El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, ha destacado este miércoles durante su primer acto institucional que la línea de actuación que le definirá será la de la "lealtad, la transparencia y mucho trabajo".

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Ramos, exparlamentario andaluz del PP, ha destacado que la institución de la que se hace cargo es una "pieza fundamental" en el desarrollo económico y social de Cádiz y de toda su área de influencia; por ello, ha avanzado su intención de "multiplicar" esfuerzos, de la mano de las instituciones provinciales, para seguir desarrollando iniciativas que conlleven riqueza y empleo, no sólo en Cádiz capital, sino también en los diferentes municipios de la provincia.

Por ello, se ha planteado como reto la elaboración este mismo semestre de un plan de negocio que fije el marco de actuaciones "que podremos ir desarrollando en los próximos años".

Además, ha insistido en que el Consorcio debe "abanderar" el fomento de I+D+I en todo su entorno.

Ramos ha subrayado que la "difícil" época que atraviesa el país sólo se supera "arrimando el hombro entre todos", apostando, en este sentido, porque la Zona Franca sea "un ejemplo de trabajo y actitud a disposición de la reactivación económica de Cádiz y la provincia". En esta línea, ha recordado que en sus más de 80 años de historia la Zona Franca "ha sido y es esencial" para la ciudad de Cádiz.

Por ello, ha puesto de manifiesto su compromiso para potenciar todos aquellos proyectos que están en marcha en Cádiz, como la terminación del edificio del Estadio Carranza, "en su recta final", y sobre todo, la reordenación del Recinto Exterior, de la mano del Ayuntamiento de Cádiz a través de la Oficina de Captación de Inversiones (OPEX). Ambos serán proyectos "prioritarios" de la gestión de la Zona Franca, según ha añadido Ramos.

Jorge Ramos ha estado arropado en este acto por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y por la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez, quiénes han destacado las cualidades que le convierten en "la persona idónea" en momentos de dificultades como el actual.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 13 años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna y diez para su antecesor, Miguel Rodríguez de Castro, ambos nombrados por gobiernos del PP. Están acusados, entre otros, de un supuesto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la puesta en marcha de un portal informático de comercio iberoamericano denominado Rilco.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez de Castro sería autor de un delito de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas "ocultando condiciones que lo hubiesen impedido", por lo que solicita dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social durante un periodo de cuatro años.

También lo considera responsable de un delito de prevaricación administrativa cometida por autoridad pública, otro de fraude, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y un delito de malversación de caudales públicos. Por ellos pide una pena de prisión de ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

Por su parte, el Ministerio Fiscal acusa a Osuna de un delito continuado de fraude por "incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la ayuda fue concedida", por lo que pide dos años de prisión, una multa de ocho millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.

También le acusa de un delito de malversación de caudales públicos por el que pide seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años; le considera coautor de otro de encubrimiento, por el que reclama un año de cárcel y, finalmente, también coautor de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público. En relación a este último, el fiscal pide cuatro años de prisión, una multa de 18 meses a una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cinco años.

Cabe señalar que los reseñados ejercieron, sucesivamente, el cargo de delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. Concretamente, Rodríguez de Castro ocupó el puesto hasta febrero de 2001 y Osuna desde marzo de 2001 hasta el 15 de mayo de 2004.

El escrito de acusación incluye a otras cuatro personas más en relación al conocido como 'caso Rilco'. Se trata de O.R. y S.M., a quienes señala como autores de un delito de encubrimiento y de otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público.

También están acusados G.L. y C.L., para quienes pide ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por considerarlos autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos.

El Consejo Económico y Social Local (CES) de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha aprobado por amplia mayoría las bases del anteproyecto del concurso de ideas para el plan de usos y diseño arquitectónico de la península de Sancti Petri, lo que supone un paso más para iniciar el proceso de convertir este singular espacio en un eje turístico de la localidad, volcado en el deporte náutico, la pesca, el ocio y la cultura.

