• En su domicilio de la pedanía murciana de La Ñora.
• Su mujer lo encontró ahorcado unos 45 minutos después de haberse notificado en su vivienda el lanzamiento judicial.

Un hombre de entre 40 y 45 años se quitó la vida este martes en su domicilio de la pedanía murciana de La Ñora tras recibir un aviso de desahucio, han informado fuentes de la Policía Local de Murcia.

Los hechos ocurrieron durante la mañana en una vivienda de la avenida Poeta Vicente Medina de la citada población cuando la mujer de la víctima encontró a su marido ahorcado unos 45 minutos después de haberse notificado en su vivienda un lanzamiento judicial.

Según las fuentes, la policía local acompañó a la comisión judicial alrededor de las 09.30 horas a practicar ese procedimiento, que se desarrolló "sin más novedad" ni incidentes, en presencia de la mujer del fallecido.

Minutos después de que hubiera terminado esa comunicación de desahucio, la propietaria del inmueble llamó a la policía para alertar de que había encontrado muerto a su marido, han añadido las fuentes.

En un comunicado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, ha mostrado su pesar y el de la institución que representa "ante el dramático suceso acaecido en La Ñora, y quiere trasladar sus condolencias a la familia". "El poder judicial en Murcia está siendo muy sensible desde el comienzo de la crisis a las situaciones que se enfrentan numerosas familias por no poder hacer frente a sus deudas, y por eso existen protocolos que refuerzan la labor asistencial y social de los procedimientos de lanzamiento, y hay acuerdos de juntas de jueces unificando criterios en la materia", añade Martínez Moya.

No obstante, insiste en la necesidad "de seguir tendiendo puentes y estar alerta", y hace un llamamiento a las administraciones "para seguir trabajando para prevenir situaciones tan trágicas". El presidente del TSJ, tras recabar información de los titulares encargados, el decano y la secretaría coordinadora provincial, traslada en su nota "la especial sensibilidad que se ha tenido y, más ahora, se está teniendo por parte del Servicio Común y de los Juzgados de Primera Instancia en los casos de lanzamientos por ejecución hipotecaria en vivienda habitada, suspendiendo y aplazando estas diligencias".

• La 'ley antidesahucios' es publicada en el BOE.
• Suspende los desahucios (lanzamientos) de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables.
• La ley no satisface a la Plataforma Antidesahucios (PAH).

Los jueces pueden suspender desde este 15 de mayo los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas, una posibilidad que recoge la conocida como 'ley antidesahucios', publicada este miércoles en el BOE.

La Ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social —aprobada por el Senado el 8 de mayo—, también suspende los desahucios (lanzamientos) de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables, modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor y limita los intereses de demora.

La norma llega en medio de "circunstancias excepcionales", fruto de la crisis económica y financiera, tal y como indica su preámbulo, tras una fuerte movilización social en la que ha destacado la Plataforma Antidesahucios (PAH), que a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recogió miles de firmas para cambiar la Ley Hipotecaria, que databa de febrero de 1946.

La oleada de protestas hizo mella en Europa, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en marzo que las medidas que regulaban en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca eran contrarias a la legislación comunitaria.

A partir de ahora, para poder acogerse a la suspensión del desahucio hay que cumplir dos tipos de requisitos, sociales y económicos. En el primer caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo.

Los requisitos económicos imponen que los ingresos de la unidad familiar no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 1.595,53 euros. El Ministerio de Economía calcula que aproximadamente 120.000 hogares cumplen con estos requisitos.

La ley establece un sistema para reducir la deuda pendiente de préstamos hipotecarios mediante quitas, una vez que la vivienda ha sido adjudicada a un tercero, y promueve un Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler destinado a familias desahuciadas que ya funciona desde enero. Hasta comienzos de abril, el FSV de alquiler destinado a familias desahuciadas ha recibido 430 solicitudes para acceder a las cerca de 6.000 disponibles.

Los arrendatarios han de ser personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial. El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más.

En cuanto a la dación en pago, la contempla sólo en el marco del código de buenas prácticas bancarias, que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda cuando la reestructuración no sea viable y sólo para casos de especial vulnerabilidad. También a partir de este miércoles tiene rango de ley el código de buenas prácticas para las entidades de crédito que el Gobierno aprobó en marzo de 2012, y que ha facilitado en un año 298 daciones en pago de la vivienda con la consiguiente cancelación de la deuda, según fuentes del Ministerio de Economía.

• Aprobado en marzo de 2012, ha facilitado en un año 298 daciones en pago de la vivienda con la consiguiente cancelación de la deuda.
• De las 4.385 solicitudes presentadas en un año, 1.063 se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013.
• El Ministerio de Economía también ha explicado que la deuda pendiente actualmente alcanza los 582,78 millones de euros.

El Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios que aprobó el Gobierno en marzo de 2012,  ha facilitado en un año 298 daciones en pago de la vivienda con la consiguiente cancelación de la deuda, según ha explicado este lunes el Ministerio de Economía en un comunicado.

Según los datos publicados, un total de 4.385 deudores hipotecarios han solicitado acogerse al Código de Buenas Prácticas durante su primer año de funcionamiento, peticiones que se han presentado ante 27 bancos y 19 cooperativas de crédito.

