• La media se adopta en previsión de que los hechos pudieran constituir un delito contra las instituciones del Estado.
• El juez Eloy Velasco se inhibe en favor de su compañero Santiago Pedraz al entender que los convocantes y los fines son los mismos que los del 25-S.
• Detienen a tres jóvenes con cócteles molotov en Madrid y la Policía los relaciona con el 25-A.
• Habrá 1.400 antidisturbios ante el 'Asedio al  Congreso', más policía que en la última huelga general.
• ¿Gran escrache? ¿Legitimación de la violencia?: claves del 25-A.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha inhibido en favor de su compañero Santiago Pedraz en las diligencias previas abiertas en relación con la protesta convocada para este jueves frente al Congreso de los Diputados, según han informado fuentes jurídicas. Velasco, del Juzgado Central de Instrucción número 6, entiende que los convocantes y los fines son los mismos que los de la protesta del 25-S que instruyó Pedraz.

Velasco ha abierto diligencias previas de investigación tras recibir una comunicación del Ministerio del Interior en la que se daba cuenta de la convocatoria para "asediar de forma indefinida" el Congreso. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 adoptaba esta decisión en previsión de que los hechos pudieran constituir un delito contra las instituciones del Estado, aunque no tiene previsto llevar a cabo ninguna otra iniciativa contra los miembros de la plataforma convocante, ¡En Pie!.

Velasco se había dirigido no obstante a la Fiscalía de la Audiencia para que informase si cabía una posible inhibición en favor de Pedraz, al haber investigado este los incidentes ocurridos en las inmediaciones de la cámara baja durante la convocatoria Rodea el Congreso, celebrada el 25 de septiembre.

Entre tanto, ha pedido información al Parlamento acerca de los actos previstos para este jueves, sobre si hay sesión de control o comisiones, y a la Delegación del Gobierno sobre la concentración y si está autorizada.

El Ministerio del Interior ya anunció el lunes que se dirigiría a la Audiencia Nacional para consultar si los posibles delitos derivados de esa convocatoria pudieran ser catalogados como atentados contra altos organismos de la Nación. El ministro, Jorge Fernández Díaz, hizo este anuncio teniendo en cuenta la llamada a la "guerrilla urbana" que a través de esa convocatoria se está realizando desde internet.

En un auto dictado el pasado 3 de abril en la causa en la que se investiga el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011, el juez Velasco determinó que la intimidación a parlamentarios por parte de un grupo convierte lo que pudiera ser una falta en un delito grave. Con este argumento, el juez mantuvo la imputación a 22 indignados por un delito contra las instituciones del Estado por uso de violencia/intimidación grave al impedir a miembros electos de la cámara autonómica asistir a sus reuniones.

De la protesta de este jueves se han desmarcado los colectivos del 15-M, la denominada Acampada Sol y la plataforma Democracia Real Ya, argumentando que los convocantes están "prácticamente llamando a la violencia".

La convocatoria tiene el apoyo del Movimiento Yo No Pago, que aboga por la "insurrección económica", o Unidad Cívica por la República (UCR), según consta en el apartado de adhesiones incluido en la página web de ¡En Pie!.

• En concreto 15,7 millones, que al año suponen unos 5.717, según datos ofrecidos por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
• Entre enero y marzo de este año se han aprehendido 10.306 kilos de cocaína, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior.
• Interior ha anunciado que destruirá antes de que acabe el año prácticamente la totalidad de la droga almacenada producto de las incautaciones policiales.

El tráfico de drogas genera en España un beneficio diario de cerca de 15,7 millones de euros, lo que significa en torno a 5.717 millones anuales, según datos ofrecidos este jueves en el Congreso por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta del balance de la lucha contra el tráfico de drogas en 2012 y el primer trimestre de este año, Fernández Díaz ha precisado que entre enero y marzo se han aprehendido 10.306 kilos de cocaína, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior.

Frente a ello, ha descendido la cantidad de hachís incautada, en concreto 38.454 kilos, un 63% menos que en el primer trimestre del año pasado, debido en parte al efecto disuasorio de medios como el Servicio de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil.

Sin embargo, España, según el ministro, es el "muro de contención" del hachís, ya que se incautó uno de cada tres kilos de los que se intervienen en el mundo y tres de cada cuatro kilos de los que se aprehenden en Europa.

Respecto a la cocaína, la que se intercepta en España representa el 41% de la Unión Europea y apenas el 4,2% del mundo.

También han disminuido las intervenciones de heroína, 71 kilogramos, un 56% con respecto al mismo periodo de 2012, debido a que el consumo también descendió.