Tras el visto bueno de este concurso de ideas por parte de este órgano consultivo, y tras pasar por la Mesa por Sancti Petri, los pliegos de condiciones se someterán ahora a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local. Después de pasar este trámite, se publicarán las bases en los boletines correspondientes, con lo que se considerará iniciado el proceso, según ha explicado en un comunicado el alcalde del municipio, el popular Ernesto Marín.

Según aparece en las bases elaboradas por el departamento de Contratación del Ayuntamiento de Chiclana, el certamen tiene como objeto la selección de la "mejor y más idónea" propuesta a nivel de anteproyecto comprensiva de un plan de usos, diseño arquitectónico y ordenación de la península de Sancti Petri.

Para ello, tal y como anunció en su momento el regidor municipal, se contará con un jurado "con amplios conocimientos y de prestigio", cuyos componentes darán a conocer "en breve", que usará como criterios de valoración la calidad arquitectónica, conceptual y formal de la propuesta, su originalidad e innovación, la organización racional y eficaz del tráfico peatonal y rodado, la optimización del mantenimiento y conservación y la integración en el entorno arquitectónico y urbanístico y su relación con los espacios públicos circundantes.

Así, entre otros, este órgano estará compuesto por el ingeniero municipal jefe del servicio de proyectos y obras del ayuntamiento, el arquitecto municipal jefe del área de Urbanismo de la Gerencia, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, un representante de la Consejo Económico y Social y la Mesa por Sancti Petri, un arquitecto "de reconocido prestigio", el decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz y un catedrático de la Universidad de Cádiz, del área de Ciencias del Mar.

Tras ser designados los proyectos ganadores, se convocará de nuevo al Consejo Económico y Social y la Mesa por Sancti Petri, con el objeto de que propongan el proyecto vencedor de entre los tres finalistas.

El pliego de prescripciones técnicas de este concurso explica que la península de Sancti-Petri es una pieza del territorio municipal "de singular interés" ambiental, histórico, cultural, patrimonial y portuario-deportivo. Se trata de un territorio calificado como Dominio Público Marítimo Terrestre, con unas instalaciones deportivas y pesqueras en funcionamiento y un patrimonio urbano edificado, restos del antiguo poblado del Consorcio Nacional Almadrabero. Por este motivo, en la península confluyen intereses municipales, regionales y estatales.

En este marco —añade el documento— el plan de usos y diseño arquitectónico que se elabore constituirá una propuesta de contenidos que recupere y revitalice la península como centralidad turística singular, volcada eminentemente en el deporte náutico, la pesca, el ocio y la cultura, no sólo a nivel local.

Cabe recordar que el 14 de abril de 2011, el Ministerio de Medio Ambiente otorgaba la concesión del poblado al Ayuntamiento de Chiclana durante un plazo de 30 años, prorrogables otros tantos, que afecta a unos 66.300 metros cuadrados correspondientes al poblado.

Además, incluía en su resolución que el consistorio tiene derecho de preferencia para el desarrollo de nuevos usos en Sancti Petri, especialmente aquellos con fines turísticos, deportivos, de ocio o culturales, de acuerdo con lo que establece la Ley de Costas.

El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, ha preguntado públicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si después de las elecciones andaluzas del 25 de marzo tiene pensado eliminar el subsidio agrario, instándole tanto a él como al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, a que aclaren esta cuestión en el XVII Congreso Nacional que el PP celebrará este fin de semana en Sevilla.

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En rueda de prensa en la capital gaditana, en la que ha profundizado acerca del "neocaciquismo" que representa la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, Pastrana se ha preguntado por las intenciones del Gobierno de España tras las elecciones andaluzas, en relación a si va a eliminar el subsidio agrario.

Por eso, ha instado a Rajoy y Arenas a aclarar esta cuestión "este mismo fin de semana" para que los andaluces afectados "tengan claro, antes de las elecciones autonómicas, si van a mantener sus derechos".

