• La reforma educativa ha sido aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.
• El Gobierno pagará la educación en castellano en colegios privados catalanes.
• Diversos colectivos educativos dicen que la ley de Wert nace "muerta".
• Rechazo unánime del sector educativo y de los partidos en Cataluña.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La también conocida como Ley Wert supone una reforma que ha suscitado las protestas de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios, provocando incluso una huelga general de la enseñanza el pasado 9 de mayo. Entre las medidas que contempla se encuentran el impulso de la Religión, la posibilidad de que las universidades puedan convocar pruebas de acceso específicas y la definición por parte del Estado de los contenidos y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales y los criterios de evaluación de las específicas.

Enseñanza en castellano

El Estado adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña. Será de forma "transitoria" y, en todo caso, recuperará el dinero —calculado en cinco millones de euros para cada 1.000 alumnos— detrayéndolo de la partida que corresponda en el marco de la financiación autonómica. "Hablamos de algo muy excepcional y de un mecanismo que en la disposición adicional se plantea como subsidiario", ha dicho el ministro.

Religión y su alternativa contarán para la media del curso

La asignatura de Religión y su alternativa —Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria— serán evaluables y la nota contará para la media del curso "a todos los efectos", ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, "como el resto de las asignaturas". Los alumnos no habrán de examinarse de ellas en la prueba final de etapa que hay que superar para poder titularse en ESO. La nota final de ESO no obstante se obtendrá de manera ponderada entre la media de las calificaciones de las materias cursadas en la etapa (70% de valor) y el resultado de la evaluación externa final (30%).

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede —no se consideran troncales—, se podrán cursar como optativas desde Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes. En bachillerato, la Religión será optativa y no tendrá alternativa.

Cambios en el modelo de asignaturas

Cambia el modelo de enseñanzas mínimas en virtud de un sistema de troncales, específicas y de libre configuración. El Estado definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las primeras y los criterios de evaluación de las segundas. Las terceras serán definidas por las comunidades, al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.

Uno de los puntos más confictivos de la norma fue la oposición de varias autonomías a la homogeneización de los contenidos educativos en todo el territorio nacional.

Desaparece Educación para la Ciudadanía

La asignatura de Educación para la Ciudadanía se diluye en "contenidos transversales" recogidos en todas las materias.

Creación de itinerarios en cuarto de ESO

El último curso de la enseñanza obligatoria tendrá dos opciones: de iniciación al bachillerato y a la FP. Los itinerarios hacia la FP y el bachillerato se adelantan así a tercero de ESO a través de asignaturas optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en cuarto. "El último curso de la ESO será de bifurcación a la vida académica o a la laboral", ha afirmado el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Nueva FP básica y reforma del bachillerato

Se prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a alumnos de 15 años. Se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se facilita el paso hacia la FP de grado superior.

Respecto al bachillerato, tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP.

No se pasa de curso con más de dos suspensos

No se podrá promocionar con más de dos suspensos y nunca si las dos asignaturas que no se han aprobado son troncales o una troncal y una lengua cooficial. De este modo, quien suspenda, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir. Si las suspensas son matemáticas y música, podrá pasar de curso. Si los suspensos son tres, el alumno no promocionará, aunque una de las asignaturas sea Religión.

Evaluaciones externas y supresión de la selectividad

Habrá evaluaciones para todos los alumnos al final de cada etapa. El proyecto cambia respecto del redactado inicial: las pruebas de Primaria se realizarán en tercero y sexto y a nivel nacional pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades autónomas. Estas pruebas medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo y estarán diseñadas para la detección temprana de problemas.

Por contra, la evaluación externa al término de ESO —una para cada opción de iniciación (bachillerato o FP)— y la que se impondrá al final del bachillerato serán asunto del Ministerio de Educación porque servirán para la obtención del título. Además de los conocimientos se medirán competencias como la comprensión, el razonamiento crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias. En todos los casos, los controles serán realizados y corregidos por personal externo al centro.

El bachillerato tendrá las modalidades de ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes. La evaluación final servirá para obtener el título de bachiller, que facultará para acceder a la educación universitaria, aunque las universidades pueden convocar, además, pruebas específicas. Desaparece así la Selectividad y los sectores críticos hablan de "reválida".

Educación diferenciada

La LOMCE reconoce a los centros que separan a los alumnos por sexos el derecho a acceder a conciertos económicos siempre y cuando garanticen, en línea con las indicaciones de la UNESCO, que proporcionan el mismo nivel educativo y ofrecen las mismas condiciones a los niños que a las niñas, extremo que deberán justificar los centros cuando soliciten la financiación pública, según han explicado fuentes del Ministerio de Educación.

Mayor autonomía para los centros

Los centros dispondrán de más autonomía para configurar una oferta formativa propia y para la gestión, lo que significa rendición de cuentas.

Práctica diaria de ejercicio físico

La reforma educativa promueve la práctica "diaria" de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar. Así lo recoge la disposición adicional cuarta de la reforma, que contempla la obligación de las Administraciones públicas de promover la actividad física y la dieta equilibrada en los centros de enseñanza.

En este sentido se pronunció recientemente la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunciando que el Gobierno pretendía implantar una hora de gimnasia al día en los colegios, tras recordar que uno de los principales problemas de los niños españoles era el exceso de peso.

• El Ejecutivo balear califica la decisión del monarca de "positiva y responsable"
• Los socialistas reclaman que se devuelvan a Baleares los 2,7 millones que la Administración autonómica pagó por la embarcación.
• Don Juan Carlos renuncia al uso del yate 'Fortuna'.

El Gobierno buscará la mejor utilización para el yate Fortuna, a cuyo uso ha renunciado el rey, una vez que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional apruebe la "desafectación" de la embarcación, lo que supondrá que deje de estar adscrita al uso exclusivo de la casa real y que pase a formar parte de Patrimonio del Estado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que en el momento en que el yate pase a formar parte de los bienes de Patrimonio del Estado se estudiarán los distintos usos que pueden darse al buque "en las mejores condiciones" y se buscará el que sea "mejor, más eficiente y más rentable".

