• El Alto Tribunal suspendió el cobro del 'tique moderador' al admitir a trámite un recurso del Gobierno.
• El Ejecutivo central alegó que las autonomías no tienen competencia para incidir en el precio de los productos farmacéuticos.
• También prorroga la suspensión del cobro de las tasas judiciales.
• Los magistrados alegan la "dificultad de reparación" si finalmente declararan ambas tasas inconstitucionales.
• En cambio, levanta la suspensión del impuesto catalán sobre depósitos bancarios.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la suspensión del euro por receta en Cataluña decretada el 15 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa de la Generalitat.

El Gobierno pidió en su recurso la suspensión de la tasa al entender que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro del euro por receta desde que lo implantó el 23 de junio y hasta el 31 de diciembre, y esperaba ingresar unos 140 millones de euros anuales. El 15 de enero el TC admitió a trámite el recurso y las 3.000 farmacias catalanas dejaron de cobrarlo horas después.

La decisión de prolongar la paralización el cobro del 'tique moderador' podría repetirse en Madrid en las próximas semanas, puesto que el TC también admitió a trámite un recurso del Gobierno en ese caso y adoptó la suspensión.

El Alto Tribunal también ha acordado mantener durante cinco meses más la suspensión de las tasas judiciales catalanas, que no se cobran desde que admitió a trámite el recurso del Gobierno. La Generalitat prevía recaudar entre 15 y 20 millones de euros al año con esta "tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia".

En ambos casos, los magistrados defienden que la "dificultad de reparación justifica el mantenimiento de la suspensión" porque, de declarar inconstitucionales el euro por receta y las tasas judiciales, los afectados serían muchos aunque se pudieran identificar los usuarios mediante las recetas electrónicas.

Por eso señala que habría un "carácter excesivamente oneroso de las cargas, molestias y costes" que supondría la devolución del dinero ingresado, así como el coste para la administración que "podría llegar a superar la cantidad recaudada por la aplicación de la tasa".

La decisión de mantener la suspensión de estas dos tasas se hace pública el mismo día que sí se ha levantado la suspensión del impuesto sobre depósitos bancarios.

El Gobierno catalán contaba con recaudar unos 160 millones de euros con estas tasas, lo que complica aún más la elaboración de los presupuestos de la Generalitat, que también creó una tasa turística que grava las estancias en hoteles y cámpings, entre otros.

• Suspendió la tasa hace cinco meses al admitir a trámite un recurso del Gobierno.
• El Ejecutivo central alegó que las autonomías no tienen competencia para gravar los depósitos bancarios.
• La Generalitat Esperaba recaudar 500 millones de euros en un año.
• CiU y ERC celebran la decisión y la consejería de Economía estudia cómo aplicar el impuesto este año.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado levantar la suspensión provisional sobre el impuesto a los depósitos bancarios aprobado en Cataluña que acordó hace cinco meses, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra el mismo.

El levantamiento de la medida provisional se ha acordado cuando se ha cumplido el plazo previsto por la ley para que se prolongara o levantara la suspensión, ya que la admisión a trámite fue adoptada por el TC en enero. La decisión del TC no determina ninguna orientación sobre cuál será la decisión final respecto al fondo del asunto, que afecta a si las comunidades autónomas pueden o no gravar lo mismo que ya hace un impuesto de rango estatal.

El Ejecutivo de Artur Mas aprobó en diciembre la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios con el que esperaba ingresar 500 millones al año, pero el Gobierno anunció su recurso contra esta decisión al considerar que las autonomías no tienen capacidad para fijar un impuesto a dichos depósitos.

Además, una semana antes, el Ejecutivo central había creado un impuesto estatal del 0 % sobre los depósitos en los bancos para evitar precisamente que cada autonomía pueda tener una tasa propia.

El pasado 28 de diciembre, el presidente Mariano Rajoy dijo en rueda de prensa que el Gobierno había aprobado una norma por la que el Ejecutivo establecía su propia capacidad para fijar un impuesto a los depósitos bancarios, por lo que no tenía sentido que las autonomía establecieran un impuesto distinto.

De este modo, el Gobierno recurrió ante el TC pidiendo la suspensión temporal de la medida en tanto el alto tribunal no resuelve sobre el fondo del asunto, lo que inicialmente acordó el Constitucional. Ahora levanta aquella suspensión.

CiU y ERC celebran la decisión

CiU y ERC han valorado muy positivamente la decisión y y el departamento de Economía estudia las posibilidades que tiene la Generalitat de aplicar el impuesto desde este mismo año.

"Esta pequeña batalla que hemos ganado evidencia aún más las auténticas intenciones que tiene" el Gobierno, y que son las de "intentar neutralizar los instrumentos que tiene la Generalitat para incrementar sus recursos", ha afirmado en el Parlament el presidente del grupo de CiU, Jordi Turull.

Desde ERC, el diputado y portavoz en asuntos económicos, Pere Aragonès, también ha hecho una valoración positiva del levantamiento de la suspensión. "No es una resolución definitiva, porque el TC se tendrá que pronunciar sobre el fondo del asunto, pero ahora podemos aplicar el impuesto desde este mismo año", ha indicado.

