• Las adquisiciones "se usaban para los cohechos".
• Obtuvo material por valor de 1,5 millones de euros.
• La defensa ha afirmado que hay errores en las cifras de los informes.

Uno de los investigadores del caso 'Malaya' ha asegurado que los relojes que compró el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, al también acusado Sabino Falconieri "se usanban para los cohechos", por lo que también se le imputan al principal acusado por " tener el dinero guardado, dinero que entendemos ilícito".

Un agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol que intervino en varios informes de cuantificación de blanqueo de capitales, ha analizado los documentos en los que se sustentan las operaciones supuestamente irregulares por las que Roca compró cuadros, relojes, joyas y otros objetos de decoración con dinero presuntamente ilícito.

Los abogados han insistido en defender los negocios de sus clientes y han cuestionado los informes, asegurando que hay errores en las cifras. Además, han preguntado al agente por las comprobaciones realizadas sobre los archivos intervenidos, los listados de cuadros y si las operaciones de venta se llegaron a hacer, así como el patrimonio anterior de los procesados y sobre el conocimiento que tenían éstos sobre Roca y sus actividades.

Al respecto y sobre Falconieri, el perito ha manifestado que no tenía conocimiento directo de los hechos presuntamente delictivos de Roca porque éste "directamente nunca le dijo este reloj es para tal concejal porque me va a firmar no se qué y vamos a aprobar tal cosa", pero sí ha indicado que tenía una relación personal con el principal acusado, por lo que debía de haber sospechado.

Para la Fiscalía, Falconieri proporcionó relojes y joyas por valor de 1,5 millones de euros en cinco años , unos 400.000 euros tan sólo en 2001, mientras que el acusado no pudo precisar cuánto llegó a vender a Roca, quien aseguró que en Navidad "no me complicaba la vida y regalaba relojes", añadiendo que "era una buena inversión de compra, aunque fuera para regalar".

"Dudas"

Asimismo, ha indicado, como ya dijo en la sesión del martes, que se analizaron cuentas bancarias y ha apuntado que en algunos casos él no investigó personalmente ni el patrimonio de los acusados ni ingresos, ni las facturas ni a otros establecimientos o sociedades que podrían haber tenido negocios parecidos con Roca, asegurando que desconoce si otros compañeros lo hicieron.

Ha admitido que sobre las obras de arte "tenemos muchas dudas", en cuanto a que "hay cuadros que están intervenidos que no están en los listados", según ha indicado. Uno de los responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico ha confirmado que la Policía impidió una subasta de cuadros, tres de los cuales, según les manifestó el responsable de la Sala de subastas, constaban como aval.

• El abogado de Del Nido tacha de "repudiable" esta causa "prospectiva".
• El presidente del Sevilla está investigado en el llamado caso Minutas.
• Se investigan las irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella.

La defensa del letrado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, ha dicho este jueves que el caso Minutas sobre presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella es un procedimiento "paradigmático de inquisición general", que se ha instruido al margen de las garantías de un proceso justo.

El abogado Pedro Apalategui, que ha comenzado su informe para rebatir las conclusiones del ministerio público, ha calificado de "repudiable" en un Estado de Derecho esta "causa prospectiva", en la que se han investigado nueve años de vida profesional de su cliente.

En su exposición, el letrado ha indicado que el escrito de la Fiscalía tiene más "naturaleza intuitiva" que de conclusión y ha criticado las "acusaciones sorpresivas" durante todo el procedimiento.

En este sentido, ha advertido de que "no se pueden adicionar hechos distintos a los que han sido objetos de acusación" inicial, como mantiene que ha ocurrido en el escrito definitivo de la Fiscalía con algunos delitos como el de tráfico de influencias.

Según la defensa de Del Nido, su cliente iba a afrontar un proceso en el que se tenía que defender de tres imputaciones y se encontró en la vista oral con que tenía que responder a nueve, lo que ha considerado una consecuencia de la "causa general" contra él.

Asimismo, Apalategui ha reprochado la pretensión mediática de algunas referencias del fiscal como que su cliente se situó en "el núcleo de la corrupción", con las que ha aseverado que consiguió la "degradación" de valores fundamentales como la honra y el prestigio.

El abogado también ve una finalidad de proyección mediática en el aumento de 13 años y medio a 30 de la petición de cárcel para Del Nido, que a su juicio carece de "base y contenido jurídico".

