PSE-EE de Bergara ha pedido al alcalde, Jesús Elorza (Bildu), que retire "de forma urgente" las pancartas y mensajes "ofensivos" aparecidos en el municipio guipuzcoano con el lema 'torturarik stop' (Stop a la tortura).

En un comunicado, el grupo socialista ha denunciado la aparición en las calles de la localidad de muñecos de plástico atados a las farolas, así como de pancartas y pintadas en las fachadas que, en su opinión, "retrotraen a otros tiempos que no favorecen a nadie".

Por ello, ha reclamado al primer edil que borre las pintadas y retire las pancartas y los muñecos, "que resultan ofensivos" y le ha exigido "un mayor control" para evitar que esto suceda de nuevo.

Además, el PSE ha mostrado su "solidaridad y apoyo" a los concejales del PNV tras lo ocurrido en el Pleno municipal del pasado 30 de enero, en el cual varias personas portaron pancartas que "hacían mella en la dignidad de los concejales jeltzales".

"Son actitudes incomprensibles e injustificables en estos tiempos de libertad y consideramos intolerable este tipo de insultos a representantes de la ciudadanía", ha concluido.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional a través de la cual piden al Ejecutivo central que "garantice" una asistencia jurídica "de calidad" a Pablo Ibar, el guipuzcoano condenado a muerte en EE.UU. por un triple crimen cometido en 1994.

La declaración aprobada por unanimidad parte del texto presentado por el grupo juntero socialista enmendado por la presidenta del Parlamento guipuzcoano, Lohitzune Txarola, y en el que la Cámara muestra su rechazo a la pena de muerte.

Además, en la declaración aprobada las Juntas se posicionan a favor de la lucha abolicionista y tachan la pena de muerte de "castigo racista y clasista que se impone a los colectivos más desfavorecidos y con menos recursos".

En este sentido, se destaca que en países como EE.UU. la ejecución de una persona es aún "una cuestión de dinero", donde "sólo se tiene la posibilidad de evitarla si se tiene una alta capacidad económica o gran poder social para afrontar los gastos de una adecuada defensa letrada".

Las Juntas indican que tras la denegación de un nuevo juicio a Ibar por parte del Tribunal de Florida, se condena a este guipuzcoano "al menos a dos años más de locura y hacinamiento en el corredor de la muerte" y, además, "tendrá que pagar al menos otros 300.000 euros para su interposición y defensa".

El Parlamento guipuzcoano recuerda que las leyes penales deben servir para reinsertar en la sociedad a quienes cometan delitos y renuevan el llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana para que envíen cartas de apoyo a Ibar a la prisión donde se encuentra internado. Por otro lado, instan al Gobierno central a que adopte cuantas medidas políticas, legislativas, económicas y diplomáticas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica "de calidad" a los condenados a muerte, en este caso, a Ibar.

Asimismo, solicitan a la Diputación que consolide la partida presupuestaria existente para financiar actuaciones a favor de la abolición de la pena capital y a atender, en la medida de sus posibilidades, con cargo a la misma las demandas y necesidades que les planteen los organismos o asociaciones que, como la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, tengan por objeto la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

También instan al Gobierno central a que solicite a los diferentes gobiernos, que aplican la pena de muerte, a que con vistas a abolirla establezcan una suspensión inmediata de las ejecuciones.

Las Juntas darán traslado de esta declaración institucional al Ararteko, al defensor del pueblo, a la Embajada de EE.UU. y Japón en España, a la Asociación Pablo Ibar y a este último.

El grupo de Aralar en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha pedido a la Diputación foral que "lidere la articulación de la mayoría social" que se opone a la construcción del Puerto Exterior de Pasaia e "inicie contactos con otras instituciones en esa dirección".

Con motivo de la comparecencia en la Cámara foral guipuzcoana del diputado de Medio Ambiente, Juan Karlos Alduntzin, la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, se ha mostrado convencida de que "son mayoría las personas que no ven necesaria, ni viable" la construcción de la dársena exterior.

Ubera ha señalado que su formación se ha felicitado al saber que la institución foral estima que el puerto exterior "no es ni necesario ni viable para Gipuzkoa". "Es de agradecer, sobre todo, porque es lo que han demostrado los diferentes estudios que se han realizado en torno a esta infraestructura", ha afirmado.