• La diputada del PSM, expulsada de un pleno por llamar "corrupto" a González, alega que estaba haciendo su trabajo y pidiendo responsabilidades al presidente. 
• Fuentes socialistas afirman que esta sanción no tiene precedentes en democracia.
• Menéndez ha ido al alto tribunal acompañada del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

La diputada del PSM Maru Menéndez, acompañada por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha acudido este lunes al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de amparo contra su suspensión de un mes en la Asamblea de Madrid.

Según fuentes socialistas, Menéndez solicita que se paralice la suspensión de sus derechos y deberes como parlamentaria madrileña hasta que no se sustancie este recurso.

La diputada socialista argumenta que, con la decisión del presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, de expulsarla de un pleno y suspenderla durante un mes por calificar de "corrupto" al presidente madrileño, Ignacio González, se han incumplido los artículos 20, 23 y 25 de la Constitución.

Según las mismas fuentes, la sanción a Menéndez no tiene precedentes en la democracia, ya que, añaden, no se ha producido una suspensión así ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado ni en ningún parlamento autonómico.

En el recurso, la dirigente del PSM agrega también que ella estaba realizando su trabajo y pidiendo responsabilidades al presidente de la Comunidad de Madrid por sus "vínculos" con la trama Gürtel y explica que el PP ha impedido llevar a la Asamblea más de 600 iniciativas relacionadas con la corrupción.

• El presidente y el vicepresidente del alto tribunal han cumplido su mandato de nueve años y deberían ser sustituidos.
• La elección de los nuevos jueces estaba prevista para este jueves.
• El pleno para designarlos se celebraría la próxima semana como muy pronto.

La falta de acuerdo sobre la elección de dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ha obligado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a aplazar esos nombramientos, previstos para este jueves, para un pleno que se celebrará la próxima semana como muy pronto.

Dieciséis de los veintiún vocales del órgano de gobierno de los jueces —incluyendo al presidente, Gonzalo Moliner— han acordado que, ante la falta de acuerdo, incluso sobre las reglas previas para votar las designaciones, se aplaza sine die la elección de dos nuevos magistrados del alto tribunal.

El presidente del Constitucional, Pascual Sala, y su vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas, nombrados por el Poder Judicial, han cumplido su mandato de nueve años en el cargo y deberían ser sustituidos antes del próximo 9 de junio.

El CGPJ debería haber acordado la renovación en este pleno para no retrasarla, por lo que es posible que el pleno para designar a los nuevos magistrados se celebre incluso la próxima semana, aunque podría ser más tarde.

Los candidatos con más posibilidades en este momento son Ricardo Enríquez, magistrado de la Sala Tercera del Supremo y de tendencia conservadora; el también conservador y magistrado del Supremo José López, y los progresistas Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Civil del Supremo, y Cándido Conde Pumpido, también magistrado del Supremo, penalista y ex fiscal general del Estado. Ninguno de ellos parecía concitar los 13 votos necesarios para salir elegido.

No hay sistema de votación

El CGPJ carece de un procedimiento específico para realizar estos nombramientos. En ocasiones anteriores, los candidatos se discutían en el pleno sin necesidad de que antes tuvieran que postularse formalmente, cosa que sí ha ocurrido esta vez.

Además de aquéllos que han presentado candidatura, durante el debate del pleno pueden salir a la palestra otros nombres que sean propuestos directamente por alguno de los vocales.

• Lo ha dicho el portavoz del Govern, Francesc Homs, tras solicitar el amparo democrático de Europa para que Cataluña pueda hacer el referéndum.
• Francesc Homs: "El marco europeo es y será la garantía democrática que a veces no sabemos encontrar en otros ámbitos".
• El conseller cargó contra la suspensión de la declaración de soberanía del Parlament por parte del TC y contra la suspensión de la cátedra de una profesora pro-consulta.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha confiado en el amparo democrático que Europa puede ofrecer a Cataluña porque la democracia en España "a veces se tambalea", después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la declaración de soberanía del Parlament y de que la profesora catalana Clara Ponsatí haya perdido una cátedra en Georgetown por apoyar la consulta.

"Deseamos que el marco europeo es y será la garantía democrática que a veces no sabemos encontrar en otros ámbitos. Los valores de Europa son los que iluminarán el camino que Cataluña ha decidido iniciar", ha dicho al inaugurar la exposición Derechos compartidos en las Drassanes de Barcelona para conmemorar el Día de Europa, con los eurodiputados Ramon Tremosa (CiU), Maria Badia (PSC), Santiago Fisas (PP) y Raül Romeva (ICV).

Homs ha asegurado que Cataluña está en Europa por convicción y porque se siente parte y fundadora, pero que el Govern "la única cosa que espera, y por la cual apuesta por ella, es su amparo y garantía democrática".

"Tenemos la convicción de que no hay democracia si no es posible ejercer plenamente la libertad de expresión", ha subrayado, destacando que esto se ha puesto en cuestión con las decisiones del TC y la del Gobierno central sobre Ponsatí.

Homs ha hecho constar que, cuando el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, admite en sede parlamentaria que la continuidad de una cátedra viene condicionada por expresar unas determinadas opiniones "se puede ver de muchas formas, pero es limitar el ejercicio de la libertad de expresión".

Respecto a la decisión del TC, ha llamado a comparar cuántos tribunales de países en Europa han suspendido una resolución "puramente política".

