El ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, ha declarado este jueves en calidad de imputado de un delito de estafa y de otro de prevaricación urbanística en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada por su posible implicación en la venta supuestamente irregular de unos terrenos de equipamiento público a un promotor que, en lugar de construir un complejo residencial destinado a la tercera edad como estaba previsto, edificó un total de 116 apartamentos de uso libre.

Sánchez, que dimitió de su cargo tras ser condenado por un delito contra el medio ambiente del que posteriormente fue absuelto por la Audiencia de Granada, ha comparecido durante apenas 15 minutos, tiempo en el que se ha negado a contestar a las preguntas tanto de la Fiscalía como de las acusaciones populares, entre las que se encuentran Izquierda Unida, Ecologistas en Acción o los propios ancianos que compraron unos pisos con unas condiciones de las que no disfrutan, alrededor de una treintena de afectados, han informado a Europa Press fuentes del caso.

El asunto, por el que además están imputados el secretario y el arquitecto municipal de Atarfe, que han declarado en días anteriores, se remonta a 1998, cuando el Ayuntamiento de Atarfe vendió a un promotor, Francisco Espartero Espartero, unos terrenos de 6.413 metros cuadrados con la condición de que se destinaran a equipamientos o usos de interés social, en concreto viviendas para mayores de 60 años o jubilados, a las que se les dotaría de bajos comerciales con servicios como lavandería, fisioterapia o enfermería.

En 2002 se concedió al promotor la licencia municipal de obra para construir 116 apartamentos, locales comerciales y cocheras, y en 2004 se dieron las primeras licencias de ocupación. Según sostienen los denunciantes, el suelo equipamental "cambió de uso", cuando por ley es "inembargable e inalienable", y se construyeron unos apartamentos sin los servicios prometidos y sin que el Ayuntamiento instara al promotor a cumplir con lo pactado.

Un numeroso grupo de mayores compró pisos en el residencial, que se llamó La Estrella, pero la mayoría de los apartamentos se vendieron a cualquier persona que quisiera comprarlos y "sin ningún control público" (algunos compraron hasta cinco pisos).

Los mayores se personaron en la causa y actúan como denunciantes "porque ninguna de las promesas realizadas se han cumplido": ni jardines, ni espacios libres, ni servicios asistenciales, ni comedores, ni centro de día, ni talleres. Al contrario, sufren las "secuelas" de una construcción "de mala calidad con enormes desperfectos, con barreras arquitectónicas, y los problemas que conlleva vivir en un edificio que no ha sido destinado para su fin".