El Ministerio de Economía también ha explicado que la deuda pendiente alcanza los 582,78 millones de euros. De las 4.385 solicitudes presentadas en un año, 1.063 se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013 (el 24% del total).

De las 3.322 ya tramitadas, en 594 casos se procedió a la reestructuración de la deuda y otras 298 acabaron en dación en pago y la consiguiente cancelación de la deuda. En dos casos se pactó una quita.

Además, en 238 casos, el deudor desistió sin que se sepan las causas, mientras que 2.190 solicitudes fueron denegadas por no cumplir los requisitos.

El Gobierno puso en marcha el Código de Buenas Prácticas en abril de 2012 y cuenta en la actualidad con 97 entidades adheridas, según ha recordado Economía, que ha añadido que el objetivo del Código "es proteger a los deudores que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca como consecuencia de la crisis".

Según ha dicho, el Código de Buenas Prácticas, cuya adhesión por parte de las entidades financieras es voluntaria, aunque una vez efectuada tiene un cumplimiento obligatorio de dos años, permite al deudor reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, la dación en pago.

Tal y como se pone de manifiesto con los datos, durante este primer año de funcionamiento, las solicitudes de adhesión "han ido aumentado a un fuerte ritmo", ya que en el segundo trimestre de 2012 se recibieron 564; en el tercero, 722, y 1.132 en el cuarto.

Entre enero y marzo de 2013, se recibieron 1.967 solicitudes, más del 44,8% del total. Del total acumulado en este primer año, la mayor parte de las solicitudes se efectuaron en Andalucía, 1.156; seguida de Cataluña, 1.028; Comunidad Valenciana, 755; Madrid, 364; y Murcia, 315.

Estas cinco comunidades concentran el 82,51% del total de solicitudes, según Economía, que ha añadido que por provincias, la que más concentra es Barcelona (809) y la que menos, Huesca (1).

2.190 solicitudes fueron denegadas y 894 realizadas

En cuanto a la resolución de las solicitudes tramitadas al finalizar el primer trimestre de 2013, 2.190 fueron denegadas y 894 realizadas.

Las denegaciones respondieron a que el préstamo o crédito no reunía los requisitos establecidos en la norma (45%); falta de entrega de la documentación (29,4%) o incumplimiento de los umbrales de renta o situación familiar para acogerse (21,55%).

Estos umbrales se elevaron con la modificación aprobada por el Senado y que entrará en vigor en los próximos días según Economía, que ha puesto como ejemplo que se sube hasta tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) el nivel de ingresos familiares para acogerse al Código.

Con estas medidas llevadas a cabo Economía espera que "las denegaciones baje de forma relevante el próximo trimestre".

Además, ha indicado que a tenor de que en 2012 se produjeron 2.405 entregas judiciales de vivienda ocupada, según los datos del Banco de España, "se puede concluir que el Código, con 1.134 solicitudes aceptadas, es un instrumento útil para los deudores hipotecarios que están en el umbral de exclusión y tienen dificultades para hacer frente al pago de su deuda".

• La PAH "libera" bloques vacíos para acoger familias desahuciadas.
• Ya han ocupado nueve inmuebles propiedad de bancos en Cataluña.
• Otros afectados vuelven solos al piso del que han sido expulsados.

El perfil de las personas atendidas por los servicios sociales ha cambiado con la crisis y el de las que ocupan casas, también. Desde hace más de dos años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocupa viviendas y edificios para dar un lugar donde vivir a las personas desahuciadas.

"Las familias entran por necesidad después de haber llamado a todas las puertas sin encontrar una solución", explica a 20 minutos el portavoz de la PAH de Terrassa (Barcelona), Guillem Domingo, quien recuerda que el objetivo es "evitar que se queden en la calle y cubrir su derecho en la vivienda", reconocido por la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos.

La liberación, como lo denomina la PAH, de edificios vacíos en manos de entidades financieras y del banco malo responde a la necesidad de ayudar a aquellos que han perdido su casa. "España es uno de los países con más viviendas vacías y más desahucios", recuerda.

La Obra Social de la PAH ha liberado nueve bloques en Cataluña: tres en Sabadell (Barcelona), dos en Terrassa y uno en Salt (Girona), Rubí (Barcelona), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Blanes. Ahora negocia con bancos y ayuntamientos para encontrar soluciones como el alquiler social o que el consistorio permita a los afectados empadronarse en el piso ocupado para poder dar de alta los suministros.

Además, el 15-M ocupó el domingo un edificio municipal en la calle Sant Pere Més Baix, en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, donde se alojarán familias desahuciadas. Ya lo están adecuando pero el Ayuntamiento de Barcelona asegura que no es habitable. De hecho, la Guàrdia Urbana no ha tardado en desalojarlo.

La mayoría de afectados son realojados al mismo domicilio. «Si no podemos parar el desahucio y la familia tiene que seguir pagando la vivienda que ha perdido, los realojamos allí», explica el portavoz de la PAH, quien recuerda que una época «se pusieron de moda» los lanzamientos hipotecarios sin fecha, con lo cual no podían movilizarse para evitarlo.

Sin embargo, son muchas las familias que solas deciden volver al piso del que han sido desahuciadas, es lo denominado patadismo. «Los bancos lo saben pero no les interesa que salgan estas cifras», advierte Domingo, quien denuncia la inseguridad con la que viven estas familias pues pueden volver a echarlas de su casa en cualquier momento.