El responsable nacional del sector de UGT ha recordado que este "impasse" no permite que los trabajadores del campo puedan acogerse al régimen laboral de cualquier otro empleado: entre otras, que tengan derecho a cobrar paro o jubilación. Una medida que afecta a 31.432 trabajadores en la provincia de Cádiz.

"Lo que queremos es algo estable, que garantice que los trabajadores no vean mermadas sus jornadas de trabajo, como ocurre ahora por las condiciones climatológicas", ha asegurado Pastrana, quién considera "fundamental" el desarrollo de estos reglamentos.

Por su parte, el secretario nacional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT, Antonio Deusa, ha exigido al Gobierno que convoque a las organizaciones sindicales para desarrollar los tres reglamentos que darán cumplimiento a la integración de los trabajadores del campo en el Régimen General de la Seguridad Social, tal como aprobó el pasado año el Parlamento.

Deusa ha mostrado su preocupación por el "silencio" del Gobierno y ha recordado que cuando se iniciaron los primeros intentos de integrar el REAS en el Régimen General, el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, "intentó quitar la renta agraria".

Reclaman un pacto de estado en materia energética

En materia energética, el sindicalista ha reclamado un pacto de Estado y una regulación estable porque "no podemos someternos a un cambio normativo cada vez que cambia el Gobierno". En esta línea, ha subrayado la necesidad de que el sector energético "no se improvise", abogando por un acuerdo de Estado donde se contemplen todas las fuentes de energía, lo que requiere que los agentes sociales y económicos "nos sentemos con el Gobierno".

Deusa, que ha puesto de manifiesto la inversión en materia energética que se ha ido creando poco a poco, considera que el Gobierno "no puede ahora tomar medidas que antes consideraba chapuceras", en clara alusión a su política de quitar primas o hacer una política independiente energética para ser menos dependientes de los fósiles.

Estas decisiones, según ha denunciado, están afectando ya al sector, "que ha frenado su previsión de crecimiento" (que se cifraba en un 20 por ciento en 2020), y se ha traducido en la destrucción de 12.000 empleos en el sector eólico nacional.

En Andalucía, según ha añadido Manuel Pastrana, la nueva política energética del Gobierno va a suponer un "recorte drástico" para el medio ambiente, para la supervivencia de 1.800 empresas y para el mantenimiento de 40.000 puestos de trabajo. "Un recorte del que no se escapará Cádiz, que es la tercera provincia de Andalucía, con mayor número de proyectos subvencionados por la Junta de Andalucía, según la Agencia Andaluza de la Energía", ha apostillado.

Por otro lado, ambos representantes sindicales han mostrado el rechazo de la organización a la Política Agraria Común (PAC), porque "no va a beneficiar a los trabajadores, ni apuesta por la ecología verde, ni por la integración de los jóvenes y las mujeres en el campo". "La PAC -continuó- puede venir muy bien al norte de Europa pero no al Sur".

Finalmente, el responsable sindical ha expresado su preocupación por la refinería de Algeciras (Cádiz), entre otras de Andalucía, ante la caída del consumo de gasoil, que ha cifrado en un 30 por ciento. "Hay refinerías paralizadas como Petronor por el consumo y, ante esta situación, habrá otras como Algeciras o Huelva que no podrán mantener empleos", ha concluido Pastrana.

Los sindicatos estudiarán la repercusión de la nueva reforma laboral sobre los planes de Back in Business —los nuevos propietarios de Nueva Rumasa— para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las cuatro bodegas del Marco de Jerez sujetas a concurso y prevén que el plazo "se alargue" para ver en qué medida afecta el nuevo decreto.

