El exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, ha defendido ante el juez la legalidad del convenio de colaboración rubricado en 2008 entre el consorcio público IB-Blau y la asociación Bitácora para fomentar el turismo náutico sostenible, y ha asegurado que "en ningún momento" favoreció a esta entidad con la firma de este documento. "Fui escrupuloso en el cumplimiento de mis obligaciones, y con Bitácora más por los conflictos políticos que existían en la Conselleria de Turismo", ha espetado Bonet.

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En su declaración como imputado en el marco de la pieza del caso Ibatur que investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de este convenio, el también exsecretario del Ibatur, defendido por el letrado Gaspar Oliver, ha incidido en que, cuando se rubricó la iniciativa, no advirtió ilegalidad alguna sino que para él esta fórmula "era correcta".

El encausado ha recordado que fue el entonces conseller de Turismo Francesc Buils quien le ordenó realizar unos borradores y estudiar de qué forma se podía patrocinar el proyecto presentado por Bitácora, y en este sentido ha justificado que finalmente se materializase a través de un convenio de colaboración y no mediante concurso público puesto que "era la forma habitual con la que se tramitaban los patrocinios en el Ibatur".

Las pesquisas de este fleco se centran en las supuestas irregularidades cometidas en torno al convenio, por el que el consorcio dependiente de la Conselleria se comprometía a abonar cada año 850.000 euros, una actuación que por lo elevado de la cantidad y según los investigadores debería haberse articulado mediante un contrato de servicios, de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

A preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, Bonet ha recordado que, cuando el expresidente de UM Miquel Nadal sustituyó a Buils como conseller, le ordenó "fehacientemente, ante las discusiones que había", que realizase un informe sobre si el convenio "era válido o contenía algún tipo de vicio". Al estudiar el asunto, ha explicado, vio cómo el convenio se había firmado "sin la debida consignación presupuestaria" puesto que el presupuesto de IB-Blau "aún no había sido aprobado".

"Estaba viciado de anulabilidad salvo que la junta rectora ratificase el convenio y se aprobase la consignación presupuestaria, cosa que nunca se hizo", ha aseverado el exasesor jurídico, quien, al ser preguntado por la posible incompatibilidad entre el declarante y su entonces pareja, Magdalena Estarellas, quien estaba al frente de Bitácora, ha defendido que no realizó un informe 'ad hoc' para favorecer a esta asociación y, además, Estarellas "ya no era presidenta de Bitácora".

Tras aseverar que no fue él quien se encargó de cotejar las facturas imputadas al convenio y dar el visto bueno a las justificaciones de los trabajos realizados, sino "los técnicos de la Conselleria de Turismo".

Finalmente, respecto a las numerosas facturas que le han sido exhibidas sobre diversos servicios encargados en virtud de este convenio, como el diseño de la web de Bitácora o la puesta en marcha de un 'call center' por parte de la empresa Minser, el encausado ha recalcado que "se ajustan y justifican los trabajos desarrollados" y ha recalcado en este sentido que los servicios para los que fueron abonadas se llevaron a cabo. "Si las facturas no hubieran sido correctas no habrían sido pagadas", ha incidido.

Buils defendió la figura del convenio

Cabe recordar que el propio Buils, asistido por los letrados Matías Barón y Mateo Sedano, defendió en su día la figura y la tramitación del convenio como forma de materializar esta actuación y negó cualquier tipo de irregularidad mientras se le iban exhibiendo las numerosas facturas relacionadas con estos hechos.

Bonet fue uno de los primeros detenidos en el marco del caso Ibatur a raíz de su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través de la empresa pública, mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). No obstante, la última fase policial de la causa -llevada a cabo el pasado mes de junio- se saldó con la detención de Nadal y el exdirector general de Promoción Turística, Joan Sastre, por lo que el cerco se ampliaba a la etapa de UM en el Govern del Pacte.

El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con el arresto de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue detenido, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama para él cinco años de cárcel.