Don Juan Carlos ha renunciado al uso del Fortuna, que fue donado a Patrimonio Nacional hace 12 años para uso de la familia real por un grupo de empresarios de Baleares en colaboración con el Gobierno autonómico. Este último ha calificado de "positiva y responsable", ante la actual coyuntura de crisis económica, la decisión de don Juan Carlos.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno de este viernes, la portavoz del Ejecutivo balear, Nuria Riera, ha sido preguntada por este asunto y por si el Gobierno regional solicitará los 2,7 millones que pagó en su día por esta embarcación, además de los 18 millones que aportaron los empresarios mallorquines. Riera ha contestado que este asunto no se ha tratado en la reunión.

El PSOE por su parte sí ha reclamado que se devuelvan a Baleares esos casi tres millones de euros. La portavoz del grupo socialista en el Parlamento balear, Francina Armengol. El Fortuna tuvo una subvención a través de una fundación turística del Ejecutivo balear, presidido entonces por Jaume Matas, "al que le gustaban mucho estas cosas", ha señalado.

"La pagaron los ciudadanos de las Islas Baleares, no es un regalo de Matas, de su dinero, sino que lo pagó con el dinero de otros. Ahora que lo devuelvan, como sea. [El dinero] debe ser de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Solo nos faltaría que nos suban los impuestos aquí y se lo queda todo el Estado", ha manifestado la líder socialista.

• Wert ha indicado que se trata de una medida "excepcional y transitoria".
• El gasto se descontará de la financiación autonómica.
• Se introducen evaluaciones al final de la Primaria, la ESO y Bachillerato.
• La religión contará para la nota media de los alumnos.
• "El 4º del a ESO será un curso de bifurcación entre la vida académica y la vida laboral", ha asegurado el ministro de Educación.

El Gobierno ya ha aprobado la porlémica reforma educativa de Wert que, entre otros cambios, introduce nuevas evaluaciones externas, modifica los últimos cursos de la ESO y convierte la religión en asignatura evaluable.

Uno de los puntos más confictivos de la norma fue la oposición de varias autonomías a la homogeneización de los contenidos educativos en todo el territorio nacional. La Lomce cambia el modelo de enseñanzas mínimas y el Estado será quien definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales y los criterios de evaluación de las específicas. Las demás, de libre configuración, serán definidas por las comunidades autónomas, al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.

En materia de lengua cooficiales, el Estado adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña, aunque luego lo recuperará detrayendolo de la financiación autonómica.

Para ello, la memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. La cantidad podría ser mucho menor, pues Cataluña dice que en un año sólo lo han solicitado 17 familias.

Wert ha indicado que esta medida es  "excepcional y transitoria" y que afectará "exclusivamente" a aquellos sistemas educativos en los que se plantea el uso de una sola lengua cooficial, en concreto la propia, y no se garantiza el derecho a estudiar en castellano.

Ha dicho que el pago de la escolarización en centros privados no repercutirá a las autonomías con modelos bilingües integrados, donde coexisten el sistema que da preferencia a la lengua cooficial pero con la posibilidad también de usar el castellano como lengua vehicular.

La religión cuenta para nota

La Lomce establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa, 'Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria', serán evaluables y la nota contarán para la media del curso como el resto de las asignaturas.

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede , se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes.

Evaluaciones externas

La ley impondrá evaluaciones externas al final de la Primaria, ESO y Bachillerato que serán iguales en toda España. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad. Además, habrá otra prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos.

"La única prueba a la que se sometían los estudiantes carecía de utilidad porque se hacía al final de la educación secundaria", ha afirmado Wert.

Las prueba de secundaria y Bachillerato sí afectarán al expediente académico del estudiante, aunque según ha explicado el ministro, "no son las reválidas ni pruebas de conocimientos". "Las evaluaciones no son obstáculos, sino caminos de señalización para permitir la mejora", ha dicho Wert.

Se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspensas, siempre y cuando no sean la lengua y las matemáticas.

Orientación a la vida laboral

Los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato se adelanta a 3º de la ESO a través de asignaturas optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO. "El último curso de la ESO será de bifurcación a la vida académica o a la laboral", ha afirmado Wert.

En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior.

Alto abandono escolar

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Educación han explicado que los malos resultados de la educación en España y la altas tasas de abandono escolar y desempleo juvenil son la motivación para sacar adelante esta reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Según han expuesto los dos miembros del Ejecutivo, uno de cada cuatro alumnos abandona la educación sin el título de secundaria, el doble de la media europea, y la tasa de los jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan es del 23,7%.

Además, el 40% de los jóvenes de 15 años ha repetido curso alguna vez, según ha dicho Wert. "Hay medio millón de repetidores que están costando al sistema 2.500 millones de euros", ha afirmado el ministro,"todo lo que contribuya a reducir esa tasa tiene importancia, no solo educativa, sino también económica".

Ayuda europea

El proyecto de LOMCE recoge una novedad: la posibilidad de hasta un 60% de los costes directos de implantación de la norma sean cofinanciados por el Fondo Social Europeo. En concreto, el 95% de todo lo que va a costar al Gobierno implantar la ley se debe a la creación de itinerarios en 4 de la ESO (harán falta más profesores) y de la Formación Profesional Básica, sin embargo, ambos aspectos son susceptibles de recibir dichos fondos europeos, pensados para educación y lucha contra el paro juvenil, y Educación confía en que así sea.

En total, Educación calcula que el primer año el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero.

Si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, (tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP), las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del "éxito" que tengan en la implantación de la reforma.

• Ha sido conducido a comisaría antes de ser trasladado al aeropuerto después de que el CNI dijera que supone una amenaza para la seguridad.
• El Ministerio de Interior ordenó su expulsión por promover el salafismo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a Noureddin Ziani después de que el Ministerio del Interior haya ordenado su expulsión de España por promover el salafismo, y ya ha sido expulsado a Marruecos por vía aérea, ha informado su abogada, Fatima-Zhora Bouhya.

Según la abogada, Ziani ha sido detenido en Barcelona por agentes de la Policía Nacional y conducido a comisaría antes de ser trasladado al aeropuerto para su expulsión a su país de origen, Marruecos. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había pedido la salida de Ziani de España por representar una amenaza para la seguridad nacional.

El Ministerio del Interior ha ordenado su expulsión después de que una investigación del CNI, que duró tres años, demostrase que el marroquí, afincado en Cataluña, llevaba a cabo actividades de difusión del salafismo.

El secretario de Organización de CDC, Josep Rull, instó el pasado miércoles al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a presentar pruebas "contundentes" de que la razón para expulsar al marroquí Noureddin Ziani de España radica en sus actividades de difusión del salafismo radical.