Los jueces son cada vez más sensibles, como demuestra que un magistrado de Barcelona llevara las cláusulas abusivas ante el Tribunal Europeo y que una jueza de Sabadell rechazara la medida cautelar solicitada por el banco malo de desalojar once familias que habían ocupado un bloque de su propiedad que llevaba cuatro años vacío.

No obstante, «los bancos y el Gobierno se cierran en banda y nos obliga a realizar campañas más activas», lamenta Domingo, quien augura nuevas liberaciones de viviendas.

Además, hay unas 700 personas viviendo en asentamientos en Barcelona, sobre todo inmigrantes en situación irregular que sobreviven en naves industriales del Poblenou recogiendo chatarra. Desde enero se han desalojado un centenar y la Red de Apoyo a los Asentamientos teme que próximamente se expulse a 300 más.

Urbanizaciones ilegales

El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, ha exigido este lunes soluciones para las 300.000 familias que viven en cerca de 2.000 urbanizaciones nacidas en 60 y 70 –muchas de ellas en el Baix Llobregat–, que todavía se encuentran en situación irregular y tienen importantes déficits de servicios básicos como el agua, la luz, el transporte o la depuración de residuos.

No es «un tema superfluo» porque son primeras residencias y afecta el derecho a una vivienda digna. Por eso, insta al Govern a flexibilizar la ley y a solucionar el problema antes de seis meses.

• El consejero de Economía descarta "en absoluto" que esto se produzca.
• Antonio Ávila estima que el decreto tiene una "arquitectura jurídica impecable".
• Bruselas duda de la legalidad del plan andaluz para expropiar pisos a los bancos.

El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha asegurado que no cree "en absoluto" que el decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta, y que les permitiría expropiar pisos a los bancos para evitar desahucios, pueda paralizarse tras las dudas expresadas por Bruselas en una carta remitida al Gobierno.

Preguntado por los periodistas antes de asistir al X Congreso de UGT Andalucía, Ávila ha defendido la norma, que tiene a su juicio "una fuerza política, una aceptación ciudadana y un trabajo de base en términos de construcción y arquitectura jurídica impecable".

El consejero ha mostrado su sorpresa "no porque se haya planteado este tema, sino por el momento" en el que se ha hecho por parte "del PP y del Gobierno", que ha recibido la carta en la que la Comisión Europea advierte que el decreto andaluz puede ser incompatible con las condiciones impuestas a España para recibir ayuda financiera.

"Lo que hay que hacer es dar respuestas y ahora resulta que el problema es el decreto de las respuestas", y no lo que éste quiere solucionar, ha dicho Ávila, que ha afirmado que su Consejería no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la existencia de la carta.

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que ha dicho que su departamento tampoco ha sido informado de manera oficial, pero que le gustaría conocer el contenido de la misiva de la Comisión Europea.

• El presidente del Gobierno inaugura el Salón Internacional del Automóvil.
• Los manifestantes llevan cartones que emulan una pantalla de plasma.
• La protesta ha sido convocada por la PAH, que esta mañana ha ocupado la sede central del Banco Popular en la capital catalana.

Un centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), hacen este viernes en Barcelona un escrache al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para reivindicar la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social.

Este es el último escrache de la campaña de la PAH para conseguir que los diputados votaran a favor de la ILP hipotecaria que presentaron junto a sindicatos y otras entidades con el apoyo de un millón y medio de firmas.

Decenas de personas se han concentrado en la plaza España, ante el acceso principal del Salón Internacional del Automóvil, para dar la bienvenida al presidente del Gobierno, quien ha acudido para inagurar la feria acompañado del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Los manifestantes portaban cartones que emulaban el marco de la televisión de plasma a través de la cual ha comparecido recientemente Rajoy. De hecho, la protesta se puede seguir a través de las redes sociales con la etiqueta #PlasmaEscrache. Otra de las etiquetas usadas es #AtropelloARajoy, en alusión al Salón del Automóvil. "Como es el mecanismo que utiliza habitualmente, quizá se anime a hablar", ha bromeado la portavoz de la PAH, Ada Colau.

En cualquier caso, "si le da la espalda a la ciudadanía, haremos efectivos los derechos de los ciudadanos", ha añadido Colau, quien ha asegurado que, una vez acabada la campaña de escraches, la Plataforma seguirá paralizando desahucios y negociando con las entidades pero también "incrementarán la desobediencia civil y la vía judicial".

Por la mañana, decenas de miembros de la PAH han ocupado la sede central del Banco Popular en Barcelona y directivos de la entidad han accedido a reunirse con cinco representantes de la organización.

• Permanecía hospitalizada desde el pasado 18 de febrero en La Fe de Valencia.
• Tenía quemaduras en el 48% de su cuerpo.
• Estaba separada, tenía tres hijos y podría estar atravesando un desahucio.
• Una mujer se quema a lo bonzo en una sucursal bancaria en Almassora.

La mujer de 47 años que el pasado 18 de febrero se quemó a lo bonzo en una sucursal bancaria de Almassora (Castellón), ha fallecido en el Hospital La Fe de Valencia, donde permanecía ingresada, según han informado fuentes sanitaria.

