El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig, prevé que el Govern apruebe antes de final de año el proyecto de ley de regulación del espacio público.

El proyecto de ley, entre otras medidas, vetará la oferta y demanda de servicios sexuales en las calles y llevar la cara tapada en las manifestaciones. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar la II Escuela de Verano del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), ha detallado que el calendario de la futura ley pasa por que el Gobierno catalán la apruebe en el último trimestre del año, y que entre en el Parlament a finales de año o principios de 2013 para que pueda ser "objeto de debate" en el próximo periodo de sesiones.

El conseller ha explicado que la prostitución en la calle se perseguirá desde el punto de vista administrativo, ya que el Código Penal no prohíbe esta actividad, con un régimen sancionador propio que no ha avanzado, después de que ya se esté multando esta práctica en las carreteras catalanas.

"Yo personalmente querría que estuviera prohibida y seríamos de los abolicionistas, aunque muy pocos países en Europa lo han impulsado, sino más bien van hacia la regulación", ha argumentado. Ha indicado que sobre el 70% de los ciudadanos de Cataluña cree que deben ponerse límites a la prostitución, según encuestas como la Encuesta de Seguridad Pública y algunas del observatorio del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Según cifras del conseller, entre 350 y 450 mujeres ejercen actualmente la prostitución en las carreteras catalanas, donde los Mossos d'Esquadra ya están multando desde hace un mes esta práctica en base a la ley de carreteras. Ha explicado que la futura ley no quiere regular derechos fundamentales sino "establecer los límites" del espacio público, determinando qué conductas deben ser perseguidas como por ejemplo la ocultación de la identidad en grandes manifestaciones y los servicios sexuales.

Se trata de unificar con una ley que apruebe el Parlamento de Cataluña las diferentes ordenanzas de civismo que han ido impulsado los ayuntamientos catalanes y evitar "un mosaico excesivamente fragmentado", y si es necesario, pedir que el Gobierno reforme algún aspecto de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

En este sentido, ha admitido que en algunos aspectos prevé que "tensionar el ámbito competencial" con el Estado para que el Parlamento pueda decidir las normas de convivencia del país. Puig ya ha abordado este proyecto en varias ocasiones con el ministro del Interior, Jorge Fernández, que está sopesando medidas similares, aunque todavía "de manera poco profunda", y si bien comparten muchos puntos de vista, no coinciden en todo, ha indicado el conseller.