Ha insistido en que Del Nido "no sustituyó" a José Luis Sierra como jefe de la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento de Marbella porque el alcalde "le encargó la fiscalización del Tribunal de Cuentas pero no todos los asuntos".

También ha negado la existencia de un pacto con otros acusados para cometer un supuesto fraude, y ha criticado que el fiscal haya utilizado la "cabriola jurídica" de convertir a su cliente en funcionario o autoridad de hecho para situarlo "en disposición de apropiación de bienes sin ningún tipo de obstáculos".

El defensor ha señalado que no se puede hacer reproche a la forma de contratación de su cliente, y ha explicado que las minutas meramente se cuestionan por ser altas, pese a que el propio interventor las "apadrina".

• El tribunal ha impuesto una pena de 6 años y 3 meses de prisión al principal imputado, el abogado Fernando del Valle.
• Ha sido condenado por dos delitos, uno continuado de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.
• La Sala ha declarado nulas las escuchas telefónicas.

El tribunal encargado de juzgar el 'caso Ballena Blanca', la mayor operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en España, ha condenado este jueves sólo a 5 de los 19 acusados, y ha impuesto una pena total de seis años y tres meses de prisión al principal imputado, el abogado Fernando del Valle.

Este procesado ha sido condenado por dos delitos, uno continuado de blanqueo de capitales (tres años, tres meses y un día de cárcel) y otro contra la Hacienda Pública (tres años) de un total de diecisiete años de prisión que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Del Valle ha sido absuelto del resto de delitos de los que había sido acusado.

Además, le ha impuesto una multa de unos 2,6 millones de euros por los citados delitos, de los 37 millones solicitados por el ministerio público, y le ha condenado a indemnizar a la Hacienda Pública con 342.785,22 euros.

Los cinco procesados que han sido condenados por el tribunal suman diecisiete años de cárcel, que equivale a la pena que había pedido el fiscal para el presunto cerebro de la trama, y multas por importe total de 6,88 millones de euros.

Además de Del Valle, han sido condenados Sophiane Hambli (tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales), María Dolores León (un año por blanqueo), Aimo Veikko Voutilanen y María Leena Voutilainen (ambos a tres años y tres meses de cárcel por delitos continuados de blanqueo).

En su fallo, la Sala ha declarado nulas las escuchas telefónicas relativas a dos números, y ha desestimado el resto de cuestiones previas planteadas por las defensas de los diecinueve acusados.

Contra esta sentencia cabe un recurso de casación, posibilidad que el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, estudiará en los próximos días, según ha manifestado a los periodistas.

La Fiscalía pedía más

La operación 'Ballena Blanca' se destapó en 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades, entre ellas varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

El juicio comenzó el pasado 15 de marzo de 2010 y terminó el 21 de diciembre. La Fiscalía Anticorrupción, en sus conclusiones definitivas, mantuvo la acusación para los 19 acusados y elevó a 17 años de prisión la petición de pena para el letrado, al que acusó de delitos continuados de falsedad, de blanqueo de capitales, de falso testimonio y contra la Hacienda Pública, introduciendo en éstos un tipo agravado por utilización de sociedades.

El fiscal sostuvo en su informe final que en el juicio se había acreditado que el despacho proporcionó "estructuras de ocultamiento" que se encuadran "perfectamente" en el delito de blanqueo de capitales y precisó que ya en la investigación inicial "se detectaron" sociedades que "se vinculan a determinadas actividades delictivas". Mantuvo que se ofrecía una estructura que "puede servir tanto para ocultar ganancias no declaradas como hechos delictivos".

En su derecho a la última palabra, Del Valle aseguró que en la vida "he cometido muchos errores, pero no he cometido delitos" y se mostró convencido de que "se reconocerá mi inocencia".

"No he hecho más que trabajar en mi ejercicio profesional para cuidar de mi familia, mis colaboradores y mis clientes", insistió, lamentando "la prueba de cargo inexistente, la pena de procesamiento, cárcel y banquillo".

• Su dueño, José Eugenio Arias-Camisón, está "a punto de reunir 500.000".
• Asegura que ha puesto "18 carteles donde dice 'prohibido fumar'".
• Desde el 17 de febrero había permanecido cerrado por vacaciones.