La mujer permanecía hospitalizada en la Unidad de Quemados del centro hospitalario valenciano, donde ingresó con quemaduras en el 48% de su cuerpo tras prenderse fuego delante de los trabajadores de la entidad mientras gritaba: "Me lo habéis quitado todo".

En el momento de los hechos, la mujer, separada y con tres hijos a su cargo, podría estar atravesando dificultades económicas relacionadas con un proceso de desahucio, según el relato de los vecinos ese mismo día.

Aquel día, un agente de la Guardia Civil también resultó herido, aunque leve, al tratar de apagar el fuego, por lo que fue atendido en un centro de salud de la localidad. Por su parte, el único empleado de la sucursal que estaba cerca no resultó herido.

• Según los datos de una encuesta hecha pública por el Banco de España.
• En el 83% de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual.
• Algo más de la mitad de las entregas (20.972) fueron voluntarias.
• DOCUMENTO: Informe del Banco de España sobre desahucios (PDF).

Un total de 39.167 viviendas fueron entregadas a los bancos en 2012 en España como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria, según los datos de una encuesta hecha pública este viernes por el Banco de España, que revela que en el 83 % de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual.

Los resultados de la encuesta reflejan también que algo más de la mitad de las entregas (20.972) fueron voluntarias, y que de ellas el 75 % (15.826) se produjeron bajo la forma de daciones en pago, fórmula que conlleva la extinción de la deuda mediante la entrega de la vivienda, que en el 89,5 % de los casos era el domicilio habitual.

En los otros 18.195 casos fue necesario acudir a la vía judicial para que los bancos tomaran posesión de las viviendas, de las que el 16 % (2.968) estaban ocupadas y el resto vacías. Las entregas judiciales de viviendas ocupadas requirieron la intervención de la fuerza pública en 355 casos en viviendas habituales y en 109 casos en otras viviendas, según el Banco de España.

El supervisor informa también de que, el pasado 31 de diciembre, el número de hipotecas en vigor en España era de 6.770.083, de modo que las entregas de viviendas suponen un 0,58 % sobre esa cifra (0,53 % de viviendas habituales). Además, el 85 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales fueron firmadas en 2007 o antes de ese año.

Esta es la primera vez que el Banco de España hace públicos datos de este tipo, recabados mediante una encuesta dirigida a un conjunto de entidades bancarias que gestionan más del 85 % del total del crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra de viviendas. Para ello, ha preguntado a los bancos sobre la financiación hipotecaria a clientes minoristas sin finalidad empresarial o profesional y sin incluir otro tipo de inmuebles distintos de la vivienda como pueden ser garajes o trasteros

• Bruselas duda de la legalidad del plan de la Junta para expropiar pisos a bancos.
• "Esa falta de sensibilidad no la entiendo y si Europa está en eso no merece la pena", ha dicho el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha expresado sus dudas acerca de que la Comisión Europea plantee impugnar el decreto andaluz sobre vivienda. Considera que supondría una "falta de sensibilidad" y asegura que "si Europa está en eso no merece la pena" porque no se debe llegar "a una sumisión a los mercados financieros de esa dimensión".

"Esa falta de sensibilidad no la entiendo y si Europa está en eso no merece la pena", ha insistido el presidente andaluz, que ha expresado sus "dudas" acerca de que esa sea la posición de Bruselas "porque soy europeísta y no creo que Europa haya llegado a una sumisión a los mercados financieros de esa dimensión".

Griñán se ha pronunciado de este modo en la cadena Ser tras una pregunta sobre el comunicado enviado por la Comisión Europea al ministro de Economía pidiendo explicaciones por el decreto de la Junta, que plantea la expropiación temporal del uso de vivienda en casos de desahucios con riesgo de exclusión social y en la que alerta de las posibles repercusiones en la banca.

"No he visto esa carta de Bruselas, donde ayer fue festivo, y me sorprende que se produzca la misma semana en que se ha dicho que también Bruselas impugnaba lo que había propuesto el PSOE de fondos de liquidez para pymes, por eso primero quiero verla", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha indicado, no obstante, que "si fuera así empezaría a preocuparme porque lo que no se puede pedir es que los españoles pongamos dinero para pagar las deudas de la banca y que las condiciones se la pongan a los españoles y no a los bancos".

En su opinión, "no tiene ningún sentido" que Bruselas formule este planteamiento "ante una medida que simplemente dice a los bancos que las viviendas que tienen en desuso, si se va a producir un desahucio que deja a una familia en la calle con riesgo de exclusión social, nosotros en ese caso hasta le pagamos un justiprecio y la propiedad de la vivienda la convertimos en arrendamiento para que esa familia se pueda quedar".

"Si eso no se puede hacer porque las condiciones que se imponen para el rescate de la banca lo impiden hay que hacer dos cosas: que Rajoy diga de una vez si hubo condiciones o no, porque nos dijo que no, y plantearnos si merece la pena todo esto", ha añadido Griñán, que ha defendido que "no es lógico que no se diga nada de si la banca paga 88 millones de euros de pensión a un directivo después de haber sido rescatada y que sin embargo un decreto social como éste se pueda impugnar".

