La acusada, que enfrenta una petición fiscal de 14 años de prisión, aseguró ante la sala en la primera jornada del juicio, que quedará previsiblemente listo para sentencia, que actuó por "miedo a su familia", a la que calificó de "muy violenta" e impulsada por la "desesperación de no tener a nadie".

Al tiempo, negó con rotundidad que tuviera intención de acabar con su vida y aseguro que se quedó en una "esquina vigilando para que no le pasara nada" una vez la dejó en la confluencia entre la plaza Masnou y la calle Real de la capital.

La pequeña cuando fue encontrada el 31 de enero de 2008 vestía, según la testifical de la mujer que le prestó los primeros auxilios, "la ropita que dan en hospital con un pañal e iba envuelta en una sabanita y una mantita". Negó, a preguntas del fiscal, que llevase ropa de abrigo, pese a que "no lloraba", "si estaba un poco helada por la tarde era húmeda".

En la parte pericial de primera sesión, dos psicólogas, en sala y por videoconferencia desde Sevilla, trasladaron que, dos meses después de los hechos, no apreciaron en Hafida R. "afección emocional" al tiempo que descartaron que padeciese una "depresión postparto" que "en un periodo tan corto de tiempo no hubiera mejorado".

El fiscal estima que la acusada incurrió en un delito de asesinato en grado de tentativa ya que con su decisión "asumió y aceptó el resultado mortal que podía producirse", por lo que interesa además en su escrito de calificación provisional que se inhabilite a la procesada para ejercer la patria potestad de la pequeña ya que ésta la ha reclamado después de que la Junta asumiese su tutela y la diese en acogimiento familiar preventivo y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daño moral a su hija.

Según informó en un comunicado la Policía Nacional, la detención se produjo en un control en la capital, donde existe una mayor proliferación de puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Ampliar foto

La actitud "vigilante y de nerviosismo", así como los continuos contactos telefónicos que estaba realizando la detenida levantaron la sospecha de los agentes, que tras observar sus movimientos durante unos minutos, procedieron a su identificación, para a continuación localizar en el interior del bolso de la misma, un total de mil gramos de hachís, divididos en diez placas.

Para la Policía Nacional, son cada vez "más frecuentes" las ocasiones en las que las mujeres se encargan del transporte de la droga entre diversos puntos, lo que comúnmente se denomina 'correos' al pasar éstas "más desapercibidas" que los hombres y por ser "mucho menos frecuente" su participación en hechos de esta naturaleza.

Los comités de empresas subcontratadas del municipio almeriense de El Ejido pidieron hoy unificar todos los servicios públicos en una sola entidad, después de que los trabajadores de las subcontratas de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, entidad clave en la presunta trama de corrupción municipal en la operación 'Poniente', hayan dejado de percibir sus salarios.

Un representante de los comités declaró a Europa Press que se deben unificar los servicios "para que estén todos los trabajadores en igualdad de condiciones y se mantengan los puestos de empleo", porque, a su juicio, "la gente no aguanta más".

Del mismo modo, afirmó que "todos los trabajadores quieren los servicios aunados, no con trabajadores de primera y segunda, y que estén todos en el mismo grupo para afrontar juntos las dificultades económicas".

Asimismo, criticó que "hay inoperancia del Consistorio, porque se llegó a unos acuerdos para mantener los servicios públicos, pero no se prestan por falta de medios y recursos".

Por ello, insistió en la "necesidad" de tener "los medios suficientes para poder trabajar en condiciones, así como cobrar los salarios en el tiempo acordado y no seguir con el ambiente laboral tan enrarecido de los últimos tiempos".

Según indicó el representante, "desde el Ayuntamiento dicen que hay falta de liquidez que se solventará en breve, pero en breve no es un término jurídico", de modo que "dicen claramente que no hay fecha de cobro".

Al respecto, manifestó que "ya es hora de romper con los empresarios que están en prisión", aunque "hay que esperar a que se pronuncie la Justicia y esto el pueblo no lo aguanta porque no puede esperar tanto tiempo".