El Asador de Guadalmina de Marbella, que fue clausurado por la Junta de Andalucía al dejar fumar en el local y posteriormente autorizado a reabrir tras su compromiso de acatar la ley antitabaco, ha reabierto este jueves sus puertas, aunque su propietario sigue recogiendo firmas en contra de la norma.

Así lo ha asegurado el dueño del establecimiento, José Eugenio Arias-Camisón, quien afirma haber quitado los carteles donde anunció que no aplicaba la norma, como le requirió la Junta, pero haber puesto otros con "mensajes reivindicativos" porque la ley no le impide "poner cuadros" en el interior de su casa.

"He puesto muchísimos más cuadros y aunque la ley me obliga a poner dos carteles de prohibido fumar, he puesto 18 para que no haya ninguna duda", ha manifestado el propietario del asador, que desde el 17 de febrero había permanecido cerrado por vacaciones.

Arias-Camisón ha asegurado que no necesita recoger "muchas firmas más" porque está a punto de reunir las 500.000 necesarias para presentar una cuestión de inconstitucional sobre el contenido de la ley en el Congreso de los Diputados y en el Tribunal Constitucional.

No obstante ha anunciado que se desplazará en los próximos días a Madrid y Valencia para recoger firmas en nombre de la asociación "Reforma o ruina", impulsada por él, y que espera estar presente en la Feria de Abril de Sevilla con el mismo fin.

Aunque la Junta levantó la medida de cierre del local, con carácter cautelar y provisional, para evitar que se siguiera incumpliendo la norma, continuó el proceso sancionador con la tramitación del expediente abierto por incumplimiento de la Ley General de Sanidad.

En este procedimiento la Junta propuso imponer una sanción de 145.000 euros por incumplimiento del artículo 35 C.4 de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, que considera infracción muy grave "el incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias".

• El cerebro del llamado 'caso Malaya' dice que "tenía dinero oculto".
• Su negocio, ha dicho en el juicio, "siempre ha sido comprar y vender".
• Cronología de la operación Malaya, la mayor trama corrupta de España.

El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha afirmado este lunes que no llegó a Marbella "en un Seat Panda, como dijo en una ocasión la Policía", sino con dinero físico para invertir en la ciudad.

Roca ha continuado contestando a las preguntas Juan Carlos López Caballero, representante de la Fiscalía Anticorrupción, con mucha vehemencia y en un tono un poco alto en determinados momentos, aunque la acusación pública ha tenido mucho aplomo.

Durante su intervención, ha insistido en numerosas ocasiones que cuando llegó a Marbella y antes de trabajar en el Ayuntamiento "tenía dinero, oculto, pero dinero físico" y que su negocio siempre ha sido "comprar, vender y promover".

A preguntas del fiscal, ha negado que estuviese presumiendo de tener dinero oculto al señalar: "yo no hago gala de no haber pagado a Hacienda, pero la verdad es que tenía dinero físico, y lo puedo demostrar". El exasesor ha explicado que él siempre ha comprado en época de crisis y que "si estuviera en la calle -ha dicho- le estaría comprando ahora a los bancos baratos, lo he hecho siempre y no me ha ido mal".

Ha relatado que cuando llegó a Marbella en 1984 tenía dinero efectivo y letras del Tesoro y que su patrimonio lo invirtió en Marbella, y ha retado en diversas ocasiones al fiscal, al que se ha ofrecido a hacerle las cuentas si no le salen.

Preguntado por el fiscal por qué devolvió una letra si tenía dinero, Roca ha contestado que quizás en aquel momento le interesaba por algo concreto y que devolver una letra no se puede entender como que no tenía fondos, "porque si no, en España no tiene dinero ni Dios".

Este lunes es la tercera sesión en la que el exasesor de urbanismo de Marbella contesta a las preguntas del fiscal, la mayoría relativas a operaciones y sociedades vinculadas a este procesado. A este respecto, ha manifestado que él siempre guarda todo sobre sus operaciones, aunque ha recriminado que a la Policía sólo le interesó la documentación de compras y no la de ventas.

El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel, mantiene que "en ningún momento" trató de ocultar su patrimonio o el patrimonio de sus sociedades, que ascendía a 210 millones.

Posición de "dominio"

Para justificar sus argumentos, explicó en otra sesión que en 2005 pretendía poner todas sus sociedades a nombre de sus hijos, al tiempo que aseveró que "disfrutaba" de lo que era suyo a ojos de todos.