• La Comunidad Europea duda de que esta práctica sea compatible con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera.
• En una carta remitida al Ministerio de Economía, la UE traslada su preocupación por las iniciativas de algunos gobiernos regionales.
• Por ello ha pedido más detalles sobre los planes de Andalucía y otras comunidades autónomas para expropiar temporalmente pisos a la banca.

La Comisión Europea quiere más detalles sobre los planes de la Junta de Andalucía y otras comunidades autónomas para expropiar temporalmente pisos a la banca, ya que duda de que esta práctica sea compatible con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera europea.

En una carta remitida al Ministerio de Economía, la Comisión Europea traslada su preocupación por las iniciativas de algunos gobiernos regionales sobre expropiaciones temporales de pisos a la banca, desalojos o el establecimiento de sanciones a las casas vacías.

Bruselas plantea que estas propuestas pueden chocar con los compromisos adquiridos por España con la firma del mou, el documento que recoge las condiciones para que el país recibiera fondos de sus socios con los que rescatar su sistema financiero.

Por ello pide más información sobre estas medidas con el fin de evaluar si son compatibles con los acuerdos del mou, al tiempo que lamenta el riesgo de estas iniciativas para la banca, en un momento en el que España está haciendo esfuerzos para lograr la estabilidad de su sistema financiero.

Una advertencia para gobiernos regionales como los de Andalucía y Canarias que hace casi un mes mostraron su disposición a expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos de familias que no pueden pagar sus hipotecas.

En el caso concreto de Andalucía, con 8,4 millones de habitantes y gobernada por el PSOE, el pasado 12 de abril entró en vigor el decreto que permitía las expropiaciones temporales con la intención de beneficiar a unas doscientas personas en una primera fase.

La idea del gobierno regional era hacerse durante un tiempo con viviendas desocupadas propiedad de bancos u otras empresas, que no fueran residencias dedicadas a usos turísticos u ocasionales.

• Una ley del tripartito ya lo contemplaba pero nunca se aplicó.
• Los socialistas proponían recuperarlo para mejorar el acceso a la vivienda.
• Su propuesta ha recibido 63 'no' de CiU y PP y 61 'sí' de la oposición.
• Once diputados no han asistido a la votación.

El Parlament de Cataluña ha rechazado este jueves con los votos de CiU y PP una moción del PSC que pedía que la Generalitat promoviera el "alquiler forzoso" para mejorar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

La iniciativa ha fracasado por un estrecho margen de votos, 63 'no' --CiU y PP-- y 61 'sí' --PSC, ERC, ICV-EUiA, C's y CUP--, y se ha convertido en una de las pocas votaciones de la legislatura en la que CiU y ERC han votado divididos.

El diputado Jordi Terrades (PSC) ha argumentado que la moción presentada aspiraba a un giro en las políticas de viviendas porque los ciudadanos no entienden que "se salven bancos y cajas con recapitalizaciones millonarias y cueste tanto encontrar soluciones legales para salvar personas".

El PSC ha sido el blanco de las críticas por parte de la mayoría de grupos parlamentarios, que le han reprochado que las actuales recapitalizaciones bancarias las empezó a impulsar un gobierno del PSOE, y que el alquiler forzoso se contempló en una ley que aprobó el tripartito pero que nunca llegó a aplicar.

Para el diputado Pere Calbó (PP) la moción es un "fraude" a los ciudadanos, ya que el PSC no impulsó estas medidas mientras gobernó, y también para Quim Arrufat (CUP), que ha considerado que es una "contradicción política flagrante" respecto a lo hecho por el tripartito.

En defensa de lo realizado por el gobierno de izquierdas ha salido el diputado y exconsejero Salvador Milà, que ha destacado que se invirtieron "65 millones de euros" en políticas de acceso a la vivienda que repercutieron positivamente en miles de familias.

El portavoz de C's en el Parlament, Jordi Cañas, ha recordado que la exministra socialista Carme Chacón impulsó juzgados para agilizar los desahucios, mientras que Meritxell Roigé (CiU) ha asegurado que el Govern ya está tomando medidas, como el impuesto a los pisos vacíos que tiene previsto implantar.

Aparte de esta moción, el PSC ha presentado en el Parlamento catalán una reforma legal --pendiente aún de debatir-- que aspira a gravar los pisos vacíos y también luchar contra los desahucios a partir de "expropiaciones temporales" de pisos a bancos.

Puntos aprobados

El Parlament sí ha aprobado otros puntos de la moción, como el que reclama al Gobierno Central que promueva las reformas legales necesarias para aplicar la dación en pago y resolver el sobreendeudamiento de las familias.

También se ha aprobado la creación de una comisión de sobreendeudamiento que atienda a las personas desahuciadas en Cataluña y que los Presupuestos de 2013, que aún no se han presentado, incluyan una partida para una nueva convocatoria de prestaciones para el pago del alquiler y para ayudas a la rehabilitación.

• La magistrada antepone la necesidad de los inquilinos a los de la Sareb.
• La Plataforma espera que sirva de precedente para evitar el desalojo del bloque ocupado de Salt (Girona).

Una jueza de Sabadell (Barcelona) ha descartado desalojar un bloque de pisos ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como solicitaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), titular de la finca. La magistrada considera que las once familias que viven allí lo hacen por necesidad.