Colaboraba con CDC

Ziani es un dirigente musulmán con el que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) contaba para atraer hacia el independentismo a las numerosas comunidades islámicas de Cataluña.

Tras una investigación exhaustiva de más de tres años, el CNI demostró, según aseguró en su día este centro de inteligencia, que Ziani realizaba actividades de difusión del salafismo que suponían una amenaza contra la seguridad nacional.

Por ello, solicitó al Ministerio del Interior la expulsión del ciudadano marroquí en aplicación de la Ley de Extranjería.

Algunos dirigentes de CDC y del gobierno catalán insinuaron estos días pasados que el proceso abierto para expulsar a Ziani respondía a que se encarga de difundir el soberanismo catalán entre inmigrantes musulmanes.

Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desmintió el pasado miércoles que el expediente de expulsión abierto a Noureddin Ziani obedeciera a su apoyo al soberanismo catalán, sino por promover el salafismo y el islamismo radical, algo que ya le costó su expulsión de otro país europeo, según recordó.

El propio Ziani habló el martes con los medios de comunicación, negó ser un salafista radical y se mostró "indignado" por no poder defenderse de una acusación que, según él, podría guardar relación con su apoyo al soberanismo en Cataluña. "Me acusan de ser salafista radical y yo, en mi vida, nunca he fomentado el radicalismo; al contrario, hasta los imanes se han reído de estas acusaciones", afirmó.

• Economía asegura que la rebaja de la tensión en los mercados permite acceder con normalidad a la financiación mayorista.
• Berlín sí habría preferido que se utilizasen los 100.000 millones disponibles para sanear la banca y de los que finalmente se han empleado 40.000.
• El líder del PSOE solicita al presidente que recurra más al fondo previsto para hacer una "recapitalización preventiva".

La relajación de las tensiones en los mercados de capitales que permiten al Tesoro y a los bancos españoles acceder con normalidad a la financiación mayorista implica que España no tendría que recurrir al dinero sobrante del rescate bancario en caso de aparecer nuevas necesidades de capital o mayores provisiones. Así lo han asegurado a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía.

Las fuentes consultadas apuntan que "no hace un año", España realizó unas severas pruebas de estrés a la banca que arrojaron unas necesidades de capital que ya se han cubierto. Con anterioridad, se aprobaron dos decretos de provisiones dirigidos a sanear créditos dudosos inmobiliarios o con riesgo de serlo, "que también se han cubierto". "En conjunto, se han destinado unos 150.000 millones. Además se han traspasado activos a Sareb", añaden.

En las últimas semanas, a raíz de la decisión del Banco de España de exigir a las entidades españolas una revisión de la valoración de los préstamos refinanciados en su cartera, diversos medios internacionales han expresado su preocupación por la posible emergencia de pérdidas que hicieran necesarias provisiones adicionales.

El diario Financial Times advertía de que los bancos españoles podrían recibir un nuevo "golpe financiero" al asumir nuevas provisiones en relación con su cartera de préstamos reestructurados, cuyo valor asciende a unos 200.000 millones de euros. El periódico de cabecera de la City considera que esta decisión refleja "la preocupación entre los reguladores españoles de que los bancos todavía sigan evitando admitir completamente el alcance del daño causado en sus cuentas por la crisis económica en España".

Según una alta fuente del Gobierno alemán citada por El País, Berlín habría preferido que España hubiera hecho uso de la totalidad de los 100.000 millones de euros puestos a su disposición por sus socios europeos para sanear la banca y de los que, finalmente, solamente se han empleado 40.000 millones. El pasado enero se hicieron efectivos 36.968 millones, para las cuatro entidades nacionalizadas: Bankia, Catalunya Banc, NCG y Banco de Valencia. En la segunda fase, que se completó a mediados de marzo, se inyectaron otros 1.261 millones en varias entidades del grupo 2, BMN, Liberbank y Caja3.

Rubalcaba pide a Rajoy que haga caso a Alemania

La postura de Alemania es compartida por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien este jueves ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que recurra más al fondo disponible del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para hacer una "recapitalización preventiva" que evite que en un futuro se tenga que volver a apoyar a la banca.

"Quién iba a decir a los socialistas que en este debate Alemania iba a posicionarse con nosotros; que hay una línea de crédito barata que puede utilizarse para recapitalizar de forma preventiva a los bancos y que llegue a las pymes", ha subrayado, tras criticar al Ejecutivo del PP por no haber utilizado más ese dinero.

Según Rubalcaba, la economía va a seguir decreciendo, y si no se hace algo los bancos pueden tener dentro de un año muchos créditos fallidos de empresas, así como de hipotecas, lo que puede plantear problemas de capitalización a las entidades financieras.

El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones tras reunirse, junto al presidente de Asturias, Javier Fernández, con los máximos dirigentes de UGT y CC OO del Principado, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, respectivamente, para presentarles el plan socialista para reactivar la economía y combatir el desempleo. A este respecto ha afirmado que no ha recibido ninguna contestación de Rajoy a su propuesta, pero que supone que la tendrá tras la reunión que el presidente ha mantenido con los agentes sociales este jueves en Madrid y que, según ha añadido, "no ha dado de sí todo lo que se esperaba".

• El Gobierno espera que la tramitación parlamentaria se complete en el Senado a la vuelta de las vaciones de verano.
• La casa real y la iglesia son dos de los principales puntos de debate.

La Ley de Transparencia, que entró en el Congreso hace ocho meses, va a arrancar su tramitación parlamentaria con idea de presentar enmiendas la próxima semana y celebrar el primer debate en sesión plenaria el próximo día 30 de mayo, según han acordado los grupos parlamentarios reunidos este jueves con el Gobierno.

El Ejecutivo ha prometido flexibilidad para adaptar su proyecto inicial a las demandas que los grupos parlamentarios y los expertos han venido lanzando en estos meses, como la inclusión de la Casa del Rey y de aquellas entidades privadas que, como partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, se financian "sustancialmente" con dinero público.

No obstante, se mantienen las posiciones distantes en temas como la independencia de la futura agencia estatal que vigilará la aplicación de la ley y en las medidas de 'Buen Gobierno'.

El calendario que se baraja arrancaría con la presentación de las enmiendas de totalidad contra el proyecto del Gobierno, el próximo martes día 21, y el debate de las mismas en el Pleno del día 30, posiblemente con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defendiendo el texto del Ejecutivo.