El fiscal mantiene que Roca era el jefe de la organización y destaca la posición de "dominio" que ejerció sobre la Corporación de Marbella, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.

Para Roca, el fiscal pide además un total de 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa. Se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

Además de Roca, entre los 95 procesados en esta causa figuran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, ex ediles como Isabel García Marcos y abogados y empresarios. El caso Malaya, cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.

• El dueño del asador se ha comprometido a acatar la norma, por tanto la Junta no ve motivos para mantener la clausura.
• El propietario ha señalado que acata la Ley "por imperativo legal" pero que "al final" ganará "esta guerra".
• Aunque el proceso de sanción a Arias-Camisón continúa tramitándose, él sigue recogiendo firmas para poner fin a la Ley.

La Junta de Andalucía ha notificado este jueves al Asador de Guadalmina de Marbella, que clausuró cautelarmente hace una semana al dejar fumar en el local en contra de la Ley Antitabaco, que puede reabrir tras su compromiso de acatar la norma y haber retirado los carteles donde anunció que no la aplicaba.

Fuentes de la administración autonómica han informado de la entrega la mañana de este jueves por parte de una inspectora de la autorización que permite funcionar al establecimiento tras comprobarse que en él efectivamente se cumple la normativa.

Dado que la medida de cierre del local tenía carácter cautelar y provisional para evitar que se siguiera incumpliendo la norma, y tras comunicar su propietario, José Eugenio Arias-Camisón, la intención de deponer su actitud, la Junta ha destacado en un comunicado que "ya no existen motivos para mantener esta clausura".

No obstante, aunque se haya levantado la medida, continúa el proceso sancionador con la tramitación del expediente abierto por incumplimiento de la Ley General de Sanidad al obviar de manera reiterada el requerimiento de la autoridad sanitaria.

Este procedimiento está actualmente en periodo de alegaciones y la Junta propuso imponer una sanción de 145.000 euros por falta muy grave.

Los hechos han supuesto el incumplimiento del artículo 35 C.4 de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, que considera infracción muy grave "el incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias".

"En lucha por la libertad"

En el asador se puede ver un cartel, que ha sido desplegado a lo largo de toda su fachada, con la leyenda "Asador Guadalmina, en lucha por la libertad".

En otro letrero se alude a la manifestación de protesta convocada en Madrid para el próximo 21 de febrero por la asociación creada por el dueño del asador, Reforma (de la Ley Antitabaco) o Ruina (de la Hostelería).

José Eugenio Arias-Camisón ha señalado este jueves que acata la Ley Antitabaco "por imperativo legal" pero que "al final", ganará "esta guerra", en alusión al conflicto con la la Junta de Andalucía al negarse a cumplir la norma.

Ha enfatizado que "la gente está cansada de tragar las píldoras de este Gobierno", en el que, ha añadido, "la preparación cultural de gran parte de sus miembros y 'miembras' es equivalente a la de un niño o niña de 13 años".

Arias-Camisón ha avanzado, además, que seguirá recogiendo firmas y, en cuanto las tenga reunidas, procederá "contra esta ley", porque "al final, que no les quepa duda alguna", ganará "esta guerra".

El propietario concluía diciendo que "desde luego, no me pienso quedar callado, porque esto ha sido un atropello y un golpe de Estado, y no lo pienso aceptar", señalado que no tiene "ganas de abrir un negocio en España", y si lo hace "será en Estados Unidos, Alemania o en otro lugar civilizado".

• Califica a la nueva norma como "cortina de humo creada por nuestro Gobierno".
• El dueño presentará una denuncia contra dos policías que identificaron a los clientes que estaban fumando.
• CLAVES: ¿Dónde puedo fumar sin que me multen?
• ZP ve lógico que se hagan denuncias | "Seguiré fumando".

Un asador de Marbella ha colocado este lunes carteles en la cristalera del establecimiento que da al exterior en los que anuncia que no aplicará la ley antitabaco, normativa que califica como "cortina de humo creada por nuestro Gobierno para tapar siete años de destrucción masiva de España".

El Asador Guadalmina, situado en la urbanización del mismo nombre en el núcleo de población marbellí de San Pedro Alcántara, luce sendos carteles -visibles desde fuera- donde advierte de que, "ante la inminente entrada en vigor" de esa ley, como negocio privado no la aplicará haciendo uso de lo que entiende como sus "derechos".

