El pasado día 22 de noviembre, el Congreso aprobaba una proposición de ley para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros en 2020. Lo cual supone un incremento del 45% en cuatro años, a partir del año 2017. La medida, que no fue votada por el Partido Popular ni por Ciudadanos, ha generado cierto debate sobre la conveniencia de mantener un salario mínimo y, de mantenerlo, sobre su nivel.

España es uno de los países con un menor salario mínimo relativo. La Carta Social Europea recomienda que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe en el entorno del 60% del salario mediano del país. En España, el salario mínimo apenas alcanza el 48% del salario mediano y el 40% del salario medio. Trabajando con el SMI, en España, no se sale de la pobreza. En España, el 13% de los trabajadores viven en riesgo de pobreza, y de acuerdo con la Agencia Tributaria, hasta un 35% de los asalariados declara ingresos salariales por valor del salario mínimo o inferiores. Desde este punto de vista, parece claro que una subida del salario mínimo es una decisión acertada y conveniente para contribuir a la cohesión social y la lucha contra la pobreza en España.

Los detractores de la medida señalan que la subida del SMI puede desincentivar la contratación de los trabajadores menos productivos y menos formados, generando así un efecto perverso por el que los trabajadores menos preparados perderían oportunidades de acceso al mercado laboral. La evidencia empírica los apoya, si bien no de manera unánime: la mayoría de los estudios desarrollados sobre este particular señalan que la subida del salario mínimo puede tener efectos negativos en el empleo, aunque esos efectos son, en realidad, muy difíciles de aislar y precisar. Señalan también que hay otras medidas más adecuadas para luchar contra la pobreza salarial, como el impuesto negativo propuesto por Ciudadanos en su campaña electoral. Ese impuesto supone que el Estado, vía Presupuestos Generales, complementa los salarios más bajos, permitiendo un acceso de los menos protegidos al mercado laboral. En un estudio de 2013, economistas de Berkeley estimaron en siete mil millones de dólares el coste público de la asistencia social prestada a los trabajadores con salarios más bajos de las cadenas norteamericanas de comida rápida. Una transferencia directa de los contribuyentes a la cuenta de resultados de estos restaurantes.

España necesita subir salarios: con datos de la OCDE, desde 2011, los salarios medios de los españoles y españolas han bajado un 2% de promedio en términos reales, con una distribución muy desigual. Los salarios más bajos perdieron hasta un 11% mientras que los salarios más altos subieron un 34%. Hoy nuestra desigualdad salarial y social es mayor. De los ocho puntos que perdió nuestro PIB entre 2008 y 2014, seis fueron reducidos de la remuneración de los trabajadores y solo dos de los beneficios empresariales. Necesitamos que la recuperación económica sirva para reequilibrar el reparto desigual de los costes de la crisis.

Pero la subida del SMI es solo una de las medidas posibles. El gran problema de nuestro mercado laboral es la fragmentación y la precariedad. Porque de nada –o poco– servirá incrementar el SMI si pasan a la economía sumergida los contratos para la gente menos formada o estos ven reducida su jornada ‘teórica’ de trabajo. Para subir los salarios y luchar contra la fragmentación y la precariedad, la mejor medida posible es recuperar la negociación colectiva, que salió muy dañada de la reforma laboral de 2012. La evidencia muestra que donde la negociación colectiva funciona, los salarios son mayores y la calidad del empleo también. Es significativo que, tras haber desmantelado la concertación social, nos veamos ahora con tan pocas herramientas para luchar contra la desigualdad en el mercado de trabajo.