Según ha indicado a Europa Press el secretario provincial del sindicato agroalimentario de CCOO, Luis Páez, en la tarde de este martes los trabajadores del Complejo Bellavista participaron en una asamblea en la que el comité de empresa y el administrador concursal les trasladó la "difícil" situación que atraviesa el centro y la decisión de la nueva sociedad de "tomar medidas", puesto que "se sigue generando deuda".

Según ha precisado Páez, por el momento "sólo se ha hablado de número y no de nombres", pero los empleados del citado complejo conocen que el expediente afectará aproximadamente al 50 por ciento de la plantilla —que ronda los 90 trabajadores— aunque en estos momentos supeditan "cualquier medida de presión" a conocer "más información" sobre los planes de los nuevos dueños de Nueva Rumasa.

En este sentido, el representante de CCOO ha indicado que finalmente las negociaciones se han pospuesto a la próxima semana ante la falta de la documentación requerida por el comité de empresa, dado que aunque cuentan con el Plan de Sostenibilidad, siguen a la espera de que los directivos presenten un Plan de Viabilidad para poder "definir" la situación y poder iniciar "el periodo de consultas".

Asimismo, también ha explicado que aún están pendientes de que se convoquen "por separado, porque no hay unidad concursal" asambleas de trabajadores en el resto de bodegas afectadas para que comité de empresa y administradores concursales pongan al tanto de la plantilla de la situación.

La candidata del PA a la Junta de Andalucía, Pilar González, en relación a las directrices de la Unión Europea que recomiendan al Gobierno presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha pedido al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que "no juegue" con los intereses de los andaluces porque, según añade, "no puede esperar" a que pasen las elecciones en Andalucía para presentar los PGE con el "único objetivo" de que Javier Arenas obtenga réditos electorales.

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González, mediante un comunicado, ha pedido a Mariano Rajoy que atienda al "tirón de orejas de Bruselas" y presente "cuanto antes" los PGE, incluyendo un fondo de compensación interterritorial con 40.000 millones para la puesta en marcha de un Plan de Empleo Prioritario para Andalucía (PEPA).

Por otro lado, la líder andalucista se ha referido a la "amenaza" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de impugnar las oposiciones docentes andaluzas, asegurando que éste "tendrá enfrente al PA" si decide paralizar la convocatoria de las oposiciones para profesores.

Según ha recordado, los andalucistas defienden la enseñanza pública y no permitirán "ni un maestro menos en la escuela pública", animando al Gobierno central a que recorte "en lo que sobra". En este sentido, ha instado al PP a que recorten en las diputaciones provinciales, en el número de asesores o en la propaganda institucional y no en los servicios públicos.

La candidata del PA a la Junta de Andalucía, Pilar González, en relación a las directrices de la Unión Europea que recomiendan al Gobierno presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha pedido al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que "no juegue" con los intereses de los andaluces porque, según añade, "no puede esperar" a que pasen las elecciones en Andalucía para presentar los PGE con el "único objetivo" de que Javier Arenas obtenga réditos electorales.

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González, mediante un comunicado, ha pedido a Mariano Rajoy que atienda al "tirón de orejas de Bruselas" y presente "cuanto antes" los PGE, incluyendo un fondo de compensación interterritorial con 40.000 millones para la puesta en marcha de un Plan de Empleo Prioritario para Andalucía (PEPA).

Por otro lado, la líder andalucista se ha referido a la "amenaza" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de impugnar las oposiciones docentes andaluzas, asegurando que éste "tendrá enfrente al PA" si decide paralizar la convocatoria de las oposiciones para profesores.

Según ha recordado, los andalucistas defienden la enseñanza pública y no permitirán "ni un maestro menos en la escuela pública", animando al Gobierno central a que recorte "en lo que sobra". En este sentido, ha instado al PP a que recorten en las diputaciones provinciales, en el número de asesores o en la propaganda institucional y no en los servicios públicos.

La consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha dejado claro que la Junta de Andalucía es "contraria" a la ratificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos porque el que está en vigente desde 2000 "se está incumpliendo" y propiciando una competencia "francamente desleal". Así, ha exigido al Gobierno de la nación que diga "si está a favor o en contra" de la ratificación.

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En declaraciones a los periodistas tras visitar en Cádiz las instalaciones de la empresa Productos Congelados del Sur (Procosur), Aguilera ha instado al Ejecutivo a que "lo diga" si está a favor, pero si es contrario le pide que "apoye el no mañana" en el Parlamento Europeo, donde hay "una mayoría" 'popular'.

La consejera ha justificado la oposición de Andalucía argumentando que ha habido acuerdos agrícolas anteriormente con Marruecos y que, de hecho, ahora hay uno vigente del año 2000. No obstante, el actual "se está incumpliendo" porque está "entrando mucha más producción" de la permitida por el propio convenio. Abunda Aguilera que "se están incumpliendo los contingentes" y hay incumplimientos también con el calendario de entrada de las producciones andaluzas.

Explica que esto no está afectando sólo al tomate, sino también a otras hortalizas, a la fresa y a la naranja. Por tanto, ha planteado que si no se está cumpliendo el acuerdo agrícola actual "cómo vamos a ratificar uno nuevo que lo que hace es incrementar las producciones".

También ha argumentado que los productos que se cultivan en Andalucía tienen unas exigencias fitosanitarias que no tienen los que se cultivan en Marruecos y, por ello, ha exigido "como consumidora andaluza y europea" que los requisitos fitosanitarios y de seguridad alimentaria exigibles en Europa "se cumplan tanto para el tomate o la fresa que se produce en Andalucía como para la que se produce en Marruecos".

Finalmente, ha concluido que "si todos producimos con las mismas condiciones todos competimos en mismo mercado por igual, y eso no se está produciendo", por lo que ha confiado en que el acuerdo no se ratifique porque sería "injusto con nuestra agricultura".

El candidato de IU al Parlamento andaluz por Cádiz, Ignacio García, ha valorado las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Plan de Empleo de Cádiz señalando que "el dinero que falta" de los planes de empleo y de Bahía Competitiva "seguro que no se lo han llevado los trabajadores", por lo que pide que se investigue el dinero no justificado durante años, así como los "múltiples" intermediarios que hayan existido entre el dinero y los trabajadores.

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A través de un comunicado, Izquierda Unida ha pedido una investigación que permita aclarar cómo se gastó el dinero en los distintos procesos de formación de la extinta factoría de la multinacional Delphi en Puerto Real.

Asimismo, el hasta ahora diputado de IULV-CA recuerda que su formación ya pidió en el Parlamento andaluz "expresamente" que la Cámara de Cuentas fiscalizase la FAFFE (Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo), "a lo que se negó el PSOE y por ahí están las pistas que hay que seguir".

García espera que ahora nadie "ponga en duda la honradez de los trabajadores", que se han limitado a luchar por sus puestos de trabajo, acudiendo diariamente a los procesos de formación planteados por la Junta, "por muy incoherentes que estos pudieran parecer a veces".

El consejero del Comité Ejecutivo de la Zona Franca en Cádiz, Ignacio Romaní, sobre el escrito de calificación de la Fiscalía en el caso Rilco, "del que todavía no tienen constancia las partes", ha manifestado que "llama la atención" la acusación realizada por el Ministerio Público hacia el exdelegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, ya que el juez instructor del caso "descartaba" que hubiese cooperado con la supuesta malversación de caudales públicos y la inexistencia de fórmulas de ejecución del tipo penal en la modalidad de comisión por omisión.

En este sentido, Romaní considera "inconcebible" que la Fiscalía intente "forzar" la inclusión de Miguel Osuna como acusado por un delito de malversación, cuando el juez instructor señala que fue el propio Miguel Osuna el que abrió una investigación interna sobre el caso Rilco, según señala en un comunicado.