Entre las drogas de diseño, bajan un 54% las intervenciones de éxtasis, con 9.752 gramos, e incrementan muy notablemente las incautaciones de speed, un 210% más que en el primer trimestre de 2012, con 183 unidades.

De enero a marzo las fuerzas de seguridad han detenido a 4.663 personas por tráfico de drogas, un 15% menos que en ese mismo periodo de 2012 y han denunciado a 92.835 personas por posesión o consumo, un 8% menos.

Hay 2.063 operaciones abiertas

Fernández Díaz ha detallado que la Policía y la Guardia Civil tienen abiertas 2.063 investigaciones en esta materia, de las que más de un millar son por tráfico de drogas exclusivamente y en otras 125 se une a este delito el crimen organizado.

El 67% de las investigaciones las lleva la Policía, un 21% la Guardia Civil y un 12% la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

En su comparecencia, el ministro también ha dado cuenta de las incautaciones de droga durante 2012, que ascendieron a 325.562 kilos de hachís, 20.754 de cocaína, 229 de heroína, 250.892 gramos de speed y 175.381 unidades de éxtasis.

Cádiz y Málaga son las provincias con mayores aprehensiones de hachís; Pontevedra y Cádiz encabezan la lista en cocaína; Barcelona y Pontevedra la de heroína; Vizcaya y Asturias la de speed y Girona y Baleares la de éxtasis.

Dos enclaves más para la destrucción de droga

Interior también ha anunciado que destruirá antes de que acabe el año prácticamente la totalidad de la droga almacenada producto de las incautaciones policiales y reducirá hasta veinte el número de instalaciones dedicadas a custodiar las sustancias estupefacientes intervenidas.

El ministro del área ha asegurado que antes de que finalice 2012 será quemada casi toda la droga intervenida, aunque no ha precisado cuánta hay almacenada.

Al mismo tiempo, ha indicado que se ampliará en dos el número de enclaves existentes para su destrucción por el método de cremación, por lo que al de Asturias y los dos de Andalucía se sumará uno en Madrid y otro en la zona mediterránea, si bien su ubicación exacta no ha sido avanzada por el ministro por razones de seguridad.

• La excepción será la de los menores de catorce años que, acompañados de un adulto, podrán ir en bicicleta por las aceras.
• El ministro del Interior ha avanzado parte de la reforma del Reglamento General de Circulación en la que trabaja su departamento y la DGT.
• "Parece lógico que si los conductores de ciclomotores están obligados a llevar casco, también lo estén los de bicicleta", ha dicho Jorge Fernández Díaz.

Los ciclistas tendrán la obligación de usar casco en ciudad y, "como norma general", de circular por la calzada, salvo los menores de catorce años que, acompañados de un adulto, podrán ir en bicicleta por las aceras.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles que la reforma del Reglamento General de Circulación en la que trabaja su departamento y la DGT establecerá el uso del casco obligatorio en ciudad para los ciclistas.

"Parece lógico que si los conductores de ciclomotores están obligados a llevar casco, también lo estén los de bicicletas que es un vehículo más vulnerable", ha señalado Fernández Díaz a preguntas de los periodistas tras asistir al acto de jura de la nueva promoción de inspectores jefe de la Policía Nacional.

Fernández Díaz ha explicado también que la "postura" en la que trabaja Interior pasa por que los ciclistas circulen por las calzadas de las ciudades, a excepción de las aceras que cuenten con carriles-bici o si el usuario tiene menos de catorce años, en cuyo caso podrán circular por las aceras.

La semana pasada el diputado socialista Odón Elorza acusó a Interior en la comisión de Seguridad Vial del Congreso de "boicotear" el uso de la bicicleta en las ciudades al querer imponer la utilización del casco en este medio de transporte, una obligatoriedad que no existe en ningún otro país europeo—dijo—.

En opinión de Elorza, la norma conseguirá desincentivar la utilización de este medio de transporte en los núcleos urbanos.

• El portavoz catalán, Francesc Homs, constata  "la gran manipulación y error monstruosos del Gobierno español por dar veracidad" al borrador de la UDEF.
• El Govern pide la reparación del honor del presidente catalán ante "las barbaridades que dijeron algunos ministros" en plena campaña electoral.
• El Ministerio del Interior concluye que el informe policial sobre los depósitos de Mas y Pujol en el extranjero no es oficial y no determina su autoría.

El conseller de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, ha reclamado este martes al Gobierno central una rectificación pública por su actuación con relación al supuesto borrador policial de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Según ha informado el Ministerio del Interior, tras una investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el documento contiene datos que no son oficiales y no se ha determinado su autoría.