En estas semanas se pretende encajar también las últimas comparecencias de expertos, en este caso de los representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales.

Después se presentarán enmiendas parciales, previsiblemente el 11 de junio, y a partir de ahí reuniones de ponencia y en la Comisión Constitucional para buscar acuerdos en la redacción de un texto legislativo, basado en el proyecto inicial del Ejecutivo pero actualizado con las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Los 'populares' han aceptado la petición de los grupos de que haya un debate en el Pleno antes de remitir la norma al Senado, probablemente en julio. La tramitación parlamentaria se completará en la Cámara Alta a la vuelta del verano y estará definitivamente terminada antes de final de año.

No obstante, según prevé el proyecto, las medidas sobre transparencia no entrarán en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cómo afectará a la Casa del Rey?

En la reunión, organizada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y a la que faltó UPyD, se habló del ámbito de aplicación de la ley, habida cuenta de que el texto original se limitaba a las Administraciones Públicas y en estos meses se ha gestado una unanimidad para que afecte también a la Corona, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, y todas aquellas entidades privadas que se nutran "sustancialmente" de financiación pública.

Respecto a la inclusión de Casa del Rey, la institución se mencionará en el artículo 2, junto con las Cortes, órganos judiciales y el Defensor del Pueblo, entre otras, aunque en la reunión no se han cerrado más detalles.

Según ha subrayado Esteban González Pons, que encabezó la delegación del PP, la Jefatura del Estado "va a ser una institución transparente, en igualdad de condiciones que el resto" porque "no va a haber en la ley ninguna excepción referida" a ella.

Pero la Constitución establece que el Rey distribuye su presupuesto libremente, sin que deba dar cuenta de ello. Desde el PSOE entienden que la ley no puede cambiar la Carta Magna, pero también sostienen que no debería haber "restricciones específicas".

Según la socialista Meritxell Batet, la cuestión es cómo se interpretan los límites, pero a su juicio la Casa del Rey debería ofrecer la misma transparencia que el Congreso y mostrar lo que sus miembros ingresan, lo que tienen y lo que gastan en su actividad pública.

Para Jordi Jané, de CiU, "la Corona entra plenamente" en el capítulo de instituciones sujetas a transparencia y espera que la ley fije los detalles y que su mención en la ley no sea una mera "cortina de humo".

También se ha confirmado el acuerdo para la inclusión de los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, aunque aún hay que determinar cómo afectará la norma a otras entidades como organizaciones no gubernamentales o empresas que reciben fondos públicos.

El PSOE quiere meter a la iglesia

La idea es fijar una cantidad de fondos públicos, ya sea mediante  porcentaje, como defiende el Gobierno, o en cantidades globales, una fórmula que baraja el PSOE. Pons habla de un "porcentaje elevado de los presupuestos", mientras que el PSOE lo concreta en un 40% del total o bien una cantidad neta anual (10 ó 20 millones de euros). Por ahí es donde el PSOE quiere incluir a la Iglesia.

Ayllón da a entender que, aunque la ley no incluirá una lista cerrada de entidades, la Iglesia podría verse concernida: "Si en alguna de sus formas jurídicas recibe una parte de fundamental de sus presupuestos del erario público, tiene que estar en la ley", ha comentado.

Respecto al régimen sancionador, según ha explicado Pons, se va a estudiar qué tipo de sanciones deben fijarse, tanto para las administraciones públicas, lo que a priori resulta más fácil, como para las entidades privadas, que entraña más dificultades. La ley ya incluye algo en ese sentido y el Gobierno asegura no tener "ningún inconveniente" en definirlo más.

Batet entiende que no tendría sentido que no hubiera sanciones para una administración que no ponga a disposición de los ciudadanos la información.

El PSOE también quiere acotar los límites a la difusión de información o al menos que las denegaciones de información también se publiquen para poder ver cómo se aplica la ley: "Es la Transparencia de la Transparencia" sostiene.

Por su parte, CiU quiere añadir otros asuntos como un mecanismo para evaluar el cumplimiento de resoluciones parlamentarias, un Inventario de bienes de la Administración General del Estado, y la regulación de los lobbies o grupos de influencia, un tema que el Gobierno prefiere enmarcar en la reforma del Reglamento del Congreso que está abierta.

La independencia de la agencia evaluadora

Uno de los principales escollos entre el PSOE y el PP está en la futura Agencia de Evaluación de la Transparencia, la entidad que tendrá que fiscalizar si la administración cumple o no sus obligaciones.

Para los socialistas, debe reforzarse su independencia del Gobierno, con un responsable nombrado por el Parlamento y un mandato más allá de la legislatura (nueve años, por ejemplo).

"El Gobierno no parece en condiciones de garantizar esa independencia que queremos —sostiene Batet—. Es el tema donde están más reticentes, pero es una de las patas que nos parece que hay que reforzar". También CiU ha demandando un "mayor consenso sobre la independencia" de este órgano.

Ejecutivo y oposición chocan también en la segunda parte del proyecto de ley, referido a las medidas de 'Buen Gobierno' que, entre otras cosas habilitan al Ministerio de Hacienda para sancionar e incluso cesar a responsables municipales por supuesta mala gestión, algo que PSOE y los nacionalistas consideran contrario a la Constitución e invasivo con las competencias locales y autonómicas.

En aras del consenso, el PSOE no se plantea una enmienda de totalidad pero ya avisa de que, si no se tocan estos aspectos, no apoyarán el texto. Tanto PNV como CiU amagan con presentarla por ese título del 'Buen Gobierno'.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ve "disposición" y "buena voluntad" para mejorar el proyecto que en su día presentó el Gobierno y alcanzar un acuerdo para que aprobar una "ley de todos y para todos".

Según González Pons, se está "construyendo un importante consenso" para sacar adelante una ley que sirva como un instrumento eficaz contra la corrupción. "Un país transparente es casi seguro un país sin corrupción", ha sentenciado.

• Las compañías sostienen que el Ejecutivo no hace "todo lo que debiera" para ayudar a combatir la morosidad.
• Así se desprende del Índice de Riesgo 2013 realizado por una compañía.
• Estos impagos suponen pérdidas de 25.400 millones de euros.

El 94% de las empresas españolas no cree que el Gobierno esté haciendo "todo lo que debiera" para ayudar a las empresas a combatir la morosidad aunque los impagos se mantienen estables en relación a 2012 con unas pérdidas de 25.400 millones de euros.