La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha asegurado este miércoles que su departamento ha conseguido reducir en 55 millones de euros la deuda que hallaron en el IbSalut heredada de la anterior legislatura.

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Así lo ha indicado durante la Comisión de Salud del Parlament donde ha comparecido para informar sobre el Proyecto IBSalut 2020. Cabe recordar que el IbSalut cerró el pasado ejercicio con una deuda acumulada de 550 millones de euros.

En relación a este proyecto, Castro ha remarcado que su departamento tiene las líneas de su Conselleria "muy claras" y que algunas de las recogidas en este plan ya están en marcha. La consellera ha señalado que este Proyecto ha sido "fruto de la reflexión y la planificación estratégica" y que no ha supuesto ningún coste a la administración, al haber sido elaborado por el director general del IbSalut.

Asimismo, ha señalado que el documento ha recibido un total de 115 alegaciones por parte de los distintos agentes, algunas de las cuales han sido aceptadas, total o parcialmente. Castro ha detallado también que se basa en seis ejes estratégicos como son la orientación al paciente, la eficiencia, la calidad, las tecnologías de la información y las infraestructuras, y la investigación y el desarrollo.

Por su parte, el socialista Vicenç Thomàs ha criticado que la redacción del proyecto no haya sido un "proyecto abierto y participativo" y ha considerado que el documento es "irregular" y con "muchas propuestas discutibles". En este sentido, ha manifestado que, pese a que tendría que presentar iniciativas que suscitasen ilusión y adhesión, ha presentado otras que no generan el apoyo del colectivo sanitario, "que pide que lo vuelvan a redactar".

Además, la diputada del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Fina Santiago, ha detallado los muchos aspectos que considera debería incluir el proyecto y que no recoge como son un diagnóstico de salud de la comunidad, un análisis de los recursos actuales o la distribución de recursos.

Asimismo, ha lamentado la "utilización de los datos" que efectúan en algunas materias como en relación al gasto sanitario, así como que al hecho de que al cambio en Atención Primaria únicamente le dediquen siete líneas. Santiago también ha reprochado al Govern que "culpabilice a los ciudadanos porque use la sanidad y a los profesionales de mala prescripción y errores médicos. Culpan a los ciudadanos y luego ponen pocas políticas preventivas", ha reiterado.

La parlamentaria y exconsellera de Asuntos Sociales ha señalado que el plan también contempla una delimitación de la cartera de servicios sanitarios, si bien Castro ha negado que este sea uno de los puntos recogidos.

Por su parte, la 'popular' Catalina Palau ha opinado que el documento refleja el "trabajo magnífico" llevado a cabo por la consellera y su equipo y que "no quedará en un cajón como con los otros", ha indicado en alusión a los de la anterior legislatura.

Según el PP, el proyecto servirá para gestionar con mayor eficiencia los recursos sanitarios y concienciar a la población del mantenimiento de la propia salud. "Combina lo que necesitamos y podemos pagar", ha incidido Palau.

La directora del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), Francesca Ramis, se ha comprometido a crear una bolsa de trabajo específica para "priorizar" la recolocación de los trabajadores de Spanair y de Newco no sólo en el sector aéreo, sino también en otros, como el de la Hostelería y la Náutica, para lo cual tratará de alcanzar acuerdos con diferentes empresas.

Así lo ha informado a Europa Press la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Carmen Díaz de la Jara, tras la reunión celebrada esta mañana entre el Comité de Empresa de Spanair de Palma y la directora general de Trabajo, Joana M.Camps, quien ha estado acompañada de la directora del SOIB.

De la Jara ha detallado que el objetivo es crear una bolsa de trabajo con los 240 trabajadores de Spanair y los 100 de Newco que se han quedado sin empleo en Palma tras el cese de actividades de Spanair, si bien ha indicado que antes de que se puedan recolocar en otros puestos de trabajo, deberá resolverse el Expediente de Regulación de Empleo, algo que ha esperado que sea antes del 29 de febrero.

