Recientemente se aprobaba en Colombia una ley que aparentemente hacía donantes obligatorios a sus ciudadanos "si en vida no habían dejado dicho lo contrario". Algo similar a la de hace unos meses en País de Gales y en los últimos años en Francia, Chile, Argentina y una larga serie de países. En todos se hacía notar que era la solución a la escasez de órganos gracias a la innovadora iniciativa de los padres de la patria (de cada una de las patrias en su caso).

El argumento de todas estas leyes llamadas de "consentimiento presunto" es muy simple (o mejor simplista): hay pocos donantes porque se pregunta a la familia y ésta con frecuencia se niega. Solución: eliminar la opinión de la familia y que la única posibilidad de negativa sea que el fallecido lo hubiera expresado en vida. Dada la rareza de que entre los múltiples problemas cotidianos, la gente decida explicitar esta oposición, la gran mayoría de la población se convertirían en donantes "por defecto" sin que cuente la opinión familiar.

Si esto fuera tan sencillo, cualquiera de estos países, entre los que se encuentra España, tendría un número ilimitado de donantes, más o menos similar al de fallecidos en circunstancias adecuadas para la donación. El problema es que esto no funciona así. Ni la gente acepta tan fácilmente que se extraigan los órganos de su familiar por muchas leyes que lo avalen, ni hay muchos médicos dispuestos a hacerlo con la familia en contra. Es mas fácil para el equipo médico ignorar la posibilidad de donación y evitar así todo conflicto o en todo caso preguntar prudentemente a la familia. Se cierra así el círculo y se vuelve al punto de partida.

Esta fue lo que ocurrió en España cuando en 1979 y tras no pocas discusiones se aprobó nuestra ley de trasplantes 30/79, una buena ley vigente desde entonces. Su filosofía de consentimiento presunto, similar a la de los países antes citados y a la mayoría del sur de Europa hizo que los tabloides ingleses alertaran a los turistas del riesgo de venir a España porque sus órganos podían ser nacionalizados por ley, o que una publicación ultraderechista titulara: "Socializados los cadáveres de Adolfo Suárez y Felipe González". Todo muy sutil y de altura como puede verse.

Al final ocurrió que el decreto que desarrolló la ley al año siguiente decía que la forma de expresar en vida la oposición a la donación podría hacerse "sin sujeción a formalidad alguna" Ello fue entendido por todos, incluidos jueces y médicos como que bastaba una conversación con la familia para expresar su voluntad lo que en la práctica supone consultar a los allegados y por tanto darles derecho de veto. Hoy día incluso ha desaparecido la frase de la formalidad en posteriores decretos por lo que sería perfectamente legal extraer los órganos sin autorización familiar en ausencia de expresión de voluntad en contra, pero nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Incluso cuando no hay familia a quien consultar tras hacer todos los esfuerzos para localizarla, incluidos complejos contactos consulares, es el juez quien otorga la autorización o no de la donación.

En suma, este recorrido de la ley española, similar a lo ocurrido en otros países muestra que la donación no se cambia a golpe de decreto. Con esta ley tuvimos unas cifras ridículas de donantes hasta que 10 años después se crea la ONT y se pone orden y organización en el tema. Los españoles estamos mayoritariamente a favor de donar nuestros órganos y los de nuestros familiares, pero queremos ser consultados antes. Nunca admitiría nuestra sociedad una imposición legal como no lo han admitido otras de nuestro entorno.

Por último señalar que ninguno de estos países que han cambiado de ley han conseguido un aumento sostenido de donación de órganos y un dato interesante: ninguna dictadura ha logrado un sistema medianamente bueno de donación. La imposición no es el camino.