Los carteles, que dan a la terraza exterior donde se sitúan unas mesas y sillas, concluye con una petición de "disculpas a toda aquella persona que se sienta perjudicada".

Dos policías identificaron a los clientes

El propietario del asador presentará este martes una denuncia contra una pareja de policías que este lunes identificó a los clientes que estaban fumando dentro del establecimiento.

Tras la polémica suscitada por ser el único local de la ciudad donde se hace caso omiso a la prohibición de fumar, el dueño del asador, José Eugenio Arias, ha asegurado que buscará cualquier fórmula legal que permita a sus clientes seguir haciéndolo.

Además, ha aseverado que no descarta la idea de crear una sociedad gastronómica, a la que sólo podrían acceder los socios y donde no cabrían prohibiciones de ningún tipo.

• Según Roca, Muñoz suscribió el convenio que permitió aumentar la edificabilidad de una parcela en Puerto Banús, cuya venta supuso un beneficio de 6 millones de euros.
• Roca ha hablado sobre los cheques bancarios que aportó para formar parte de la sociedad Lispag, propietaria de la parcela en cuestión.
• Cronología del 'caso Malaya'.

El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, ha asegurado este martes que Julián Muñoz, entonces primer teniente de alcalde de Marbella, se limitó a firmar un convenio urbanístico cuyas condiciones había establecido antes el alcalde, Jesús Gil.

Roca, que ha demostrado durante su declaración un conocimiento exhaustivo del sumario, ha manifestado que fue Julián Muñoz quien suscribió el convenio que permitió aumentar la edificabilidad de una parcela en Puerto Banús, cuya venta supuso en un año, según la Fiscalía, un beneficio de 6 millones de euros para cuatro de los procesados en esta causa.

A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular en este caso, sobre la intervención que tuvo Muñoz, el principal acusado del 'caso Malaya' ha respondido "ir a firmar", y ha explicado que lo hacía cuando lo llamaba el alcalde porque éste "no firmaba nada".

En la segunda jornada de comparecencia de Roca, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella ha respondido también a las cuestiones planteadas por el abogado que representa a este Consistorio.

Respuestas sobre su implicación

Ante la insistencia de este letrado sobre los cheques bancarios con los que Roca hizo su aportación para formar parte de la sociedad Lispag (constituida en 2001 en Suiza mediante administradores fiduciarios para hacerse con la española Yambali, propiedad de la mencionada parcela) el presidente del tribunal, José Godino, ha celebrado un careo con Pedro Román y Juan Hoffmann, ambos acusados.

Roca ha reiterado que aportó a Román cuatro cheques bancarios y 50.000 euros en efectivo que sumaban 742.000 euros de su aportación, correspondiente al 15% de la inversión en Lispag, y Román, que no recuerda cuántos talones fueron, ha insistido en que Roca "pagó hasta la última peseta".

En relación con la venta del 90% de las participaciones de Yambali al empresario granadino José Ávila Rojas, ha manifestado que supo que éste era el comprador cuando la operación "ya estaba negociada y acordada" porque quien "tripulaba" la sociedad era el promotor inmobiliario y ex edil Pedro Román, que tenía el 62,5% de las acciones.

Sobre su papel en Planeamientos 2000, la empresa municipal encargada de la elaboración de la revisión del plan de ordenación urbana de Marbella, ha concretado que fue su gerente desde 1992 hasta 1995, año en el que se modificaron sus estatutos y pasó a ser apoderado de la misma.

En otro momento del juicio, ha aclarado que nunca ha sido empleado directo del Ayuntamiento, ni funcionario, y que no ha formado parte del Grupo Independiente Liberal (GIL, fundado por Jesús Gil), ni ha votado a este partido.

El presidente del tribunal que enjuicia el 'caso Malaya' ha acordado que comparezca al final de la sesión del martes el tasador José Mora para dar tiempo a la defensa de Roca, que se enfrenta a 30 años de prisión en este proceso, a preparar su interrogatorio para mañana.

Mora ha declarado que Roca era quien firmaba sus contratos laborales pero que no le daba "instrucciones" sobre las tasaciones, y respecto a la operación urbanística que se investiga ha dicho que hizo su informe antes del convenio, pese a que figure en el documento una fecha posterior.