Cinco meses después

Cinco meses después de que el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) fuera intervenido en el marco de la operación 'Poniente' ante una posible malversación de fondos y blanqueo de capitales, el Consistorio "incumple sus obligaciones de pago".

Así lo explicaron varios enlaces sindicales de las diferentes empresas subcontratadas a Europa Press, quienes precisaron que los 87 empleados de las sociedades Arborimar y Maviroad, pertenecientes al empresario José Amate, en prisión incondicional como imputado en la operación; dejaron de percibir sus nóminas desde el pasado día 15 de marzo.

De esta forma, los trabajadores recibieron un comunicado por parte de Elsur, en la que la entidad explicó que "no tiene liquidez actualmente para hacer frente a sus obligaciones debido a que su cliente —el Ayuntamiento de El Ejido— no ha cumplido a sus obligaciones de pago con ellos".MOVILIZACIONES

Por otra parte, en torno a un centenar de personas se concentraron hoy en El Ejido para recordar los cinco meses de la presunta trama de corrupción municipal.

En este sentido, la portavoz de la Asociación Ciudadanos por El Ejido, Paqui Castillo, dijo a Europa Press que "los ciudadanos están indignados, ofendidos y escandalizados, porque el alcalde, Juan Enciso, no dimite y sus compañeros no hacen nada".

Además, "el Ayuntamiento está paralizado por la incapacidad del Equipo de Gobierno, más preocupado por mantener sus puestos que por aportar soluciones al pueblo", lamentó Castillo, quien destacó que "el Ayuntamiento se encuentra en quiebra técnica, como dicen los informes, los servicios están bajo mínimos y la situación de los trabajadores es insostenible".

Al hilo de ello, el portavoz de la Plataforma por la Transparencia de la Gestión Municipal de El Ejido, Miguel Vera, manifestó a Europa Press que Enciso debe dimitir por "dignidad".

También explicó que el pasado miércoles pidieron en Sevilla a los parlamentarios de PSOE, PP e IU crear una gestora por "la grave situación por la que pasa el Ayuntamiento". Si bien, "el PSOE no está de acuerdo, pero ha garantizado que va hacer una investigación e informe jurídico para ver la realidad del Consistorio", precisó Vera.

Asimismo, subrayó que "no se debe remover el problema que hay porque el Ayuntamiento ingresa 52 millones de euros, tiene unos 70 millones de gastos fijos y debe 223 millones, lo que es una bancarrota", situación por la que preguntó retóricamente "cómo se va a solucionar el asunto del dinero".

Cinco meses después de que el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) fuera intervenido en el marco de la operación 'Poniente' ante una posible malversación de fondos y blanqueo de capitales, entre otros aspectos, que mantienen a la empresa mixta de servicios municipales Elsur como entidad clave en la presunta trama de corrupción municipal, los trabajadores de las subcontratas de esta entidad ha vuelto a dejar de percibir sus salarios.

Así lo explicaron varios enlaces sindicales de las diferentes empresas subcontratadas a Europa Press, quienes precisaron que los 87 empleados de las sociedades Arborimar y Maviroad, pertenecientes al empresario José Amate, en prisión incondicional como imputado en la operación; dejaron de percibir sus nóminas desde el pasado día 15 de marzo.

De esta forma, los trabajadores recibieron un comunicado por parte de Elsur, en la que la entidad explicó que "no tiene liquidez actualmente para hacer frente a sus obligaciones debido a que su cliente —el Ayuntamiento de El Ejido— no ha cumplido a sus obligaciones de pago con ellos".

La situación de impago movilizó en la noche de ayer a los representantes sindicales de las distintas empresas que mantuvieron una reunión para determinar qué acciones se llevarán a cabo ante los intermitentes cobros de sus salarios, después de que, por otra parte, los 86 trabajadores contratados por las entidades Jardines del Alcor, Jardines de Poniente y Lobelia Gestión, todas ellas propiedad de Juan Antonio Galán —también en prisión incondicional— se manifestaran durante 14 días para reivindicar sus sueldos.

No obstante, este colectivo también teme que el día 1 de abril no lleguen a cobrar su salario correspondiente al mes de marzo debido a que las huelgas que mantuvieron tanto en la capital como en la Plaza Mayor de El Ejido, donde instalaron lo que denominaron 'Camping El Chato', les haya privado de percibir su nómina de febrero y la parte proporcional a la última semana de enero.