El edificio, ubicado en el barrio de Gràcia de la cocapital vallesana, cuenta con 40 viviendas y está vacío desde hacía cuatro años. Es el tercer bloque en Sabadell ocupado por la PAH, que ya cuenta con ocho inmuebles ocupados que han puesto a la disposición de familias desahuciadas o sin recursos dentro de la campaña 'Obra Social la PAH'.

Se da la circunstancia, según la Plataforma, que es la primera vez que la Sareb solicita una medida cautelar de estas características. Como medida de presión, unas 300 personas se concentraron ante los juzgados de Sabadell contra el eventual desalojo.

Además, la Plataforma presentó el lunes en el juzgado un escrito en el que se opone a que se valoren como más urgentes los intereses de la Sareb, entidad participada en un 45% por fondos públicos, que los de las familias sin recursos.

Asimismo, recuerda que la situación de los servicios sociales municipales es de "colapso" en materia de vivienda, mientras que dicho bloque ha estado cerrado y degradándose durante cuatro años.

Por ello, solicita la implicación de las entidades financieras y de la Sareb en la creación de un parque de viviendas con alquiler social para dar respuesta a la situación de emergencia.

"Confiamos que esta sentencia marcará un antes y un después", ha explicado este jueves Marta Afuera, portavoz de la PAH de Girona, que espera que esta resolución judicial sirva de precedente y permita evitar el desalojo de otro bloque ocupado en Salt (Girona).

Caso similar en Salt

Precismante, representante de la PAH y la abogada Raquel Fauria se han reunido este jueves con el alcalde del municipio, Jaume Torramadé, y con la concejal de Vivienda, Glòria Pàmies, para tratar la situación de las familias que actualmente viven al bloque de Salt ocupado.

De hecho, el consistorio está en contacto con el Ayuntamiento de Sabadell y sus técnicos para seguir de cerca el caso del bloque de pisos ocupados de este municipio, dado que plantea aspectos similares.

Afuera entiende que las once familias deben poder empadronarse en su nuevo hogar para poder dar de alta la luz, el agua y el gas. Hace unos días que están sin agua corriente porque les obstaculizaran las tuberías con cemento. Es por ello que esperan poder reunirse con la compañía suministradora de agua.

Asimismo, se reunirán con el decanato de los Juzgados de Girona para debatir la problemática de los desahucios e intentar que se unifiquen los criterios en favor de las personas, según ha explicado Afuera, que ha reconocido haber notado un "cambio" positivo en la actitud del gobierno municipal.

Fuentes del Ayuntamiento han explicado que están dispuestos a buscar una salida pero que hay que cumplir la ley. Primero, sin embargo, creen necesario que estas familias acudan a los Servicios Sociales para identificarse, una petición que ha sido aceptada por la plataforma.

• Varias sucursales de Bankia del centro de Madrid han ido echando el cierre a medida que se acercaban los participantes de la protesta 'Toque a Bankia'.
• Desde Bankia aseguran que la incidencia ha sido poco significativa y explican que esas oficinas que cerraban, volvían a abrir en cuanto acababa la protesta.
• Proponen colapsar la entidad a fuerza de 'cansinismo'.
• La acción forma parte del calendario de actividades por el segundo aniversario del 15-M y la acampada de la Puerta del Sol.

“Necesito vuestros servicios, déjame entrar”. Un hombre llama insistentemente a la puerta de una sucursal de Bankia en la madrileña calle del Pez, pero está cerrada a cal y canto, con clientes dentro y todo. Han echado la llave cuando han visto llegar a un grupo de unas diez personas que estaba participando en la iniciativa ‘Toque a Bankia’.

El hombre insiste: “Si eres vigilante, déjame entrar y vigílame, haz tu trabajo”. Sigue dando molestos toquecitos a la puerta con el nudillo. A lo mejor no lo sabe, pero es un ‘cansino’. El grupo de la protesta, muchos de ellos miembros de la asamblea del 15-M de Malasaña, le da un aplauso. Esa era la idea: insistir, dar el tostón, molestar, bloquear las oficinas de la entidad, pero haciendo uso de sus servicios.

La protesta 'toque a Bankia' se convocó como parte de las movilizaciones por los dos años del 15-M y coincidiendo con el aniversario de la nacionalización del banco. Su web ha servido como plataforma para que los participantes se pusieran de acuerdo y quedaran para acudir a oficinas de Bankia por toda España y evitar que funcionen con normalidad. Lo que pedían desde la organización era que las protestas estuvieran camufladas, que fueran originales y que fueran divertidas.

Estas acciones piden la paralización total de los desahucios, la dación en pago retroactiva, que se usen para alquiler social las viviendas en propiedad de Bankia y la recuperación de las participaciones preferentes por parte de las personas afectadas.

El grupo de Malasaña, por ejemplo, planeaba formar colas en las sucursales de Bankia, hacer ingresos de un céntimo en cuentas de ONG, informarse sobre cláusulas de las hipotecas o hablar con el director de alguna oficina para enseñarle fotos de familias desahuciadas y pedirle que colgara alguna en su despacho.

Mientras urdían estos planes, llegaban noticias del barrio de Lavapiés: se había producido un ‘atraco musical’ en una sede de la entidad nacionalizada. En otra de Vallecas, contaban, una se había producido una peculiar discusión de pareja a gritos. Es algo así como manifestarse con un gag de los Monty Python o con una escena de una película de Roberto Benigni.