Por otra parte, el consejero del Comité Ejecutivo de la Zona Franca considera "sospechoso" las casualidades que se van produciendo "sistemáticamente" con los temas judiciales relacionados con la Zona Franca de Cádiz a pocos días de unas elecciones.

Igualmente, Romaní ha hecho hincapié en que "una vez más", el propio afectado, como es Miguel Osuna, tiene conocimiento de hechos que afectan al proceso judicial a través de los medios de comunicación. A este respecto, el consejero del Comité Ejecutivo de la Zona Franca ha señalado que solicitarán explicaciones y que se investiguen este tipo de filtraciones que producen una "extrema indefensión" al exdelegado Osuna.

Finalmente, Ignacio Romaní ha insistido en que el PP es el primer interesado en que se esclarezca "de una vez por todas" todo lo acontecido en la Zona Franca de Cádiz con este caso y en que cumpla con sus responsabilidades penales, si las hubiere, quien tenga que cumplirlas.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado que se ha vuelto "al sentido común" con las oposiciones en Educación, al tiempo que ha considerado una "tropelía" el cambio de temario que realizó el anterior Gobierno "poco antes de irse", ya que, en su opinión, debería haber dejado que el nuevo Gobierno "tomase decisiones".

En rueda de prensa en Algeciras (Cádiz), donde ha mantenido un encuentro con agentes económicos y sociales, Crespo ha explicado la la posición del Ejecutivo en torno a la posible impugnación de las oposiciones convocadas por la Junta de Andalucía en el ámbito educativo.

Según ha asegurado Crespo, "quizás se ha interpretado, o han querido eso, con la cuestión que ha planteado el Ministerio", recordando que el cambio en el temario fue una "tropelía" del Gobierno anterior que hizo "poco antes de irse". En su opinión, el Gobierno del PSOE "debería haber dejado que fuese el nuevo gobierno el que tomase decisiones".

Asimismo, ha asegurado que lo que ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "volver al sentido común de las oposiciones que los opositores tenían al inicio de la preparación de las mismas".

Además, Carmen Crespo considera que al Gobierno andaluz, que está en funciones, "se le nota demasiado" que se encuentra en un proceso electoral, "tanto que usa cualquier resquicio para atacar al gobierno de la nación y tenemos que contestarle".

Por ello, ha pedido a los dirigentes socialistas de Andalucía que "no mezclen las cuestiones", ya que se ha cambiado el temario "porque lo hizo el anterior pocos días antes de marcharse", algo que cree "incomprensible" en una sociedad democrática.

La delegada del Gobierno en la comunidad autónoma andaluza ha avanzado que actualmente "se estudia la situación de no superar el diez por ciento de las plazas", apuntando que si bien la Ley "está clara", el Ejecutivo tratará "de forma especial" el área educativa, "ya que tiene una sensibilidad especial en dicha materia".

Finalmente, Crespo ha aseverado que en la actualidad "no podemos aumentar las plazas en el ámbito público", añadiendo que la Educación es "necesaria y sensible".

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, entiende que las críticas del PSOE respecto a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esté retrasando la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con fines electorales "se desmontan fácilmente".

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En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Crespo ha expuesto que "en apenas 50 días el Gobierno ha hecho ya seis consejos de ministros, uno de política fiscal y financiera y se han planteado reformas y leyes muy importantes para este país", subrayando que "algunas han sido dificultosas".

Entre las acciones que se han llevado a cabo, ha citado "la reforma laboral, la de IRPF y otras medidas que a veces no se entienden bien por la ciudadanía y se han tomado". Por ello, concluye que "ese argumento se cae de facto".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que "no se ha visto un Gobierno que haya hecho más reformas en menos tiempo", aunque reconoce que "el país y el momento lo requieren". En este sentido, ha destacado que "se han encontrado un agujero de 35.000 millones de euros y un déficit del ocho por ciento".