"Los servicios municipales no se están prestando en condiciones, no hay material, ni combustible para los vehículos, ni asfalto para arreglar los baches", se quejó uno de los representantes de los trabajadores, quien además lamentó el que se haya iniciado por parte de la Subdelegación de Gobierno un expediente sancionador a un jardinero municipal por su presunta implicación en una protesta que tuvo lugar en Almerimar y por la que se le reclaman hasta 1.500 euros.

Los impagos criticados por los empleados llegan la misma semana en la que el alcalde en funciones de El Ejido (Almería), Ignacio Berenguel (PAL), anunciara que ha dado "las instrucciones precisas" para que se realice una auditoría "de gestión, procesos y costes" de Elsur.

El auto dictado por el Alto Tribunal andaluz, dictado el pasado día 16 y al que tuvo acceso Europa Press, desestima la solicitud del colectivo conservacionista, que presentó recurso contencioso-administrativo contra un plan que, según aseguran, trata de "legalizar" proyectos urbanísticos tan "groseramente ilegales" como el hotel de Azata del Sol mediante la creación de la figura de Zona de Reserva Residencial y Turística al norte del municipio de Carboneras.

La sala reprocha además a Ecologistas en Acción el que dejase transcurrir "un prolongado espacio temporal" desde que el POTLA entró en vigor en marzo de 2009 ya que "no pidió la suspensión hasta la formulación de la demanda" al tiempo que reitera que, en el "presente estado de las actuaciones", no existen "razones objetivas que hagan pensar que con la nueva normativa se modificará el espacio físico o se retrocederá en la protección del mismo".

En referencia a la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora, sobre la que el colectivo pedía la suspensión cautelar en lo referente a las zonas contaminadas por el accidente de un bombardero nuclear de EEUU en 1966, el Alto Tribunal apunta que el Plan impugnado "clasificará como suelo no urbanizable de especial protección" por afección radiológica los terrenos con residuos, por lo que "no contribuye en modo alguno a un inmediato desarrollo urbanístico de la zona".

"Las disposiciones del POTLA —ahonda— tienen el carácter de directrices, por lo que no existen razones de urgencia que obliguen a la adopción de la medida cautelar no apreciándose el riesgo de que la tutela judicial que se realice a través de la sentencia que ponga fin al proceso judicial resulte ineficaz de no adoptarse la medida cautelar".

'Ecologistas en Acción' se opone fundamentalmente a siete de las disposiciones de este instrumento de planeamiento urbanístico de "rango superior" sobre el urbanismo en Carboneras y en los suelos adyacentes a donde se levanta el hotel de Azata del Sol.

Tres sectores en el algarrobico

Así, critica que el POTLA clasifica como urbanizables los terrenos que rodean tres sectores en el Algarrobico que el Ayuntamiento pretende desarrollar pese a estar dentro de los límites del parque natural Cabo de Gata-Níjar, lo que supone "soslayar" el cumplimiento de la LOUA que prohíbe fomentar la creación de nuevos núcleos urbanos de población.

En concreto, sostiene que se trata de acercar los tres sectores al centro del municipio de Carboneras, del que están separados por varios kilómetros, y, por tanto, de "legalizar" los proyectos "ilegalizables por las vías habituales" en el Algarrobico y en otra zona conocida como el Canillar, propiedad de la misma mercantil que promovió el polémico hotel ya que posee todos los terrenos que integran la zona conocida como La Galera.

En el caso de Vera y Cuevas del Almanzora , estima que el plan "obvia" las instrucciones emitidas por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en 2007 acerca de los terrenos contaminados radioactivamente en la barriada de Palomares tras la caída accidental de en 1966 de dos de las cuatro bombas termonucleares que transportaba un bombardero de EEUU.