El también portavoz del ejecutivo catalán ha expresado el compromiso "inalterable" de Cataluña con Europa en el terreno histórico, espiritual, formal y económico, al precisar que aporta más de lo que recibe.

Homs destacó que, desde el ingreso a la UE, en 1986, por cada euro que se ha pagado le ha sido devuelto a Cataluña 0,58 céntimos, y ha precisado que la cifra ha disminuido aún más a partir de 2007, con el inicio de la crisis.

Pese a todo, ha destacado que continuarán haciéndolo "con mucho gusto" y que esto evidencia el compromiso de Cataluña con Europa, pero también ha resaltado la importancia de que su amparo democrático le proteja.

Cuatro eurodiputados

El eurodiputado de CiU Ramon Tremosa ha aprovechado el acto para reivindicar que Europa es un espacio de libertad y democracia, y ahora que Cataluña afronta el proceso del derecho a decidir "es un placer ver como en Europa se entiende que la voluntad popular libremente expresada está por delante de los marcos legales".

En la misma línea se ha posicionado el eurodiputado de ICV, Raul Romeva, quien ha defendido que la respuesta del futuro europeo pasa por la democracia, y que esto pasa por la participación ciudadana en el proyecto de la UE.

La eurodiputada socialista Maria Badia también ha apuntado que Europa "es la solución" y que hay que plantear propuestas en esta línea para que los ciudadanos lo perciban así, lo mismo que el eurodiputado del PP Santiago Fisas.

Sin embargo, y sin mencionar nada de una futura consulta, Fisas ha recalcado la importancia de permanecer dentro de la UE porque fuera de Europa "hace mucho frío", y en este sentido ha reclamado una participación masiva en las elecciones del año que viene, previstas para el 25 de mayo.

• Aún así, asegura que esta decisión no afectará a "situaciones consolidadas".
• El Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos delegados de área en esta situación: Fernando Villalonga y Juan Antonio Gómez-Angulo.
• Otras ciudades afectadas son Sevilla, Málaga o San Sebastián.

El Tribunal Constitucional (TC) ha aclarado este miércoles, a requerimiento de la Abogacía del Estado, que las Juntas de Gobierno de los Ayuntamientos "han de estar formadas, únicamente, por concejales electos" tras la anulación, por inconstitucional, del precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local de 2003, más conocida como Ley de Grandes Ciudades. Esta norma permitía nombrar como miembros de estos órganos de gobierno a personas que no han concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.

El auto aclaratorio del Pleno del TC, que tiene fecha de este martes, responde a las dudas que a los Servicios Jurídicos del Estado les supuso un párrafo determinado de la sentencia sobre este asunto dada a conocer el pasado 29 de abril, en el que se señalaba que la nulidad de la disposición no afectaría a "situaciones consolidadas".

Según la Abogacía del Estado, de esta expresión podría deducirse el derecho de los concejales electos a seguir ejerciendo su cargo público hasta ser removidos del mismo.

La decisión del Tribunal Constitucional afecta al Ayuntamiento de Madrid que cuenta con dos delegados, el de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo y el de las Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga; así como a otros cargos municipales en los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, San Sebastián, Córdoba y Gijón, entre otros.

Con excepción del relativo a los miembros de la Junta de Gobierno no elegidos en urnas, el resto de preceptos impugnados pasa el control de constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional deliberó este asunto en el Pleno de hace dos semanas y acordó un fallo que ha contado con el voto particular discrepante del magistrado Andrés Ollero al que se ha adherido Francisco Pérez de los Cobos.

Legitimidad democrática

Sobre el precepto declarado inconstitucional, la sentencia del Pleno del TC recuerda que en nuestra constitución aparece profundamente enraizado el principio democrático que se plasma, de forma expresa, en el artículo 140 de la Constitución con la elección de concejales y alcalde.

Para el tribunal de garantías, el mencionado articulo de la Constitución "otorga una especial legitimación democrática al gobierno municipal", tanto en su función de dirección política como de administración que contrata, sin duda, con el diseño que la propia Constitución establece para el Gobierno del Estado.

En su voto particular los magistrados Andrés Ollero y Francisco Pérez de los Cobos que consideran que la resolución podría vulnerar la autonomía municipal y destacan que si esta ley se aplicara en más amplios niveles, tanto los ministros del Gobierno de la nación como los consejeros de las Comunidades Autónomas "habrían de ser parlamentarios elegidos de modo directo por los propios ciudadanos".

La decisión se ha tomado después de que el gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Grandes Ciudades de 2003, que reformó la Ley de Bases de Régimen Local, por la que se regulaba la organización de los ayuntamientos españoles y en la que se contemplaba que también podrían ser miembros del gobierno local aquellos que no se habían presentado en listas electorales.

• El president de la Generalitat cargó contra la decisión porque se trata de una declaración política, "no de una ley ni de una declaración unilateral de independencia".
• Todos los partidos catalanes, excepto PP y Ciudadanos, cargan contra la respuesta del TC y la tildan de "insólita", "antidemocrática" y "muy grave".
• La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, anuncia que la Cámara presentará alegaciones.