Es por este motivo que Homs ha destacado que el borrador publicado durante la campaña electoral catalana fue "una gran manipulación".

El portavoz del Govern ha destacado que las explicaciones dadas este martes por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, certifican "la gran mentira y la gran manipulación y error monstruosos del Gobierno español de dar veracidad a unas informaciones" que, desde el primer momento, ya insistieron en que eran "falsas".

En la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán, Homs ha señalado que una "rectificación pública" del Gobierno es "la única manera que puede honrar un poco" a las figuras de Mas y Pujol ante "las barbaridades que dijeron algunos ministros" a raíz de las informaciones publicadas.

Francesc Homs ha criticado que el Ministerio del Interior requiera de cuatro meses de investigaciones para concluir que no sabe quién realizó el documento publicado.

• En ministerio informa que "no es posible fijar la responsabilidad de la autoría" ya que las supuestas fuentes citadas lo niegan.
• El ministro Jorge Fernández Díaz confirma que el documento recoge datos de diversos sumarios.
• La investigación continúa ya que el Sindicato Unificado de Policía no ha querido revelar de dónde procede el borrador, que no está validado.
• El documento se filtró en plena campaña electoral catalana y se atribuían cuentas millonarias en el extranjero al president de la Generalitat.

El borrador atribuído a la policía que adjudicaba cuentas millonarias en Suiza al president de la Generalitat, Artur Mas, y al expresident Jordi Pujol y sus hijos Oriol y Jordi no contiene datos oficiales. Así lo ha determinado el informe de La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, solicitado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El ministro ha explicado este martes en el Congreso que  "no es posible fijar la responsabilidad de la autoría" del escrito que, por otra parte, contiene datos procedentes de diversos sumarios.

La primera conclusión expuesta por el ministro del Interior es que "el informe borrador no se corresponde de manera exacta o literal" a datos oficiales, ya que no ha sido validado y está "pendiente de comprobación". Además, según las conclusiones de la investigación, "no es posible de momento concretar ninguna responsabilidad en la elaboración y difusión".

Fernández Díaz concretó que el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Sánchez Fornet, fue expedientado por haber facilitado a la prensa el supuesto borrador policial. "Hasta el momento", según dijo el ministro, Sánchez Fornet se ha negado a rebelar quién redactó el informe y cómo llegó a sus manos.

Lo que sí considera demostrado la Unidad de Asuntos Internos es que el borrador "contiene datos de investigaciones de la UDEF" y podría adjuntar "como complemento otros documentos incluídos en otros sumarios", según indicó Fernández Díaz.

Poco antes de las elecciones catalanas del 25N, el diario El Mundo publicó un supuesto borrador de la UDEF en el cual se investigaban presuntos cobros de comisiones por parte de Artur Mas y Jordi Pujol. Días después, esta unidad de la policía nacional se desvinculó del informe y el ministro Fernández Díaz encargó a la Unidad de Asuntos Internos una investigación sobre la autoría del documento y su procedencia, las conclusiones de la cual se desvelaron este martes.

Plan contra los delitos económicos

El ministro del Interior explicó que su departamento ha puesto en marcha un "ambicioso" plan de acción contra la delincuencia económica y el blanqueo de capitales y que la Policía tiene 59 investigaciones abiertas y en activo sobre casos de corrupción.

Fernández Díaz afirmó que "las filtraciones son una práctica censurable y digna de reproche", y admitió que todos los partidos "las hemos sufrido". El ministro elogió la "profesionalidad" de la policía "y muy en particular" de la UDEF.

• Lombard Odier niega en dos cartas que el president de la Generalitat y el expresident hayan tenido relación con la entidad los últimos diez años.
• Desmiente el borrador de un informe atribuído a la UDEF publicado en plena campaña electoral catalana.
• Se atribuyó a los Pujol y a Mas cuentas por valor de 165 millones de euros.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el expresidente Jordi Pujol,  y su hijo Jordi Pujol Ferrusola, no tienen ninguna cuenta ni depósito en el banco Lombard Odier, según confirma la entidad suiza en dos cartas. Las misivas, publicadas este martes en El Punt Avui y El Periódico, fueron enviadas por la misma entidad suiza al gabinete de abogados que lleva la defensa de Mas y Pujol. En ellas, Lombard Odier niega que en los últimos diez años los Pujol y Mas hayan tenido ninguna relación con el banco.

Esta información desmiente el supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) publicado por el diario 'El Mundo' en plena campaña electoral catalana, que acusaba a Mas, Pujol y sus hijos Jordi y Oriol de tener dinero oculto en Suiza.