Señala Ecologistas en Acción que los dos consistorios "tienen intención de urbanizar los suelos contaminados" en Sierra Almagrera mientras que el POTLA adolece de "inconcreción y ambigüedad" al calificar los suelos "tratando de disimular el problema en lugar —ahonda el recurso— de advertir con caracteres destacados e indubitados sobre el peligro que encierra construir en una zona sumamente peligrosa donde se levantaría polvo cargado de plutonio poniendo en peligro vidas humanas".

En un acto público en la capital, Arenas trasladó su "impresión" de que "algún partido político", que declinó precisar aunque señaló su "importancia", tendrá que empezar de cero en la provincia a la vista "de lo que dicen y lo que hacen", en referencia al contenido de las intervenciones telefónicas recogidas en la parte del sumario liberada por la juez Montserrat Peña, que imputa a, al menos, 23 personas presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Ampliar foto

El líder de los populares andaluces, quien apuntó que las "irregularidades y la corrupción" han sido una de las características de lo que llamó "bienio negro" en Almería, aseguró que, además de "alarma social", le produce "terror saber lo que son capaces de hacer algunas personas" según se desprende de lo que ha trascendido de las actuaciones judiciales, que, a su juicio, "está muy alejado de la buena política con 'p' mayúscula".

En esta línea, interpretó algunas de las conversaciones de los implicados contenidas en el sumario como el signo de que "constituían una autentica trama" en la que diferenció entre "autores materiales y autores intelectuales" al aludir a lo que, según aseguró, eran los dos objetivos de la red: "obtener beneficios particulares de los intereses públicos y aniquilar al PP".

"Cuando se sepa todo lo que hay a la vista de lo que yo estoy observando, muchos se llevarán las manos a la cabeza", advirtió para anunciar a continuación que el PP, que está personado como acusación popular en la causa, se abordará "este tema defendiendo la transparencia para que se sepa todo desde la prudencia y la inteligencia" ya que "estamos hablando de los intereses de los ciudadanos, que intentaremos defender de la mejor manera".

Arenas respaldó en su intervención, tras una reunión de la ejecutiva provincial para analizar los dos últimos años de gobiernos del PSOE, a los integrantes y dirigentes de su partido, de quienes aseguró sentirse "muy orgulloso" al estar convencido de que "ellos nunca protagonizarían acciones como las que estoy viendo en los medios de comunicación" sobre la presunta trama de corrupción municipal en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).

En esta línea, calificó de "pura anécdota" las conversaciones captadas por la Policía Judicial por la reunión entre el edil en el Ayuntamiento de Almería, Francisco Amizián, y el ex interventor municipal y matizó, en referencia al PSOE, que "bajo ningún concepto" confunde a los "dirigentes de un partido u otro con sus militantes" ya que "en todos partidos hay personas profundamente honestas que en Almería que lo tienen que estar pasando muy mal viendo lo que han hecho sus dirigentes", concluyó.

En un acto público en la capital, Arenas trasladó su "impresión" de que "algún partido político", que declinó precisar aunque señaló su "importancia", tendrá que empezar de cero en la provincia almeriense a la vista "de lo que dicen y lo que hacen", en referencia al contenido de las intervenciones telefónicas recogidas en la parte del sumario liberada por la juez Montserrat Peña, que imputa a, al menos, 23 personas presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

(((

Habrá ampliación)))

La Guardia Civil de Almería ha detenido a José C.C., de 30 años de edad y vecino de El Ejido (Almería), Baldomero G.S., de 25 y Santiago G.C., de 24 años, ambos domiciliados en Almería, como presuntos autores de un delito de robo y otro de daños, después de que durante la tarde de ayer fueran sorprendidos mientras sustraían unas barras metálicas que habían cortado de la estructura de una explotación agrícola

En una nota, la Comandancia indicó que recibió una alerta de un posible robo en una finca invernada ubicada en el Paraje Ugíjar de El Ejido, por lo que se dirigieron hasta el lugar reseñado en donde encontraron a los tres sospechosos que cargaban y transportaban en un camión de pequeño tonelaje barras de la estructura metálica de la finca, que previamente habían cortado con una segueta.

Después de comprobar que los autores de los hechos habían cortado y arrancado los barrotes de sus fijaciones, algunas de ellas de hormigón, procedieron a su detención. Instantes después acudió al lugar el propietario del invernadero, quien calculó en unos 2.500 euros los daños provocados y el material sustraído.