• Según el abogado Hoffman, Roca formaba parte de una sociedad que obtuvo 6 millones de beneficio en la venta de una parcela.
• El terreno, clasificado como comercial, pasó a ser residencial ese mismo día.
• Su papel fue "montar la estructura jurídica de la operación", dice.

El abogado Juan German Hoffmann, acusado de blanqueo de capitales, ha señalado este lunes al presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, como integrante de una sociedad que, según la Fiscalía, obtuvo 6 millones de beneficio en la venta de una parcela de Marbella.

Hoffmann, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de cárcel por blanqueo de capitales, ha sido el primero en declarar a petición de la Fiscalía, que ha optado en su estrategia por dejar a Roca para el último lugar de los cinco procesados que declararán por la 'operación Crucero Banús'.

En este primer bloque del juicio se trata de dirimir si se cometieron los delitos de blanqueo de capitales, fiscal y malversación de caudales públicos en relación con esa operación, por la que están acusados Hoffmann, Roca, el que fuera primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y su hija Pilar, y el ex comisario Florencio San Agapito.

Aparentemente tranquilo durante su declaración, el abogado marbellí ha afirmado que Roca fue uno de los socios de la sociedad Lispag A.G., constituida mediante administradores fiduciarios en Suiza en octubre de 2001 para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús clasificada como comercial.

Ha reconocido que participó en la operación urbanística y que el convenio con la Corporación municipal para que la parcela pasase a residencial e incrementase su edificabilidad de 532 a 11.406 metros de techo se produjo el mismo día de la compra del terreno, pero ha precisado que la negociación venía de antes.

Su contacto con los socios durante la operación

El imputado no ha explicado cómo se gestó el convenio debido a que era Román el que se encargaba de llevar las gestiones urbanísticas, aunque éste no le daba cuenta de las mismas, por lo que desconoce con quién trataba.

Ha asegurado que en aquellas fechas no mantuvo contacto directo con Roca ni con San Agapito, ambos con una participación en Lispag del 15%, tan sólo con el entonces promotor inmobiliario Pedro Román (que tenía el 62,5%), que había adelantado el dinero de la participación de los otros dos.

El papel de Hoffmann fue "montar la estructura jurídica de la operación", mientras que Román se encargó de buscar los medios financieros, ha declarado el abogado, quien ha asegurado que conocía a Roca de "hola y adiós" y que no le consta que éste negociara el mencionado convenio.

En el mismo sentido, Hoffmann ha negado haber utilizado la supuesta influencia de Roca en el Ayuntamiento para lograr el incremento de edificabilidad del terreno que vendieron un año después (en 2002) por 10,4 millones al promotor granadino José Ávila Rojas, también imputado en esta causa.

A preguntas de su defensa, Hoffmann ha dicho que no tenía ningún conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de Roca porque cree que en aquellas fechas "ni siquiera había sido imputado".

Tampoco cuestionó entonces que el ex asesor de Urbanismo de Marbella pudiera tener capacidad económica para afrontar una inversión de 600.000 euros en esta operación, según ha explicado.

Sobre la legalidad del convenio, ha añadido que no dudó de que se ajustara al planeamiento urbanístico porque en Marbella existía "un caos administrativo, que no legal", y en ese tiempo "se construía" en la ciudad y "los bancos financiaban".

• La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ex alcalde de Marbella  siete años y medio de cárcel y una multa de casi 7,5 millones de euros.
• El juez pide a la tonadillera una fianza de 3,68 millones.
• La cronología de la 'operación Malaya'.
• ¿Quién es quién en el 'caso Malaya'?

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, su ex mujer, Maite Zaldívar y la tonadillera Isabel Pantoja tienen una cita judicial esta semana en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde les darán traslado de la apertura de juicio oral por supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

Fuentes del despacho de abogados de la cantante han confirmado que Isabel Pantoja comparecerá el próximo 14 de octubre a las 10.00 h para que el instructor le notifique la mencionada resolución judicial.

Un día antes, el sucesor de Jesús Gil al frente de la Alcaldía de Marbella, Julián Muñoz, y su ex mujer, Maite Zaldívar, acudirán al mismo juzgado para que les sea notificada también la apertura de juicio oral y el contenido del mismo. En dicho acto se les requerirá para que presten fianza para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" con el apercibimiento de que de no prestarlas "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada" a cada uno de los acusados.