También ha aludido al déficit de la Seguridad Social, apostillando que "se iban a encontrar un superávit de un 0,4 y, sin embargo, la realidad es que han encontrado 668 millones de euros menos, por lo que la dificultad es mayor de la esperada".

Por último, la delegada del Gobierno en la comunidad andaluza ha enfatizado que para hacer un presupuesto "necesitan al menos seis meses y el Gobierno va a utilizar tres, con lo que están haciendo actuaciones en tiempo récord".

Es por ello por lo que ha insistido en negar en que se esté actuando "a golpe de elecciones", subrayando que "estamos en una situación muy dura y todos debemos estar unidos".

Más de un centenar de agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han exigido este miércoles sus salarios al Ayuntamiento vestidos de mendigos durante una manifestación que ha partido de la acampada que mantienen en la explanada anexa a la Jefatura del 092 y se ha dirigido a un centro comercial jerezano en la Nacional IV.

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La protesta, convocada por el SIP (Sindicato Independiente de la Policía Local), ha provocado cortes de tráfico a medida que los efectivos iban avanzando —acompañados de familiares—con carteles en los que han denunciado que "con el PP vivimos de la caridad" o "tendremos que emigrar como nuestros abuelos", en referencia a los impagos de las últimas dos nóminas y media.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del SIP, Miguel Ángel Periñán, ha criticado que la situación está "peor" porque las hipotecas "siguen viniendo y tenemos que seguir comiendo" y, por ello, ha señalado que el Gobierno local (PP) "no nos deja otra opción que salir a la calle" para "reivindicar" sus salarios.

En este sentido, Periñán ha resaltado que "exigimos algo tan digno como cobrar" y ha explicado que han decidido protagonizar esta marcha ataviados de mendigos "porque nos sentimos como indigentes, dependiendo de nuestra familia y nuestros amigos".

Hasta la fecha, el Ayuntamiento jerezano adeuda a la plantilla municipal parte de la nómina de diciembre, la paga extra de Navidad y la de enero y "no hay plazo" para realizar un nuevo ingreso, por lo que junta de personal y comité de empresa siguen llevando a cabo manifestaciones diarias de la plantilla.

Los agentes del 092 ya protagonizaron hace semanas otra manifestación acompañados por un rebaño de ovejas por las calles del municipio jerezano para denunciar que se sentían "como borregos" ante el trato recibido por el Gobierno local y la "falta de respuestas".

El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, ha indicado este miércoles que su sindicato "no tiene información" sobre las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre el Plan de Empleo de la Bahía, aunque ha asegurado que cuando sepan "qué ha pasado" adoptarán medidas.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Cádiz, Pastrana ha añadido que el TC "no se ha dirigido a UGT para nada relacionado con este asunto", añadiendo que si hay "anomalías" en la gestión de estos fondos, su sindicato exigirá que se clarifiquen "totalmente".

Según ha aseverado el secretario general de UGT Andalucía, desde el sindicato que representa "no se ha dado el visto bueno para el uso irregular de fondos" ni ha sido "cómplice ni consciente" de ello. Por ello, asegura que cuando sepan qué ha pasado se posicionarán "en lo público y en lo judicial"

"No estamos escurriendo el bulto, sino que no tenemos información sobre el tema", ha concluido Pastrana.

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha instado en declaraciones a Europa Press a que se investiguen los hechos con el fin de asegurar de que los fondos se aplicaron "conforme al destino previsto", y que el Tribunal de Cuentas "decida lo que tiene que hacer o controle las cuentas en el gasto", si bien ha admitido que desde el sindicato se desconoce "qué ha podido pasar" para que se dé este informe.

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha expresado este miércoles la necesidad de que la futura Política Pesquera Común (PPC) conceda un "mayor reconocimiento y protagonismo" al sector acuícola, una actividad que "puede contribuir a garantizar un abastecimiento alimentario de productos de la pesca de alta calidad", ayudando a disminuir la presión sobre los caladeros europeos, según ha explicado.