En el transcurso de otra operación, los agentes también detuvieron a Eduardo C.U., de 40 años y Manuel Santiago U.C., de 34, ambos domiciliados en el término municipal de El Ejido, como presuntos autores de un delito de receptación., después de que éstos fueran intervenidos por los agentes con un pequeño camión en el que transportaban 200 kilogramos de pepino y dos motores arrancados de su ubicación original.

Tras la identificación de ambos, los sospechosos comenzaron a diferir ampliamente en sus respuestas a las preguntas de los agentes sobre la procedencia de la mercancía, lo que motivó su traslado a dependencias oficiales para su posterior detención.

En ambos casos, las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas, junto con los detenidos, en el Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido (Almería).

La autopsia realizada en la mañana de hoy en el Instituto de Medicina Legal (IML) al cuerpo del joven descarta que el fallecimiento se produjera de manera violenta, por lo que, a la espera de que concluya la investigación, todo apunta a que murió mientras dormía en la cuba de basura.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil localizaban ayer el cadáver en la pala del pulpo hidráulico que, a primera hoy de la mañana, dejaba al descubierto una sola pierna cuando una operaria procesaba los residuos sólidos urbanos en el vertedero.

La investigación se inició después de que la trabajadora de la planta, que gestiona los residuos urbanos de 42 municipios de las comarcas del Levante y el Almazara, se percatase pasadas las 08,30 horas de la presencia de una pierna mientras elevaba la basura recogida durante la pasada madrugada de los fosos en los que se depositan.

El TS, que estima de forma parcial en una sentencia dictada el pasado día 26, a la que tuvo acceso Europa Press, el recurso de casación interpuesto por una de las partes que ejercía la acusación particular, señala que al admitir el tribunal de la Sección Segunda que el empresario actuó "en una legítima defensa incompleta" reconoce de forma implícita que reaccionó "ante un temor fundado", por lo que resultaría redundante aplicar las dos eximentes incompletas.

Ampliar foto

Asensio disparó en hasta tres ocasiones a Antonio B.C., alias 'El Chino', a menos de diez centímetros después de mantener una fuerte discusión en plena Avenida Federico García Lorca de la capital con él y un segundo procesado en la causa, Roberto L.R., durante la cual fue agredido "de forma brutal" por ambos si bien, según señaló el tribunal presidido por el magistrado Juan Ruiz Rico, el uso de un arma de fuego "no fue proporcional" para repeler un "aluvión de golpes con los puños".

El Alto Tribunal estima también de forma parcial el recurso de casación elevado, en este caso por el letrado que ejercía la defensa del empresario condenado, Pablo Luna, en lo concerniente a la cuantía de la indemnización fijada en la sentencia de origen para los padres y las dos hijas de la víctima, a quienes debía abonar 20.000 y 150.000 euros respectivamente.

Apunta, tras el apoyo "expreso" mostrado por el fiscal, que "no se tuvo en cuenta" que Antonio B.C. "contribuyó con su conducta a la producción del daño sufrido", por lo que "modera" el importe de la reparación a 16.000 y 120.000 euros. La Sala de lo Penal mantiene el resto de los pronunciamiento de la Audiencia Provincial y ratifica la pena de un año y medio de prisión impuesta a Roberto L.R. por un delito de lesiones a Asensio, quien sufrió durante la agresión "la fractura de tres piezas dentarias y pérdida momentánea de visión".

El tribunal de la Sección Segunda, que condenó a Juan José Asensio como autor de un delito de homicidio, estimó que al disparar a bocajarro contra quien había sido el escolta de su padre, el también empresario Juan Asensio, con antecedentes penales, y quien fue asesinado a tiros en el portal de su domicilio unos meses antes, actuó bajo "estado de pánico" y "angustiado por su vida" contra un hombre que iba armado pese a que la víctima no llego, sin embargo, a empuñar su revolver.