Así se desprende del Índice de Riesgo 2013 elaborado por la empresa Instrum Justitia y presentado este lunes a los medios, tras una encuesta completada por 9.800 empresas de 31 países entre enero y marzo de este año y que analiza los hábitos de pago de consumidores, empresas y administraciones públicas.

No obstante y según el Índice de Riesgo (que también recoge la situación macroeconómica del país), España empeora 3 puntos hasta los 173 lo que sitúa al país "en una situación de emergencia" donde, según la multinacional sueca, es necesario "implementar de inmediato medidas coercitivas para disminuir el nivel de riesgo".

El estudio también revela que el plazo de pago de las administraciones públicas españolas se ha reducido en cinco días, situándose en 155, aunque muy lejos de los 30 que marca la directiva europea.

Sin embargo y pese a este descenso, España es el segundo país con el plazo medio de pago más largo: 99 días, sólo superado por Italia con 113 días. Con esta cifra España continúa duplicando la media europea que se sitúa en 48 días, frente a los 51 de 2012.

Se paga cinco veces más tarde

El estudio, presentado por la directora Comercial de la multinacional, Cristina Aparicio, desglosa el tipo de pagador y si bien las administraciones públicas han reducido el pago de 160 días en 2012 a 155 este año, aún se quintuplican los 30 días marcados por Europa.

Además, las empresas españolas tardan en pagar 85 días, el doble que la media europea; y los consumidores, 58.

El estudio también analiza el comportamiento de las empresas, de manera que las facturas que primero se pagan son las referidas al sector público y las últimas las de proveedores, internacionales y locales.

De esta forma, España se convierte en el segundo país de Europa con el plazo medio más largo, sólo por detrás de Italia.

Asimismo, el Índice de Riesgo muestra una Europa dividida ya que mientras en el norte, el 71% de las empresas paga en menos de 30 días; en el sur lo hace sólo un 30%.

El estudio revela que en España el sentimiento de insatisfacción es mayor que en el resto de Europa donde el porcentaje de empresas que desconfía de las políticas gubernamentales asciende al 70%.

Según la multinacional, las 9.800 empresas participantes lanzan con esta encuesta "un claro mensaje" dado que el 59% cree que el riesgo de impago permanecerá en los próximos doce meses y un 39% estima que persistirá en el mismo nivel.

Además, el 66% de las empresas que respondieron a la encuesta esperan ver disminuidos sus beneficios y hasta un 80% teme un impacto negativo en su liquidez.

Por ello y también preguntados sobre la directiva europea que lucha contra la morosidad, el 81% asegura que la directiva no ha tenido impacto alguno en los plazos de pago.

• Lo reconoce en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu.
• Hasta el momento se han quitado 570 símbolos procedentes del franquismo de los edificios de la administración, la misma cifra que dio el anterior Ejecutivo.
• "El resto está en proceso de tramitación, atendiendo al procedimiento administrativo requerido y a su coste", explica el Gobierno.

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha retirado ningún vestigio franquista de los edificios o complejos propiedad de la Administración General del Estado desde que tomó posesión en diciembre de 2011.

Así lo reconoce el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu, al que ofrece la misma cifra de símbolos retirados de la que ya informaba el PSOE antes de dejar el Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo asegura tener constancia de que se han quitado 570 vestigios procedentes del franquismo, exactamente la misma cantidad que se había retirado a finales de abril de 2011, según figura en el portal oficial sobre memoria histórica.

"El resto está en proceso de tramitación, atendiendo al procedimiento administrativo requerido y a su coste", agrega el Gobierno en su contestación a Iñarritu, al que, a su vez, remite a una web , si quiere consultar los datos por comunidades autónomas y años, los vestigios retirados, los que faltan por retirar o los supuestos excluidos de la retirada.

Y en esa página lo que se dice es precisamente lo que ahora 'calca' el Gobierno del PP: "Hasta finales de abril de 2011, se tiene constancia de la retirada de unos 570 vestigios. El resto está en proceso de tramitación, bien porque requiere un procedimiento administrativo largo o por su coste", señalaba el Ejecutivo socialista.

Los expertos designados por Gobierno para analizar los símbolos sitos en el ámbito de sus competencias, han estudiado un total de 705 vestigios correspondientes a 13 ministerios y otros organismos de la Administración General del Estado.

El ministerio que más vestigios presentaba en sus dependencias es el de Defensa, que ha retirado más de 400 símbolos, lo supone casi el 79% de los que quitó el Ejecutivo del PSOE.

• Con ello se cumple una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2011 sobre esta materia.
• El PP incluye este precepto en dos enmiendas parciales al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento.
• De esta manera, "se consagra el principio de igualdad de trato" recogido en la directiva de Aplicación del Principio de Igualdad en el acceso a bienes y servicios.

El Gobierno modificará la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para consagrar la no discriminación entre hombres y mujeres en materia de tarifas de seguros, primas o prestaciones, dando así cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta materia.

Para efectuar el cambio normativo, el Grupo Popular ha incluido este precepto en dos enmiendas parciales al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Con las enmiendas se añade una nueva disposición a la Ley de Seguros Privados para señalar que "no podrán establecerse, en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro, diferencias de trato entre hombres y mujeres en las primas y prestaciones de las personas aseguradas cuando aquéllas consideren el sexo como factor de cálculo".

De esta manera, "se consagra el principio de igualdad de trato" recogido en la directiva de Aplicación del Principio de Igualdad en el acceso a bienes y servicios y su suministro, aprobado por la Comisión Europea en 2004. Además, también se suprimen las tablas de mortalidad y supervivencia y los factores actuariales que actualmente figuran en la ley.

La sentencia del TJUE

De esta manera, justifican los 'populares', se adapta la normativa interna a lo previsto en la sentencia del TJUE, que el 1 de marzo de 2011 declaró la invalidez del artículo 5.2 de la directiva mencionada, que exceptuaba del principio general de no discriminación por razón de sexo a las primas y prestaciones de seguros, cuando constituyera un factor determinante de la evaluación del riesgo.

El cumplimiento a esta sentencia se completa con una tercera enmienda del PP en la que se precisa que estas previsiones serán de aplicación a "las pensiones y seguros privados, voluntarios e independientes del ámbito laboral, y a los servicios financieros afines que se deriven de contratos celebrados" a partir del 21 de diciembre de 2012, incluyendo cualquier "modificación, prórroga, ratificación o cualquier otra manifestación de voluntad contractual que implique el consentimiento de todas las partes".

