El monopolio del taxi cuesta a los consumidores alrededor 304 millones de euros. Esta cifra aparece en el último informe de la CNMC, enfrentada desde julio de 2015 con el Ministerio de Fomento por la norma que frena la entrada de UBER o Cabify.

¿Qué ocurre con el taxi? ¿Por qué la CNMC se enfrenta al taxi, el Ministerio de Fomento o los Ayuntamientos en aras de proteger al consumidor?

El sector del taxi es un servicio protegido. No se conceden más licencias y los precios están regulados. El otorgamiento de licencias de taxi se ha mantenido congelado, al margen de las oscilaciones de la economía española: el número de licencias es independiente de la población urbana, de la renta disponible de las familias o de la demanda de transporte urbano. Desde los años 90, el número está siempre en torno a los 70.000. En 11 años las tarifas medias del taxi en Madrid, han subido un 20% más que el resto de precios de la economía.

La única variable que se mueve con la economía en el sector del taxi es el precio de la licencia, que sí está liberalizado. Las licencias de taxi son un activo de inversión, se compran y se venden como otro un bien privado y permite el enriquecimiento o empobrecimiento del propietario.

Cuanto mejor es el panorama económico, más vale la licencia. Cuanto más limitada esté la competencia, mayor el precio de las licencias. De ahí la oposición del gremio del taxi al otorgamiento de nuevas licencias o al incremento de transporte colectivo desde aeropuertos o estaciones, ello se percibe como una nueva fuente de competencia y por tanto como una pérdida de valor patrimonial de sus licencias.

En plena vorágine de crecimiento económico se llegaron a pagar 200.000 euros por una licencia en Madrid y hasta de 400.000 euros en el País Vasco. Entonces las expectativas permitían recuperar esa inversión y obtener una retribución razonable con una jornada moderada. Recuerden como la escasez de taxis en los años de la burbuja hacían casi imposible lograr un taxi libre en las horas punta, días de lluvia y sábados por la noche. Los taxistas en aquellos años cargaban y descargaban sus taxis sin cesar. Mientras, los urbanitas nos peleábamos en las aceras para conseguir un taxi libre y se producían auténticas disputas sobre quién llevaba más tiempo esperando.

Aquellos taxistas que adquirieron su licencia justo antes del estallido de la crisis, sufren ahora un problema de rentabilidad: con la crisis la demanda cae, sus ingresos se reducen para hacer frente a la deuda que supuso el enorme coste la licencia, que además ha perdido una parte de su valor. De remate, aparecen las plataformas como UBER o Cabify, que permiten a los nuevos 'taxistas' emprender la actividad sin necesidad de pasar por un enorme e inaudito desembolso por una licencia con el fin de iniciar una actividad laboral. Si nadie las necesita, las licencias no valen nada y encima suponen más competencia.

Estas plataformas encontraron un resquicio legal para emprender su actividad en la modalidad de "coche de alquiler con conductor". Ante su rápida proliferación, el Gobierno decidió establecer límites cuantitativos a estas empresas para paralizar su actividad. Y esta es la norma a la que se opuso frontalmente la CNMC o la Autoridad Catalana de Competencia ya en 2012 esgrimiendo que "los poderes públicos deben defender el interés general, no intereses particulares".

La CNMC interpreta que la norma 'anti Uber' no protege el interés general; no protege a los conductores contratados por empresas de taxis, esos podrían trabajar igualmente si Uber o Cabify actuara con libertad; tampoco protege a los nuevos entrantes, que podrían hacerlo con estas plataformas sin endeudarse en una costosa licencia; y menos aún protege al consumidor que se ve obligado a pagar tarifas de taxi cada vez más altas para sufragar la burbuja del precio de las licencias que le cuesta 304 millones de euros más.

Conforme a su mandato, la CNMC se pone de parte del consumidor y considera que los efectos colaterales sobre el precio de la licencia son intereses particulares y estos no deben ser el objetivo de las normas del Gobierno, sino el interés general, el de los consumidores.

La polémica deja claro que la nueva economía alcanza a todos los servicios y que cada vez resulta más difícil mantener el statu quo a golpe de barreras administrativas. En el futuro, habrá que regular con audacia de cara a los nuevos tiempos preocupándose más por los temas de seguridad, fiscalidad, transparencia y garantías para los consumidores de ese cuarto sector que son las plataformas. En el caso de los taxistas, esto les advierte de que la protección no puede durar siempre y que lo tengan en cuenta antes de decidirse por invertir en una licencia.