En ese sentido, la portavoz de Aralar ha reclamado "seriedad y sentido común" a las instituciones a la hora de impulsar proyectos, "porque a lo largo de estos últimos años hemos visto que se nos han presentado castillos en el aire que al final no se van a hacer".

Además, ha considerado "prioritario" que se deje de vincular la construcción del puerto exterior con la regeneración de la bahía y ha exigido que "se empiece a planificar un proyecto realista y viable" para la recuperación de esta zona.

Los trabajadores del Grupo Alfa han convocado movilizaciones para este miércoles, jueves y viernes contra la reducción salarial que plantea la empresa y el "chantaje" de los despidos, según ha informado el sindicato LAB.

En un comunicado, la central sindical ha denunciado que la empresa Alfa "de manera unilateral" no abonó media paga extra de diciembre y ha propuesto una reducción salarial del 10 por ciento para los centros ubicados en Eibar, un 5 por ciento para los dos centros de Mecánica Mallabia y congelación salarial para Industrias Gol de Soraluze y Berriz.

El Grupo Alfa lo conforman varias empresas, de las cuales siete están en Eibar, incluida la empresa matriz, una en Soraluze, y tres en Durangaldea. En todas las plantas están trabajando unos 700 trabajadores.

LAB ha apuntado que los trabajadores de Alfa han rechazado la propuesta al considerarla "inaceptable" y han exigido a la dirección que presente un Plan de Viabilidad, a lo que la compañía ha respondido "con la amenaza de despidos en algunas plantas e intentando, de esa manera, dividir a los empleados del grupo".

La Diputación foral de Gipuzkoa ha anunciado que no participará en las jornadas sobre el Pacto social por la Inmigración en Euskadi, promovido por el Gobierno vasco, ya que considera que este pacto nace "viciado desde un principio, al obviar de manera consciente la principal dificultad a la que tiene que hacer frente, que no es otra que la negación del derecho de este pueblo a tomar sus propias decisiones".

En un comunicado, la institución foral, a través de la Dirección General de Migración y Diversidad, ha manifestado que comparte la necesidad de poner en marcha "un debate sobre la diversidad de orígenes y la convivencia en Euskal Herria", en el que participen todos los agentes políticos y sociales, así como el conjunto de la ciudadanía. "Un debate sin exclusiones, en el que podamos alcanzar un acuerdo como pueblo que nos permita gestionar esa diversidad de un modo positivo", ha añadido.

Por lo tanto, como paso previo a la consecución y presentación de un pacto, ha considerado necesario alcanzar un acuerdo "con base en un debate sin exclusiones" y ha subrayado que el pacto propuesto por el Gobierno vasco "no reúne dichas condiciones y solamente ha obtenido el apoyo de sus autores".

A su juicio, el Plan de inmigración, ciudadanía y convivencia y el Pacto social promovidos por el Ejecutivo de Patxi López "nacen viciados desde un principio, al obviar de manera consciente la principal dificultad a la que tiene que hacer frente, que no es otra que la negación a este pueblo de su derecho para tomar sus propias decisiones también en este campo".

De este modo, ha recordado que, en la actualidad, la competencia en materias de legislación sobre residencia, extranjería y nacionalidad en todos los territorios vascos "se la atribuyen de manera única y exclusiva los Estados francés y español". "Son estos Estados los que deciden quiénes somos ciudadanos de este pueblo y quiénes no, y en qué condiciones", ha criticado.

A causa de ello, este pacto, en los términos en los que está planteado, no posee para la Diputación de Gipuzkoa "la efectividad suficiente para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en la Comunidad Autónoma Vasca".

El portavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados, Xabier Mikel Errekondo, ha respondido a UPyD que "pedir la ilegalización de la izquierda soberanista vasca es una insensatez que evidencia el escaso carácter democrático de quien la pide".

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Errekondo se ha referido en estos términos al hilo de la interpelación presentada por UPyD en el Congreso pidiendo la ilegalización de Bildu y Amaiur. "Es curioso que un partido como el de la señora Rosa Díez, que no ha obtenido ni el 10 por ciento de los votos de Amaiur (En Euskadi y Navarra), se dedique a pedir en Madrid la ilegalización de la formación vasca que mayor representación en escaños obtuvo en las elecciones pasadas", ha opinado.