Finalmente, los 'populares' también precisan que estas disposiciones tienen carácter básico, lo que significa que deberá ser aplicado de forma automática en todos los niveles de la administración.

• La división en el propio PP hará que la reforma sea más suave de lo previsto.
• A pesar de las disensiones expuestas, aún no se conoce el texto de la futura ley.
• El aspecto más polémico es el supuesto de la malformación del feto, que Gallardón pretende suprimir.
• Otros apuntan a que el revuelo por la nueva ley es una estrategia de Moncloa para ver hasta donde pueden llegar, para luego presentar algo más moderado.

Dirigentes del PP consultados consideran que Moncloa suavizará la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ya está causando fuertes divisiones en las filas 'populares' a pesar de que el texto ni siquiera ha visto la luz.

Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría rehuyendo citar la supresión de la malformación del feto como supuesto para abortar apoyan la tesis de cargos del PP que están convencidos de que Presidencia del Gobierno no dará luz verde a una reforma excesivamente dura de esta norma.

Aunque el PP incluyó en su programa electoral la promesa de reformar la actual ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las manifestaciones de Gallardón defendiendo eliminar la malformación fetal como supuesto para abortar han causado malestar en el 'ala moderada' del PP.

El diputado Rafael Hernando fue el primero en poner voz a ese sector del PP cuando aseguró que no tendría sentido que la reforma que planea el Gobierno hiciera retroceder la legislación española a los tiempos anteriores a 1985, que a su juicio funcionó "razonablemente bien" y es a la que se debería volver ahora.

También ha visualizado su rechazo a una línea dura en la reforma del aborto la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que hace unos días llegó a abandonar el hemiciclo y no participar en una votación tras escuchar la intervención de su compañera de partido Beatriz Escudero en un debate sobre este tema, un comportamiento por el que ha sido sancionada.

"Ni Aznar se atrevió"

Las fuentes consultadas críticas con Gallardón sostienen que las líneas que hasta ahora ha desvelado el ministro suponen un paso atrás en relación con los tres supuestos (eugenésico, violación y daño psicológico para la madre) contemplados en la Ley de 1985 y que "ni siquiera José María Aznar se atrevió a tocar" en los ocho años en los que estuvo gobernando.

Las opiniones encontradas que suscita la modificación de esta norma ha provocado que algunos dirigentes del partido defiendan con ahínco la necesidad de aparcar este debate por el cariz ideológico que ha tomado y que está, según las fuentes consultadas, dando alas al Partido Socialista.

"Gallardón no ha sabido medir los tiempos", asegura un veterano parlamentario, que reprocha al ministro que haya añadido un nuevo elemento de "desgaste" al Gobierno cuando ya tiene abiertos varios frentes con colectivos de la Justicia.

Retraso en la presentación

Sea como fuere, el Ministerio de Justicia lleva meses alargando los plazos de la presentación del texto que, deberá contar con el visto bueno de Moncloa, que por el momento no sitúa esta reforma entre sus prioridades. De hecho, ni siquiera fue mencionada por Mariano Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación celebrado en febrero, según recuerdan diputados del PP.

Y dado que Presidencia del Gobierno tiene la última palabra, cargos del PP confían en que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría "paren los pies" al ministro Gallardón, de forma que la reforma se limite a volver a los tres supuestos de la norma anterior y no vaya más allá.

Por el momento, la vicepresidenta ha evitado dar un respaldo público a si apoya suprimir la malformación fetal como ha planteado Gallardón, situando la doctrina del Tribunal Constitucional y la autorización de los padres en el caso de las menores de edad abocadas a abortar como ejes de la reforma del Gobierno.

Algunos de cargos del PP están convencidos de que Rajoy no va a dar satisfacción a la línea dura, máxime cuando está rodeado de influyentes mujeres como Sáez de Santamaría o la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, según estas fuentes, tienen una visión más liberal aunque hasta el momento no hayan explicitado con claridad su posición.

Un miembro de la dirección del PP recuerda además que en sus manifestaciones públicas el jefe del Ejecutivo se ha limitado siempre a citar los tres supuestos, sin hablar de malformación. "El criterio ya lo marcó Rajoy. Volver a la ley que hubo con Aznar y con González", subraya.

Estrategia de presión

Sin embargo, otras fuentes del PP más cercanas al sector conservador se muestran convencidas de que Moncloa no se atreverá a enmendar a Gallardón y el proyecto de ley seguirá las directrices de Justicia porque recogen el sentir de "la mayoría" del PP.

También hay quien considera que el debate abierto en torno a una modificación más dura del aborto forma en realidad parte de una estrategia de Moncloa para pulsar hasta dónde pueden llegar y poder 'vender' después una reforma más light, en línea con la ley de 1985.

• Cree que esto permitiría reconciliarse con sectores sociales que apoyaron al PP.
• Según él, el Ejecutivo ha superado la etapa de "apagar fuegos" por la "herencia".
• Estima que el paro se ha reducido de forma importante estos dos últimos meses.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado que hay tiempo para cumplir el programa electoral y para reconciliarse con los sectores sociales que les apoyaron.

Arenas, que ha acudido este sábado a Málaga para presidir el Consejo de Alcaldes del PP junto con el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, ha explicado que esta legislatura tiene dos etapas y que la primera ya se ha superado porque era la de "apagar fuegos, la de afrontar la herencia y la de corregir los grandes desequilibrios del Gobierno anterior".

En este sentido, Arenas ha indicado que a partir del debate del Estado de la nación se empezó la segunda etapa, por lo que ha argumentado que tienen "tiempo sobrado".

Entre los "fuegos" que han apagado ha enumerado los "desequilibrios" que recibieron, un déficit público "inaguantable", una inflación altísima, un déficit del sector exterior y una situación financiera terrible que imposibilitaba que el crédito llegara a las pymes y a las familias.

Ha resaltado que gracias a los alcaldes y concejales del PP se ha hecho un partido con una gran fortaleza. En este sentido, Arenas ha indicado que es bastante complicado encontrar en la Unión Europea partidos con una implantación social como la del PP de España y por ello cree que son el segundo partido de la Unión Europea.

