El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció este miércoles 23 medidas que aprobará por decreto para endurecer el control de acceso a las armas de fuego, entre ellas la prohibición de comercializar los fusiles de asalto.

Entre esas "órdenes ejecutivas", que no necesitan pasar por el Congreso, anunciadas por Obama figuran también la exigencia de comprobación de antecedentes penales para todas las ventas y aumentar la cobertura médica en salud mental.

Esas medidas fueron anunciadas por el presidente de EE UU en respuesta a la masacre perpetrada en diciembre en Newtown, donde un joven mató a 20 niños y seis adultos en una escuela, así como a su madre, antes de suicidarse.

Además, Obama restringirá el acceso a los cargadores de alta capacidad y eliminará las balas perforadoras, e instará a que los estados compartan a nivel federal sus bases de datos sobre antecedentes criminales. El plan reforzará la seguridad en las escuelas y colegios, ofrecerá fondos para la contratación de un millar de consejeros pedagógicos y psicológicos y la puesta al día de programas de emergencia.

Las medidas forman parte de las aportaciones realizadas por un equipo de trabajo encabezado por el vicepresidente de EE UU, Joe Biden, que se ha reunido con miembros de la sociedad civil, funcionarios de seguridad y miembros del sector educativo. Los decretos de Obama incluyen aumentar los recursos presupuestarios para facilitar el acceso a salud mental de estudiantes y jóvenes mediante la formación de 5.000 profesionales médicos específicos.

El presidente de EE UU dijo este miércoles que proteger a los niños de la violencia debe ser la principal "responsabilidad" de la sociedad tras anunciar estas 23 medidas. "Aunque reducir la violencia armada es un reto complicado, proteger a nuestros niños de esa violencia no debe ser un asunto que nos divida", subrayó Obama en la Casa Blanca una comparecencia junto con Biden.

Además, Obama instó al Congreso a apoyar su plan de endurecimiento del acceso a las armas con la aprobación de "un sistema universal de comprobación de antecedentes penales". "Aunque estos pasos son importantes, no son en modo alguno sustituto de la acción del Congreso. Para tener un impacto real y duradero, el Congreso debe actuar, y hacerlo pronto", indicó.

Las medidas se dividen en cuatro categorías: evitar que las armas lleguen a manos inadecuadas, prohibir la venta de las armas de asalto, aumentar la seguridad en las escuelas y mejorar los servicios de salud mental. Estas son las 23 medidas:

1. Un Memorando Presidencial por el que se exige a las agencias federales que revelen los datos relevantes disponibles para fortalecer el sistema federal de verificación de antecedentes.

2. Eliminar barreras legales innecesarias, especialmente en relación con los seguros de salud, que pueden obstaculizar a los estados que faciliten la información disponible para el sistema de verificación de antecedentes.

3. Mejorar los incentivos para que los estados compartan información para el sistema de verificación de antecedentes.

4. El Departamento de Justicia revisará y manejará la información de aquellos individuos que por sus características tienen prohibida la tenencia de armas, con el objetivo de que las personas potencialmente peligrosas también sean apartadas del acceso a las armas.

5. Propuesta de reglamentación para dar cumplimiento a la ley de comprobación individual de antecedentes a la hora de devolver a un individuo un arma de fuego intervenida.

6. Publicación de una carta de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) para los distribuidores de armas con licencia federal que les dé indicaciones sobre cómo ejecutar comprobaciones de antecedentes para los vendedores privados.

7. Poner en marcha una campaña nacional sobre el uso responsable de las armas personales.

8. Revisar los estándares de seguridad para cerraduras y cajas fuertes que contengan armas.

9. Emitir un Memorando Presidencial para exigir la aplicación de la ley federal de rastreo de armas recuperadas en las investigaciones de delitos.

10. La publicación de un informe del Departamento de Justicia que analice la información sobre las armas perdidas o robadas y que esté disponible para las fuerzas de seguridad.

11. Nombrar un director para la ATF (que lleva seis años sin dirección).

12. Proveer mayor protección y refuerzo en la respuesta ante tiroteos en centros educativos, así como capacitación para los funcionarios de los mismos para reaccionar en dichas situaciones.

13. Maximizar los esfuerzos en la prevención de la violencia armada y los delitos con armas.

14. Emitir un Memorando Presidencial dirigido a los Centros de Control de Enfermedades para la investigación de las causas y la prevención de la violencia armada.

15. La emisión por parte de la Procuraduría General de un informe sobre la disponibilidad y el uso más eficaz de las nuevas tecnologías de seguridad con respecto a las armas y desafiar el sector privado para desarrollar tecnologías innovadoras.

16. Aclarar que la reforma sanitaria no prohíbe a los médicos que pidan a sus pacientes información sobre si tienen armas en sus casas.

17. Aclarar a los proveedores de atención de salud mental que ninguna ley federal prohíbe que informen de posibles amenazas de violencia a las autoridades policiales.

18. Proporcionar incentivos para que las escuelas contraten a oficiales que aumenten la seguridad en los centros.

19. Desarrollar modelos de planes de respuesta de emergencia para escuelas, lugares de culto e instituciones de educación superior.

20. Solicitar a las autoridades sanitarias estatales que incluyan servicios de salud mental que deben cubrir los planes de Medicaid.

21. Adoptar normas aclaratorias sobre los beneficios básicos de salud de la reforma sanitaria.

22. Comprometerse a concluir las regulaciones equitativas sobre salud mental.

23. Poner en marcha un diálogo nacional liderado por los secretarios de Salud, Kathleen Sebelius, y de Educación, Arne Duncan, sobre la salud mental.