Los dos documentos que ha enviado el banco son la respuesta a las peticiones hechas por los abogados el 22 de febrero pasado, y dicen que después de haber examinado sus archivos pueden confirmar que ni Artur Mas, ni Jordi Pujol Soley ni Jordi Pujol Ferrusola no han tenido poderes autorizados ni han sido beneficiarios de derechos económicos de una cuenta, un depósito o un compartimento de caja fuerte a su banco.

El banco aclara que sólo lo pueden confirmar en referencia a los últimos diez años, el periodo legal en que está obligado a conservar este tipo de información en sus archivos.

El Mundo publicó el 16 de noviembre pasado, en plena de la campaña electoral, que Pujol y su mujer, además de sus hijos Jordi y Oriol, tenían cuentas por valor de 165 millones de euros en esta entidad, citando el borrador de un informe atribuído a la UDEF. Un documento que, además, el jefe de dicha unidad de la policía negó que existiera.

Tanto Mas como Pujol negaron los hechos y se querellaron contra el diario. A su vez, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abrió una investigación para saber de donde salía este informe policial y este martes comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del resultado de dicha investigación.

• El secretario general del PSOE recordó que el ministerio que él dirigía "escolta sólo a cargos públicos, fiscales y jueces que tienen amenazas terroristas".
• 20minutos.es adelantó que la escolta de dos agentes de la Guardia Civil a la princesa danesa fue designada por el Ministerio de Defensa.

El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó en una entrevista en Telecinco que el ministerio que él dirigía escoltara a la princesa danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

“Es falso. El Ministerio del Interior escolta sólo a cargos públicos, fiscales y jueces que tienen amenazas terroristas”, afirmó. “Las escoltas están definidas y tomadas muy en serio por Policía y Guardia Civil. Si hubiera una escolta como esa yo la sabría. Niego rotundamente que el Ministerio del Interior haya hecho esa escolta a Corinna”.

20minutos.es adelantó que la escolta de la Guardia Civil, concretamente de dos agentes, fue designada por el Ministerio de Defensa y no por Interior. La princesa era protegida junto a su hijo durante su alojamiento en Madrid, protección pagada con fondos públicos. Las mismas fuentes indicaron que los agentes están adscritos al CNI aunque pertenezcan a la Guardia Civil.

El secretario general del sindicato policial SUP, José Manuel Sánchez Fornet, publicó en Twitter que la princesa era conocida por el CNI como ‘Ingrid’ y que había minutos (notas operativas) sobre ella.

• El ministro del Interior atribuye a la juez la decisión de que la Policía catalana no participe en las pesquisas del caso de espionaje.
• El Govern lamenta la "lentitud" en aclarar el informe sobre Mas, que irrumpió en campaña electoral.
• El conseller Espadaler insistió en que "ha habido un interés explícito de apartar" a los Mossos.

El conseller de Interior, Ramon Espadaler, mostró este lunes su malestar por el hecho que los Mossos d'Esquadra hayan quedado al margen de la investigación del caso de espionaje pese a tener «plena competencia» para llevarla a cabo. En su opinión, «ha habido un interés explícito de apartarlos».

Así se lo comunicó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante una reunión en Madrid, en la que también mostró su «perplejidad» por la celeridad para investigar el supuesto espionaje político en Catalunya frente a la «lentitud» de la Policía Nacional en el caso del supuesto informe policial sobre presuntas cuentas en el extranjero hecho público en plena campaña electoral y que afectaba a Artur Mas.

El ministro destacó que ni el juez ni ninguno de los fiscales anticorrupción han reprochado la actuación de la Policía Nacional, ni que los registros a las sedes de la agencia de detectives Método 3 y de los domicilios de los detenidos los practicaran agentes de este cuerpo y no de los Mossos.

En cualquier caso, ambos mostraron su absoluto respeto a la decisión judicial de elegir a la Policía Nacional como policía judicial. Además, fue la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, quien recurrió primero a dicho Cuerpo policial.

• Jorge Fernández-Díaz mantendrá un primer encuentro con el conseller de Interior, Ramon Espadaler.
• Según el Gobierno, se trata de una 'reunión de cortesía' que llega después de que los Mossos no puedan investigar el caso de espionaje.
• Las demandas presentadas por Joana Ortega y Josep Lluís Carod-Rovira abren la puerta a la implicación de la policía catalana.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, se reunirán para tener un primer encuentro desde la llegada del conseller al cargo, y tendrá lugar en pleno escándalo por los presuntos casos de espionaje político en Catalunya. La reunión será este lunes a las 18.00 horas en el Ministerio del Interior, que se celebra a petición de Espadaler y que el Ministerio califica de "reunión de cortesía".