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, exigió este miércoles "respeto" hacia "la voluntad del pueblo catalán", que concedió en las urnas su voto mayoritario a opciones que impulsaban el proyecto soberanista y el derecho a decidir. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de dejar temporalmente en suspensión la declaración de soberanía del Parlament, Mas pidió al Alto Tribunal que cuando se acabe pronunciando sobre el fondo de esta cuestión, "tenga en cuenta este criterio de respeto democrático y de voto popular".

"Es un hecho insólito, es altamente preocupante y profundamente decepcionante", resumió el president Mas en una comparecencia ante los medios en el Parlament. "Aquí no se ha aprobado ninguna ley ni declaración unilateral de independencia", afirmó, y volvió a argumentar que se trata de una declaración política que "se basa en la voluntad popular expresada en las urnas".

Mas criticó la respuesta del TC por el hecho de que "no deja de ser un cuestionamiento de las decisiones tomadas por el pueblo" y cargó contra "el Gobierno español y las instituciones que quieren abortar esta voluntad del pueblo catalán". El president de la Generalitat confirmó que "seguiremos el camino trazado, con coherencia hacia lo que ha decidido el pueblo de Cataluña" e insistió en que la oferta de diálogo sigue abierta por parte del Govern catalán.

La presidenta del Paralment, Núria de Gispert, anunció que la Cámara presentará alegaciones, para lo cual tienen un plazo de hasta 20 días. De Gispert afirmó que "es insólito y sin sentido jurídico llevar una declaración del Parlament de Catalunya al TC".

"Insólito y muy grave"

Todos los partidos catalanes, a excepción del PP (que impugnó la declaración) y de Ciudadanos, criticaron duramente la decisión del TC, y la tildaron de "antidemocrática", "insólita" y "muy grave".

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado este miércoles que "diga lo que diga" el Tribunal Constitucional (TC) la mayoría de los diputados del Parlament de Catalunya "seguirán pensando lo mismo" por lo que ha restado "valor jurídico" a la resolución del TC sobre la declaración soberanista. 

El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha afirmado en la cámara que "una vez más, el TC ha demostrado que su sensibilidad con respecto a Cataluña es la de una apisonadora", pero tiene que saber, ha añadido, que "nunca una decisión suya podrá silenciar lo que es el sentimiento y la voluntad mayoritaria de un pueblo expresada democráticamente por sus representantes".

"Los diputados del Parlament nos debemos al pueblo de Cataluña y aquí hay una decisión tomada que no tendrá marcha atrás, que es que los catalanes puedan decidir libremente su futuro", ha dicho.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la declaración de soberanía aprobada por el Parlament "es la expresión democrática de la voluntad del pueblo de Cataluña, y por tanto, diga lo que diga cualquier tribunal, este Parlament será fiel a la voluntad de los ciudadanos catalanes".

"Tomaremos las decisiones que hagan falta -ha añadido- y la hoja de ruta se mantiene intacta, puesto que no tengo ninguna duda de que el Parlament será consecuente con la voluntad mayoritaria de los catalanes".

Desde el grupo de ICV-EUiA, su presidente, Joan Herrera, ha considerado "insólita y muy grave" la suspensión, y ha añadido que "es ridículo que suspendan una declaración democrática porque, al hacerlo, hay un pronunciamiento en contra de la misma democracia".

Según Herrera, después de la sentencia del Estatut "al PP y al TC les quedaba poca credibilidad, pero con una decisión como la de este miércoles se les ha acabado la poquita que aún podían tener".

Por parte de la CUP, el diputado Quim Arrufat ha indicado que "la pregunta era cuánta democracia aguanta el Estado español, y la suspensión temporal de la declaración indica que la respuesta es cero, por lo que respecta al derecho a decidir de los catalanes".

"Pero lo importante -ha precisado- no es lo que hagan ellos, un tribunal político de doce jueces, sino lo que hacemos los catalanes (...) que debe ser aplicar una hoja de ruta que tenga presente que no habrá una respuesta positiva de España, y que sólo queda una postura de desobediencia civil y la convocatoria unilateral de una consulta que dé toda la voz al pueblo de Cataluña y prescinda del permiso del Estado español".

• El texto deja de tener vigencia por un plazo de cinco meses prorrogable. El Gobierno central y el Parlament podrán presentar ahora alegaciones.
• El abogado del Estado consideró que el texto era un "desafío abierto" a la Constitución, que atribuye la soberanía al pueblo español en su conjunto.
• La Generalitat defiende que se trata de una resolución sin efectos jurídidos.
• Mas pide respetar la voluntad de los catalanes y seguirá con la hoja de ruta.
• Ruiz Gallardón recuerda que su legitimidad "nace de la Carta Magna".

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido temporalmente este miércoles la declaración de soberanía aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 23 de enero con los votos de 85 diputados (CiU, ERC, ICV y uno de la CUP). Los magistrados han admitido a trámite la impugnación que presentó el Abogado del Estado contra la resolución de la Cámara catalana, hecho que implica automáticamente que el texto deja de tener vigencia por un plazo de cinco meses prorrogable mientras no resuelven la cuestión de fondo.

El TC trasladará ahora el acuerdo al Gobierno español y en el Parlamento de Cataluña para que puedan presentar alegaciones.

La encargada de redactar la ponencia del caso es la magistrada Adela Asúa, nombrada por el Senado a propuesta del PSOE, que se ha decantado por admitir la demanda del Gobierno español y por lo tanto dejar sin validez el texto. Es la primera vez en democracia que el Tribunal Constitucional suspende un acuerdo de un parlamento autonómico.