Además, el Comité de Empresa también ha solicitado al SOIB que ponga a disposición de los trabajadores de Spanair cursos gratuitos de formación, que les permitan recolocarse en otros sectores, teniendo en cuenta que, actualmente, el sector aéreo atraviesa una mala situación económica, lo que dificulta que se puedan absorber a estos empleados que, además, en tal caso, "cobrarían sueldos muy bajos".

Por otra parte, la dirigente sindical ha indicado que durante el encuentro, la directora general de Trabajo y la directora del SOIB han informado de la existencia de un proyecto de una empresa privada de crear en los próximos meses un Call Center en Palma, donde se podrían recolocar parte de los 140 trabajadores del Call Center de Spanair, teniendo en cuenta que cumplen las exigencias de conocer varios idiomas, además de conocer su funcionamiento.

HASTA 600

Trabajadores afectados en baleares

De la Jara ha revelado que durante el encuentro, se ha acordado que, una vez se resuelva el ERE, envíen sus currículums al SOIB los trabajadores de Spanair que se han quedado sin empleo y que podrían ascender hasta 550 o 600 en Baleares teniendo en cuenta que muchos empleados de la aerolínea en las islas "se vieron forzados a trasladarse a Barcelona" tras el anterior ERE.

Así, ha indicado que desde el Govern les han trasladado que se está apunto de firmar acuerdos con empresas de hostelería y náutica para que, en el momento en el que éstas requieran de personal, el SOIB les entregue los currículums de aspirantes al puesto priorizando a los trabajadores de Spanair.

Pese a que el SOIB aún no ha mantenido ningún contacto con ninguna empresa del sector aéreo, está en la agenda hacerlo en la "mayor brevedad posible", según ha desvelado la dirigente sindical.

"La reunión con la Dirección General de Trabajo y el SOIB ha ido bien, porque hay una cierta preocupación por los trabajadores de Spanair, pero ésta se tiene que sustentar en medidas directas", ha concluido.

En este sentido, el Govern se ha comprometido, según ha informado en un comunicado, a que las prestaciones de estos trabajadores se hagan de manera conjunta entre el SOIB y el servicio estatal de ocupación para conseguir una "mayor celeridad".

Tanto Camps como Ramis han mostrado también su "solidaridad" con los trabajadores de la compañía y han manifestado el compromiso del Ejecutivo balear de mantenerlos "totalmente informados" del proceso de extinción de sus contratos y sus posibilidades de recolocación.

La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha asegurado este miércoles que la situación de Urgencias en Son Espases ya está normalizada, mientras que la parlamentaria del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Fina Santiago, ha criticado que el Govern no haya podido prever el aumento puntual que se ha producido por el descenso de las temperaturas.

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Durante la Comisión de Salud del Parlament, Santiago ha considerado "anecdótico" que el Ejecutivo haya realizado la planificación del IBSalut hasta el próximo año 2020, cuando no ha sido "capaz" de efectuar una previsión a 15 días por la bajada de las temperaturas.

No obstante, la consellera ha lamentado las críticas de la diputada econacionalista porque "hablar de lo que pasó ayer en Son Espases es no valorar el trabajo de los profesionales". En este sentido, cabe recordar que este martes se abrieron 25 camas de una unidad que permanecía cerrada, así como un box con 14 camas y han sido contratados 14 auxiliares de enfermería y 14 enfermeros.

Castro ha remarcado que este aumento de usuarios es un fenómeno que se produce cada año, si bien "es lógico que este año sea más grande" por las olas de frío que han tenido lugar. Asimismo, ha indicado que la mayor parte de los usuarios fueron "personas mayores pluripatológicas".

"Aprovechar una situación de cada año para hacer demagogia es no valorar a los profesionales", ha dicho la consellera a Santiago.