De todos modos, han tenido que improvisar. No ha salido nada de lo que habían planeado hacia las 9.30 en la Plaza del Dos de Mayo, porque no han podido acceder a ninguna oficina del banco. Los trabajadores echaban el cierre cuando les veían llegar: calle Barceló, cerrado; calle Fuencarral, cerrado; calle San Bernardo, cerrado; calle del Pez, cerrado; Gran Vía, cerrado.

En las de Pez y Gran Vía han llegado a cerrar con clientes dentro. Una mujer que estaba utilizando un cajero automático justo en ese momento, se quejaba desde el otro lado de la puerta de cristal: "No me dejan salir". "¡Te tienen secuestrada!", le respondían desde fuera. Otra mujer se quejaba justo por lo contrario: no podía entrar y era ya la segunda sucursal que visitaba.

Desde Bankia, explican a 20minutos.es que estos cierres han sido "paradas momentáneas" mientras han durado las protestas y que todas las oficinas han reanudado su actividad cuando han acabado los 'toques'. Aseguran que la "incidencia ha sido muy poco significativa", que "han ofrecido el servicio normal". También afirman que no se ha reportado ninguna incidencia con las líneas telefónicas.

Charlan entre ellos: “Si no pueden abrir, pues genial”. Aunque la acción es menos vistosa, afirman que ya han conseguido algo: que una parte de Bankia no funcione como debe.

El ‘Toque a Bankia’ forma parte del calendario de movilizaciones con motivo del segundo aniversario del nacimiento del Movimiento 15-M y la acampada de la Puerta del Sol. La ‘Marea Blanca’ por la Sanidad Pública ha convocado entre los días 5 y 10 de mayo una “consulta por la sanidad’, hay encierros y vigilias previstos entre el 10 y el 12 en el Museo Reina Sofía o en el bulevar del Paseo del Prado y una gran manifestación para el domingo 12 en Madrid. Fuera de la capital, hay muchas más convocatorias y manifestaciones.

• Una veintena de jueces se han reunido este jueves.
• Han debatido sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), que calificó de abusiva la actual ley hipotecaria.
• Concluyen que el juez debe estudiar cada caso concreto y que las cláusulas abusivas "no vinculan a ningún efecto".
• El Senado aprueba la ley sobre desahucios con el rechazo de toda la oposición.

Una veintena de jueces de Primera Instancia y mercantiles coordinados por el presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, se han reunido este miércoles para debatir el régimen transitorio a aplicar hasta que la normativa española adapte la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), que calificó de abusiva la actual ley hipotecaria. Concluyen que el juez debe actuar "de oficio" para defender al consumidor, que debe estudiarse cada caso concreto y que las cláusulas abusivas "no vinculan a ningún efecto".

El texto consecuencia de esta jornada contiene un total de once puntos que concluyen que es necesario adaptar la legislación española a la doctrina europea, especialmente la procesal, con el fin de garantizar al consumidor una protección más eficaz.

Los participantes también resaltan en el texto la labor que están realizando por el momento los jueces de primera instancia que "interiorizando la dimensión ética de la función judicial" están llenando lagunas y dando respuesta a la sociedad desde los principios constitucionales.

Añaden que la reforma legislativa en curso responde a algunas cuestiones planteadas por el TJUE, si bien ello no exime a los jueces españoles "del deber de completar las lagunas" que pudieran existir "conforme a los criterios generales del ordenamiento jurídico" tanto nacional como europeo.

El debate se enmarca en las Jornada sobre Cláusulas Abusivas en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria que ha sido organizada por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar y Ramón Camp como una actividad más del servicio de formación continua de la Escuela Judicial.

En cumplimiento de la sentencia de la TJUE, los magistrados reunidos en este cónclave concluyen que las cláusulas abusivas nulas de los contratos hipotecarios no vinculan a ningún efecto y el juez no puede moderarlas, sino simplemente tenerlas "por no puestas".

Señalan además que, para considerar el carácter abusivo de una cláusula contractual debe atenderse a las circunstancias que concurren en la celebración de contrato, en particular los considerados en la proposición de reforma de Ley Hipotecaria presentada por el Gobierno que precisamente este miércoles ha sido discutida en el Senado.

Igualmente, deberán estudiarse los diferentes tipos de interés referenciados en la normativa interna y las cláusulas de vencimiento anticipado en cada caso, que no deben declararse nulas en abstracto. Tampoco deben considerarse nulas en principio las denominadas cláusulas de intereses remuneratorios.

Advierten igualmente los magistrados que el deber de "control de oficio" de los tribunales debe ser especialmente relevante en el proceso de ejecución y en el juicio monitorio, y que los trámites procesales deben ajustarse a dicho deber de control en cumplimiento de la sentencia europea.

Cinco días para las alegaciones

Así, proponen que a la hora de admitirse las demandas, si el juez ve alguna cláusula que pueda parecer abusiva, debe dar traslado a las partes y darles audiencia de cinco días para que presenten "las alegaciones que estimen oportunas sin necesidad de abrir ningún incidente" procesal.