Además, ha destacado que "hace tiempo que la sociedad vasca ha superado la estrategia de ilegalizaciones promovida por el PSOE y el PP" y reclama poner fin definitivamente al "escenario de confrontación, de violencia, de vulneración de derechos".

A juicio del portavoz de Amaiur, "pedir que se aplique la Ley de Partidos políticos, es decir, que se ilegalice a la izquierda soberanista vasca, es transitar por el carril contrario al de las soluciones".

Asimismo, ha destacado que los vascos exigen "la legalización de todas las opciones políticas", por lo que la cuestión "no es si se ilegaliza o no a Bildu o Amaiur, sino si se legaliza a Sortu".

Ésa es, según Errekondo, "una cuestión imprescindible para avanzar en el proceso de normalización política y democrática abierto en nuestro país".

El sindicato STEE-EILAS realizará este jueves una concentración frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao, para denunciar la situación del Colectivo de Laborales en Educación, que incluye a 1.600 trabajadores de colegios públicos.

Según ha señalado la central sindical en un comunicado, el último acuerdo laboral de estos empleados se realizó en 2003 cuando se fusionaron los colectivos laborales docente y educativo. En ese sentido, ha denunciado el "menosprecio que la Administración ha demostrado hacia los trabajadores de este sector y hacia el trabajo que realiza".

De este modo, ha criticado que les han dejado "sin posibilidades de mejorar las condiciones laborales" y les han aplicado "recortes en el sueldo o jornadas diarias interminables", entre otras cuestiones, con lo que este colectivo no puede dar a los alumnos "la atención y educación de calidad que merecen".

"Por si fuera poco, el Gobierno vasco, por medio de un decreto, nos lanza un nuevo ataque con la imposición de medidas de reducción en el gasto público", ha afirmado STEE-EILAS, al tiempo que ha considerado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la reforma laboral, "abre la puerta al fin de la estabilidad y de la capacidad negociadora en este sector".

El pasaitarra Iñaki Rudi ha sido elegido como el Mejor Vendedor de la ONCE de Euskadi del año 2011, reconocimiento que recibió, junto a los mejores vendedores del resto de comunidades, en el marco de la gala que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid en un acto que encabezó el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda.

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En un comunicado, la ONCE ha explicado que Rudi comercializa sus productos por las mañanas en el kiosko que está situado en la entrada del hipermercado Carrefour de Oiartzun (Gipuzkoa), y por las tardes reparte ilusión por diferentes puntos de esta localidad y Errenteria.

Una comisión integrada por diferentes profesionales de la ONCE ha sido la encargada de seleccionar al mejor vendedor del año, y ha tenido en cuenta para su elección parámetros cuantitativos, como la media de venta y también cualitativos, como su actitud en el puesto de trabajo. En la gala del pasado viernes se proyectó un vídeo en el que diversas personas le enviaron su saludo.

Trabajadores del servicio de atención de llamadas de emergencia de SOS Deiak-112 en Gipuzkoa han secundado este miércoles un paro de dos horas y se han concentrado frente al ambulatorio del Antiguo en San Sebastián contra la supresión de este servicio, que supondrá, 18 despidos, según ha denunciado el sindicato ELA.

En un comunicado, ELA ha censurado que el Gobierno vasco pretende suprimir la atención de llamadas de emergencias de Gipuzkoa para "unificarlo" en Bizkaia.

De este modo, ha advertido de esto va a suponer el despido de 18 trabajadores subcontratados por la empresa Xupera con unas condiciones "precarias", ya que se les aplica un convenio estatal sin negociar desde 2009, "son mileuristas y trabajan alrededor de 1.800 horas".

El sindicato ha acusado al Ejecutivo vasco de intentar "desmantelar" este servicio que se lleva prestando 20 años en Gipuzkoa y le ha exigido la "inmediata paralización de los despidos".

Siete ayuntamientos guipuzcoanos, concretamente los de Tolosa, San Sebastián, Elgoibar, Orio, Zumaia, Andoain y Urnieta, se han sumado ya a las reivindicaciones de SOS Bebés Robados Euskadi y han solicitado a las instituciones que adopten cuantas medidas sean necesarias para esclarecer la presunta trama de bebés robados y colaborar con esta asociación.