Espadaler prevé abordar con el ministro los casos de espionaje en Catalunya vinculados a la agencia de detectives Método 3, que se destaparon a raíz de la denuncia del PP catalán por la grabación ilegal de una comida entre la líder del PP de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez en el restaurante La Camarga.

Sobre este caso, el ministro ha asegurado que la Policía Nacional va a investigar "muy a fondo" después de que se presentara la denuncia ante este cuerpo policial, y apuntó que hay mucha información sobre las presuntas escuchas ilegales a políticos en Catalunya.

Malestar del Govern

En la reunión, Espadaler trasladará el "malestar" que ha generado en el departamento de Interior catalán que los Mossos d'Esquadra se hayan quedado al margen de una investigación de unos hechos ocurridos en Catalunya.

Espadaler indicó en el Parlament que este caso no es una materia reservada al Estado y que los Mossos son "competentes" para llevar las pesquisas, aunque ha dejado en manos del juez de Instrucción 14, que lleva el caso, decidir qué cuerpo policial debe asumirlo.

Los Mossos han recibido, a su vez, sendas denuncias presentadas por la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y su antecesor, Josep Lluís Carod-Rovira, lo que les abre la puerta a investigar el caso.

De momento la policía catalana ya ha consultado al titular de Instrucción 14 si le debía remitirle la denuncia de Ortega, pero éste no la ha asumido sino que ha pedido que la presenten en los juzgados para que se decida por reparto a qué juez le corresponde.

'Mengua la moral colectiva'

En su comparecencia parlamentaria este miércoles para informar de los objetivos de su mandato, Espadaler opinó que estos casos que afectan a políticos "menguan la moral colectiva del país" y reclamó la necesidad imperiosa de aclararlos.

Espadaler cree que el presunto espionaje a políticos y personalidades en Catalunya por parte de la agencia de detectives suponen "una violación a la intimidad y un ataque al honor que no son aceptables".

En este caso han sido detenidos el director de Método 3, Francisco Marco, y tres extrabajadores, entre ellos los presuntos responsables de la ejecución del encargo de grabar la comida de Camacho y la directora de seguridad, Elisenda Villena, que han quedado en libertad con cargos por revelación de secretos.

Por el momento, el juez ha intervenido soportes informáticos y documentos en los registros de las oficinas de la agencia en Barcelona y Madrid, que ahora deberán ser examinados en el propio juzgado para dilucidar qué investigaciones realizadas por Método 3 pudieron incurrir en métodos ilegales.

• Uno de los detenidos afirma que creía que Sánchez-Camacho iba a ser grabada.
• El Ministerio no le da credibilidad y dice que es una estrategia de la defensa.
• Sánchez-Camacho niega cualquier implicación o vínculo alguno con Método 3.
• Interior niega que un almuerzo del ministro y altos mandos policiales fuera objeto de escuchas.

Uno de los cuatro detenidos de la agencia de detectives Método 3, Alejandro Borreguero, estaba convencido que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, sabía que sería grabada durante el almuerzo que compartió con Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrussola, en el restaurante La Camarga de Barcelona. La popular, en cambio, ha negado cualquier implicación con el escándalo del espionaje.

Su letrado, Rubén Romero, ha explicado este martes que el director de Método 3 encargó a su representado que colocara un micrófono en el restaurante porque Sánchez-Camacho se hubiera puesto nerviosa llevando uno oculto. De ahí, según la versión del arrestado, que se colocara un jarrón de flores con un sistema de grabación y él creyera que la líder popular estaba al corriente.

En un comunicado de prensa, la presidenta del PP de Catalunya ha negado ser "conocedora de la grabación ilegal de la conversación" que mantuvo con Álvarez ni tener ningún tipo de relación con nadie vinculado con la agencia de detectives. De hecho, Sánchez-Camacho ha anunciado querellas por injurias y calumnias contra quienes afirmen lo contrario.

Ni Interior ni PP dan credibilidad a la versión del detenidoEl PP ha calificado la versión de Borreguero de "rotundamente falsa" y cree que son parte de una estrategia de la defensa de este técnico de sonido, detenido el lunes junto a dos detectives y el director de Método 3.

Fuentes policiales confirmaron a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que el Ministerio de Interior tampoco da credibilidad a estas declaraciones y también cree que forma parte de una estrategia del detenido. 

Por otro lado,  la Policía ha dicho no tener constancia de que una comida de la cúpula del Ministerio del Interior en La Camarga fuera grabada por detectives privados, según han explicado a Efe fuentes del Departamento.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y los altos cargos de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña almorzaron en ese restaurante el 30 de abril del año pasado.