La fiscal, que interesaba una pena de 12 años de prisión, sostenía, no obstante, que el principal acusado en la vista oral celebrada en abril de 2009 julio de 2004, respondió movido "por la venganza y no por el miedo" y subrayaba que Antonio B.C. llegó a recibir uno de los impactos de bala por la espalda.HECHOS

El acusado se cruzó a las 12,30 horas del 14 de junio de 2004, con el todoterreno conducido por el otro procesado y la víctima en la Avenida Federico García Lorca de la capital. Los tres implicados se enzarzaron en una discusión verbal después de que Juan José Asensio se aproximase al vehículo ya que le "pareció oír que le insultaban de manera soez".

Él fue el primero el golpear a Roberto L.R. con una revista que llevaba en la mano, por lo que, a continuación, éste último le propinó un "fuerte golpe" en la parte superior de la cabeza, "que sangró de inmediato y le hizo perder, al menos, una lentilla", lo que "quedó debilitada su visión debido a su fuerte hipermetropía".

El enfrentamiento se trasladó a la parte trasera del coche, donde el autor del homicidio recibió un "aluvión de golpes" con puñetazos "especialmente contundentes" en el ojo izquierdo y la boca, donde sufrió rotura parcial de incisivos. En medio de esta situación de perturbación y temor en su ánimo —continúa— "extrajo la pistola que siempre llevaba para su seguridad personal, con licencia para tiro olímpico, y efectuó tres disparos sucesivos a diez centímetros".

Juan José Asensio, quien tardó en curar 21 días de sus heridas y preciso dos intervenciones quirúrgicas, salió a continuación en persecución de Roberto L.R. si bien, desistió a los pocos pasos, regresó al coche y en el trayecto efectuó una llamada al 091 desde su teléfono móvil.

El TS, que estima de forma parcial en una sentencia dictada el pasado día 26, a la que tuvo acceso Europa Press, el recurso de casación interpuesto por una de las partes que ejercía la acusación particular, señala que al admitir el tribunal de la Sección Segunda que el empresario actuó "en una legítima defensa incompleta" reconoce de forma ímplicita que reaccionó "ante un temor fundado", por lo que resultaría redundante aplicar las dos eximentes incompletas.

Asensio disparó en hasta tres ocasiones a Antonio B.C., alias 'El Chino', a menos de diez centímetros después de mantener una fuerte discusión en plena Avenida Federico García Lorca de la capital con él y un segundo procesado en la causa, Roberto L.R., durante la cual fue agredido "de forma brutal" por ambos si bien, según señaló el tribunal presidido por el magistrado Juan Ruiz Rico, el uso de un arma de fuego "no fue proporcional" para repeler un "aluvión de golpes con los puños".

(((

Habrá ampliación)))

El accidente mortal se produjo pasadas las 08,15 horas a la altura del conocido como paraje de Las Cumbres al no poder esquivar el conductor del vehículo, de gran tonelaje al transportar contenedores, a la pequeña, quien, al parecer, se disponía a coger el autobús para ir al colegio.

Según precisó a Europa Press un portavoz de la Guardia Civil, encargada de redactar el atestado, la víctima se dirigía acompañada de varios primos y de una hermana hacía la parada del transporte escolar cuando comenzó a correr e invadió la calzada.

A la zona donde se produjo el siniestro acudieron efectivos de la Policía Local de El Ejido y facultativos del servicio de emergencias sanitarias 061, quienes sólo pudieron certificar la muerte en el acto de la niña.

Una niña de cuatro años de edad murió atropellada hoy por un camión en el kilómetro 2 de la carretera entre Dunia y El Ejido, en la provincia de Almería, según informó a Europa Press el 112.(((

Habrá ampliación)))

Agentes de la Policía Judicial, en presencia del juez de guardia de Huércal-Overa, trabajan aún en la zona para esclarecer las circunstancias en las que se pudo proceder el fallecimiento y proceder a la identificación del cadáver, entre cuyas ropas no se han encontrado ningún tipo de documentación.

La investigación se inició después de que una de las trabajadoras de la planta, que gestiona los residuos urbanos de 42 municipios de las comarcas del Levante y el Almanzora, se percatase pasadas las 08,30 horas de la presencia de una pierna mientras manejaba el pulpo mecánico que eleva los residuos sólidos recogidos durante esta madrugada de los fosos en los que se depositan.