La aceptación a trámite supondría automáticamente la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución por el que se suspende la declaración por un periodo de cinco meses, como pasa cada vez que el ejecutivo central impugna una ley o acuerdo de los gobiernos y parlamentos autonómicos y solicita la suspensión cautelar.

El gobierno español reclamó esta medida, a pesar de que técnicamente en esta ocasión no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, porque no recorre una ley, y por lo tanto la decisión ha presentado dificultades formales añadidas.

Un "desafío abierto"

En su impugnación de 29 páginas que fue registrada el 8 de marzo, después de recibir el aval del Consejo de Estado, el abogado del Estado aseguraba que la declaración de soberanía es un "desafío abierto" a la Constitución y tiene "efectos políticos y jurídicos" y no es sólo una declaración de principios.

Según los servicios jurídicos del Gobierno español es "radicalmente inconstitucional" porque supone "atribuir el derecho de secesión" en Cataluña, y atenta contra los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución que atribuyen la soberanía al pueblo español.

Por el contrario, el portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, avanzó que si el Tribunal Constitucional dejaba finalmente en suspenso la declaración, lo haría exclusivamente por criterios políticos porque la declaración "no tiene efectos jurídicos".

Los magistrados han adoptado la decisión después de deliberar sobre la cuestión de manera formal por segunda vez. A la primera, que tuvo lugar a principios de abril, emitieron una providencia en que daban diez días al Parlament para aclarar cuál de las dos resoluciones aprobadas tenía validez.

La del 23 de enero que presentaron ERC y CiU que se aprobó por 85 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, o la moción que presentó el PSC y que se aprobó el 13 de marzo por 104 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. Los magistrados pedían a la cámara catalana que certificara si la segunda sustituía la primera.

El Parlament respondió asegurando que tanto la declaración como la moción reflejaban "la voluntad política" del pueblo de Cataluña y eran complementarias. Con todo, advertía que ninguna de las dos iniciativas tienen "efectos jurídicos vinculantes" y pedían al TC que antes de decidir sobre la aceptación a trámite de la impugnación solicitara alegaciones a las partes.

El Parlament y el Govern consideran que ninguna de las dos puede ser impugnada ante el TC precisamente porque no se trata de leyes ni normas que tengan aplicación jurídica.

• El Gobierno impugnó la primera de las dos resoluciones de la Cámara catalana.
• El texto define Cataluña como un "sujeto jurídico y político soberano" y contó con el 63% de los votos.
• Una segunda, con el aval del 77% de los diputados, apostaba por el diálogo con el Estado para celebrar una consulta independentista.
• Sería la primera vez en democracia que el TC suspende un acuerdo de un Parlamento autonómico.
• Los juristas no coinciden en el efecto práctico de las suspensión temporal.

El Tribunal Constitucional (TC) ha empezado este martes un pleno de tres días en el que, entre otros, debatirá si admite a trámite la impugnación del Gobierno central contra la declaración aprobada por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero, en el que defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano".

Al término de la primera jornada, el Pleno aún no había abordado la cuestión pero la admisión del recurso supondría la suspensión provisional automática de la resolución, lo que ocurriría por primera vez en la democracia. También podría dar un plazo de diez días a las partes para que formulen alegaciones.

La impugnación del Gobierno central implica la suspensión temporal de dicho acuerdo durante cinco meses en tanto no decida el alto tribunal sobre el fondo del asunto, por lo que si el pleno del Constitucional admite a trámite el recurso adoptará también la suspensión temporal, prevista en la ley que regula el funcionamiento del alto tribunal.

De ser así, sería la primera vez en democracia que el TC suspende un acuerdo de un Parlamento autonómico, pues aunque el precedente más cercano es lo sucedido con el Plan Ibarretxe, la situación no es la misma. Además, las fuentes jurídicas consultadas por Efe no coinciden en interpretar cuál podría ser el efecto práctico de la suspensión.

El TC consultó hace días al Parlament para que aclarase cuál de las dos resoluciones sobre el derecho a decidir aprobadas en los últimos meses prevalece, si la primera de enero y ahora recurrida por el Gobierno, o la segunda, aprobada en marzo y que aboga por abrir un diálogo con el Gobierno. La Cámara catalana respondió que ambas son complementarias.

Declaraciones soberanistas

El pasado 13 de marzo el Parlamento catalán aprobó por una amplia mayoría, más de dos tercios de la Cámara (104 votos), una resolución en la que se instó al Govern de la Generalitat a "iniciar un diálogo" con el Gobierno del Estado para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña. Esta iniciativa fue votada a favor por CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC.

Previamente, el 23 de enero, el Parlament aprobó una primera declaración soberanista que no contó con el apoyo del PSC y sí recabó el aval de CiU, ERC e ICV. El texto defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", y contó entonces con el apoyo del 63 % de diputados de la Cámara catalana, frente al 77 % de la segunda resolución soberanista.

Además de estos asuntos, el pleno de esta semana del TC tiene sobre la mesa, entre otros, el recurso de amparo pidiendo la anulación de la condena del Supremo al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa. Junto a ello, debe responder a la petición de aclaraciones del abogado del Estado a un reciente acuerdo del TC que anulaba varios artículos de la Ley de Capitalidad.