Si el juez ve alguna cláusula abusiva declarara, "bien la denegación de la ejecución, bien el despacho de la misma sin aplicación de aquellas cláusulas que estime abusivas", y frente a ello cabría apelación, según esta "orientación" de los magistrados reunidos este miércoles.

La jornada se ha desarrollado en la sede de la Escuela de la calle Trafalgar de Madrid, a puerta cerrada, y ha sido clausurada por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa. Han asistido la práctica totalidad de los magistrados de la Sala de lo Civil del alto tribunal y una veintena de jueces de todas las comunidades autónomas, uno por comunidad y dos por las de Madrid, Andalucía y Cataluña, según las mismas fuentes. Igualmente, el debate ha contado con inspectores del CGPJ,  del Banco de España, del juez que llevó la Ley Hipotecaria al TJUE, el magistrado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo y de la magistrada del Tribunal Constitucional Encarnación Roca, entre otros.

El pasado 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

El tribunal europeo cree que esta protección a posteriori "resulta incompleta e insuficiente" ya que "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda" sino que se limita "al pago de una indemnización por daños y perjuicios". La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por juez Fernández Seijo antes de dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca que finalmente se ha declarado abusiva

Votación en el Senado

Sobre los desahucios, el Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios con el único respaldo del PP y la presencia en la tribuna de una veintena de afectados que, durante la votación, exhibieron pancartas de "Stop desahucios. No más muertes".

Con gritos de "Sí se puede", los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presenciaron en la tribuna las seis horas de debate, fueron desalojados del salón de Plenos mientras increpaban a los senadores del PP.

A las puertas del Senado otra treintena de personas de la Plataforma, vigiladas por un dispositivo especial de la Policía Nacional, se han concentrado para advertir de que "no se rendirán" y que las movilizaciones contra la normativa proseguirán su curso. En el transcurso del debate en el que se rechazaron las tres propuestas de vetos -de Entesa y del grupo socialista- y las 273 enmiendas planteadas por la oposición, el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, tuvo que pedir en numerosos ocasiones silencio a los senadores y a la tribuna ante la interrupción del discurso de los intervinientes.

• Unos 80 miembros y simpatizantes de Stop Desahucios se han concentrado desde las 9.30 horas para intentar evitar el lanzamiento de una familia en Alicante.
• Los incidentes se produjeron cuando la policía intentó abrirse entre los manifestantes para que la comisión judicial accediese al interior del inmueble.
• La familia, con tres hijos —dos de ellos menores—, dice que denunciará a los agentes por coger supuestamente del cuello a su hija de 15 años.

El intento de Stop Desahucios Alicante por frenar el desalojo de una familia se ha saldado este martes con la detención de dos personas acusadas de resistencia y atentado contra los agentes de Policía que han abierto paso entre los manifestantes que bloqueaban el acceso a la vivienda, y con otras cuatro personas más lesionadas, entre ellas la hija de 15 años de la pareja afectada, que ha sufrido un ataque de ansiedad, según han informado fuentes policiales y de la plataforma ciudadana.  

El desahucio de la familia, de origen cubano y con tres hijos —dos de ellos menores—, estaba fijado para las 10.30 horas de este martes, en una vivienda de la calle Colombia de Alicante, lugar en el que cerca de 80 miembros y simpatizantes de la plataforma Stop Desahucios se han concentrado desde las 9.30 horas para intentar evitar el lanzamiento.

La comisión judicial ha llegado puntual, si bien al percatarse de la protesta ha permanecido a la espera de que el juzgado le confirmara la orden de desahucio por impago de alquiler.

Tras recibir la orden afirmativa, los efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar se han abierto paso entre los manifestantes para que la comisión pudiera acceder al interior del inmueble.

Para ello, sin embargo, los agentes han tenido que apartar a los participantes, que han ofrecido una "fuerte" resistencia, lo que ha llevado a la policía a detener a dos de ellos acusados de atentado a agente y resistencia a la autoridad.

Los detenidos son una mujer, —madre de otra familia que tiene señalado su desahucio para el próximo 26 de mayo—, y un joven, ambos cubanos disidentes del régimen castrista, quienes, al igual que la familia desahuciada este martes, llegaron en 2011 de acuerdo con un convenio entre la Iglesia y el Gobierno español.

Varios lesionados

Durante el forcejeo con la policía, una de las hijas de la familia afectada, de 15 años, ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido trasladada al Hospital General de Alicante en una ambulancia.

En este sentido, la madre de la familia, Ismara Sánchez, ha declarado que un agente "ha cogido del cuello" a la menor, y por ello acudirá este mismo martes a denunciar los hechos en cuanto tenga el parte de lesiones.

Ismara Sánchez ha lamentado que no tiene ningún familiar ni allegado que pueda darles alojamiento a partir de ahora, por lo que ha asegurado que no sabe dónde pasarán esta noche.

Además, ha recordado que el pasado viernes los responsables del Patronato Municipal de la Vivienda les dijeron que "alguien de Cáritas" les llamaría, y este martes, que ya se encuentran "en la calle" aún no han "tenido ninguna noticia".

La intervención policial además ha causado diversas magulladuras y lesiones leves a otras tres personas, entre ellas, la mujer de origen marroquí que el pasado viernes también solicitó la ayuda del Patronato de la Vivienda, porque "en breve" se enfrentará por segunda vez a un proceso de desahucio.