En un comunicado, SOS Bebés Robados Euskadi ha explicado que el Pleno del Ayuntamiento de Tolosa ha sido el último hasta la fecha en apoyar por unanimidad una moción a través de la cual pide a la Diputación de Gipuzkoa y a los gobiernos vasco y central que articulen jurídicamente el apoyo a esta asociación así como que realicen un seguimiento.

La moción de Tolosa solicita, además, a las Juntas de Gipuzkoa, al Gobierno vasco y al Congreso de los Diputados la creación de comisiones de investigación en las instituciones.

Asimismo, ha pedido a los hospitales públicos y privados así como a la Iglesia católica, más concretamente a la Diócesis de San Sebastián, que colaboren con Fiscalía por medio de la creación de un protocolo de actuación, de forma que se pueda disponer de los registros del censo.

Los festivales de San Sebastián se sumarán este año a la celebración del centenario del donostiarra teatro Victoria Eugenia con diversas actividades especiales.

En una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, la delegada de Cultura y Euskara de la ciudad, Nerea Txapartegi, ha presentado el programa organizado para conmemorar este centenario.

Según ha indicado, el primero de los festivales donostiarras de 2012, Dferia, la Feria de las Artes Escénicas, enfocará toda su programación hacia la celebración del centenario del Victoria Eugenia, su espacio principal durante los 18 años de trayectoria del certamen.

De este modo, Dferia será el escenario para diversos representantes de las artes escénicas, no sólo los que suelen estar sobre el escenario, sino también de todos los que hacen posible la representación de una obra. Todos ellos, en total 24, darán su testimonio sobre lo que este teatro ha significado en su vida en una breve intervención, en la que participarán minutos antes de la representación de la obra programada para cada día.

Además, en la zona donde se adquieren las entradas se podrán dos libros donde todos los interesados podrán felicitar con un mensaje al teatro, y en la zona donde se adquieren las acreditaciones, un artista local montará una instalación con motivo del centenario.

Durante el verano, el Heineken Jazzaldia también se sumará a la celebración el 20 de julio con una 'Noche de Jazz', una jornada con actuaciones gratuitas en todos los rincones del Victoria Eugenia.

El grupo del PSE en el Ayuntamiento de San Sebastián ha criticado que el Gobierno municipal de Bildu confíe "más de un tercio" de los ingresos de capital para este año en la venta de parcelas.

En un comunicado, la edil socialista en el Consistorio donostiarra Susana García Chueca ha señalado, tras analizar el proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo local de Bildu, que de los 40 millones de ingresos de capital que se contemplan en el mismo, 15,4 millones corresponden a la venta de parcelas en Illarra, Atotxa Erreka, Iyola, Eskutzaitzeta y Mateogaina.

En este sentido, se ha cuestionado sobre si este año, "con la que está cayendo", va a poder producirse la venta de estas parcelas. Además, se ha preguntado también "qué inversiones" va a acometer el Gobierno local de Bildu, si esos ingresos están "únicamente en un papel". "Una parcela municipal en Riberas de Loiola que iba a ser vendida por 7 millones de euros se ha quedado sin comprador, señal inequívoca de cómo está el mercado", ha añadido.

García Chueca ha advertido de que la carga de no poder enajenar esta parcela recaerá en el ejercicio presupuestario de 2012, con lo que Bildu "deberá restar esa cantidad de euros".

Por otro lado, ha señalado que en el capítulo de ingresos de capital, se contempla la venta del terciario de Illunbe, con un montante de 19 millones de euros en dos años.

"Vuelven a dejar en el terreno de los deseos los ingresos por la venta de este complejo, sobre la que ya venía trabajando el Gobierno anterior", ha indicado, para añadir que "como es sabido, la crisis paralizó cualquier movimiento".

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Carlos Alduntzin, su compromiso de cerrar "todos los basureros" y "garantizar que el proceso de compostaje se hará de la manera más adecuada".

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Alduntzin ha visitado este martes el basurero y la planta de compostaje de Lapatx, en Azpeitia, acompañado del alcalde de esta localidad, Eneko Etxeberria, quien le ha expuesto los "problemas" generados en estas instalaciones.

El diputado foral ha asegurado que no quiere más basureros en ninguna localidad guipuzcoana, al tiempo que ha destacado la importancia de reducir y prevenir la generación de residuos. En este sentido, ha apostado por la política "de basura cero".