Al parecer, según precisó en declaraciones a Europa Press el alcalde, José García, la pierna habría quedado "enganchada en la gran mano eléctrica", por lo que, una vez que el juez de guardia autorizó la apertura de la pala, se comprobó la existencia en su interior del cuerpo sin vida de un varón.

El trabajo que habitualmente se realiza en la planta gestionada por el Consorcio Almanzora-Levante de Residuos Sólidos quedó paralizada por orden de la Gerencia del organismo y permanecerá así hasta que concluyan las diligencias incoadas por la Guardia Civil.

El secretario provincial del PP en Almería, Javier Aureliano García, acusó hoy al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, y al secretario provincial del PSOE en Almería y senador, Diego Asensio, —a los que identificó como la "cabeza del partido" en Almería— de haber sido cómplices de la "putrefacción política" a la que se refirieron en cuanto a los pactos que mantuvieron con el PAL y con algunos de los imputados de la operación 'Poniente' por la que se mantiene en prisión incondicional el alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL).

Ampliar foto

En rueda de prensa, García insistió que, tras tener conocimiento de las conversaciones que aparecen en la parte del sumario sobre la que la juez que instruye el caso, Montserrat Peña, ha ordenado el levantamiento del secreto sumarial, que la reuniones que mantuvieron el PSOE y el PAL "eran para intereses políticos y para intrigar y destruir al PP así como a determinados medios de comunicación".

"Al PSOE y al PAL sólo les importa el poder y cómo sustentarlo", apuntó el secretario de los 'populares' almerienses, quien se refirió de forma directa a diferentes cargos del PSOE que aparecen en el sumario y que, según manifestó, "tendrán que dar muchas explicaciones a los almerienses".

De esta forma, además de referirse al titular andaluz de Innovación y al secretario provincial del PSOE almeriense, también apuntó a otros dirigente como el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, el secretario provincial de Relaciones Institucionales y Política Municipal, Juan Antonio Segura Vizcaíno, el diputado autonómico del PSOE Manuel García Quero, el delegado de la Junta en Almería, Miguel Corpas, el delegado provincial de Agricultura y Pesca, Juan Deus y el ex delegado provincial de Medio Ambiente y actual delegado de Acuamed Juan José Luque.

De esta forma, el García abogó por que se conozcan las relaciones de "complicidad" que, mantuvo, se han manifestado entre PSOE y "los hoy encarcelados", ya que consideró que "se está jugando con la ilusión y dinero de almerienses". En este sentido, relacionó los supuestos pactos entre ambas formaciones al último apoyo recibido por parte del PSOE al equipo de gobierno ejidense a la hora de aprobar el Plan de Saneamiento del Ayuntamiento de El Ejido para reconducir una deuda que arrastra el Consistorio de 222,7 millones de euros.

Contactos con el pp,

"pura anécdota"

En cuanto a las conversaciones recogidas en el sumario en las que se refleja la interacción de políticos del PP provincial con miembros del PAL y el Ayuntamiento, entre los que figuran el concejal de Obras Públicas y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL), Francisco Amizián, así como el parlamentario andaluz del PP José Luis Aguilar; García defendió que estas charlas son "pura anécdota" frente a la "connivencia" que había "diariamente" entre el PSOE y los detenidos.

En esta línea, el secretario provincial del PP aclaró además que el edil almeriense mantuvo una cita con el ex interventor municipal "a título personal" y que no iba en representación ni del PP ni del Ayuntamiento de Almería.

En otro orden de cosas, también pidió la dimisión de ediles del PAL y PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido ya que, señaló, "las comunicaciones reflejan que se tiene conciencia de que algunos concejales del PAL tenían conocimiento de lo que podría estar pasando"

Desde el PP se pidió a la Junta de Andalucía la entrada de una gestora en el Consistorio ejidense hasta las próximas elecciones municipales, pues valoraron que los servicios municipales se están viendo "afectados". "No se puede sostener que el Ayuntamiento de El Ejido tenga una deuda de 230 millones de euros, cuando tiene ingresos por 50 y gastos fijos por 70 millones de euros", apostilló.