La Infanta Cristina explicó a una periodista el pasado mes de enero en Washington que su única voluntad es que le dejen "vivir tranquila". "Es que estamos intentando llevar una vida normal y ustedes no nos dejan", responde al ser interpelada por el proceso en el que se encuentra inmerso Iñaki Urdangarin.

Una periodista de Telecinco se trasladó el pasado mes a Washington para realizar un reportaje sobre los duques de Palma. En su intento de contactar con ellos, redactó una nota para Urdangarin preguntándole cómo afronta la situación y qué desearía transmitir a los españoles.

Sin embargo, ante la imposibilidad de entregar directamente la nota al duque de Palma —quien incluso salió corriendo para alejarse de las cámaras— la periodista siguió a la Infanta Cristina hasta un supermercado el domingo 29 de enero para intentar hablar con ella.

"Lo que quiero es que me dejen vivir tranquila, ¿vale? —respondió la Infanta cuando la periodista logró acercarse—. Es que estamos intentando llevar una vida normal y ustedes no nos dejan. Ese es el problema que tenemos".

Ante la insistencia de la reportera, doña Cristina le pregunta si considera que "se puede vivir así", aunque finalmente accede a que la periodista entregue la nota que llevaba preparada a su guardaespaldas para entregársela después a Urdangarin. "Déselo a él, yo le llevo la tarjeta a él y ya veremos", accede.

El sindicato Manos Limpias, a través del escrito que ha presentado este miércoles para pedir la imputación de la Infanta Cristina en las pesquisas que indagan las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, considera que la hija del Rey Juan Carlos fue "beneficiaria directa" del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de forma supuestamente fraudulenta por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Mediante un escrito de seis páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad desglosa los indicios que, a su juicio, llevan a concluir que la esposa del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, fue "actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin".

Así, al haberse "beneficiado directamente" del dinero obtenido "ilícitamente" por su marido, el sindicato considera necesario asimismo que, al margen de la responsabilidad penal que pueda derivarse de la actuación de la Infanta, también debe llevar aparejada una responsabilidad civil.

En su escrito, el sindicato, personado como acusación popular a través de la abogada Virginia López Negrete, apunta además que era "conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas" que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso.

Según Manos Limpias, además de que la Infanta ostenta la titularidad del 50 por ciento del capital de la mercantil Aizoon -una de las empresas investigadas en este procedimiento- junto a su marido, también desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.

Es más, Manos Limpias asevera que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la hija del Rey Juan Carlos "ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras", entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirma, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar "dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama".

El escrito recuerda asimismo que el nombre de la Infanta figuraba en las tarjetas de visita que mostraba Urdangarin "para facilitar el acceso, en condiciones de privilegio, junto con el nombre del Secretario de las Infantas, señor García Revenga, con su pleno conocimiento". Además, postula que la intermediación del asesor externo de la Casa Real, José Manuel Romero, para "paralizar y alertar de las actividades delictivas de Urdangarin eran igualmente conocidas por la Infanta".

Recuerda el discurso del rey en nochebuena

Finalmente, asevera que la presencia de la Infanta junto a Urdangarin en diversos eventos o actos institucionales donde se iban a conceder las subvenciones a las mercantiles "pone también de manifiesto su complicidad y cooperación con el imputado".

Así las cosas, el sindicato asevera que el artículo 14 de la Constitución -"todos los españoles deben ser iguales ante la Ley"- "debe tener su máximo exponente y reflejarse en la imputación de un miembro de la Familia Real, si de los hechos analizados se constata que ha podido participar en los hechos presuntamente delictivos de su consorte, el imputado Ignacio Urdangarin". Es más, recuerda que el Rey, en el discurso que ofreció, manifesto que "cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada. La Ley es igual para todos".

La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha asegurado este miércoles que su departamento ha conseguido reducir en 55 millones de euros la deuda que hallaron en el IbSalut heredada de la anterior legislatura en el IbSalut.

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Así lo ha indicado durante la Comisión de Salud del Parlament donde ha comparecido para informar sobre el Proyecto IBSalut 2020. Cabe recordar que el IbSalut cerró el pasado ejercicio con una deuda acumulada de 550 millones de euros.