Alduntzin ha reiterado su compromiso de "cerrar todos los basureros". Lapatx cuenta, además de con un basurero, con la única planta de compostaje de Gipuzkoa, diseñada para procesar anualmente 3.000 toneladas de materia orgánica, pero recibe cerca de 6.000.

En este sentido, el diputado foral ha anunciado que la Diputación trabaja para "arreglar los problemas generados por esa carga excesiva". De este modo, ha indicado que se enviará "provisionalmente materia orgánica a territorios limítrofes". Durante ese tiempo se reconducirá la planta de Lapatx y se construirán más plantas de compostaje en Gipuzkoa.

La edil del PSE en el Ayuntamiento de San Sebastián Marisol Garmendia ha acusado al Gobierno local de Bildu de "querer hacer morir" el proyecto de Tabakalera, al "paralizar" su convergencia con Arteleku.

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En un comunicado, Garmendia ha afirmado que "Bildu quiere vaciar de contenido el proyecto de Tabakalera, haciéndolo morir poco a poco".

A su juicio, si se paraliza el convenio que vincula el centro Arteleku a Tabakalera "lo que en definitiva significa sacarlo del proyecto o lo que es lo mismo, un despropósito para dejar a Tabakalera sin uno de los principales referentes siempre presente en todos los momentos de la elaboración del proyecto".

La edil socialista ha censurado que la Diputación foral de Gipuzkoa, cuyo diputado general, Martin Garitano, es además presidente del consejo de administración de Tabakalera, ha decidido "en un nuevo alarde de irresponsabilidad política, que la mejor manera de apoyar el proyecto cultural de Tabakalera es acabar con él".

Garmendia ha destacado que es "una irresponsabilidad despojar" al proyecto de Tabakalera de Arteleku, que iba a ser uno de sus motores "fundamentales".

"La situación de Tabakalera es crítica", ha lamentado. Por todo ello, ha pedido la comparecencia urgente en este Pleno del 23 de febrero del alcalde Juan Carlos Izagirre para que explique la "grave situación en la que deja la Diputación de Gipuzkoa al proyecto de Tabakalera, con su decisión de paralizar la convergencia de Arteleku".

La industria de la Lengua del País Vasco facturó 602 millones de euros en 2011 y prevé crecer un 3 por ciento este año, según datos aportados por la Asociación de Industrias de la Lengua del País Vasco, Langune, que ha celebrado este martes su tercera Asamblea anual en San Sebastián.

De manera previa a este evento, en una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el presidente de Langune, Josu Waliño, acompañado del tesorero y secretario en funciones de la asociación, Ritxi Lizarra, y de su director general, Fernando Alana, ha señalado que la industria de la Lengua representa un 0,83 por ciento del PIB del País Vasco y un 3,29 del PIB industrial vasco.

En cuanto a la distribución geográfica del negocio que da empleo a 3.300 familias en Euskadi, el 50 por ciento de empresas del sector se ubica en Gipuzkoa, el 40 por ciento en Bizkaia y el 10 por ciento en Álava. El 77 por ciento de los trabajadores tiene menos de 45 años.

El presidente de Langune, entidad creada en 2012 y que aglutina a más de 30 organismos, ha destacado que las lenguas "comienzan a ser vistas como impulsoras del crecimiento económico en lugar de ser un costo cuando se utilizan para vender el producto en los mercados externos", a lo que ha añadido que éste es un sector "creciente e importante" en Euskadi.

Waliño ha opinado que el multilingüismo en las empresas constituye una necesidad "creciente" y las competencias lingüísticas de las organizaciones se revelan como "un arma imprescindible de mercado y productividad para las empresa".

OBJETIVOS

Alana ha explicado que Langune se marca como objetivo primordial "generar la masa crítica necesaria para competir con garantías en un mercado cada vez más globalizado".

Para conseguirlo, desde la Asociación trabajan para estructurar y unir el sector, dar el salto a nuevos mercados y buscar nuevas oportunidades junto con otros sectores del País Vasco y con la Administración. En este sentido, el director general de Langune ha anunciado que la asociación se encuentra en "pleno proceso para constituirse como precluster".

Actualmente, el mercado de servicios lingüísticos mundial se valora en 10.536 millones de euros y se estima que el 43 por ciento del mismo, unos 4.500 millones de euros, corresponde al mercado europeo.