El objetivo del encuentro para diseñar el dispositivo de seguridad de la reunión que el Banco Central Europeo (BCE) que se celebró esa misma semana en la capital catalana.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) precisó en un comunicado que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona no ha prohibido la difusión de las grabaciones de la conversación entre Sánchez-Camacho y Álvarez pese a que fuentes del PPC aseguraron que la juez había aceptado dicha petición como medida cautelar. Por el contrario, la magistrada sí reclamará a Método 3 su Libro de Registro como pedía la popular.

La fiscal jefe de Barcelona, Anna Magaldi, ha acordado designar a los fiscales Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo la investigación del caso de espionaje pues su "especial trascendencia y complejidad", así como por su posible relación con otros hechos más graves, obliga a adjudicárselo a profesionales especializados.

• El ministerio del Interior trabaja para agilizar la destrucción de drogas.
• Hay almacenes donde se guarda la mercancía cuya seguridad es "precaria".
• Hasta el mes de diciembre se han destruido 234.000 kilogramos de droga.

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha asegurado este martes que la destrucción de las drogas intervenidas es cada vez más rápida, aunque ha admitido que todavía la cantidad de sustancias quemadas es superior a la incautada, lo que demuestra que la droga lleva "largo tiempo almacenada".

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas en el Congreso, Ulloa ha detallado las acciones emprendidas por el Ministerio del Interior para agilizar el proceso de destrucción de las drogas que las fuerzas de seguridad se incautan en diferentes operaciones.

Así, ha recordado el convenio marco firmado el pasado 3 de octubre con el Consejo del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y los ministerios de Justicia, Inteior y Hacienda para destruir la droga intervenida y evitar que se produzcan robos como el registrado a finales de septiembre en el depósito de Cádiz, donde se sustrajeron casi 300 kilos de droga, la mayoría cocaína.

"El caso de Cádiz es escandaloso de por sí", ha admitido Ulloa que ha calificado de "muy precaria" la seguridad de este almacén, si bien ha abogado no solo por incrementar las medidas de custodia de la droga incautada sino sobre todo por agilizar la destrucción de la misma, una tarea que ha considerado "relativamente viable".

Hasta diciembre de este año el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) ha coordinado la destrucción de 234.000 kilos de droga almacenada en un depósito de Serín (Asturias) y otros 139.000 kilos en Andalucía. "El número total de kilos de drogas destruidos gestionados por CICO es superior al de incautados, es decir se están destruyendo sustancias estupefacientes que llevaban largo tiempo almacenadas", ha subrayado Ulloa.

A estas cantidades de droga quemadas hay que añadir, ha recordado, las destruidas por las diferentes áreas de Sanidad y Política social integradas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

• La próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones.
• El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, dice que esta prohibición se aplicaría cuando las imágenes pongan "en peligro" la integridad del agente.
• Interior matiza que no impediría grabar y tomar fotos en manifestaciones y el propio Cosidó añade que se garantizará "el derecho a informar".
• El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lo considera "muy complicado".

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha avanzado este jueves que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en Internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando.

Cosidó ha asegurado este jueves, durante unas jornadas en Madrid organizadas por los sindicatos CSI-F, CEP y CESI, que "se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" que se encuentren "en el ejercicio de sus funciones".  

El director general de la Policía ha opinado que con esta y otras medidas, que se enmarcarían en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se busca establecer las medidas "más adecuadas" para "facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones violentas".

"En términos generales, se busca establecer las medidas más adecuadas para facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente en cuanto a la integridad física de las personas que puedan ser amenazadas, así como la conservación de bienes públicos o privados o ante situaciones de acción violenta o especial alteración del orden público", ha explicado.

En las jornadas, el director general ha valorado como un "problema que se deriva de estos tiempos complicados" el "incremento de la violencia contra la Policía en momentos puntuales de agitación".

Tras poner como ejemplo manifestaciones como las del aniversario del 15-M o las protestas mineras en Madrid y Asturias, ha remarcado que "este fenómeno aumenta considerablemente la dificultad del desarrollo profesional en tanto que la integridad física de los agentes puede verse comprometida y dañada". Cosidó ha señalado que se trata de "un avance en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y solidaria". 

Interior matiza a Cosidó y el director policial se explica

El Ministerio del Interior ha explicado poco después que la propuesta de Cosidó se encuentra aún en fase de estudio y que su objetivo no sería impedir que se graben imágenes o se tomen fotografías en manifestaciones realizadas en la vía pública.

Fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se han referido como supuestos en los que sí se podría aplicar esta cuestión a aquellos casos en los que la presencia de cámaras de televisión pudiesen poner en peligro el desarrollo de una operación policial o una detención. También la toma de imágenes que supusieran un riesgo para la integridad física de los agentes o para su honor, han añadido las mismas fuentes.

En ese sentido, desde el Ministerio insisten en que la medida, aún en fase iniciaría, no pretende limitar el derecho de la libertad de expresión o información y que tampoco impediría la toma de imágenes en concentraciones.

El propio Cosidó, antes de recibir en la embajada de Colombia una condecoración de la Policía Nacional de ese país por los "servicios distinguidos" de su homóloga española, ha explicado que se hará "con absoluto equilibrio a un principio fundamental del ordenamiento democrático, que es la libertad de expresión y el derecho a la información". Y ha añadido: "Cualquier regulación tendrá muy claro que estos son principios básicos y fundamentales".

"Se trata de evitar, como estamos viendo en ocasiones, que, por ejemplo, en las redes sociales o en Internet aparezcan imágenes de policías con amenazas, identificándoles y, a veces, amenazando también a sus familias". Por ello, el Ministerio estudia "si hay alguna posibilidad, en el marco de nuestro estado de derecho, de evitarlo".

El SUP lo ve complicado

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lo considera "muy complicado". El secretario general del SUP, José Manuel Fornet, ha calificado de "voluntarista" y "oportunista" el anuncio de Cosidó. "¿Cómo se puede determinar y evaluar si la reproducción de una imagen vulnera los derechos de un policía o pone en peligro una operación?", ha asegurado a Efe Fornet que pedirá a Cosidó en el próximo Consejo de la Policía que concrete la iniciativa.

En opinión de este sindicato, mayoritario en el cuerpo, la Dirección General tendrá "problemas legales" si la prohibición queda incluida finalmente en la ley y no se establecen los mecanismos que fijen en qué supuestos un ciudadano puede vulnerarla.

Por ello, el SUP pedirá al director general un informe jurídico sobre la iniciativa que compare además esta medida con las que se adoptan en otros países europeos de nuestro entorno en situaciones similares.

Menos escépticos con esta posible prohibición se ha mostrado el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López de la Torre, que la ve "sumamente positiva" porque, a su juicio, invierte la tendencia de "desatención jurídica" y "a veces hasta la presunción de culpabilidad" de los agentes.

"En demasiadas ocasiones se filtran datos de carácter personal de policías y se ponen a disposición de la red y esto suponen situaciones muy peligrosas", ha asegurado López de la Torre que ha denunciado la difusión en la red de fotografías que piden la colaboración de los internautas para que busquen al agente.

"Todo lo que sea favorecer la garantía jurídica de los policías a nosotros nos parece bien y es un paso adelante", ha subrayado el secretario general de la CEP tras reunirse con el propio Cosidó y otros sindicatos de funcionarios para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas de seguridad.

• "La jurisprudencia dice que ningún derecho fundamental es ilimitado, tampoco este", asegura Fernández Díaz.
• Añade el ministro que las manifestaciones se pueden "prohibir cuando haya razones fundadas de peligro contra personas o bienes".
• ¿Hay que "modular" el derecho de manifestación?

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado este martes en el Senado que no tiene intención de modular el derecho de manifestación y reunión tal y como se recoge en la Constitución, pero ha advertido de que este derecho "no es ilimitado", al tiempo que ha recordado que Interior trabaja en reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar la presencia en las concentraciones de minorías violentas.

"No tenemos en absoluto la voluntad de modificarlo, ahora bien, sí que tengo que decir que la jurisprudencia dice que ningún derecho fundamental es ilimitado, tampoco este", ha dicho el ministro al ser preguntado en el pleno del Senado por la propuesta de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular este derecho.

Fernández Díaz ha dicho que "el Gobierno no se plantea modular la actual redacción jurídica del derecho de reunión y manifestación recogido en la Constitución", pero luego ha admitido, "eso sí, que Interior está trabajando en un Proyecto de Ley Orgánica sobre Seguridad Ciudadana para proteger el derecho de seguridad ciudadana donde se dice que sean manifestaciones pacíficas para evitar que se integren minorías violentas".

Ha recordado que es "la propia Constitución la que dice que las manifestaciones deben ser pacificas y sin armas" y que ha apuntado que se pueden "prohibir cuando haya razones fundadas de peligro contra personas o bienes". "Vamos a reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana para que cuando los ciudadanos se manifiesten puedan hacerlo en paz", ha zanjado.