En relación a este proyecto, Castro ha remarcado que su departamento tiene las líneas de su Conselleria "muy claras" y que algunas de las recogidas en este plan ya están en marcha. La consellera ha señalado que este Proyecto ha sido "fruto de la reflexión y la planificación estratégica" y que no ha supuesto ningún coste a la administración, al haber sido elaborado por el director general del IbSalut.

Asimismo, ha señalado que el documento ha recibido un total de 115 alegaciones por parte de los distintos agentes, algunas de las cuales han sido aceptadas, total o parcialmente. Castro ha detallado también que se basa en seis ejes estratégicos como son la orientación al paciente, la eficiencia, la calidad, las tecnologías de la información y las infraestructuras, y la investigación y el desarrollo.

El exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, ha defendido ante el juez la legalidad del convenio de colaboración rubricado en 2008 entre el consorcio público IB-Blau y la asociación Bitácora para fomentar el turismo náutico sostenible, y ha asegurado que "en ningún momento" favoreció a esta entidad con la firma de este documento. "Fui escrupuloso en el cumplimiento de mis obligaciones, y con Bitácora más por los conflictos políticos que existían en la Conselleria de Turismo", ha espetado Bonet.

En su declaración como imputado en el marco de la pieza del caso Ibatur que investiga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de este convenio, el también exsecretario del Ibatur, defendido por el letrado Gaspar Oliver, ha incidido en que, cuando se rubricó la iniciativa, no advirtió ilegalidad alguna sino que para él esta fórmula "era correcta".

El encausado ha recordado que fue el entonces conseller de Turismo Francesc Buils quien le ordenó realizar unos borradores y estudiar de qué forma se podía patrocinar el proyecto presentado por Bitácora, y en este sentido ha justificado que finalmente se materializase a través de un convenio de colaboración y no mediante concurso público puesto que "era la forma habitual con la que se tramitaban los patrocinios en el Ibatur".

Las pesquisas de este fleco se centran en las supuestas irregularidades cometidas en torno al convenio, por el que el consorcio dependiente de la Conselleria se comprometía a abonar cada año 850.000 euros, una actuación que por lo elevado de la cantidad y según los investigadores debería haberse articulado mediante un contrato de servicios, de acuerdo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El propio Buils, asistido por los letrados Matías Barón y Mateo Sedano, defendió en su día, sin embargo, la figura y la tramitación del convenio como forma de materializar esta actuación y negó cualquier tipo de irregularidad mientras se le iban exhibiendo las numerosas facturas relacionadas con estos hechos.

El secretario general del PP, Miquel Ramis, le ha pedido al secretario general de UGT en Baleares, Lorenzo Bravo, que rectifique públicamente por llamar "fascista" al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y desde la formación han señalado que no están dispuestos "a tolerar más insultos y mucho menos de un señor que reincide".

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En un comunicado, Ramis ha solicitado este miércoles, a raíz de las declaraciones de Bravo, una rectificación pública inmediata "por unos insultos intolerables hacia un presidente elegido de manera democrática por la más amplia mayoría absoluta que se ha conocido nunca en la historia de estas islas".

"Es impresentable que, por segunda vez, a este hombre haya que pedirle que rectifique, por insultar a un presidente de un Gobierno y de un partido con unas palabras que tienen connotaciones peyorativas que van mucho más allá de lo permisible en una democracia", ha señalado Ramis en nota de prensa.

Ramis también ha rechazado el insulto de Bravo a todos los políticos, a los que ha llamado "sinvergüenzas que solo saben recortar y recortar".

Respecto a las declaraciones de Bauzá, el secretario ha señalado que "defendió una forma de hacer política diferente a la que se ha venido haciendo hasta ahora, rechazando las propuestas de los agentes sociales que fuesen en la línea de actuar como se venía haciendo hasta ahora, política que nos ha llevado a tener una deuda de más de 4.500 millones y un déficit de 1.000 millones de euros".

