En 1986, el presidente argentino Raúl Alfonsín consideró que la débil democracia de su país solo perduraría si se ponía límite a la persecución judicial de la dictadura militar, que los golpistas trataron de suavizar calificando cándidamente como "proceso de reorganización nacional". Alfonsín promulgó una norma por la cual solo se podrían presentar denuncias durante los treinta días siguientes a su aprobación, y ni uno más. Era la ley de Punto Final. Años después fue declarada inconstitucional.

Haciendo abstracción de las enormes diferencias entre la Argentina de aquellos tiempos y la España de hoy, y del tipo de delitos cometidos allí y los cometidos aquí, el PP ha empezado a dejarse tentar por la idea de poner punto final a la era de los corruptos. No será así porque la corrupción haya desaparecido por completo. Será así porque en el partido del gobierno consideran que ya han hecho suficiente, que han asumido el coste político que tenían que asumir, que han aprobado las leyes que había que aprobar, que los tribunales han actuado donde tenían que actuar, que la opinión pública ya se ha indignado todo lo que se ha querido indignar y, sobre todo, que la corrupción ya les ha hecho todo el daño que un partido puede soportar. Y el PP no quiere soportarlo por más tiempo. Va a hacer lo posible para que la corrupción no sea asunto central de la próxima campaña electoral, como sí lo ha sido de las anteriores.

El punto final a la era de la corrupción no se establecerá mediante una ley, como en Argentina. Pero sí se está actuando ya con mensajes ante la opinión pública y con decisiones prácticas. La cronología es reveladora: un juez imputa al presidente de Murcia; Rajoy deja claro que su compañero de partido no va a dimitir, a pesar del compromiso firmado con Ciudadanos y de la ley murciana sobre ese asunto; después dice en el hemiciclo del Congreso que hay que hacer una "justa apreciación", sin "magnificar" los casos de corrupción; de inmediato, el portavoz parlamentario popular Rafael Hernando se queja ante los periodistas de que se dan "demasiadas noticias" sobre casos de corrupción; horas más tarde, el Fiscal General sustituye al fiscal de Murcia que se ha ocupado del caso del presidente autonómico; y al paso de una semana, Rajoy deja en el diario de sesiones del Congreso una frase dirigida a Albert Rivera y a todos los españoles: "Si miramos demasiado al pasado, nos puede pasar como a la mujer de Lot, que terminó convertida en estatua de sal".

Traducción: hasta aquí hemos llegado. Rajoy quiere cerrar para siempre el largo y políticamente costosísimo capítulo de la corrupción. Hay que dejar de hablar sobre ello. Punto final sin ley de punto final… pero punto final.