En el caso de la tonadillera, el juez le ha requerido una fianza de 3,68 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales y se enfrentará en el juicio a una petición fiscal de tres años y medio de prisión y una multa de 3,7 millones de euros. Para Julián Muñoz, el juez exige una fianza de 7,46 millones de euros y para su ex mujer, Maite Zaldívar, 2,6 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito acusatorio, solicita para el ex alcalde siete años y medio de cárcel y multa de casi 7,5 millones y para su ex mujer, tres años y medio de cárcel.

• El letrado Javier Saavedra ha proclamado la inocencia de su cliente en la fase de cuestiones previas del proceso del caso Malaya.
• El ex alcalde de Marbella está imputado por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.
• En las cuatro sesiones celebradas de este juicio ya han expuesto sus argumentos casi la mitad de los abogados de los 95 procesados.

El abogado del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, -imputado en el caso Malaya por varios supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo-, ha proclamado la inocencia de su cliente en la fase de cuestiones previas y ha centrado su discurso en la vulneración de derechos fundamentales.

El letrado Javier Saavedra ha dicho, además, que de ser ciertos los delitos que se le atribuyen, Muñoz sería "el alcalde corrupto más barato de España" y "un hazmerreír". La acusación "ofende al sentido común", según la defensa, quien ha aludido a un supuesto pago por parte del presunto cerebro de la organización, Juan Antonio Roca, después de preparar la moción de censura que desbancó a Muñoz de la alcaldía el 13 de agosto de 2003.

Roca y Muñoz "son unos malversadores, pero eso sí de una honestidad entre ellos entusiasmante", ironizó Saavedra, quien refirió que tras pelearse e insultarse y preparar una moción de censura contra el ex alcalde, Roca le abonó supuestamente 12.000 euros -de un total de 180.000 euros que presuntamente percibió- porque era "un caballero".

En este sentido, se ha preguntado si es creíble que en 2002 ambos suscribieran un convenio y Roca le pagara a Muñoz "a plazos", él último de estos pagos "cinco meses después" de que el primero preparara una moción de censura contra el ex alcalde.

Cree "en la inocencia de todos"

El letrado considera que con la "pelea política del calibre que había en Marbella en 2003", es imposible que se efectuara dicho pago, el cual "no está refrendado en absoluto por ningún movimiento bancario", y ha añadido que la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía "se ha encargado de buscarlo por tierra, mar y aire".

En su exposición, Javier Saavedra ha afirmado que cree "en la inocencia de todos y cada uno de los que están presentes" en el juicio, pero "en particular" de su cliente. Y ha incidido en que el cohecho no queda claro en el escrito del fiscal.

Asimismo, ha recordado que cuando trascendió la operación Malaya, al practicarse las primeras detenciones el 29 marzo de 2006, su cliente estaba en Argentina, un país, "con limitaciones en los tratados de extradición con España" pero volvió a España, por lo que ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinado.

Muñoz, que accedió a la alcaldía de Marbella en mayo de 2002 tras la inhabilitación de Jesús Gil y ostentó el cargo hasta agosto de 2003, ha estado encarcelado por varios procesos judiciales y se enfrenta en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión y ocho años de inhabilitación. En las cuatro sesiones celebradas de este juicio ya han expuesto sus argumentos casi la mitad de los abogados de los 95 procesados.

• Para Roca, el fiscal pide además un total de 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.
• Se le acusa, entre otras cosas, de blanqueo de capitales.
• El 'caso Malaya' es la operación contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento -Marbella- conocida en la historia de España.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 30 años de prisión para Juan Antonio Roca, el presunto cerebro del 'caso Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento -Marbella- conocida en la historia de España.

El escrito de acusación, de 585 folios, ha sido presentado ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, y en él el fiscal mantiene que Roca es presuntamente el jefe de la organización.

Para Roca, el fiscal pide además un total de 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.

Al presunto cerebro de la trama se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

• El mafioso se encontraba en libertad condicional por varios cargos.
• Georgia pide su extradición por causas que suponen 19 años de cárcel.
• Zakhar Kalashov será trasladado de momento a la Audiencia Nacional.

Agentes de la Polícia Nacional han detenido este domingo en Marbella al "número uno" de la mafia georgiana Zakhar Kalashov en virtud de una orden de extradición de su país natal Georgia, según informaron fuentes policiales.

Estas mismas fuentes precisaron que el líder mafioso será trasladado este lunes a la Audiencia Nacional. Kalashov se encontraba actualmente en libertad condicional y sobre el pesaban delitos de blanqueo de dinero.

