El Gobierno británico ha presentado en el parlamento sus planes sobre la legalización del matrimonio entre homosexuales, que incluyen libertad para todos los credos religiosos —que tendrán que pedir permiso para hacerlo—, menos para la Iglesia de Inglaterra, credo oficial en el Reino Unido, que tendrá prohibido oficiar este tipo de uniones.

La explicación está, según ha dicho la ministra de Cultura, Maria Miller, en la gran oposición que el Ejecutivo ha encontrado a sus intenciones por parte de la Iglesia de Inglaterra y la de Gales. Estas iglesias "han declarado expresamente su oposición" a oficiar matrimonios entre homosexuales, por lo que para ellas será incluso "ilegal".

Según la legislación que prepara el Ejecutivo, las organizaciones religiosas que quieran casar a homosexuales deberán solicitarlo expresamente, sin que en ningún caso estén obligadas a hacerlo. Para evitar la vulneración de la libertad religiosa, el Gobierno introducirá en el proyecto de ley "un candado legal cuádruple", que garantizará la libertad de actuación de los templos.

Así, ningún templo estará obligado a casar a parejas del mismo sexo ni a permitir que suceda en sus dependencias e incluso será ilegal oficiar esos matrimonios sin permiso explícito. Además, se enmendará la ley de igualdad para evitar que nadie pueda demandar a las organizaciones religiosas por no querer oficiar esos matrimonios.

Con estas garantías, el primer ministro, el conservador David Cameron, firme defensor de las uniones entre parejas del mismo sexo, pretende acallar a los críticos dentro de su propio partido así como evitar una confrontación con la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra, que se oponen a la iniciativa.

Otras organizaciones religiosas, como los cuáqueros o los unitarios —de los sectores más progresistas del protestantismo—, sí son partidarios de tener la posibilidad de oficiar matrimonios entre parejas de gays y lesbianas. Miller aseguró a los diputados que la legislación será respetuosa con el derecho a la libertad religiosa que consagra la Convención europea de derechos humanos.

La ministra anunció que se abre un periodo de consultas entre las partes interesadas de cara a presentar un proyecto de ley a principios del año próximo.