EFE - Una nueva regulación que entrará en vigor el 1 de julio obligará a los empleadores a regularizar la situación de las las empleadas del hogar.
- Con esta nueva normativa se contempla tanto a trabajadoras a tiempo completo como parcial.
- Los empleadores que no cumplan con la nueva regulación, podrán ser sancionados con multas que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros.
Más de 50.000 empleadas de hogar, que trabajan por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social, pasarán a formar parte de la economía sumergida española si en el plazo de tres semanas sus empleadores no regularizan su situación.
La nueva regulación, que entra en vigor el 1 de julio, también afecta a aquellas empleadas a tiempo parcial que no estaban obligadas a cotizar y que ahora deben hacerlo desde la primera hora de trabajo.
Muchas de esas trabajadoras temen que este cambio se traduzca en una reducción de sus ingresos, porque aunque corresponde al empleador pagar esa cuota, en la práctica supondrá en muchos casos un descuento de su salario.
Con la nueva regulación, el empleador debe dar de alta, antes del 30 de junio, en el Sistema Especial de Empleados del Hogar a sus empleados, con total independencia del número de horas de prestación de servicios.
A partir de ese momento, el trabajador, la mayoría mujeres, tiene derecho a las mismas prestaciones que tienen reconocidas el resto de los afiliados del Régimen Especial, como incapacidad temporal, pero no a cobrar desempleo.
Los que no estén afiliados en este nuevo régimen quedarán en situación de desprotección ante cualquier accidente laboral y a los empleadores se les podrá imponer sanciones de entre 3.000 a 6.000 euros.
Del total de 321.190 empleados del hogar afiliados a la Seguridad Social, 151.934 ya se han integrado en el Régimen General y 169.256 aún no lo han hecho.
De estos últimos, 116.235 son empleados continuos, que ya estaban contratados por el empleador y que pasarían a la nueva regulación, mientras que los contratados a tiempo parcial o trabajadores por horas, que se pagaban su propia cotización, 53.021 quedarían fuera de la ley y por tanto en la economía sumergida.
El Gobierno ha admitido que el ritmo de incorporación no es el esperado y se está planteado la necesidad de adoptar "medidas transitorias" para que miles de personas no se queden desde esa fecha en una situación "indeseable" de desprotección, según indicó el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Previsiones poco alentadoras
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el primer trimestre de este año había 507.700 personas trabajando como personal doméstico; de ellas 495.400 mujeres y 12.300 hombres.
Cristina García Sainz, de la Universidad Autónoma, opina que "aunque la gente no quiera esa situación, va a seguir en la economía sumergida, en buena medida", sobre todo "ante situaciones de empleadores poco solventes, que no pueden competir a precios de mercado y no pueden pagar un sueldo y una seguridad social que les incrementa ese coste laboral".
Incluso, puede desaparecer "la posibilidad que hasta ahora tenía esa población poco solvente de poder tener una pequeña ayuda doméstica, o como le queramos llamar, para cubrir esas carencias del Estado de Bienestar, que en nuestro país es muy deficitario", indica la profesora de sociología.
La experta pronostica que "habrá empleadores que digan que les compensa hacer ese esfuerzo económico", pero en otros, lo descontarán del sueldo y por tanto lo asumirá el trabajador.
Para la profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, "el efecto real de la ley será el no cambio" porque los empleadores piensan que a "ellos les han bajado el sueldo, no quiere bajárselo a su trabajador, pero tampoco quieren aumentar el gasto".
"Las cifras significan muy poco, porque es un sector volátil y no reglamentado suficientemente", indica Durán.
En algunas trabajadoras, que hasta ahora no estaban obligadas a cotizar porque trabajaban menos horas de las que marcaba la ley, también pesa el hecho de que la nueva regulación no les da cobertura de desempleo, añaden.
Las españolas por horas, las extranjeras internas
"Hay cada vez más mujeres españolas que ante la falta de ingresos familiares o ante la pérdida de sus empleos anteriores ofrecen su trabajo por unas horas nada más, como complemento a la pérdida de ingresos familiares", explica la catedrática María Ángeles Durán.
La investigadora, directora de la Cátedra Unesco de Políticas de Igualdad de la Universidad Autónoma, asegura que las estadísticas todavía no recogen este cambio de perfil de la empleada del hogar, pero defiende que ya se está notando, "se palpa que se ha producido", además del aumento de la carga de trabajo del hogar en las madres.
"Ya se ha notado la reducción de personas en residencias, que era trabajo delegado fuera del hogar, se está sacando a las personas mayores de las residencias porque no se pueden pagar o se están quitando horas a los niños de sus actividades complementarias y ese peso recae sobre la madre", apunta la catedrática.
La profesora de sociología de la Universidad Autónoma Cristina García reconoce que tiene la impresión de que "mientras las trabajadoras inmigrantes se han incorporado a los hogares donde trabajan como internas, está creciendo otro sector de población autóctona o española que se dedica al servicio doméstico como externa, por horas".
Entre 3.000 y 6.000 euros de sanción
La legislación prevé sanciones para los empleadores de entre 3.000 y 6.000 euros que no hayan dado de alta en la Seguridad Social a su empleado de hogar, recuerda Carmen López, de UGT.
"Con una sola hora de trabajo en un hogar, deben estar dadas de alta por el empleador. En cada casa que trabaje debe estar dada de alta, aunque en una de ellas tenga ya un contrato de ocho horas", aclara la responsable de Política Social.
Advierte de que en caso de accidente de trabajo, el responsable del hogar tendrá "un problema serio y que es correr con todos los gastos".
La responsable sindical anima a aquellos empleadores que todavía no lo han hecho, a regular, en estas semanas, a sus trabajadoras.
"Creo que a ningún trabajador de este país, que a la vez es empleador, les gustaría que les dijeran, a ellos o a miembros de su familia, que fueran a trabajar sin contrato", opina.
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