Victoria Luna 20m 
Entre Pinto y Valdemoro. O lo que es lo mismo, entre un fuerte plan de ajustes o suaves "reformas estructurales". Así estaban las cosas, más allá de eufemismos, de cara al Consejo de Ministros de este viernes, en el que el Gobierno ha anunciado, como adelantó el propio Mariano Rajoy el pasado 10 de abril, "la segunda oleada de reformas". Estas tienen que ser presentadas ante las autoridades europeas a finales de abril.
Muchos, que aún sienten los efectos de la primera oleada "reformista" del Ejecutivo, aprobada en julio pasado, se echaron a temblar. Y nos les faltaban motivos, pese a los esfuerzos de varios miembros del Gobierno por calmar los ánimos. "España no necesita ajustes adicionales en 2013", decía el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado día 18. El titular de Hacienda, Luis Montoro, insistía: "No va a haber una subida de impuestos".
Sin embargo, Rajoy volvió este martes a desatar las alarmas. “No haremos recortes como los que hicimos el pasado año, aunque es probable que en algunas partidas presupuestarias haya que hacerlos”.“No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año, pero dependemos de las previsiones de crecimiento y del déficit público”. Tal fue el el revuelo suscitado que el día siguiente tuvo que aclarar que, al menos "este viernes", no habría subida impositiva.
Precisamente este lunes, el propio De Guindos elevó la previsión de caída del PIB para 2013 al 1 o 1,5%, frente al 0,5% contemplado hasta ahora. Al final lo ha dejado en un 1,3%. En cuanto al déficit, también este lunes Eurostat publicó las cifras definitivas de 2012 y situó el de España en el 6,98%, que se eleva al 10,6% si se incluyen las ayudas a la banca. Lo pactado con la UE era el 6,3%.
Pero más allá del alcance de las reformas anunciadas por el Ejecutivo este viernes, que al final implicarán una subida de los impuestos especiales, a depósitos bancarios y los medioambientales, lo cierto es que todo apunta a que habrá más próximamente. En cualquier caso, suponen una nueva vuelta de tuerca a la batería de ajustes, reformas y tijeretazos emprendida por el Gobierno desde que inició su legislatura. Así, desde que el PP llegó al poder en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, este ha sido su legado:
Subidas de tasas e Impuestos
-IRPF e IBI. A poco más de un mes de llegar al Gobierno, el 30 de diciembre de 2011, Rajoy aprobó una subida "temporal y progresiva" del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2012 y 2013. Más tarde, en julio de ese mismo año, aprobó una subida del 15 al 19% de la retención del IRPF a las actividades profesionales y rendimientos del trabajo.
-IVA. El julio de 2012 el Consejo de Ministros aprobó un amplio paquete de medidas para ajustar 65.000 millones de euros. En él se incluía una subida del IVA, que pasó del 18 al 21%, y que empezó a aplicarse el 1 de septiembre. El reducido subió del 8% al 10%, pero muchos productos que antes formaban parte de este pasaron al general, como las entradas de cine, con lo que pasaron del 8% al 21%. No en vano, la pasada semana la Federación de Productores Audiovisuales Españoles (Fapae) informó de que la taquilla de los cines españoles ha caído más de un 5 % desde que entrara en vigor la subida del IVA. Además, durante el pasado año se han cerrado un total de 141 salas de cine y 17 complejos en toda España.
-Tasas judiciales. En noviembre de 2012, a través de un decreto ley, entró en vigor una subida generalizada de las tasas judiciales. Esta suponía un aumento, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, entre otras cosas, lo que generó muchas críticas entre la oposición y y el ámbito judicial al considerar que solo podrían recurrir los que tuviesen dinero para hacerlo. Una justicia para ricos y otra para pobres, argumentaron desde la izquierda.
Ante tanta crítica y revuelo social, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, rectificó y anunció una bajada del 80% en las recién estrenadas tasas, pero los consumidores y colectivos jurídicos la tacharon de "tomadura de pelo", ya que solo afecta a una parte de las tasas, la variable; la parte fija y su subida se quedan como están.
-Fin de la desgravación por vivienda. El Gobierno la eliminó a partir de 2013, pese a haber anunciado en su programa electoral que actualizaría "la deducción por adquisición de vivienda habitual". El tipo superreducido del 4% para la compra de nueva vivienda, asimismo, pasó a ser del tipo reducido, del 10%.
-Cotizaciones, tabaco, impuesto de sociedades. En su primer gran plan "reformista", se dio luz verde también a un incremento de las cotizaciones, de la tributación del tabaco y algunos cambios en el pago fraccionado del impuesto de sociedades para hacer ingresos adelantados a Hacienda
Recortes en Educación
En marzo de 2012 se aprobaron los presupuestos más austeros de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones de euros (destinados a pagar la deuda pública) y que supusieron un recorte del 21,2% para Educación. Este se reflejó principalmente en universidades, tecnología y formación de los docentes. La partida para becas se redujo un 11%.