• La decisión del tribunal impide que los municipios nombren como miembros de la Junta de Gobierno a delegados que no hayan sido elegidos por los ciudadanos.
• El Ayuntamiento de Madrid cuenta actualmente con dos delegados en esta situación: Gómez-Angulo y Fernando Villalonga.
• La decisión podría acarrear un nuevo cambio en el Gobierno de Ana Botella.

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Generalitat catalana, de modo que los gobiernos de ayuntamientos de grandes ciudades únicamente podrían estar formados por concejales que hayan sido elegidos en una lista electoral, una decisión que afecta directamente al Ayuntamiento de Madrid.

De esta forma se impediría que los municipios puedan nombrar como miembros de la Junta de Gobierno local a quien no haya concurrido a unas elecciones, es decir, a los delegados. En la actualidad, el Gobierno local de Madrid cuenta con dos de sus miembros en esta situación. Se trata del responsable de Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo, Fernando Villalonga, y del titular de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo, quien sustituyó a principios de febrero a Antonio de Guindos después de que este dejara su cargo por la tragedia del Madrid Arena.

El Ayuntamiento de Madrid asegura, de momento, que ninguno de estos dos delegados piensa dimitir y que no va a haber modificiación del Gobierno hasta que el veredicto esté disponible, el cual todavía no está ni redactado ni notificado, según las fuentes consultadas.

El gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Grandes Ciudades de 2003, que reformó la Ley de Bases de Régimen Local, por la que se regulaba la organización de los ayuntamientos españoles y en la que se contemplaba que también podrían ser miembros del gobierno local aquellos que no se habían presentado en listas electorales.

La Generalitat catalana alegó que esta reforma lesionaba sus competencias. El TC deliberó la pasada semana sobre el recurso de la Generalitat y hubo, al menos, un voto particular.

• El sistema por el que se calculan las pensiones y los períodos de cotización en los que el trabajo se hizo a tiempo parcial es "inconstitucional y nulo".
• El TC, como antes ya dictaminara la UE, considera que la normativa española "lesiona" el derecho a la igualdad y es "discriminatoria" por razón de sexo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia en la que declara "inconstitucional y nulo" el sistema con el que se calculan los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva.

Este método de cómputo, vigente en la Ley General de Seguridad Social desde 1998, ya fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de noviembre, cuando dictó una sentencia en la que calificaba de discriminatorio el trato que daba la legislación española a los trabajadores a tiempo parcial respecto a los contratados a tiempo completo.

El TC ha hecho suya la interpretación de la justicia europea y considera que la regla de cálculo contenida en la normativa española "lesiona" el derecho a la igualdad (artículo 14 de la Constitución española) y es "discriminatoria" por razón de sexo, ya que la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial en España son mujeres.

El Alto Tribunal ha dictado esta sentencia a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, derivada a su vez del caso de una trabajadora, M.S.N, a la que le fue denegada una pensión contributiva de jubilación por no haber reunido el periodo mínimo de cotización de 15 años exigido para ello.

La mujer tenía acreditados 18 años de cotización, once de ellos en jornada a tiempo parcial, pero insuficientes para cumplir los requisitos. Un caso parecido, el de una trabajadora de la limpieza que había cotizado 18 años a tiempo parcial, fue el que llevó a la justicia europea a dictaminar que la normativa española era discriminatoria.

Lo que dice la ley

Para determinar el periodo cotizado a fin de causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, la norma dice que se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia "en días teóricos de cotización".

Para ello, prosigue la ley, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales.

Además, para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización, sin que pueda computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo.

Estas reglas para determinar los periodos de cotización vienen recogidas en la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social. Durante unos años, de 1994 a 1998, la redacción dada a este artículo era distinta y ya el TC, en una sentencia de diciembre de 2004, se opuso en su momento a la regulación antigua al entender que el trato que se dispensaba a los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo no era igualitario.

Aunque la redacción se cambió, ahora el TC, en una sentencia fechada el pasado 14 de marzo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cree que estas reglas de cálculo "no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir".

Persiste la diferencia de trato

Para el TC, la norma sigue manteniendo una diferencia de trato en el cómputo de los períodos cotizados entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, que no está justificado por las exigencias de contributividad del sistema, tal y como ya afirmó en su sentencia de diciembre de 2004.

"Es más, la aplicación de la primera regla puede incluso resultar potencialmente más perjudicial para los trabajadores a tiempo parcial que el criterio establecido en la regulación precedente", explica el TC, pues en virtud de ella la comparación entre un trabajador a tiempo completo cuya jornada laboral sea inferior a la máxima legal y un trabajador a tiempo parcial de su misma empresa o sector de actividad "permitirá apreciar una diferencia de trato, que actúa en perjuicio de este último".

En cuanto a la segunda regla, la que establece el coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a la regla anterior, el TC señala que su virtualidad como elemento de corrección es "limitada".

"Cuando el trabajo a tiempo parcial no sea un episodio más o menos excepcional en la vida laboral del trabajador y cuando la jornada habitual del mismo no resulte muy elevada, la aplicación del criterio de proporcionalidad seguirá, a pesar de la regla correctora, constituyendo un obstáculo desproporcionado para su acceso a la pensión de jubilación", subraya el Tribunal.