"Estamos mejor que hace un año"

Ha reconocido que todavía corren tiempos difíciles pero que los intereses de la deuda están bajando y la base de la recuperación se ha establecido, además de que los inversores extranjeros vuelven a hablar bien de España.

También ha resaltado que el paro en los dos últimos dos meses ha tenido en España una reducción muy importante, que no se ha salido de la crisis pero que hay que seguir haciendo esfuerzos para que lo que ha ocurrido en los dos últimos dos meses se convierta en una tendencia.

Por todo ello, Arenas entiende que hay motivos para la esperanza y ha afirmado: "Estamos mejor que hace un año y dentro de un año vamos a estar mejor que ahora, lo tengo clarísimo".

En su opinión, hay que continuar con las reformas porque "es el único camino para salir de la crisis".

Para el dirigente popular, ya se ha hecho una gran reforma en las administraciones públicas, la ley de estabilidad presupuestaria, por lo que ninguna administraciones puede gastar más de lo que ingresa y ha asegurado que "eso es una reforma en profundidad", que ha permitido una reducción del déficit.

Aunque ha explicado que quedan más reformas en la administración, la ley de transparencia y la ley de la administración local.

También ha señalado que espera que antes de que termine el año se tengan las bases de nuevo sistema de financiación autonómica y local.

Ha destacado que el drama de los socialistas es que huyen de las reformas, que son antirreformas y que sólo quieren que todo siga igual y ha reiterado que la única manera de salir de la crisis es con las reformas.

Ha criticado que los socialistas hayan estado durante todo este tiempo diciendo que Europa rescataba España, que iba a decidirse el futuro de España en Bruselas y ha subrayado que gracias a las reformas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se han podido afrontar los desequilibrios y garantizar la soberanía nacional.

• Justifican que el despliegue policial es estrictamente el que se deriva de las necesidades ordinarias de protección de los miembros del Gobierno.
• Recuerdan que con el PSOE en el poder se efectuaron más de 4.000 servicios policiales para garantizar la protección de la sede socialista en Ferraz.
• Según el Gobierno, en este tipo de dispositivos participan efectivos con sede en Madrid, por lo que su despliegue no supone coste salarial añadido.

El Gobierno ha negado, en una respuesta parlamentaria al PSOE, que exista una "sobreprotección" policial en torno a la sede del PP en Madrid o "sobrevuelos sistemáticos" de helicópteros de la Policía Nacional, y mantiene que el dispositivo se ajusta a las necesidades de seguridad en sus inmediaciones.

En una respuesta al diputado socialista Pedro Muñoz, el Ejecutivo remarca que en los tres primeros meses de 2013 han participado en el dispositivo de seguridad medios aéreos en cuatro ocasiones, precisando que tales vuelos se efectúan para "cometidos diversos", no sólo para la transmisión de imágenes de la calle Génova.

El Gobierno destaca que el despliegue policial es estrictamente el que se deriva de las necesidades ordinarias de protección de los miembros del Gobierno de la Nación y otras autoridades cuando acuden a la mencionada sede.

No obstante, afirma que "ante circunstancias que puedan entrañar riesgos" para la seguridad de la sede o de las personas que se encuentran en ella, resulta obligado adoptar "las medidas de prevención necesarias" con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes.

Protección en la sede del PSOE

En este sentido, recuerda que del mismo modo que la Policía protege la sede del PP, durante el periodo 2008-2012 se efectuaron más de 4.000 servicios policiales para garantizar la protección de la sede central del PSOE y de las autoridades y dirigentes socialistas que acudieron a la misma.

Dichos servicios comprendieron medidas de protección estática permanente, llevadas a cabo por efectivos de Unidades de Intervención Policial (UIP), o el despliegue de operativos más amplios cuando tenían lugar concentraciones o manifestaciones en sus inmediaciones.

Instituciones próximas a Génova

Recuerda además el Gobierno que en la calle Génova y sus inmediaciones están localizadas importantes instituciones y sedes judiciales —entre ellas la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo— "que justifican la presencia policial en la zona, máxime cuando se prevé la celebración de manifestaciones o concentraciones".

En este tipo de dispositivos —añade el Ejecutivo— participan habitualmente efectivos de unidades especializadas con sede en Madrid, por lo que su despliegue no supone coste salarial o indemnizatorio añadido.

"No existe una superprotección, despliegue diario o sobrevuelos sistemáticos, sino que, ante determinados supuestos de convocatorias de concentraciones o manifestaciones, se adoptan las medidas de protección necesarias que den la necesaria seguridad a las sedes de los distintos partidos políticos", concluye.

En su pregunta parlamentaria, el diputado socialista Pedro Muñoz denunciaba que desde que estalló el caso Bárcenas es "habitual" el sobrevuelo de un helicóptero policial en la zona en la que se ubica la sede del PP, a pesar de las "carencias presupuestarias" que aconsejan el ahorro de combustible y de horas vuelo.

Muñoz preguntaba al Ejecutivo si existen "razones objetivas" que justifiquen este incremento de la seguridad y del dispositivo de policías antidisturbios en las proximidades de la calle Génova, así como el coste derivado del mismo.

• Soraya Sáenz de Santamaría advierte que recurrirán todo lo que derive de la resolución impugnada.
• Afirma que "siempre que no se cumplan las reglas del juego" acudirán al TC para que "se restablezca la supremacía de la Constitución".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes a la Generalitat de Cataluña de que el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional (TC) "siempre que no se cumplan las reglas del juego" y de que recurrirá todas aquellas decisiones contrarias al Estado de derecho.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha respondido a varias preguntas relacionadas con la decisión del Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra el acuerdo del Parlamento catalán en el que defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano".

"Cuando no se cumplen las reglas del juego uno acude al Tribunal Constitucional para que se restablezca la supremacía de la Constitución que es la garantía de que ninguna institución se sale del marco que le corresponde y ningún español se ve afectado en los derechos que la Carta Magna establece", ha subrayado.

Estas es la "manera de actuar" de un Gobierno que, ha dicho, "lo es también de los catalanes" porque "lo es de todos los españoles" y su obligación es "velar por el principio de igualdad".

Al ser preguntada por la aprobación por el Parlamento catalán de la comisión parlamentaria por el derecho a decidir, ha insistido en que se procederá como hasta ahora, de manera que "algunos supuestos" se incorporarán al recurso inicial.