"unas declaraciones muy fachas"

Este miércoles, Bravo ha tachado de "fascista" a Bauzá, por realizar unas declaraciones "muy fachas" por haber dicho que los sindicatos y el resto de agentes sociales siguen la política de "poner la mano y gastar".

Bravo ha defendido que si ponen la mano es porque tienen "derecho", pero que lo que no se puede permitir es que los dos últimos presidentes de Baleares hayan "metido la mano en el cajón y se lo han dado al yerno del Rey y a la madre que los parió"

En declaraciones a los periodistas en una concentración de los sindicatos por la reforma laboral, ha pedido que Bauzá rectifique como ha dicho que hizo él cuando le insultó, "pero como sigan así, el insulto será más grande".

La infanta doña Pilar de Borbón, en referencia al procedimiento judicial abierto contra el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha asegurado este miércoles en la inauguración en Sevilla del XXVI Rastrillo Benéfico de Nuevo Futuro que "nadie es culpable hasta que los jueces lo digan".

De esta manera la hermana del Rey don Juan Carlos se ha pronunciado sobre la presunta implicación del duque de Palma. Doña Pilar, en declaraciones a los periodistas, ha culpado de "esta polémica" a los medios de comunicación, afirmando que éstos son los que "la han organizado".

Además, ha señalado que este país tiene "una Constitución perfectamente organizada" y ha asegurado que "nadie es culpable hasta que los jueces no lo digan", por lo que mientras tanto, "a callar".

La infanta Doña Pilar de Borbón ha presidido este miércoles la inauguración del XXVI Rastrillo Benéfico de la Asociación Nuevo Futuro, un tradicional mercadillo que podrá visitarse en el Hotel Meliá Los Lebreros de Sevilla hasta el próximo sábado 18 de febrero. Al acto también han asistido, entre otras personalidades, la consejera para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro; el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido; el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo; y la presidenta de Nuevo Futuro, María Pepa de la Serna.

La directora del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB), Francesca Ramis, se ha comprometido a crear una bolsa de trabajo específica para "priorizar" la recolocación de los trabajadores de Spanair y de Newco no sólo en el sector aéreo, sino también en otros, como el de la Hostelería y la Náutica, para lo cual tratará de alcanzar acuerdos con diferentes empresas.

Así lo ha informado a Europa Press la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Carmen Díaz de la Jara, tras la reunión celebrada esta mañana entre el Comité de Empresa de Spanair de Palma y la directora general de Trabajo, Joana M.Camps, quien ha estado acompañada de la directora del SOIB.

De la Jara ha detallado que el objetivo es crear una bolsa de trabajo con los 240 trabajadores de Spanair y los 100 de Newco que se han quedado sin empleo en Palma tras el cese de actividades de Spanair, si bien ha indicado que antes de que se puedan recolocar en otros puestos de trabajo, deberá resolverse el Expediente de Regulación de Empleo, algo que ha esperado que sea antes del 29 de febrero.

Además, el Comité de Empresa también ha solicitado al SOIB que ponga a disposición de los trabajadores de Spanair cursos gratuitos de formación, que les permitan recolocarse en otros sectores, teniendo en cuenta que, actualmente, el sector aéreo atraviesa una mala situación económica, lo que dificulta que se puedan absorber a estos empleados.

Por otra parte, la dirigente sindical ha indicado que durante el encuentro, la directora general de Trabajo y la directora del SOIB han informado de la existencia de un proyecto de una empresa privada de crear en los próximos meses un Call Center en Palma, donde se podrían recolocar parte de los 140 trabajadores del Call Center de Spanair, teniendo en cuenta que cumplen las exigencias de conocer varios idiomas, además de conocer su funcionamiento.