Para el TC, este aspecto de la normativa dificulta el acceso mismo a la prestación, al exigir un mayor número de días trabajados para acreditar el periodo de carencia requerido en cada caso. En su opinión, esto resulta "especialmente gravoso o desmedido" en el caso de trabajadores que en muchos periodos de su vida laboral han estado trabajando a tiempo parcial y que solicitan prestaciones que exigen períodos de cotización elevados.

• La Cámara catalana tiene 10 días para que diga cuál es la buena.
• La aprobada en marzo aboga por el diálogo y recibió un apoyo más amplio.
• La primera, recurrida por el Gobierno, declara Cataluña como sujeto soberano.
• Para la presidenta del Parlament y el portavoz del Govern son complementarias.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una providencia en la que concede diez días al Parlament para que aclare si la segunda declaración soberanista que aprobó en marzo, en la que abogó por abrir un diálogo con el Gobierno y fue más mayoritaria, sustituye a una primera en la que se declaró a Cataluña sujeto soberano.

El 23 de enero pasado, el Parlament aprobó una primera declaración soberanista que no contó con el apoyo del PSC, PP ni C's y sí recabó el aval de CiU, ERC e ICV. La resolución defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", y contó entonces con el apoyo del 63 % de diputados de la Cámara catalana, frente al 77 % de la segunda resolución soberanista.

Esta última se aprobó el 13 de marzo por una amplia mayoría, más de dos tercios de la Cámara (104 votos). La declaración instaba al Govern de la Generalitat a "iniciar un diálogo" con el Gobierno central para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña. Esta iniciativa fue votada a favor por CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC.

En la providencia dictada este martes, el pleno del TC pregunta al Parlament si la resolución de marzo "sustituye íntegramente" a la anterior declaración de enero, "que ha sido impugnada" ante el Tribunal Constitucional.

El pasado 1 de marzo -antes de que el Parlament aprobase una segunda declaración-, el Consejo de Ministros acordó impugnar ante el Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlament en enero, lo que supuso "cortar la vía del diálogo" para el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en una rueda de prensa posterior a un reciente Consejo de Ministros que el diálogo se mantiene y apeló a la lealtad institucional y a la colaboración entre las administraciones, "muy especialmente con la Generalitat"

La impugnación, de admitirse a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución del TC, que esperará a tratar el tema en pleno a que el Parlamento catalán aclare la cuestión.

La Carta Magna avala la impugnación

Según el artículo 161 de la Constitución, "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas".

"La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.

Resoluciones contemplementarias

La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ha encargado a los servicios jurídicos un informe para responder la providencia del TC sobre las declaraciones, que ha calificado de "insólita y sin precedentes". La Mesa lo estudiará una vez emitan sus conclusiones.

En su opinión, ambas resoluciones manifiestan una misma voluntad política y un acuerdo político sin conllevar efectos jurídicos, y las dos "son vigentes y complementarias".

En la misma línea se ha manifestado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, quien ha calificado de "complementarias" las dos declaraciones soberanistas aprobadas en el Parlament en respuesta a la providencia dictada del TC.

"Podríamos aplicar la teoría de los conjuntos y subconjuntos. Si se leen conjuntamente, a no ser que se le apliquen prejuicios, de su literalidad se ve que no hay contradicción, sino complementariedad", ha recalcado en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

• Han presentado un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud.
• El PSOE argumenta que trata de evitar el "apartheid sanitario" que "quiere hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid con ese afán de negocio".

El PSOE ha presentado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional contra la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud para tratar evitar el "apartheid sanitario" que "quiere hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid con ese afán de negocio".

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha defendido, en declaraciones a los medios tras presentar el recurso, que las medidas previstas por la Comunidad de Madrid supondrían el "desmantelamiento" del sistema público sanitario.

Gómez ha insistido en que su grupo parlamentario se siente "honrado" de ser el "instrumento" de los médicos de la Comunidad de Madrid —que sufragaron el informe legal presentado en el recurso— y de la inmensa mayoría de la sociedad madrileña que "quieren paralizar el desmantelamiento de la sanidad".

"Se puede y lo vamos a conseguir", ha apostillado el secretario general, quien ha opinado que el PP quiere que los ciudadanos que vayan a ser atendidos en los hospitales que el Gobierno quiere privatizar "sean marginados en ese apartheid sanitario".

El PSOE, con su postura, "defiende un sistema sanitario universal, público y gratuito", ha agregado Gómez, quien ha estado acompañado de los senadores socialistas Maru Menéndez y Enrique Cascallana, el secretario general del PSOE en el Senado, José Miguel Camacho, y el portavoz de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos.

El secretario general del PSM ha subrayado que los médicos de la sanidad madrileña han dedicado los recursos económicos "de su propio bolsillo" a costear los gastos del gabinete jurídico que ha preparado el informe en que se respalda el recurso presentado. El informe, además, ha sido ultimado y consensuado con los servicios jurídicos del PSOE, según ha indicado Gómez.

Además, el dirigente socialista ha apuntado que los procedimientos jurídicos que quiere utilizar la Comunidad de Madrid para llevar a cabo la privatización de los centros "están al margen de la ley" y ha aseverado que "la ley la tienen que cumplir todos los ciudadanos y, desde luego, también los gobiernos".