La orden ha sido dictada por el juez Fernando Andreu para aplicar una petición de extradición del Gobierno de Georgia donde tiene pendiente una condena de 19 años por vínculos con la mafia. El principal golpe a la mafia georgiana ocurrió en 2006, cuando fueron detenidas nueve personas.

• El actor y su mujer, que veranearon durante años en Marbella, se han visto implicados en un caso urbanístico.
• Se trata de una investigación abierta hace tiempo.

El actor escocés Sean Connery y su mujer han sido imputados por un juzgado de Marbella en unas diligencias abiertas por un caso urbanístico, según han informado este viernes fuentes judiciales.

El actor -que veraneó durante años en Marbella- y su mujer figuran entre los siete nuevos imputados por el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí en unas diligencias previas abiertas hace tiempo por una cuestión urbanística, causa que ha entrado en una nueva fase tras la inicial que ya sumaba 21 imputados.

Esta nueva fase, de la que da cuenta este viernes el diario El Mundo, está bajo secreto de sumario y en la misma operación fueron registrados por la Policía dos despachos de abogados de Marbella y Madrid y de la misma compañía simultáneamente el pasado miércoles. La causa es por la recalificación de la parcela de Connery situada en Marbella y conocida como "Malibú".

La operación urbanística fue amparada por el ex alcalde marbellí Jesús Gil y Gil; ya que se recalificó el terreno donde estaba el chalé en Marbella del actor y que el juez investiga la presunta comisión de los delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales y blanqueo de capitales.

El actor está citado a declarar junto a su mujer y los letrados a partir del próximo 27 de mayo y que la operación policial se denomina "Goldfinger", en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente británico James Bond.

Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.

La referida actuación municipal, según el diario, tendría continuidad en el tiempo, dado que es una edificación consolidada entre 2004 y 2005, por lo que explica que afectaría a los sucesores de Gil en la Alcaldía como Julián Muñoz y Marisol Yagüe en el marco del denominado caso "Convenios" que se sigue en el mismo juzgado.

Se informa además de que los abogados de la mencionada firma negociaron con Gil y el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca mediante un convenio la recalificación de los terrenos de una zona que era residencial de chalés y que pasó a ser de cuatro alturas.

Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes requisaron documentación en las oficinas de los letrados, situados en la madrileña Torre Picasso y del edificio Marina Marbella, aunque no se practicaron detenciones, y fuentes del bufete han descartado que la actuación se trate de un asunto de blanqueo.

• La condena pretende compensar el perjuicio causado a los caudales públicos por parte de Muñoz y varios ex ediles del GIL.
• El montante procede de lo defraudado al ministerio, unos 12,7 millones de euros, más los correspondientes intereses.

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los imputados en el "caso Monteverde", entre los que se encuentran el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y otros ex ediles del GIL, a pagar al Ayuntamiento unos 18 millones de euros, según el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP).

Romero ha explicado hoy en rueda de prensa que esta cuantía se ha estipulado "en concepto del perjuicio causado a los caudales públicos por parte de Muñoz y varios ex ediles del GIL por el cobro de proyectos facturados a través de la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella SL (y luego a cargo del propio Ayuntamiento) y que, sin embargo, nunca llegaron a ejecutarse".

El portavoz municipal ha hecho hincapié en el hecho de que para el equipo de gobierno "es una prioridad que revierta en las arcas de Marbella el dinero esquilmado al municipio". Ha añadido que desde el Consistorio se aboga por que las cantidades económicas resultantes de todos los procedimientos resueltos a su favor puedan ser cedidas para el pago de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda.

En este caso concreto, Romero ha explicado que, aunque la sentencia aún no es firme, se trata de una condena del pago de 12,7 millones de euros más otros 110.679 que proceden de actuaciones de legislaturas diferentes y que son una parte principal de las cantidades que se defraudaron al consistorio.

Además, según el portavoz municipal, la sentencia también reconoce unas cantidades adicionales de intereses que deben abonarse a las arcas municipales y que suponen 4,9 millones y otros 64.227 euros  por dos periodos diferentes.

Entre los imputados, además de Julián Muñoz, se encuentran el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y ex concejales de GIL como Esteban Guzmán, Modesto Perodia, Antonio Calleja, Francisco Javier Lendínez o María Luisa Alcalá Duarte.