El sindicato Manos Limpias ha solicitado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que cite a declarar en calidad de imputada a la Infanta Cristina, en el marco de la pieza separada que investiga un presunto desvío de fondos públicos y privados a través del Instituto Nóos, que entre 2004 y 2006 presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

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La entidad, personada como acusación popular dentro de estas pesquisas, ha presentado este miércoles un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que pide que la Infanta sea emplazada a comparecer como encausada, al considerar que existen indicios "suficientes" de su participación en los hechos investigados en el marco de la pieza 25 de esta causa, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así lo expone en su escrito el sindicato, que, representado en la causa por la letrada Virginia López Negrete, ha dado un paso más después el magistrado admitiese tener por parte a Manos Limpias. Y es que, inicialmente, la entidad se planteaba solicitar que la hija del Rey Don Juan Carlos fuese citada como testigo, en función de lo que declarase el Duque de Palma en su comparecencia como imputado prevista el 25 de febrero.

Se trata de una petición que se produce un día después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, asegurase que "hasta este momento" la Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto solicitar la citación de la Infanta, si bien puntualizó que si Anticorrupción entiende en un futuro que debe testificar le dará oportuna cuenta de ello "dentro de su absoluta autonomía para decidir al respecto".

El nombre de la Infanta aparece en varias ocasiones a lo largo del sumario del caso Nóos, principalmente en relación al papel que jugó en Aizoon, sociedad de la que era propietaria al 50 por ciento junto a su marido, y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido abonadas por esta mercantil, según se señala en un correo electrónico obrante en el sumario.

En el correo intervenido en el marco de la operación Babel, Urdangarin y otro interlocutor se refieren a unas compras particulares de la Infanta y a la dificultad de que éstas sean "justificadas por gastos de Aizoon, resarciéndose del gasto originado, con posteridad, 'desde la caja'", según señala el documento.

Asimismo, en una carta de pago incluida en el sumario, aparece reflejado un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y el Duque de Palma hicieron en favor del exsocio de éste al frente de Nóos, Diego Torres, como ayuda en la compra de una vivienda de Sant Cugàs del Vallés.

Se da la circunstancia de que el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirmó la pasada semana que se ha reunido con la Infanta Cristina, que llegó el pasado día 7 a Barcelona, porque le interesaba recabar "algunos datos que le pudiera facilitar". "Ha sido, esencialmente, una conversación de cortesía para que pudiera confirmar algunos datos después de mis últimas reuniones con Urdangarin", afirmó el letrado.

Las pesquisas apuntan a que la intención de Torres y Urdangarin era urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad, para lo cual fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y simulaban además trabajos ficticios.

Urdangarin y torres se apoderaron de 5,8

Millones de euros

Según los investigadores, la única finalidad perseguida por ambos con la toma del control de Nóos era poder contar con la cobertura formal de una asociación sin ánimo de lucro, a pesar de dedicarse en realidad a prestar servicios para la Administración en base a elevados precios para, tras recibir los fondos públicos, simularse la contratación de servicios ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan así en manos de empresas controladas por Torres y Urdangarin, que se apoderaron así de hasta 5,8 millones de euros de la trama, según la Fiscalía.

Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que es copropietaria la Infanta-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Las próximas comparecencias en el marco de la pieza 25 del caso están previstas este sábado, cuando están citados el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente del Illesport, Gonzalo Bernal, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur, Miquel Àngel Bonet. Finalmente, el día 25 está prevista la declaración del Duque de Palma, a partir de las 9.30 horas.

El Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno el inicio de la disolución del Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) ya que se ha creado la Fundación Palma de Mallorca 365 días, que busca un modelo de colaboración público-privada. Además, desde la institución han aprobado la eliminación de dos oficinas de atención a la ciudadanía, que supondrá un ahorro de 70.000 euros.

El teniente de alcalde de Economía, Julio Martínez, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta y ha señalado que se ha creado una comisión técnica para regular los cambios que supondrán la desaparición del organismo autónomo, pero que tan sólo se han aprobado los trámites del expediente y todavía no se conocen más detalles.