• La junta de tratamiento de la cárcel estudiará la propuesta concesión del tercer grado este viernes.
• El juez de la Audencia Nacional, Santiago Pedraz, ha pedido que se estudie esta posibilidad.
• Iosu Uribetxeberria ha dicho que "salga como salga" del hospital "no se haga ninguna locura".

Jorge Fernández Díaz, ministerio del Interior, ha dicho este jueves que Instituciones Penitenciarias decidirá este viernes por la tarde si otorga el tercer grado al etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, uno de los secuestradores del funcionario del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en 1996.

Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista a TVE en la que ha denunciado, refiriéndose a la huelga de hambre que mantienen más de dos centenares de presos etarras en apoyo a su compañero, que "ni la izquierda abertzale ni ETA ni el propio Bolinaga han tenido la más mínima compasión en estos momentos hacia la persona de José Antonio Ortega Lara que durante 532 días estuvo enterrado en vida".

"Evidentemente huelgas de hambre o cualquier otro tipo de iniciativas ni nos han afectado ni nos van a afectar", ha resaltado Fernández Díaz.

Las manifestaciones del ministro se han producido después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya pedido a Prisiones que estudie la posibilidad de conceder el tercer grado a Uribetxebarria a la espera de recibir informes médicos actualizados del Hospital Donostia de San Sebastián sobre su estado de salud.

Según el ministro, este viernes por la mañana la junta de tratamiento de la cárcel estudiará esta propuesta y por la tarde resolverá la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Ha explicado que si Prisiones considera que se le puede aplicar el tercer grado será "a los únicos efectos de un expediente de libertad condicional".

Dicho expediente llegaría el próximo lunes al Juzgado Central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional quien "tendría la ultima palabra", ha añadido.

Este jueves, el Servicio Vasco de Salud ha emitido un comunicado en el que señala que "los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas hasta el día de hoy" al etarra indican que "la situación clínica del paciente" es "irreversible".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó el pasado 1 de agosto trasladar al etarra desde el centro penitenciario de León, donde se encontraba ingresado hasta ahora, a un centro sanitario de referencia de la cárcel de Zaballa (Álava), que es el Hospital Donostia de San Sebastián.

• El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había afirmado que "el fin no justifica los medios" y que ordenó detener a los responsables de la acción.
• Ha criticado a Gaspar Llamazares por apoyar al diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, que participó en los hechos.
• El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha instado al fiscal general del Estado, Eduardo-Torres Dulce, a investigar lo ocurrido por si fuera delito.

La Policía Nacional ha detenido ya a dos personas por su presunta implicación en el asalto del Mercadona de Écija (Sevilla) hace dos días, según ha confirmado el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.

La primera fue arrestada en Hornachuelos (Córdoba) y se encuentra en la comisaría sevillana de Blas Infante; la segunda detención se ha llevado a cabo en la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, siendo trasladado este miembro del SAT hasta dependencias de la comisaría central de la ciudad de Málaga.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, había anunciado que la Policía y la Guardia Civil tenían la orden de detener a los responsables de los asaltos a dos supermercados en los que participó el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU). "El establecimiento ha presentado una denuncia y la Policía y la Guardia Civil tienen órdenes de detener a los autores y ponerlos a disposición judicial", aseguró Fernández Díaz.

"Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", destacó Fernández Díaz, que ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".

El titular de Interior criticó duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha censurado que se le quiera dar una "trascendencia penal" a la protesta "simbólica" del sindicato.

Por ello, Fernández Díaz trasladó su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que a su vez ha instado al fiscal general del Estado, Eduardo-Torres Dulce, a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito.

"He hablado personalmente con el ministro de Justicia sobre estos graves hechos y el ministro de Justicia va a trasladar a la Fiscalía General del Estado estos hechos a los efectos de que actúe como en derecho proceda", avanzó este miércoles por la mañana.

Según el titular de Interior, aquellos dirigentes políticos que "lideran e incitan" este tipo de actuaciones, además de incurrir en actos delictivos, "cometen una gravísima irresponsabilidad de la que tendrán que dar cuenta". En este sentido, Fernández Díaz dejo claro que "en ningún caso" se va a permitir que se viole la ley, entrando por la fuerza en un supermercado para llevarse alimentos sin pagar y "ejerciendo violencia sobre algunos empleados".

El ministro del Interior reconoció que la gente "lo está pasando mal" por la crisis, pero ha insistido en que el fin no justifica los medios.  "Una sociedad civilizada y democrática no puede permitir que la gente tome la justicia por las manos. Si se generalizaran este tipo de conductas esto sería la ley de la selva, evidentemente no lo vamos a permitir", concluyó.