Solo seis días después el Gobierno anunciaba un nuevo tijeretazo en Educación para ahorrar 3.000 millones de euros. Así, de nuevo a través de un decreto ley, subió "temporalmente" un 20% el máximo de alumnos por clase de la educación obligatoria y fijó la carga lectiva del profesorado en un mínimo semanal de 25 horas en infantil y primaria y 20 en el resto de enseñanzas no universitarias. Asimismo, los alumnos pasaron a pagar entre el 15 y el 25% más en la primera matrícula de las universidades públicas.
Tijeretazo en Sanidad
La Sanidad, otro de los considerados pilares básicos del estado de bienestar, también sufrió la poda gubernamental. El ajuste en los presupuestos fue de un 13,7% menos, pero lo peor aún estaba por llegar. Junto a las medidas para recortar en Educación se anunció un ajuste de 7.000 millones de euros en nuestro sistema sanitario, a través de un decreto ley publicado en el BOE en abril de 2012. Entre sus principales consecuencias, el fin del concepto de "sanidad universal", ya que vincula su acceso a la cotización a la Seguridad Social, con lo que excluye a los inmigrantes sin papeles y a los ciudadanos mayores de 26 años que no hayan cotizado.
Establecía también el repago de los fármacos en función de la renta de los ciudadanos, y lo introduce para los pensionistas, que tienen que pagar un 10% de sus medicinas. Además, algunos fármacos salieron de la financiación pública y los usuarios tienen que cofinanciar prótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente.
Reforma laboral y desempleo
Una de las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy es la reforma laboral, que entró en vigor en febrero de 2012. Entre otras cuestiones, generaliza la indemnización por despido improcedente en 33 días con un tope de dos anualidades y permite que las empresas puedan despedir con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Asimismo, creó un contrato para pymes con menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de un año en el que no hay indemnización por despido, que desaparecerá cuando la tasa de paro baje del 15%. Según las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicadas este mismo jueves, el número total de parados al cierre de marzo subió hasta los 6,2 millones, cifra inédita hasta ahora. La tasa de desempleo se sitúa así en el 27,16%.
En su decreto de julio de 2012, el Gobierno recortó la prestación por desempleo para los nuevos receptores, que a partir de los seis meses pasaron a cobrar el 50% de la base reguladora en lugar del 60% que estaba establecido. Eso sí, se mantiene la duración de la prestación en 24 meses. También suprimió un gran número de las bonificaciones a la contratación, excepto las que se aplican a discapacitados y emprendedores.
Recorte a los funcionarios
Los trabajadores de la función pública han sido uno de los colectivos más perjudicados por los recortes gubernamentales. Se quedaron sin paga extra de Navidad en 2012 y este año han visto congelado su salario. Además, han perdido tres días de los seis de libre disposición que poseían y se han quedado sin los días libres adicionales en función de su antigüedad. También se redujo el número de liberados sindicales.
Ayuda al alquiler para jóvenes
La denominada Renta Básica de Emancipación, sufrio un recorte del 30%, de forma que pasó desde los 210 euros mensuales hasta los 147 euros al mes. Esta medida afecta a jóvenes inquilinos que ya fueran beneficiarios de esta ayuda. El Gobierno acordó en diciembre de 2011 eliminar esta renta, no concediéndola a nuevos beneficiarios, pero manteniéndola para quienes ya tenían el derecho a percibirla. Ahora, todo apunta a que está condenada a desaparecer.
Ley de la Dependencia
En su decreto de julio de 2012, el Gobierno incluyó una reforma de la Ley de Dependencia, introducida en 2007 por el Ejecutivo socialista y que contemplaba la figura del cuidador no profesional, es decir, familiares en su mayoría que habían tenido que dejar sus trabajos para poder atender a sus dependientes. La reforma del PP rebajó un 15% las prestaciones económicas y el Estado dejó de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores, que hasta entonces percibían una prestación económica. Más del 90% de estas personas eran mujeres, muchas de ellas mayores de 45 años.
La norma instaba a las cuidadoras a decidir antes de noviembre si continuaban dadas de alta como tal, eso sí, pagando ellas su cotización a la Seguridad Social. El resultado: sólo casi 24.000 cuidadoras de las cerca de 160.000 que constaban como tal decidieron seguir adelante y pagar sus cotizaciones, con el consecuente impacto en la Seguridad Social y en el paro registrado.
Edad de jubilación y pensiones
Con Bruselas y Alemania apretando las tuercas, el Gobierno admitió este miércoles que el factor de sostenibilidad de las pensiones, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento que entregó el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo el martes.
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora
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