Además, desde Cort han señalado que se eliminarán las oficinas de atención al ciudadano de Son Pax y del Coll d'en Rabassa, aunque esta última permanecerá abierta hasta agosto. Los siete funcionarios afectados pasarán a formar parte de las plantillas de los centros con más afluencia de usuarios.

Así, han querido señalar que la medida supondrá un ahorro de 70.000 euros y que al incrementar el personal en las oficinas con más sobrecarga se mejorará el servicio. Según han especificado, la eliminación se da en las oficinas que tenían menos usuarios y con mejores conexiones de transporte público.

Los diferentes servicios sociales de los ayuntamientos de Mallorca no han detectado durante el último año un aumento de los casos de exclusión profunda, aunque sí de las personas que, hasta el momento, tenían una situación normalizada y que la crisis ha provocado que tengan que acudir a las ayudas sociales.

Así lo han indicado la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, y la consellera insular de Bienestar Social y presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Catalina Cirer, tras mantener un encuentro con unas 60 personas entre regidores de Servicios Sociales y alcaldes.

En rueda de prensa, Salom ha remarcado la necesidad de "ayudar" a las personas que, pese a que hace años gozaban de una situación normalizada, durante el último año han tenido que pedir asistencia. Según ha reiterado, se les debe "ayudar para que no pasen a ser crónicos" y, de esta manera, "no pasen a la bolsa de exclusión permanente".

Una forma de evitar esta cronicidad, según Cirer, es mediante la Renta Mínima de Inserción (RMI), que durante el 2011 tuvo 1.964 personas como titulares y alrededor de 4.600 beneficiarios, lo que supuso una inversión total de 5,65 millones de euros.

Cirer ha indicado que la RMI no tiene "vocación de ser permanente" y que, aunque permite una serie de prórrogas, se intenta que no sea una prestación "definitiva". Asimismo, ha indicado que una de las novedades de la RMI es que los perceptores podrán ser personas que hagan un trabajo a beneficio de la comunidad.

En relación a la deuda que el Consell mantiene con los consistorios, Salom ha remarcado su intención de priorizar el gasto social. En este sentido, Cirer ha explicado que hay pendientes 4,4 millones de euros del 2011 del Plan de Prestaciones Básicas, y que también está pendiente la tramitación inicial del del 2012.

Este encuentro ha sido convocado, ha explicado Salom, para escuchar la voz de los regidores o alcaldes sobre la realidad y los problemas que afectan a las personas de cada una de sus localidades.

El Ayuntamiento de Palma ha cambiado la fijación de los criterios del nombramiento y el cese de interinos y estos ya no serán cesados cada vez que se convoquen oposiciones. "Se garantizará así su estabilidad", que "no se paralice el Ayuntamiento" y se "solventa una irregularidad que se daba desde 2007" según ha destacado el teniente de alcalde de Economía, Julio Martínez.

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Para Martínez, la aprobación del documento supone "ajustarse a la normativa vigente y ya no se cambiarán interinos por interinos, sino que partir de ahora se cambiará un interino por un funcionario de carrera".

Según ha destacado, la modificación se traducirá por "una estabilidad en los puestos de trabajo de los interinos" y "más eficiencia" en el Ayuntamiento, ya que en los últimos cuatro años, "después de convocar oposiciones se cesaba a todos los interinos y luego se tenían que volver a nombrar para cubrir las plazas vacantes, lo que provocaba que se paralizase el servicio municipal y perjudicaba mucho a la Administración".

Respecto a los bolsines de interinos, en la Junta de Gobierno también se ha aprobado "una cláusula 'antienchufismo', que establecerá que la gestión de este bolsín será pública y estará sometida a la intervención de los representantes sindicales", según ha detallado Martínez.

Además, se creará una comisión técnica del seguimiento y control del bolsín de aspirantes y se podrá seguir mediante la web del Ayuntamiento de Palma. El edil ha destacado que "estas medidas garantizarán una gestión imparcial y despolitizada".