"Los médicos y profesionales sanitarios quieren lo mejor para los hospitales como los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos", ha indicado el socialista, quien considera que esta es la defensa de un modelo de sistema sanitario "que se ha construido en este país con el esfuerzo de todos: de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios".

Según el secretario general del PSM, las medidas que permiten la externalización de la gestión de los centros sanitarios "vulneran varios artículos de la Constitución" y el "espíritu constitucional" y suponen la "ruptura del aseguramiento y la cobertura universal idéntica para todos los ciudadanos". Con estas medidas, el Ejecutivo regional no cumple "con las normas, con el derecho y con las reglas de que nos hemos dotado en nuestro país", ha concluido.

Por otra parte, Gómez ha indicado que la derogación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de la orden de cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada dictada por el Gobierno regional manchego es otra muestra de cómo el Partido Popular "tiene que dar marcha atrás como consecuencia de una resolución judicial".

• El TC ha recibido la impugnación a primera hora de la tarde de este viernes.
• Para el Ejecutivo, la declaración del Parlament no tiene rango de ley.
• Si es admitida podría suspender provisionalmente la resolución soberanista.

El Tribunal Constitucional ha recibido a primera hora de la tarde de este viernes la impugnación del  Gobierno español de la declaración que aprobó el Parlament de Cataluña el pasado enero y que prevé una consulta popular sobre la autodeterminación de esta región.

La fórmula utilizada por el Ejecutivo es la de una impugnación debido a que la declaración del Parlamento de Cataluña no tiene rango de ley, han explicado fuentes jurídicas del alto tribunal.

La resolución podría suspenderse

En caso de ser admitida a trámite la impugnación del Ejecutivo, la resolución catalana sería suspendida provisionalmente, según las mismas fuentes.

Estas fuentes no han podido asegurar que la iniciativa del Gobierno vaya a ser estudiada en el Pleno del Tribunal Constitucional que tendrá lugar la próxima semana.

En su reunión del pasado 1 de marzo, el Consejo de Ministros acordó impugnar ante el Tribunal Constitucional dicha declaración, que define a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano", después de recibir un dictámen en ese sentido del Consejo de Estado, un órgano consultivo no vinculante.

• El TC ha admitido a trámite el recurso del Gobierno español.
• La suspensión de estos preceptos se publicará en el BOE en los próximos días.
• La Generalitat tiene dos semanas para personarse y alegar en contra.
• Afecta a los horarios, festivos, gasolineras y lugares turísticos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra artículos del decreto ley catalán en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción al considerar el Ejecutivo central que "vulnera leyes relativas a horarios y afecta a la legislación que puede dictar el Estado". 

Según la providencia del TC, el recurso se refiere a los artículos 1.2 letras a) a e) de la Ley del Parlament de Cataluña 8/2004 del 23 de diciembre de horarios comerciales, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto-ley 4/2012; los artículos 2.1 letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma ley 8/2004, en la redacción dada por el artículo 2 del Decreto-ley 4/2012 y el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012.

De este modo, se produce la suspensión de la vigencia y aplicación de estos preceptos desde la fecha en que se interpuso el recurso, el 1 de febrero de 2013, y en los próximos días esta suspensión se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Generalitat dispone de dos semanas para hacer alegaciones

Ahora la Generalitat tiene un plazo de dos semanas para personarse en el proceso y formular las alegaciones que crea oportunas contra este recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy considera que los artículos recurridos afectan a la legislación básica que puede dictar el Estado y vulneran las leyes relativas a horarios comerciales y comercio minorista en lo que se refiere a horas, festivos, puestos fronterizos con límite de venta, gasolineras, regulación de municipios turísticos, y algunas cuestiones que afectan a otros establecimientos como los estancos.

El Ejecutivo central entiende que los preceptos cuestionados resultan inconstitucionales porque aunque Cataluña tiene competencia suficiente para dictar la normativa autonómica relativa a horarios comerciales y, en general, la ordenación de su comercio interior, esta competencia encuentra sus límites en otros títulos estatales como la Constitución Española, que dota al Estado de competencia suficiente para dictar normativa básica en la materia.

Cada establecimiento podrá decidir su horario indivualmente

La legislación estatal establece, con carácter general y con las excepciones que se determinan en cada caso, que serán los establecimientos comerciales los que puedan determinar libremente el horario de su actividad así como su periodo de rebajas, con los límites que en cómputo global establezcan las comunidades autónomas.

En este sentido, la nueva regulación dispone que las comunidades no podrán restringir el horario de apertura de los establecimientos comerciales a menos de noventa horas, ni los domingos y festivos de apertura a menos de diez.

Además, quedan excluidos los establecimientos situados en zonas de gran afluencia turística que tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional.

Reacción del gobierno catalán

El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig,ha reaccionado al anuncio del Gobierno de interponer este recurso, que ahora el TC admite a trámite, anunciando que el Govern impulsaría con "carácter de urgencia" un proyecto de ley que recogiera el decreto ley aprobado por el Parlament en diciembre para preservar el modelo comercial catalán.

La Generalitat defiende que el máximo de horas semanales sean 72 frente a las 90 del Estado, ocho festivos de apertura frente a los diez del Gobierno y que queden excluidos del horario comercial general los establecimientos de alimentación con una superficie de hasta 150 metros cuadrados.