Sobre las declaraciones hechas por la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, afirmando que la declaración de soberanía sigue "vigente", Sáenz de Santamaría ha dicho que cualquier acto de la Generalitat de Cataluña, más allá de las declaraciones políticas, que suponga un incumplimiento de la suspensión se "incorporará" al recurso del Constitucional.

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre si el Gobierno va a actuar contra los dirigentes políticos que animan a la desobediencia, ha precisado que "la ley es bien clara y en cada caso la Fiscalía procederá según la marca la propia Constitución y las leyes".

Ha recordado que en este momento hay un recurso admitido que ha permitido "lanzar un mensaje muy claro" y es que "hay un asunto que va contra la Constitución y que puede tener efectos jurídicos".

La vicepresidenta ha recordado que el Ejecutivo llevó al alto tribunal un recurso "muy fundamentado" y "muy trabajado", "con rigor y seriedad", lo que ha permitido "dar al Constitucional argumentos para que lo admita y ha producido su suspensión".

Déficit asimétrico

Respecto a si el déficit asimétrico puede ser una manera para contentar a Cataluña y frenar así sus aspiraciones soberanistas, la vicepresidenta ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha ayudado a cumplir unos objetivos de déficit, con unos planes de ajuste que establecían unas determinadas obligaciones a las autonomías y un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Sobre la petición que hará la presidenta del PP Catalán, Alicia Sánchez-Camacho, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que Cataluña pueda contar este año con un déficit en torno a "un 1,5 o un 1,8 %", la vicepresidenta ha dicho que es lógico que cada uno defienda los intereses de su comunidad y aunque el Gobierno "escucha a todos", existe un procedimiento que es "la senda que se ha marcado".

• Según Soraya Sáenz de Santamaría, los principales puntos están consensuados.
• Faltan por resolver, según la vicepresidenta, algunas "observaciones" menores.
• El 9-M lleva a miles de personas a las calles contra los recortes en Educación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que los elementos fundamentales de la reforma educativa están "cerrados" para el Ejecutivo, y ha asegurado que se aprobará este mes de mayo.

Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), contra el que este jueves se manifestaron miles de personas, entró la pasada semana en comisión de subsecretarios con algunas "observaciones" y que, por tanto, como cualquier otra ley, no se eleva mientras no se resuelven.

Sobre la cuestión lingüística ha dicho que el Gobierno quiere trabajar de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en un sistema que garantice la libertad de enseñanza y de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. "Este Gobierno va a garantizar, a través de la ley, la libertad que establece la Constitución, reconocida por el Tribunal Constitucional" y, según la vicepresidenta, se hará con "los mecanismos pertinentes que permiten lograr el objetivo esencial", es decir, que ciudadanos, padres y alumnos reciban la educación "en la lengua que han decidido".

El castellano es la lengua oficial del Estado y las Comunidades tienen en su caso lenguas cooficiales que regulan sus Estatutos autonómicos, que "hay que respetarlos" en los marcos de competencia siempre que "respeten la Constitución, y en esas estamos", ha añadido. Sáenz de Santamaría ha añadido que la Administración central ha procurado "especialmente" con Cataluña escuchar sus alegaciones pero que el Gobierno tiene que "garantizar el cumplimiento de la Constitución y las sentencias de los tribunales".

Preguntada si será posible llegar a acuerdos sobre la cuestión lingüística ha insistido que si no lo fuera, la obligación del Gobierno es "garantizar los derechos en la práctica". La vicepresidenta ha comentado que buscarán "apoyos" pero que lo primero es cumplir con los cambios educativos que son "imprescindibles" porque "no salimos bien en ningún índice —académico— medianamente importante".

"No he encontrado ningún argumento que diga que es mejor seguir con lo que tenemos cuando está provocando lo que estamos viviendo", ha subrayado la vicepresidenta en relación a las altas cifras de fracaso escolar y desempleo juvenil.

• El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
• El texto incluye, entre otras cosas, la obligación de que sean públicas las retribuciones de los altos cargos de las Cámaras.

El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación por el que se crea la Cámara de Comercio de España.

El objetivo, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es fomentar la internacionalización de las pymes y otorgarles un papel más activo en la formación dual, que compatibiliza la formación teórica y la práctica.

De esta forma ha empezado la tramitación de la nueva Ley de Cámaras que serán financiadas a través de los ingresos que generen sus propios servicios y de aportaciones voluntarias, aunque también podrán firmar convenios de colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.

La nueva normativa permite que las Cámaras incentiven las contribuciones voluntarias pudiendo dar, si lo estiman conveniente, una mayor representatividad en sus órganos de gobierno, a las empresas que hayan realizado pagos.

Retribuciones públicas

La vicepresidenta ha señalado que la nueva ley dota de un marco jurídico más seguro a las cámaras españolas que estarán muy vinculadas con la red internacional de cámaras y cuyo fin es "abrir la puerta a las pymes a los mercados exteriores y fomentar las exportaciones".
 
Entre las novedades que incluye el anteproyecto está la obligación de que sean públicas las retribuciones de los altos cargos de las Cámaras y la eliminación de la obligación de que haya una cámara oficial por provincia.

Sáenz de Santamaría ha explicado que se trata de sustituir el actual Consejo Superior de Cámaras por la Cámara de Comercio de España, órgano que representará y coordinará al resto de entidades.

Arbitraje para resolución de conflictos

Las dos tareas fundamentales que deberá llevar a cabo este organismo será la de desarrollar un Plan Cameral de Internacionalización, que fomente la salida de las pymes españolas al extranjero, y un Plan Cameral de Competitividad para impulsar la formación profesional dual y frenar el elevado paro juvenil.

El Ejecutivo pretende dotar de mayor relevancia a las cámaras de comercio españolas tal y como las tienen en otros países europeos, como Alemania o Austria. El Plan Cameral de Internacionalización se ejecutará bajo la dirección del ministerio de Economía y Competitividad y en él participarán las cámaras de comercio de España en el exterior.

Por su parte, el Plan Cameral de Competitividad contempla la participación de las cámaras en la organización de la formación práctica en centros de trabajo, a través de la designación de tutores y del control y evaluación de dicha formación.

La nueva Ley de Cámaras tendrá un marco jurídico distinto que permitirá la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos empresariales. Para mejorar la coordinación entre la Cámara de España y las Cámaras en el exterior, las Federaciones de Cámaras en el extranjero estarán representadas en el Pleno de la Cámara de Comercio de España.