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Durante su asistencia al acto de conmemoración del XXV aniversario del centro Ifapa El Toruño, ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), la consejera ha alabado el trabajo de los investigadores en su apuesta por impulsar la diversificación de la economía de las zonas costeras.

En este sentido, ha subrayado que se trata de un sector que ha logrado "grandes avances" hasta el momento y que sigue estando lleno de oportunidades porque queda mucho por hacer, por lo que la labor que realizan centros como El Toruño o Aguas del Pino en Huelva "son fundamentales". Aguilera ha recalcado que "desde Andalucía entendemos que la acuicultura no debe ser una actividad complementaria a la del sector extractivo, sino una actividad más, que suma al Producto Interior Bruto".

Asimismo, ha asegurado que al tratarse de una actividad que requiere de importantes inversiones tanto en estructuras como en investigación es necesario que cuenten con financiación comunitaria que hagan posible abrir nuevas alternativas a la producción "y contribuir de esta manera a impulsar la competitividad y sostenibilidad que queremos en nuestras producciones".

Junto a este apoyo económico, la representante del Gobierno andaluz ha destacado que es prioritario que ese desarrollo sostenible de la acuicultura vaya acompañado de "una política de calidad extremadamente rigurosa", teniendo en cuenta tanto los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente como el bienestar de los animales y un nivel elevado de protección a los consumidores.

En esta línea, ha incidido en la conveniencia de crear una etiqueta comunitaria específica de calidad para los productos de la acuicultura que garantice la "transparencia y fiabilidad" del sistema de producción y de control. En esta materia, la labor que realizan los profesionales de El Toruño es "fundamental" para distinguir y diferenciar las producciones andaluzas, según ha asegurado.

Aniversario el toruño

El centro El Toruño del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca, cumple 25 años como referente de investigación de cultivos marinos. Su ubicación e infraestructura hacen posible que desde sus dependencias se le dé respuesta a las necesidades de investigación, transferencia, formación y desarrollo tecnológico de la acuicultura andaluza.

El trabajo interdisciplinar que desarrolla se centra principalmente en cinco líneas de investigación dedicadas a la mejora de los sistemas de cultivo, el estudio de alimentos funcionales, aplicaciones genómicas en nutrición e inmunidad de especies acuícolas, prevención de enfermedades y bienestar animal, y el apoyo a la conservación del entorno marino.

Entre sus avances científicos-técnicos destacan el apoyo al sector marisquero, la puesta en cultivo de un gran número de especies acuícolas (dorada, lubina, corvina, etcétera), el uso de marcadores moleculares en la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura y el desarrollo de estrategias para aumentar el bienestar de las especies.

El centro, con una extensión de 36 hectáreas, alberga siete laboratorios especializados en distintas áreas, instalaciones para experimentación e investigación, una nave de cultivos larvarios, una granja experimental, así como una sala multimedia y una biblioteca.

La acuicultura en andalucía

En Andalucía, la ubicación de las instalaciones acuícolas se localizan en dos grandes áreas, la zona sur-atlántica y la zona sur-mediterránea, con 8.460 hectáreas y 4.378 hectáreas dedicadas a esta actividad, respectivamente.

En relación con las especies cultivadas en el litoral andaluz, predominan la dorada y lubina fundamentalmente, a las que se han sumado en los últimos años el lenguado, la corvina y la seriola.

Respecto a los moluscos, las producciones siguen siendo fundamentalmente de mejillón, almeja japonesa, almeja fina y ostión; mientras que de la familia de los crustáceos destaca el langostino, camarón y el langostino tigre o japonés.

Actualmente, operan en la comunidad 113 empresas de acuicultura marina y la mayor parte de la producción corresponde a dorada y lubina. La producción media anual gira alrededor de las 8.000 toneladas, con un valor comercial de unos 44,27 millones de euros.