Pese a que parece que no las tuviera todas consigo, el Gobierno presentó ayer su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Todavía no se sabe qué apoyos tendrá para sacarlos adelante, pero aun así se ha considerado conveniente elevar para su discusión en el Congreso las cuentas para este año y no prorrogar las del ejercicio 2016. Si consigue su aprobación, servirá para dotar de estabilidad la frágil situación política del Gobierno. Si no lo consigue, estaremos un paso más cerca de elecciones anticipadas. Así que de su tramitación parlamentaria depende mucho de lo que pasará en España en los próximos meses.

El proyecto presentado cumple nominalmente con los objetivos contraídos con la Unión Europea, tras tener que modificar por dos veces los objetivos de déficit público de 2016. Así, estaba previsto que España saliera este año del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea, y tendremos que esperar a 2018 para poder lograrlo. Bruselas ha exigido una consolidación fiscal para este año de más de 15.000 millones de euros respecto a 2016, cifra que Montoro pretende conseguir a través del efecto del crecimiento económico y de un incremento de los ingresos impositivos que no puede sino considerarse optimista. De hecho, por primera vez desde el inicio del ajuste presupuestario en 2011, el monto total de gastos del Estado parece incrementarse respecto al año anterior (contando lo realmente ejecutado tras los acuerdos de no disposición del verano pasado).

Esta previsión de ingresos, que supone que se recaudarán hasta un 7,9% más que en 2016, contrasta con la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía durante 2017. Es decir, creceremos menos, pero los ingresos subirán más. Es una cuenta difícil de sostener. La mayor subida se supone que se realizará sobre el impuesto de sociedades, que crecerá hasta un 12,6%, mientras que el IRPF lo hará un 7,7% y el IVA lo hará un 7,3%. Cifras todas que guardan poca comparación con las de ejercicios anteriores, y que no se comparecen con el impacto negativo que han tenido, en las cuentas públicas, las reformas impositivas de 2014 y 2015.

Del lado del gasto, el Gobierno anuncia con bombo y platillo subidas sectoriales en aspectos como la educación (1,7%), el empleo (5,5%) o la I+D (4,1%), amén de los 342 millones comprometidos con Ciudadanos para luchar contra la pobreza infantil. Cifras todas ellas raquíticas y que apenas sirven para revertir mínimamente algunos de los efectos que provocó el recorte entre los años 2012 y 2014. Además de estas subidas, compromete un incremento de la financiación de las comunidades autónomas, que han sido las verdaderas artífices de la consolidación fiscal de estos años, y una mejora de la cobertura de puestos en el sector público. A estas cifras cabe añadirle la incógnita de la evolución de la Seguridad Social, que se encuentra ya con su fondo de reserva agotado para 2017, y que requerirá de apoyo para los próximos años.

Como conclusión, si pecan de algo estos presupuestos, es de un excesivo optimismo en cuanto a los ingresos fiscales previstos. El Gobierno no ha querido hacernos tragar, de momento, la píldora de nuevos recortes de gasto, pero esta historia ya la hemos vivido con anterioridad: a unos presupuestos con unas previsiones excesivamente optimistas le ha seguido una reserva por parte de la Comisión Europea, y finalmente se han tenido que realizar recortes y tomar medidas adicionales. Pasa en nuestro ciclo presupuestario desde el año 2014. Y todo indica que va a volver a ocurrir, en una situación de extraordinaria inestabilidad política y con las perspectivas de que esta legislatura dure poco. En definitiva, no parece que haya muchas razones para confiar en el excesivo triunfalismo de nuestro ministro de Hacienda.